martes, 25 de mayo de 2010

Luna dice que Camps "comparte estrategias procesales" con Crespo y Ulibarri

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, Ángel Luna, manifestó hoy que si fuera el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, estaría "muy preocupado" de que se "aireara" públicamente que su estrategia procesal "coincide" con la del empresario José Luis Ulibarri y Pablo Crespo, ambos imputados en la trama Gürtel.

Luna se pronunció de esta manera en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces a preguntas de los periodistas sobre la decisión del abogado de Ulibarri, Ignacio Peláez, de ampliar su querella a las fiscales del caso por ocultar una prueba clave para la defensa de Francisco Camps en el asunto de los trajes.

El responsable socialista destacó que uno de los "elementos exculpatorios" sobre el tema de los trajes en los que el jefe del Consell basa su defensa "es una afirmación de Pablo Crespo en unas conversaciones que se anularon diciendo que el señor Camps se pagó sus trajes".

Al respecto, incidió en que el hecho de que Crespo, "uno de los líderes de la trama Gürtel, pueda exculpar y servir de apoyo procesal a la posición de Camps para demostrar que se ha pagado los trajes pone en evidencia el grado de intimidad entre ambos".

El portavoz del PSPV subrayó que si fuera Camps "estaría muy preocupado de que se airease públicamente que mi estrategia procesal coincide con la del señor Ulibarri y con la del señor Crespo, que está en la cárcel".

Manifestó que le llama la atención que Pablo Crespo "sepa cómo se ha pagado el presidente sus trajes porque no sé quien le paga la ropa a mis íntimos amigos", por lo que incidió en que el hecho de que esta persona "pueda exculpar y servir de apoyo procesal a la posición de Camps ni más ni menos serviría para poner en evidencia un grado de intimidad" entre Crespo, "uno de los líderes de la trama Gürtel", y el jefe del Consell, "que yo, si fuera el señor Camps, tendría mucho cuidado de airear".

También le llama la atención, dijo, que el abogado de Ulibarri "actúe como alguien que defiende los intereses" del presidente de la Generalitat y del PPCV en un procedimiento del que Camps "todavía no es parte".

Por ello, indicó que el PSPV "va a mirrar con mucha atención todo lo que han hecho las empresas de Ulibarri en la Comunitat Valenciana" porque ese "grado de acuerdo y de colusión entre la manera de comportarse del señor Crespo, del señor Ulibarri, del señor Camps y del PP arroja mucha luz sobre el asunto".

Remarcó que Crespo, Ulibarri, Camps y el PP "parece que comparten estrategias procesales y cuando hay un procedimiento penal abierto normalmente sólo los que están en una misma posición comparten estrategias procesales".

El PSPV acusa al PP de "ocultar un déficit del 7,6%" en el Ayuntamiento de Valencia

VALENCIA.- El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia denunció hoy que el consistorio "ha ocultado un déficit del 7,6 por ciento" Y recalcó que "Comportamientos como los del Ayuntamiento de Valencia son los que obligan al Gobierno a adoptar medidas restrictivas sobre el crédito de las administraciones locales".

El portavoz adjunto del PSPV, Juan Ferrer, se pronunció en estos términos en un comunicado tras las declaraciones de la alcaldesa, Rita Barberá, quien afirmó hoy que el presidente del Gobierno es "un incompetente, ignorante, inmoral político y miserable" que con la "barbaridad y tropelía" de la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse a largo plazo lleva a "la quiebra real" a España.

Ferrer señaló que "el Ayuntamiento ha incumplido los criterios estatales, su propio plan y los requisitos de la ley al no solicitar permiso para endeudarse" y criticó que "Barberá vulnera la ley, no cumple con los valencianos y no es solidaria con el resto de los ayuntamientos".

Así, exigió a la primera edil que "abandone la estrategia de la confusión, la desinformación y el victimismo", dado que "si alguna administración ha invertido en la ciudad en los últimos años ha sido el Gobierno de España" y "el único responsable de la asfixia de los ayuntamientos valencianos es el Consell de Camps, que no invierte, no desarrolla su plan de inversión y no crea el fondo autonómico de cooperación municipal", sentenció.

