EUPV pregunta al Consell sobre la "escandalosa deuda" con las universidades públicas, que "puede acabar en colapso financiero"

VALENCIA.- El diputado autonómico en las Corts Valencianes y miembro de EUPV, Lluís Torró, ha presentado una pregunta en el Parlamento valenciano dirigida al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, sobre la "escandalosa deuda" con las universidades públicas valencianas.

Torró aseguró en un comunicado que la Generalitat no ha abonado a las universidades públicas de la Comunitat las transferencias correspondientes a los pagos de las nóminas y proveedores de los meses de septiembre y octubre. En este sentido, incidió en que esta situación es "insostenible" para las universidades y advirtió de que la deuda "millonaria" del Consell "puede acabar en un verdadero colapso financiero".

En la pregunta parlamentaria, el dirigente de EUPV exige a Font de Mora que explique "cuándo se transferirán las mensualidades atrasadas y si se solucionará este problema de forma definitiva y satisfactoria" o si, por el contrario, el Consell "seguirá manteniendo esta situación de forma indefinida y, por lo tanto, abocando a las universidades al colapso financiero", manifestó Torró.

El parlamentario autonómico indicó que a lo largo de los últimos cuatro ejercicios el Gobierno valenciano "ha retrasado los pagos del último trimestre generando un gravísimo problema de financiación para las propias universidades y forzando un incremento de su deuda a largo y a corto plazo".

Además, Lluís Torró calificó de "indignante el agravio comparativo que el PP provoca siempre y donde la universidad pública, la de todos, queda bajo mínimos si la comparamos con los esfuerzos que el PP dedica a la VIU o las universidades privadas". A juicio del diputado, "esto debería de darles vergüenza".

El PSPV denuncia que el Tribunal de Justicia de la UE juzgará al Ivvsa por adjudicar "saltándose la legislación europea"

VALENCIA.- La portavoz del PSPV en materia de vivienda en las Corts Valencianes, María José Salvador, denunció hoy que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), ubicado en Luxemburgo, juzgará al Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) por realizar adjudicaciones "saltándose la legislación europea sobre contratos públicos a través de las conocidas como 'empresas mixtas'".

Salvador, que se expresó en estos términos en un comunicado, destacó que el Ivvsa se encuentra ante los tribunales de justicia de Luxemburgo "por culpa de la política de vivienda que llevó a cabo el PP valenciano cuando los tiempos de bonanza en el sector de la construcción emborracharon el juicio del entonces conseller del área Rafael Blasco".

Asimismo, la socialista hizo "corresponsable" de esta situación al presidentes de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, "por apoyar esta política de Blasco al frente de la Conselleria de Territorio y Vivienda".

La diputada del PSPV criticó que Camps siga "contumaz en el error" y haya entregado a Blasco "los mandos de la estrategia del PP valenciano en el momento más crítico y delicado de su carrera política". De esta forma, Camps "demuestra que no aprende de sus escándalos" y que no le duelen prendas en seguir fiando su futuro a políticos de "dudosa gestión con los contratos públicos", manifestó Salvador.

La fórmula societaria de las empresas mixtas se basa en un accionariado compartido entre el capital público del IVVSA y el capital privado de algunas importantes empresas constructoras y urbanizadoras de la Comunitat Valenciana con las que, en casa caso, el Instituto acordó coparticipar en una nueva empresa.

Salvador indicó que el motivo que ha llevado al Ivvsa al "banquillo" de Luxemburgo por su relación con estas empresas es "la adjudicación de muy importantes contratos públicos sin publicidad y sin garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades entre todos los empresarios para competir por los contratos de la Generalitat Valenciana", según se desprende de la denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo.

María José Salvador aseguró que comparte el criterio de la denuncia de la Comisión Europea y señaló que "al otorgar competencias en materia de ordenación urbanística a estas empresas mixtas, el Ivvsa y la Generalitat y Francisco Camps están adjudicando contratos públicos a estas sociedades de manera incorrecta, privilegiando a los empresarios escogidos por la Generalitat del PP y en detrimento del beneficio general de los empresarios del sector de la construcción, especialmente de aquellos que desarrollan su negocio en la Comunidad Valenciana".

