Blasco queda expulsado del grupo popular en las Corts al ser inhabilitado para representar al PPCV

VALENCIA.- El exconseller y diputado 'popular' en las Corts Rafael Blasco ha quedado expulsado del grupo popular después de que el Comité de Garantías del PPCV haya decidido este sábado inhabilitarle "para desempeñar cargos públicos en el seno del Partido Popular o en representación de éste", además de abrirle un expediente sancionador y suspenderle cautelarmente de militancia. 

   Según han informado fuentes del partido, la resolución de este órgano será trasladada a Génova para su ratificación, así como al grupo parlamentario popular en la Cámara autonómica y desde este, a la Mesa de las Corts. La inhabilitación, en todo caso, supone que Blasco no puede estar dentro del grupo porque, "como diputado, ha de representar las políticas del PP" y a partir de ahora no puede hacerlo.

     La reunión ha comenzado a las 10.30 horas en la sede del PPCV de la calle Quart y unas tres horas después se han dado a conocer estas medidas disciplinarias por la comisión de infracciones tipificadas como "graves y muy graves", después de que Rafael Blasco cuestionara en un programa de televisión la política de Fabra contra la corrupción y sugiriera que se ha dirigido a la Abogacía de la Generalitat contra él.

   El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ya advirtió este viernes de que la relación de sanciones que contemplan los estatutos del PPCV para Blasco por sus manifestaciones en televisión es "amplia" y "podría llegar incluso a la expulsión del partido".

   También el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, indicó este jueves que estas manifestaciones serán objeto de estudio para ver si se aplicaban sanciones. El jefe del Consell ha explicado en diversas ocasiones que debían cumplirse dos condiciones para que Blasco dejara el grupo parlamentario, la primera de ellas es el informe ya emitido de la Abogacía de la Generalitat, y la segunda la posible apertura de juicio oral.

   La Abogacía de la Generalitat solicitó una pena de 11 años y medio de prisión por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, en la pieza del 'caso Cooperación' relativa a las ayudas a la Fundación Cyes, según su escrito de calificación provisional, mientras que la Fiscalía pide para él 14 años de cárcel.

   Tras conocer los informes de la Abogacía y la Fiscalía Blasco se mostró "absolutamente convencido" de su inocencia y afirmó que se mantendría en su escaño en las Corts ya que accedió al parlamento mediante una lista electoral. "Consecuente con una elección democrática, voy a mantenerme en el escaño que me corresponde por decisión de la voluntad de todos los ciudadanos", dijo el pasado 5 de junio. Asimismo, respecto a las acusaciones, manifestó que son "inciertas" y no tienen "ninguna base ni fundamento".

 "Son meras especulaciones", insistió.

Una "marea de consumidores" da en Valencia un nuevo "toque a la banca" contra los "abusos" y "fraudes"

VALENCIA.- Una autodenominada "marea de consumidores" se ha concentrado este sábado frente a la sede del Banco de España en Valencia para mostrar su rechazo a los "abusos" de la banca y los "fraudes financieros", en un nuevo "toque a la banca" convocado por la asociación Adicae en más de una veintena de ciudades españolas.

   En torno a un centenar de personas han mostrado pancartas en alusión al "fraude" de las preferentes o a la ejecución hipotecaria, a la vez que han coreado frases como "no hay pan para tanto chorizo" y calificativos como "ladrones" o "corruptos".

   Los manifestantes se han concentrado frente a la sede del Banco de España a las 12.00 horas y después han seguido un recorrido por Pintor Sorolla hasta la Delegación de Gobierno de la Comunitat, donde han leído un manifiesto.

   La secretaria general de Adicae Valencia, Lorena García, ha apuntado que "la marea ciudadana" es "una campaña de reivindicación de soluciones y protesta por todos los abusos que han sufrido los consumidores, tanto por parte de la banca como de las empresas". A este respecto, ha apuntado al fraude de las preferentes, las deudas subordinadas, las hipotecas abusivas o las cláusulas suelo, como algunas causas de protesta.