Según las mismas fuentes, el grupo municipal socialista denunció hoy que el equipo de gobierno municipal "incumple tanto el plan de equilibrio económico-financiero del Ayuntamiento de Valencia como los criterios estatales de estabilidad", tras la Comisión de Economía y Hacienda.

Ferrer argumentó que "tanto los criterios de estabilidad presupuestaria para las administraciones locales 2009-2011, ratificados por el Congreso, como el plan de reequilibrio económico-financiero 2008-2010 del Ayuntamiento, aprobado por la Conselleria de Economía y Hacienda en abril de 2009, obligan al equilibrio entre los ingresos no provenientes de operaciones de crédito y los gastos no relacionados con la amortización la deuda".

El edil socialista recalcó, no obstante, que "la liquidación del presupuesto municipal de 2009 arroja un déficit del 7,61 por ciento, incumpliendo ambos planes, aún en vigor y vigentes cuando en febrero de este año se procedió a la liquidación".

Al respecto, indicó que "la liquidación evidenció el incumplimiento de los criterios de equilibrio y denunció que, pese a ello, el Ayuntamiento de Valencia ha contratado desde entonces dos operaciones de crédito sin solicitar la autorización previa de la Conselleria, tal como establece la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de las Haciendas Locales y el propio equipo de gobierno ha reconocido en varias ocasiones".

Explicó que se trata de "un crédito de 78 millones para sufragar los proyectos de inversión del consistorio y devolver préstamos que vencen y de otro de 31 millones --nueve para financiar sobrecostes de Tabacalera-, contratados ambos sin haber solicitado ni recibido la conformidad de la administración autonómica".

Ferrer hizo hincapié en que "el Ayuntamiento de Valencia ha mentido, ha burlado la legislación y ha incumplido la ley" y consideró "escandaloso" y un "ejercicio de filibusterismo político" que "el equipo de gobierno del PP haya retrasado la presentación del informe de incumplimiento de los objetivos de equilibrio hasta la Comisión de Economía celebrada esta mañana para poder contratar los créditos, a sabiendas de que estaba contraviniendo la ley".

"La mayoría de los consistorios españoles cumplen los objetivos de equilibrio, pero comportamientos como los del Ayuntamiento de Valencia, burlando la ley, son los que obligan al Gobierno a adoptar medidas restrictivas sobre el crédito de las administraciones locales", insistió el edil, quien recalcó que el consistorio valenciano "ha incumplido los criterios estatales, su propio plan y los requisitos de la ley al no solicitar permiso para endeudarse".

Por último, exigió a la alcaldesa de Valencia que "deje de echar balones fuera para evitar corresponsabilizarse de la crisis económica en la ciudad y en la Comunitat que ella y Camps han generado".

Alarte propone una reducción del Consell con un máximo de siete consellerias, un vicepresidente y el presidente

CASTELLÓN.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, propuso hoy una nueva medida encaminada a conseguir el "saneamiento" de la Generalitat valenciana, consistente en la reducción del Consell, en el que quiere que haya un máximo de siete consellerias, un vicepresidente y el presidente.

El dirigente socialista hizo estas declaraciones en Castellón, ciudad que visita a la largo de toda la jornada. Alarte felicitó al grupo socialista en la Diputación provincial y a su portavoz, Francesc Colomer, por haber presentado hoy una iniciativa similar para ahorrar en gasto, tras proponer la reducción de seis vicepresidencias a dos en esta corporación.

"Es hora de mirar a la gente y tomar medidas contundentes", apuntó Alarte.

Alarte recalcó que el gobierno de Francisco Camps "es el que más vicepresidencias tiene de toda España" y exigió "medidas de racionalidad para poder pagar a empresarios y ayuntamientos, para aplicar la Ley de Dependencia, mantener los colegios e institutos, así como cubrir sus obligaciones más básicas".