Además, subrayó que el Gobierno presidido por Camps "tuvo tiempo de evitar este juicio contra el Ivvsa porque recibió el aviso de la Comisión Europea ante el que no hubo respuesta por lo que obligó al Ejecutivo de la UE a actuar contra el lánguido brazo constructor de las pocas Viviendas de Protección Oficial (VPO) que construye la Generalitat Valenciana".

"Y mientras tanto", añadió Salvador, "los valencianos siguen teniendo graves problemas para acceder a la vivienda pese a que la Comunitat Valenciana ha vivido años del mayor impulso constructor de su historia".

Por todo ello, la diputada socialista exigió al presidente de la Generalitat que convoque elecciones anticipadas "cuanto antes" para "contribuir a la regeneración de la democracia valenciana y de la vida política en la Comunitat".

La parlamentaria aseguró que serán los socialistas valencianos quienes "devuelvan la prosperidad a la Comunitat Valenciana y crearán, para ello, 250.000 empleos en su primera legislatura de gobierno al frente de la Generaltat, como ha prometido el secretario general del PSPV, Jorge Alarte".

Detienen a una segunda persona por su presunta relación con el crimen del ex alcalde de Polop

ALICANTE.- Efectivos de la Guardia Civil detuvieron hoy en la provincia de Alicante a una segunda persona por su presunta relación con la muerte del ex alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, según informaron fuentes cercanas al caso.

El pasado 6 de noviembre, la juez de primera instancia e instrucción número 2 de la Vila Joiosa ordenó el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, para un hombre que había sido detenido un día antes como presunto autor de la muerte Alejandro Ponsoda.

La instructora del caso abrió una causa por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas contra el hombre, de 34 años y nacionalidad española, por los hechos ocurridos el 19 de octubre de 2007.

El ex alcalde de Polop falleció después de recibir varios tiros en la puerta de su casa en la noche del 19 de octubre de 2007 en la pedanía de Xirles. El alcalde murió el 27 de octubre, después de varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Alicante.

Trabajadores de El Corte Inglés protestarán ante la Audiencia Nacional por el cambio de jornada

MADRID.- Las federaciones de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO. y UGT han convocado una concentración el próximo jueves, día 19, frente a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para protestar por la modificación de turnos y horarios de aproximadamente 40.000 empleados de El Corte Inglés, vigentes desde 1995.

La movilización se desarrollará bajo el lema 'Contra la modificación de jornada en El Corte Inglés. No al expolio a los trabajadores', informaron fuentes sindicales.

Ambos sindicatos han presentado en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sendas demandas de impugnación del acuerdo alcanzado entre El Corte Inglés y los sindicatos Fetico y Fasga para modificar la jornada.

Los sindicatos demandantes critican que el acuerdo supone una "desregulación total" de la jornada, lo que "atenta" contra la conciliación de la vida personal y laboral de los trabajadores.

"La demanda se basa en la negación de la existencia de las causas que la empresa y sus sindicatos alegan como excusa para la modificación", apuntaron desde UGT, que considera la decisión una "represalia por haber ganado las sentencias históricas de descanso semanal".

Según las mismas fuentes, la empresa atribuyó la puesta en marcha de esta medida a causas económicas y organizativas, centradas principalmente en el profundo deterioro del consumo de los hogares por la caída de renta de las familias, la destrucción de empleo y las restricciones al crédito.

La intención es que los trabajadores puedan tener su horario laboral planificado hasta con un año de antelación, de forma que el 1 de enero sepan cuales serán sus turnos de todo el ejercicio para que puedan organizar con tiempo sus vacaciones y periodos de libranza.

"Esta medida pretende mantener la viabilidad en el empleo asegurando la competencia en el mercado y una mayor optimización de los recursos humanos", subrayó la empresa a los representantes sindicales al dar a conocer su propuesta.

La dirección del grupo considera que las necesidades de atención a la demanda del público no son regulares ni pueden atenderse adecuadamente con una distribución "rígida" de la jornada, como es la vigente, al tiempo que apunta que la distribución actual registra una mayor presencia del personal en momentos que hay menor necesidad comercial.

En consecuencia, pretende avanzar sustancialmente en la mejora de su atención al consumidor mediante una adecuada presencia de los profesionales en atención a la actividad de venta. "Con ello se mejora la posición competitiva de la empresa y se refuerza la base que garantiza la estabilidad del empleo", argumenta la compañía.