VALENCIA.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, abrió en Valencia unas jornadas con altos cargos judiciales advirtiendo que los magistrados sólo deben hablar en sus autos. Y punto. Pero en el aire flotaba la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de renunciar a su causa contra el franquismo. Una decisión demasiado golosa como para que los jueces presentes en las jornadas hicieran caso a Dívar y permanecieran callados, según "El País".
Presidentes de varios tribunales superiores de justicia (Valencia, Cataluña, Aragón y Castilla y León) decidieron comentar el auto de Garzón y no muy favorablemente. Apuntaron, en primer lugar, un dato preocupante: la decisión de Garzón de trasladar la causa contra el franquismo a los juzgados territoriales donde hay fosas, tras declarar extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 miembros de sus gobiernos, puede agigantar aún más el actual embrollo jurídico, al generar "decisiones judiciales dispares".
Y además, sin que exista la posibilidad de unificar un criterio al respecto. Y es que, hagan lo que hagan estos jueces, sólo cabrá recurrir ante sus respectivas audiencias provinciales, pero no ante el Supremo. La única vía entonces que permitiría en el futuro unificar criterios sería un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, aventuró dos posibles opciones de sus colegas de otras provincias: "Que archiven la causa por inexistencia de persona física a la que imputar el delito, que sigan adelante con la investigación o que la mantengan abierta pero forzando la vía administrativa".
Ante esa previsible disparidad de criterios, las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica esperan que el fiscal general del Estado redacte una circular con los criterios a seguir en estos juzgados, informa Natalia Junquera. Se trata, según explicó su abogado, Fernando Magán, de dejar "lo menos posible al criterio personal de un juez".
De los magistrados que hablaron en Valencia, el presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de La Rúa, fue contundente. Vaticina que, jurídicamente, la investigación está abocada al fracaso. "Si [Garzón] se declara incompetente y manda [las diligencias] a los órganos judiciales donde están las fosas, los jueces se van a encontrar con el mismo problema que él. La ley de Amnistía de 1997 cuestiona esta investigación. Si no existen presupuestos de un delito y tampoco de que haya un autor", añadió, "lo que hay que hacer es archivar".
Una juez de Valencia ya se ha pronunciado sobre este asunto. La titular del Juzgado de Instrucción número 17 devolvió el pasado día 11 a Garzón la providencia en la que éste le autorizaba a efectuar exhumaciones en tres fosas. La juez consideró que difícilmente podía prosperar el empeño de Garzón por la imposibilidad de depurar responsabilidades penales.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, enfatizó: "Si los autores [de los crímenes franquistas] están muertos para Madrid, también lo estarán para Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona", en alusión a algunas de las provincias en las que hay fosas con víctimas.
El presidente del Tribunal Superior de Castilla y León, José Luis Concepción, fue todavía más expeditivo sobre la frustrada investigación de Garzón. Al inhibirse, "reconoce" el error que cometió por haber incoado "un procedimiento que nunca debió haberse incoado".
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, no quiso valorar la justificación jurídica de las pesquisas de Garzón, pero declaró: "Lo siento por las familias de las víctimas, que se habían hecho la ilusión de que la justicia iba a desenterrar por fin a sus familiares".
El presidente del Tribunal Superior de Aragón, Fernando Zubiri, abundó en la misma línea que sus colegas. Lo que los jueces tienen que valorar es si existe un hecho delictivo y si hay una persona a la que pueda imputársele, "y si esa persona está notoriamente fallecida no podría seguir investigándose la causa", apuntó.
También el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, intervino para deslindar la causa judicial de las iniciativas de los familiares, ante los que mantiene el compromiso "de aportar todos los medios a los busquen a los suyos".
- 16 de octubre. El juez Baltasar Garzón se declara competente para investigar las denuncias de las asociaciones de memoria histórica. Atribuye a Franco y a otros 44 jefes franquistas la desaparición de 114.266 personas.
- 20 de octubre. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, recurre el auto y acusa a Garzón de abrir una "causa general" prohibida por la Constitución.
- 7 de noviembre. La Sala Penal de la Audiencia paraliza la instrucción y la apertura de fosas mientras se decide si Garzón es competente.
- 18 de noviembre. Garzón se declara no competente en la causa y la deriva a 62 juzgados territoriales.
- 27 de noviembre. La Sala Penal de la Audiencia decidirá si Garzón era o no competente y si la causa pasa a los juzgados territoriales.