"Hay que reducir un 50% los cargos públicos y de libre designación del Gobierno de la Generalitat. El centenar de fundaciones, organismos autonómicos y otras entidades sin control público deben ser disminuidas a 30, y el resto deben ser liquidadas y saneadas", apuntó.

En este sentido, el máximo dirigente socialista sostuvo que "es necesaria una reducción del 15% en el gasto corriente de la Generalitat y una operación de saneamiento a fondo para pagar, la operación más básica, y poner al Gobierno valenciano en la posición que le corresponde de saneamiento, de invertir en empleo, en transformación y avance de nuestra economía".

En esta línea, exigió a Camps "que tome ejemplo de la reducción del Ejecutivo de Castilla La Mancha" realizada por José María Barreda, así como la de "otros gobiernos autonómicos que ya lo han asumido, mientras Camps mira a otra parte".

El secretario general consideró que Camps y el presidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra, "son lo mismo" y "su irresponsabilidad nos condena a más pobreza".

Rus nombra director del MuVIM a Javier Varela, alcalde 'popular' de Torrebaja y profesor de la UNED

VALENCIA.- El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha nombrado como nuevo director del Museu Valencià de la Il.lustració i la Modernitat (MuVIM) a Javier Varela, alcalde 'popular' de la localidad valenciana de Torrebaja y profesor de la UNED, que hoy manifestó que este espacio es "uno de tanto cadáveres exquisitos" cuya personalidad "está un tanto desdibujada" y "no sabemos muy bien para qué sirve".

Por ello, su primera tarea será "fijar" la "identidad" del museo y, en este sentido, abogó porque tenga un "papel creciente la memoria histórica" como "recurso para fomentar la unidad".

Así lo anunció hoy Varela durante su primera rueda de prensa tras ser nombrado director del MuVIM, cargo que ocupará a partir del 1 de junio. Durante su presentación, estuvo acompañado por el diputado de Cultura, Salvador Enguix.

Varela sustituye en el cargo a Romà de la Calle, quien dimitió al frente del museo el pasado 8 de marzo tras la decisión de la Diputación de Valencia de retirar fotografías de política, varias de ellas relativas al 'caso Gürtel', de la exposición 'Fragments d'un any', organizada por la Unió de Periodistes.

Para el nuevo responsable del museo, este espacio, convertido en "uno de tantos cadáveres exquisitos que abarrotan ciudades europeas y americanas", debería tener un papel creciente en el cultivo la memoria histórica" pero no como esas "políticas de la memoria que, en algunos, casos, no son sino falsificaciones del pasado, de acuerdo con urgencias o intereses del presente", matizó.

A su juicio, la memoria histórica ha de ser "un recurso para fomentar los sentimientos de unidad, nunca ocasión para la división cívica", por lo que aseguró que no participará "nunca" en "esas guerras de la memoria al uso".

Asimismo, el MuVIM "debe fomentar la cultura valenciana" entendida como "valencianismo, universal, el que aporta nuevas glorias a España" y fomentar la memoria de los grandes hombres de Valencia" como Cabanilles, Mayans, Llorente, Blasco Ibáñez, Miró o Azorín, ejemplificó. "Todos, sean de derechas o de izquierdas, todos son de los nuestros", sentenció.

De este modo, anunció una sala permanente en el museo reservada a la exposición de todas aquellas obras que realicen los artistas contemporáneos valencianos, "incentivando la creación y adquiriendo obras llegado el caso", subrayó.

Además, apostó por "tender puentes a la cultura popular" del fútbol, la canción o la moda, pues, a su juicio, no existen "formas inferiores de cultura". A su vez, Varela avanzó que buscará "una relación especial con América Latina" y adelantó que podría crear una serie denominada 'Arte y memoria de los escritores de América'.

Para Varela, el MuVIM debe contribuir al debate público --un tanto empobrecido, dijo,-- ilustrando las grandes opciones de la sociedad Valencia, llevándolo por vías de racionalidad y diálogo", y en este sentido, consideró "muy urgente" una exposición sobre los ensanches de Valencia en el siglo XX y XXI, que podría titularse 'Valencia al mar', rodeada de discusiones con especialistas y ciudadanos.

