miércoles, 18 de enero de 2012

Unos 200 delegados sindicales ocupan la Conselleria de Sanidad para protestar contra los recortes en el sistema público

VALENCIA.- Unos 200 delegados de las organizaciones sindicales CEMSATSE, UGT, CCOO, CSIF, USAE e Intersindical han ocupado este martes la sede de la Conselleria de Sanidad para exigir que se convoque la Mesa Sectorial de negociación, ante las medidas de "recorte" que ya está aplicando el Gobierno valenciano en la sanidad pública y le nuevo paquete de cerca de 300 medidas que prepara con el objeto de reducir el gasto sanitario en 550 millones de euros, algo que, según han advertido, llevará a 40.000 personas a engrosar las listas de espera para intervenciones quirúrgicas a lo largo de 2012.

   Los delegados sindicales han aprovechado la reunión que esta misma mañana se llevaba a cabo entre el conseller de Sanidad, Luis Rosado, y los gerentes de los departamentos de salud para concretar un nuevo paquete de medias de ajuste en la sanidad pública para llevar a cabo su protesta. Así poco antes de las 11.00 horas han entrado a Conselleria y han recorrido el edifico ataviados con silbatos, bocinas, banderas sindicales y pancartas, entre las que se podía leer   'los valencianos no queremos pagar tus despilfarros. Vela dimisión!'
   Asimismo, han vuelto a registrar una petición para que se convoque la Mesa de Negociación y se trate con los sindicatos estas nuevas medias, unas 270 calculan, que según denuncian llevarán a un "grave deterioro" de la calidad asistencial. Entre otras cosas, han dicho, "si ya hay 40.000 pacientes en lista de espera, ahora habrá que sumar 40.000 más". Pero no solo eso, "ya han tocado el bolsillo del personal sanitario, hay recortes destinados al gasto corriente en proveedores y suministros, ahora solo queda recortar servicios".
   Esto "ya ha empezado, con la reducción de personal de guardia en los centros de salud, con la reducción de puntos de guardia y ahora, su "temor" es que este tipo de medidas vayan a más, ya que aseguran que Sanidad "tiene en mente concentrar las urgencias de algunas especialidades en algunos hospitales", de modo que no todos los hospitales van a tener urgencias de todos los especialistas. Los concentrarán en áreas metropolitanas, han avanzado.

Un total de 56.038 personas escogen la Comunidad Valenciana como lugar de residencia

VALENCIA.- El saldo migratorio de la Comunitat Valenciana durante 2011 ha sido positivo en 511 personas, es decir, durante el pasado año hubo más personas que se establecieron en la región de las que emigraron. Así se desprende del estudio elaborado por el Observatorio Valenciano de la Inmigración (OVIM) a partir de los datos relativos a los flujos migratorios publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y referidos al 31 de diciembre de 2011.

   Concretamente, y de acuerdo con el análisis del Observatorio dependiente de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, 56.038 ciudadanos inmigraron con rumbo a la Comunitat y, por el contrario, fueron 55.527 personas las que decidieron abandonarla para partir a otros países, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
   En los últimos años, los saldos migratorios en la Comunitat Valenciana han variado ostensiblemente, ya que en 2009 se produjo un saldo negativo de -6.768 personas, en cambio en 2010 el saldo volvió a ser positivo al establecerse en la región 1.252 personas más de las que la abandonaron. Esta línea alcista finalizó el pasado año, aunque con saldos inferiores a los contabilizados en 2010.
   Como ya avanzó el Observatorio Valenciano de la Inmigración en un informe publicado el pasado mes de julio sobre las variaciones residenciales, 'la inmigración tiene nombre de mujer'. Las razones son, fundamentalmente, "las posibilidades del género femenino para acceder al mercado laboral, lo que convierte a la Comunitat en un lugar atractivo para residir".
   En cuanto a la procedencia de los emigrantes e inmigrantes, el estudio elaborado por el OVIM indica que existe un saldo negativo entre los españoles de -1.366 personas y un saldo positivo, de 1.877, entre los ciudadanos extranjeros. En este sentido, cabe destacar que los varones procedentes de otros países descendieron en -2.331, mientras las mujeres obtuvieron un saldo positivo de 4.208 personas.
   Por provincias, resulta significativo que tanto Castellón como Valencia experimentaron durante 2011 un saldo negativo de -872 y -6.983 personas respectivamente. No ocurrió lo mismo en cambio Alicante, donde hubo un saldo positivo de 8.366 personas.
   En la provincia de Alicante se aprecia que durante 2011 obtuvo un saldo positivo muy superior al de los dos años anteriores. Este fenómeno está claramente ligado a la bajada de emigración hacia el exterior, ya que la inmigración fue incluso inferior a 2010, es decir, que cada vez se marchan menos personas de esta provincia. Así las emigraciones descendieron en la provincia alicantina en 4.863 personas respecto 2009 y en 7.264 personas respecto 2010.
En el caso contrario se encuentran las provincias de Castellón y Valencia, que en 2011 arrojaron un saldo negativo. La de Castellón vuelve a obtener un saldo negativo, como ya ocurrió en 2009, sin embargo en 2010 éste fue positivo. Por el contrario, la de Valencia sigue en línea decreciente desde 2009.
   En la provincia castellonense ha descendido tanto la inmigración como la emigración, aunque ligeramente a favor de la segunda, razón por la cual resulta un saldo negativo de -872 personas. Por el contrario, Valencia experimenta un aumento tanto de la inmigración como de la emigración, aunque esta última es muy superior a la cifra de ciudadanos llegados de otros países.
   Por lo que respecta al conjunto de autonomías españolas, el estudio elaborado por el Observatorio Valenciano de la Inmigración señala un saldo negativo de -50.090 personas, arrastrado principalmente por los saldos de Cataluña (-36.313 personas), de la Comunidad de Madrid (-21.952) y del País Vasco (-17.261).
   En el caso opuesto se encuentran Canarias (10.490), Andalucía (5.699) y Aragón (1.827), que son las comunidades que mayores saldos positivos presentan.