   La asociación ha asegurado que seguirá convocando concentraciones cada jueves frente a la sede de Bankia y, además, el próximo 25 de junio se concentrarán a las puertas del Palacio de Congresos, donde tendrá lugar la junta de accionistas de Bankia.

Buch anuncia que la fórmula de cesión de suelo industrial a coste cero entrará en vigor el próximo lunes

VALENCIA.- El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, ha anunciado que la fórmula de comercialización del Arrendamiento Ad Aedificandum, anunciada por el jefe del Consell, Alberto Fabra, para la cesión de suelo industrial a coste cero, entrará en vigor el próximo lunes tras haber recibido el informe favorable por parte de la Abogacía de la Generalitat, según ha informado este sábado la administración autonómica en un comunicado.

   Así, Buch ha comentado que "a partir del 24 de junio, el pliego de condiciones de esta innovadora fórmula de comercialización podrá consultarse" y que "estará a disposición de todo aquel que quiera acceder al suelo empresarial de la Comunitat Valenciana en la página web de Sepiva". Igualmente, se podrá obtener información en estas oficinas, situadas en la avenida Cortes Valencianas número 20 de Valencia.

   Máximo Buch ha señalado que el Arrendamiento Ad Aedificandum "posibilitará la cesión de suelo público a coste cero en los parques empresariales promovidos por el Consell". De esta manera, se aplicará a cerca de 400.000 metros cuadrados de suelo disponible en cuatro parques empresariales en comercialización de las tres provincias de la Comunitat: Parque Empresarial Nuevo Tollo de Utiel, Parque Empresarial El Campaner en Alcalà de Xivert, Parque Empresarial Maigmó en Tibi y Parque Empresarial El Espartal III de Xixona.

   El responsable autonómico ha destacado que esta iniciativa "se enmarca en el esfuerzo que está realizando la Generalitat para facilitar a pymes, autónomos y empresarios el acceso a suelo industrial de calidad que permita la puesta en marcha de proyectos empresariales que generen empleo y riqueza para la Comunitat".

   El Arrendamiento Ad Aedificandum se suma a otras medidas puestas en marcha desde el Consell como la posibilidad de pago aplazado, derechos de superficie, naves industriales en régimen de alquiler con opción de compra, la reducción del precio del suelo industrial hasta un 30 por ciento o del canon del derecho de superficie hasta en un 70 por ciento.

   "La Generalitat está siendo pionera en ofrecer unas condiciones de comercialización atractivas y ventajosas para la implantación de empresas, de manera que los empresarios sólo tengan que preocuparse de su negocio", ha subrayado Buch, que ha manifestado que "todas estas condiciones de comercialización hacen de la Comunitat el mejor lugar para el desarrollo de cualquier proyecto empresarial e industrial".

La Audiencia absuelve al exalcalde de Paiporta de los delitos de prevaricación y malversación

VALENCIA.- La Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al exalcalde de Paiporta Bartolomé Bas (PSPV) de los delitos de malversación y prevaricación por los que ha sido procesado, acusado de haber confeccionado un puesto de trabajo para un funcionario y utilizar los servicios municipales para hacer obras o mejoras en su chalé de Monserrat, al no constar "suficientemente probada" su participación "activa, consciente y dolosa" en los hechos.

   La sentencia, que absuelve también a otros cuatro procesados en la causa, condena no obstante a la esposa de Bartolomé Bas como autora de un delito de malversación a una multa de 1.800 euros y suspensión de empleo o cargo público por seis meses. También condena al carpintero municipal J.F García como cómplice de un delito de malversación a una multa de 900 euros y suspensión de empleo o cargo público durante tres meses.

   Bas fue alcalde de Paiporta durante 28 años, desde 1979 hasta 2007 y, según figuraba en el relato del ministerio fiscal, con la finalidad de favorecer económicamente a un funcionario que perdió la condición de liberado tras las elecciones de 2003, de acuerdo con el técnico de personal habría convenido la creación de un nuevo puesto de trabajo inexistente, el de Coordinador de Obras y Servicios, extremo que no considera probado el tribunal.