El nuevo director del MuVIM señaló que "no se trata de hacer tabla rasa con el pasado" ni de desdeñar las aportaciones de los predecesores como Romà de la Calle, a quien definió como un "excelente profesional", y con quien dijo no haber hablado todavía desde su nombramiento.

No obstante, matizó que "es probable que tengan que modificarse, poco a poco, las fórmulas de gestión" e ir incluyendo a los grandes actores sociales, "llegando a la constitución en su caso de un patronato", una fórmula de gestión que a su entender, "se impone" por razones económicas y sociales.

A su juicio, la Diputación de Valencia, "en un período de escasez, no puede y no debe asumir en exclusiva el esfuerzo financiero que suponen mantener esta institución", y en segundo lugar, los actores principales de la sociedad valenciana "deben ser mecenas de la cultura, por interés o por convicción".

La "austeridad" será uno de los criterios de su gestión, así como "el mérito y la competencia profesional", y aseguró que apoyará a los funcionarios, "que últimamente son el último mono y no se les puede humillar", remarcó.

Así, se marcó como objetivo convertir el MuVIM en un centro de "goce, creación e instrucción del público" y hacer de él una "máquina de agitación cultural" que resulte "útil" a los ciudadanos. Su idea de cultura, dijo, la entiende como "pillaje, variedad de herramientas para arreglar los desperfectos del mundo".

Preguntado por la decisión de la Diputación de Valencia de retirar fotografías de política, varias de ellas relativas al 'caso Gürtel', de la exposición 'Fragments d'un any', organizada por la Unió de Periodistes, situación que llevó a su predecesor, Romà de la Calle, a dimitir al frente del MuVIM, Varela consideró que esta muestra "podría tener cabida pero de otra manera".

En este sentido, afirmó no ser partidario de "degradar" a los políticos, al tiempo que apuntó que "la libertad de expresión no se puede utilizar para faltar al respecto a nadie", y que sus "límites los debe dictar la prudencia". Y en su caso: "no creo que me pasara lo mismo" que a Romà de la Calle, auguró.

Javier Varela Tortajada (Madrid, 1952), alcalde de Torrebaja (Rincón de Ademuz, Valencia) desde 2003, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED-Madrid, fue director de los centros de la UNED en Guinea Ecuatorial entre 1999 y 2003, y es autor de varios artículos y libros, entre los que figuran: 'Jovellanos', 'La muerte del rey. El ceremonial funerario en la monarquía española' y 'La novela de España. Los intelectuales y el problema español'.

El PSPV de Mislata denuncia al PP ante la Fiscalía Anticorrupción por el "pelotazo" de los aparcamientos

VALENCIA.- El PSPV de Mislata presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el PP por el "pelotazo" de la liquidación a la constructora Lubasa por la rescisión del contrato tras finalizar las obras de tres de los cuatro aparcamientos subterráneos proyectados en la ciudad.

Según informó el grupo socialista en un comunicado, la denuncia va dirigida "a todos aquellos que por acción u omisión han incurrido en responsabilidad penal en cuanto a la aprobación de la liquidación por la rescisión del contrato". En este sentido, recordó que los sobrecostes e irregularidades en la liquidación practicada a Lubasa por el PP ascienden a 4,74 millones de euros.

La documentación aportada por el PSPV a la Fiscalía Anticorrupción está compuesta por más de 1.400 hojas, en las que se incluyen informes de la intervención municipal, el arquitecto municipal, el secretario del ayuntamiento, el técnico de contratación, el ingeniero técnico industrial, el técnico de rentas, así como acuerdos plenarios y documentación relativa a los aparcamientos de Mislata.

Los socialistas detallaron que acuden a la Justicia "después de tres negativas por parte del PP a revisar la liquidación a Lubasa" para "defender los intereses de los ciudadanos de Mislata, el dinero de los vecinos y para saber la verdad".