El PSPV lanza una campaña para que los valencianos puedan recurrir el cobro de la tasa de basura

VALENCIA.- El portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de  Tratamiento de Residuos (Emtre), Salvador Soler, ha informado de que  su grupo ha puesto en marcha una campaña "para facilitar a todos los vecinos y vecinas la posibilidad de interponer un recurso de reposición contra el cobro del aumento de la Tasa por Tratamiento de Residuos" aprobada por la Emtre.

   El responsable socialista se ha pronunciado en estos términos tras la reunión de coordinación mantenida con los representantes de los  municipios afectados por el incremento de la tasa aprobado por el PP en la Emtre, según ha informado el PSPV en un comunicado.
   Soler ha adelantado que los socialistas han preparado un modelo de recurso de reposición para que todos los ciudadanos "tengan oportunidad de recurrir contra un aumento de la tasa exagerado y desproporcionado, que incumple la Ley General Tributaria y que no se ha notificado a los afectados".
   Salvador Soler ha indicado que durante el próximo mes las agrupaciones socialistas dispondrán de una copia del recurso que podrán facilitar a los vecinos". En esta línea, ha explicado que también harán uso de las redes sociales y han previsto que cada agrupación disponga en formato electrónico del modelo de recurso para que los ciudadanos puedan descargarlo de su página web, blog o página de Facebook.
   "La campaña se desarrollará durante el próximo mes y nosotros mismos nos encargaremos de entregar los recursos en la sede de la Emtre", ha adelantado el portavoz socialista. Así, ha resaltado que los vecinos únicamente deben rellenar sus datos personales, aportar una copia del recibo del agua y firmar el recurso.
   El modelo de recurso plantea que "la nueva Tamer supone un exagerado y desproporcionado incremento de las tarifas" sin que se hayan justificado "adecuadamente los motivos de estos aumentos desorbitados".
   En segundo lugar, el recurso plantea que "se ha procedido a incorporar la nueva tasa en los recibos del agua sin practicar previamente la preceptiva notificación de la nueva liquidación de la Tamer", lo que supone que se ha provocado "indefensión legal y material a los sujetos pasivos del tributo".
   Por último el recurso de reposición argumenta que "la Ley General  Tributaria prevé que la simple interposición de un recurso  administrativo de reposición suspende la ejecución del acto impugnado  cuando se trata de un error aritmético, material o de hecho,  circunstancia que ocurre en el presente supuesto".
   Soler ha explicado que "ante estos argumentos el recurso solicita que se anule la liquidación impugnada y se suspenda cautelarmente el trámite de recaudación".

El juez pide a la Guardia Civil que averigüe si una constructora realizó obras en la localidad del ex gerente de Emarsa

VALENCIA.- El magistrado que instruye el 'caso Emarsa', en el que se investiga el agujero de 17 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha pedido a la Guardia Civil que le informe acerca de si Construcciones y Reformas Rocafort o alguna empresa contratada por ella realizó en 2008 o ejercicios anteriores alguna obra en la localidad de Casas Ibáñez, de donde es natural Esteban Cuesta, el que fuera gerente de la depuradora y uno de los principales imputados en el caso.

   Así consta en una providencia dictada por el juez instructor, con fecha 16 de enero, en la que también solicita que se recaben de la Agencia tributaria (AEAT) los documentos de ingresos y pagos correspondientes a Construcciones y Reformas Rocafort en los ejercicios anteriores a 2008. El juez tomó declaración este lunes de nuevo como imputados a dos hermanos García Martínez, --Sebastián y María Paz García Martínez--, relacionados con Construcciones y Reformas Rocafort y Mantenimientos Valmasmark, empresas investigadas en esta causa.
   Según se señala en la providencia, en 2008, la empresa de reformas declaró ingresos y ventas por importe de 1.357.275,66 euros, de los que 814.021 se correspondieron con ventas a Emarsa mientras que el resto no obedecía a operaciones con ningún cliente ya que se realizaron con Microprocesadores Valencia, Sofitec Informática y Manteniimientos Valmasmark.
   Ese mismo año, según se señala en la providencia, se declararon compras o pagos a cuatro empresas relacionadas con la construcción, tres de ellas de Casas Ibáñez y una de Madrigueras (Albacete). El juez ha pedido a los representantes de estas cuatro mercantiles que entreguen en el juzgado la documentación que acredite su relación comercial en 2008 y en cualquier otro ejercicio con esa empresa.
   Para ello, ha pedido que la Guardia Civil haga las gestiones necesarias para informar si construcciones y reformas Rocafort hizoalguna obra en Casas Ibáñez o si la llevóa  cabo alguna otra empresa contratada por ella, y que se informe al juzgado para quién se hizo y donde está.
   De la investigación realizada hasta el momento en la causa y según el informe de Hacienda, Emarsa tiene en sus libros registro de anotaciones de IVA y en los libros de contabilidad por facturas recibidas de diversas entidades --entre ellas las relacionadas con estos imputados--, en concepto de entrega de bienes y/o prestaciones de servicios en las que no ha sido acreditada de manera veraz la entrega del bien o la prestación del servicio por el que se facturó.