   Por otro lado, acusaba a Bas y al resto de procesados de utilizar, ordenar y consentir, entre 2003 y 2006, fondos, efectos, servicios y recursos humanos del Ayuntamiento de Paiporta en beneficio propio y de terceros. Estimaba que Bas y su mujer ordenaban a través del carpintero municipal la realización de tareas de limpieza de su chalet, desde Semana Santa a verano, así como la realización de tareas de poda y jardinería.

   Al respecto, la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial considera que no ha quedado probada la participación de Bas en la comisión del delito de malversación "pese a las sospechas de las acusaciones de que no podía ignorar la realización de trabajos por miembros de la brigada en el chalet que compartía con su esposa como segunda residencia".

   Recuerda, en este sentido, que salvo una testigo, el resto "le exculparon tenaz y firmemente", diciendo algunos de ellos que "no se enteraba de nada", que "sería incapaz" o que "no habría consentido" ese uso de recursos públicos en su propio chalet. "Aun cuando pudiera sospecharse que el acusado no podía  ignorar lo que estaba ocurriendo en el chalet que compartía con su esposa (...) no consta suficientemente probada su participación activa, consciente y dolosa en los hechos".

   Respecto a su mujer, entonces concejal, señala que con ayuda del carpintero municipal "destinó repetidamente y durante varios años a usos ajenos a la función pública a determinados empleados municipales, en concreto de la Brigada de Obras y Servicios de Paiporta, a los que ordenó determinadas tareas, que no remuneró, en su chalet situado en distinta localidad, a menudo en el horario laboral de éstos".

El PSPV pide a Císcar que explique el "misterioso ascenso" de la prima de González Pons en la Epsar

VALENCIA.- La diputada del PSPV Carmen Martínez ha pedido la comparecencia del vicepresidente del Consell, José Císcar, en las Corts para que explique la "extraña remodelación" llevada a cabo en la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que ha conllevado el despido de técnicos "ajenos a las irregularidades del caso Emarsa" y el "misterioso ascenso" de la prima del dirigente del PP Esteban González Pons.

   En un comunicado, Martínez ha criticado el despido de técnicos que tenían "una hoja de servicios limpia" al tiempo que se ha ascendido "de forma misteriosa" a personas que han avalado con sus informes la gestión realizada por los investigados, el exgerente José Juan Morenilla y el exjefe de Explotaciones Ignacio Bernácer, como la prima de González Pons, Patricia Stuyck Pons.

   La socialista ha explicado que esta ha pasado de tener un contrato "nulo", contra el que se opusieron la Dirección General de Presupuestos y que fue duramente criticado por la Auditoría de Legalidad, a ser indefinida. A su juicio, José Císcar debe explicar el "misterioso" ascenso de la directora del área de régimen jurídico y gestión administrativa de la Epsar después de elaborar numerosos informes remitidos al juzgado que investiga el caso Emarsa en los que "justifica la labor realizada" en este departamento bajo el mando de Morenilla y Bernácer.

   Martínez también quiere que Císcar explique por qué ha ascendido al cargo de director técnico a Mariano López, "uno de los responsables de las adjudicaciones a dedo por el procedimiento de emergencia denunciadas por el PSPV, y al concejal del PP en Aldaia Héctor Ferrandis" y si va a permitir el regreso a la Epsar de José Juan Morenilla, su antiguo gerente, después de dos años de excedencia.

   Ha criticado, en este sentido, que "en lugar de hacer una limpieza en el departamento por las numerosas irregularidades, el PP esté ascendiendo a los enchufados y a los fieles".

   Por otra parte, el PSPV, que actúa como acusación popular en el caso Emarsa, ha solicitado al juez Vicente Ríos que se dirija a la Generalitat para que informe de si Bernácer "ha sido despedido" y "remita carta de despido", al tiempo que le insta a pedir información sobre si ha sido indemnizado por la rescisión de contrato y la liquidación de haberes que se haya practicado con ocasión del despido.