"El PP y el alcalde de Mislata son cómplices del pelotazo. No van a poder esconderse más. Ahora van a tener que explicar, por obligación, por qué la interventora municipal habla de enriquecimiento injusto, por qué hay valoraciones por las que se liquida diez veces más de lo que se debería, por qué se incluyen conceptos que no se deberían incluir o por qué tres aparcamientos han costado más de lo que costaban los cuatro terminados", apuntaron.

Asimismo, señalaron que "en Mislata no hay trasparencia" y que el objetivo de la denuncia es "que todos los ciudadanos sepan la verdad sobre el pelotazo del PP con los aparcamientos".

El Gobierno rectifica y da siete meses más a los municipios para endeudarse

MADRID.- El Gobierno ha dado marcha atrás y ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una corrección para retrasar hasta enero de 2011 la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse a largo plazo.

Así, a partir del 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones.

Es decir, los ayuntamientos no podrán endeudarse a largo plazo durante todo el año 2011, un cambio significativo respecto al contenido original del decreto antidéficit publicado ayer en el BOE, que establecía que esta prohibición entraría en vigor desde hoy hasta el 31 de enero de 2011.

De esta forma, los municipios españoles tendrán siete meses por delante para solicitar créditos públicos o privados a largo plazo que les ayuden a financiar sus proyectos.

Asimismo, también durante todo el año 2011 los ayuntamientos tampoco podrán sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en valores actuales netos resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiara, el plazo de amortización o ambas cosas.

El decreto, que ahora deberá ser convalidado por el Parlamento, también contempla que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.

Precisamente, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado hoy a los alcaldes con representación en este organismo para analizar el contenido del decreto de medidas antidéficit.

Tras conocerse el lunes que el Gobierno iba a prohibir desde este martes hasta 2012 que los ayuntamientos pudieran pedir créditos, varios municipios y dirigentes políticos cargaron contra la decisión del Ejecutivo.

Una de las más críticas fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que calificó de "burrada" prohibir a los ayuntamientos endeudarse porque pondría en riesgo los servicios que prestan las corporaciones locales.

Por su parte, el alcalde socialista de Lleida, Àngel Ros, reprochó al Gobierno que practique el "café para todos" al prohibir que los consistorios se endeuden.

Desde el PP, su coordinador de Política Autonómica y Local, Juan Manuel Moreno, rechazó la medida y acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de generar "una enorme alarma" y de llevar a la "bancarrota" al conjunto de las corporaciones locales.

El decreto antidéficit establece además los destinos preferentes que deberán tener los ahorros de las entidades locales derivados de la reducción de gastos de personal en 2010 y 2011. Dichos destinos pasan en primer lugar por sanear sus remanentes negativos y, en segundo término, a reducir su nivel de endeudamiento a largo plazo.

En tercer lugar, podrán destinar este dinero a financiar inversiones, según consta en la norma.

Camps, profundamente satisfecho del acuerdo de la CAM

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se ha mostrado "profundamente satisfecho" del acuerdo que desembocará en la fusión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura.

A su juicio, se trata de "un paso hacia adelante, sólido, potente, con garantía y con expectativa de crecimiento y de mucho futuro" y resaltó que la decisión es "acertada, equilibrada" y defiende el modelo de "una caja de ahorros en Alicante con potencia y expectativas", al tiempo que es una "apuesta novedosa".

El presidente del Consejo indicó que "hoy en un gran día para las entidades financieras de la Comunidad Valenciana" y para quienes "durante tantísimas generaciones han ido consolidando una entidad financiera del porte y de la importancia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo". Camps dio la enhorabuena al presidente de la CAM, a su equipo directivo y a todos los trabajadores de la entidad.

Asimismo, recordó que ha mantenido que "cualquier decisión que tuviese que ver con el futuro de la CAM tenía que ser liderado por los órganos de dirección y con decisiones directamente relacionadas con apuestas y propuestas de tipo económico y social", porque esa tenía que ser "la forma de trabajo".

Así es como, afirmó, "se han ido desarrollando durante estos meses los distintos contactos que la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha ido realizando" sobre los que, afirmó, ha tenido información "permanente".

En cualquier caso, insistió en que su postura ha sido respetar que se trataba de una decisión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y de sus órganos de dirección y sus equipos directivos.

El presidente de la Generalitat resaltó que se trata de una apuesta "novedosa, que permite la captación de fondos, la alianza con otras cajas de ahorro importantes del resto de España" que cuenta, según le comentó el presidente de la CAM, dijo, con el aval del Banco de España y que permite que Alicante "siga teniendo su sede operativa, su lugar de decisión, en la propia provincia".

También subrayó el "nulo coste social" del acuerdo, en el sentido de los trabajadores.

En su opinión, "todas las premisas que estaban previstas desde el inicio de la reflexión al respecto del futuro de las cajas en nuestra Comunidad se cumplen en su totalidad con la decisión que ayer se nos anunció por parte de las cuatro cajas de ahorro" así como "la posibilidad de seguir desarrollando el modelo de financiación y económico que nosotros entendemos y que entienden mejor que nadie nuestras cajas de ahorro: la cultura de la CAM, como la cultura de Bancaja, son culturas de financiar nuestro modelo de crecimiento y de prosperidad", algo que da un "plus de garantía y de fuerza".

Las cajas, dijo, son "factor de crecimiento, factor de prosperidad, de confianza y son factor de desarrollo económico para el futuro" por lo que dio la bienvenida a este acuerdo, aunque advirtió que hay que esperar las decisiones que se adopten en los respectivos consejos de administración.

La CAM halla novio en el norte /Jordi Cuenca

Tras varias semanas de vértigo y a punto de sonar la campana del Banco de España, Caja Mediterráneo (CAM) ha conseguido una alianza que, en apariencia, aleja los principales peligros que acechaban a la entidad. Como pedía la sociedad alicantina, no se fusionará con Bancaja.

También da la espalda a la operación mejor vista por el supervisor, la unión con Caja Madrid, que habría supuesto, más pronto o más tarde, su absorción. Además, consigue, en el plazo límite marcado por la institución gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que concluía hoy, formar parte de una sociedad que le permitirá mejorar en capitalización -los activos totales superan los 135.000 millones- y en solvencia, la que aportará, principalmente, Cajastur.

Por contra, pese a duplicar en tamaño a la entidad asturiana, la CAM va a tener el mismo peso (un 40%) que esta última en el consejo que surgirá del SIP y, también muy relevante, el consejero delegado de la entidad será el presidente de Cajastur, Manuel Meléndez, quien, así, se convertirá en el principal gestor del nuevo grupo.

Pese a que los resultados de la CAM y sus ratios eran mejores que los de otras muchas entidades, la caja alicantina, una de las más activas en el sector inmobiliario -origen en buena medida de esta crisis- y la única que había emitido cuotas participativas, estaba en el punto de mira del Banco de España desde hace meses.

El supervisor apostaba por una radical reordenación del sistema financiero y había diseñado una fusión entre Caja Madrid, la CAM y Caixa Galicia, que contaba con el apoyo del PP nacional y del Gobierno. La entidad gallega, por voluntad del presidente de esa autonomía, Alberto Núñez Feijóo, se descolgó para al final unirse a Caixanova.

En noviembre del año pasado, parecía inminente un SIP (Sistema Institucional de Protección, también denominado fusión virtual porque se suman los balances pero se mantienen la marca, los órganos de gobierno y la naturaleza jurídica de los socios) entre las cajas alicantina y madrileña.

Fue entonces cuando el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llamó a capítulo a los máximos responsables de la CAM, Modesto Crespo, y Bancaja, José Luis Olivas, para decirles que no permitiría la pérdida de una sede financiera y para pedirles que encargaran un informe a una consultora independiente que evaluara la viabilidad de una fusión entre las dos grandes entidades valencianas.

Fue el último intento. El documento confirmó que los costes de la operación serían tan elevados que ni vendiendo Bancaja sus participadas, como el 38% del Banco de Valencia o el 6% de Iberdrola, sería viable. Con esos números y el rechazo alicantino, sólo una decisión política podía relanzar el proyecto, pero la debilidad del Consell por el caso Gürtel era una losa descomunal, como se ha visto.

Aún así se hizo un último y de nuevo fallido intento hace dos semanas, cuando una desesperada CAM fracasó en sus negociaciones con Cajamurcia. Es conocido que todas las cajas -tal vez con la excepción de La Caixa- llevan meses hablando con todas las demás y en especial aquéllas que fueron señaladas por el Banco de España. Como la CAM. De ahí que Bancaja, con vía libre para seguir sola, apueste por esperar a la segunda oleada de fusiones, que prevé para dentro de dos años.

Negociaciones

La entidad alicantina ha cometido el grave error de estar, como quien dice, negociando en la plaza pública, lo que la ha puesto en una situación de extrema debilidad ante posibles socios. Todos aquellos a los que se ha acercado porque tenían unos mejores números, han sido muy exigentes, pese a tener un tamaño en ocasiones tres veces inferior.

Como apuntan fuentes financieras, parece lógico que piensen que si son ellos los que han de solucionarle los problemas también han de ser quienes tengan la sartén por el mango. Sucedió con Cajamurcia, que logró grandes ventajas y con la que rompió cuando su presidente, Carlos Egea, exigió ser el ejecutivo principal durante cinco años. Inaceptable.

Con la vizcaína BBK, que ayer dio por rotas las negociaciones, ha sucedido algo parecido en los últimos días. Exigió la mayoría en el banco que crearían con su SIP. También inaceptable.

Con Cajastur, que está en proceso de digestión de la intervenida Caja Castilla-La Mancha, sí ha habido acuerdo, pero también ventajoso para la entidad del norte. El ultimátum del Banco de España a la CAM concluía hoy, aunque también es cierto que en este caso han entrado otras dos cajas (Cantabria y Extemadura), lo que permitirá alianzas en la toma de decisiones.

Se especula ahora con una absorción de Caja Murcia por Bancaja

VALENCIA.- Tras el SIP (Sistema Institucional de Protección) que ya lidera la Caja de Ahorros del Mediterráneo con CajaAstur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, se especula ahora que le toca mover ficha a Bancaja y que una operación probable es la pura absorción de Caja Murcia a indicación del Banco de España ante el nerviosismo que persiste en los mercados internacionales.

En uno de sus muchos faroles, ya muy vistos, Caja Murcia dice ahora mantener abiertas, "aunque sin prisas", las conversaciones con otras entidades para hipotéticas uniones o alianzas estratégicas, tras los fracasos con CajaSur, la CAM y el SIP con las cajas del norte, del que ha sido desplazada por la astucia de Roberto López, director general de la CAM, quien por otra parte integra a los murcianos en ese SIP a través de la CAM, que ahora se lanzará a arañar cuota de mercado en la Región a costa de una desgastada Caja Murcia, que apenas conserva un tercio y perdiendo.

Según la versión oficial y conveniente, destilada por el presidente ejecutivo, Carlos Egea, no existe ninguna circunstancia que apremie a Caja Murcia a llevar a término una medida similar a la anunciada por Caja Mediterráneo, cuando lo cierto es que el Banco de España quiere cerrado el mapa de cajas en los próximos días y las mejores 'parejas' para ese baile ya están cogidas, por lo que la hipótesis de una absorción por Bancaja cobra cuerpo y eso equivale casi a una rendición sin condiciones.

Horas antes de hacerse pública la "fusión fría" de la CAM con cántabros y extremeños, un muy contrariado presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, fue preguntado por los recientes contactos entre CAM y Caja Murcia, y afirmaba: "Es un capítulo cerrado".

Valcárcel manifestó que el Gobierno de Murcia habría apoyado cualquier fusión que hubiese beneficiado los intereses de la Región, pero -añadió- "como esta fusión ya no se va a hacer, lo que ahora hay que hacer es trabajar para encontrar la mejor posibilidad", concluía algo resignado.

Mientras tanto, una decena de cajas de ahorros se reunían hoy en un hotel de Madrid para ver cómo podían integrarse en el SIP que ahora lidera y preside la CAM.