VALENCIA.- Cuatro empresarios valencianos y 69 supuestos trabajadores suyos han sido detenidos por la Policía Nacional, que ha desmontado así toda una trama para eludir los pagos a la Seguridad Social. El fraude asciende a cuatro millones de euros, y el resto están acusados de estafarle al INEM 600.000 euros.Los empresarios, acusados asimismo de falsedad documental e insolvencia punible, les ofrecían a los otros darles de alta en la Seguridad Social como trabajadores de sus mercantiles, sin que realizaran actividad laboral alguna en las mismas y solicitando así prestaciones y/o subsidios por desempleo.
Los cuatro titulares o administradores de las empresas han sido detenidos en la provincia de Valencia y han pasado ya a disposición judicial. En Valencia se han detenido también a 59 supuestos empleados, otros 7 en Castellón, 2 en Alicante y 1 en Madrid, todos ellos en libertad con cargos tras prestar declaración.
Las investigaciones se iniciaron a principios de año cuando la Tesorería General de la Seguridad Social detectó la falta de cotización de las empresas implicadas, a pesar de que éstas mantenían trabajadores en alta.
La forma de actuar consistía en constituir sociedades que, pese a no desarrollar una actividad laboral real, eran inscritas en la Seguridad Social, haciendo figurar como socios constituyentes a personas que no ejercían actividades de dirección de las mismas y que no eran sino meros testaferros, con el fin de ocultar la verdadera identidad de los titulares y dificultar la acción recaudatoria de la Tesorería.
Su objetivo era dar de alta en la Seguridad Social a personas que no trabajaban en las mismas, de dos formas diferentes. Por un lado eran dados de alta individuos dedicados a la actividad de venta ambulante en ferias y mercadillos, con objeto de que les fueran facilitados por los Ayuntamientos las licencias correspondientes, ya que precisaban acreditar estar dados de alta en la Seguridad Social.
Por otro, también eran dadas de alta como trabajadores de estas empresas personas que realizaban su actividad laboral en otras mercantiles, con lo que eludían de este modo el pago de los seguros sociales de estos trabajadores.
Para ello, uno de los empresarios detenidos visitaba los mercadillos y ofertaba a los vendedores ser dados de alta en estas empresas a cambio de 150 euros, además de pagos mensuales sucesivos para el supuesto ingreso de las cuotas en la Seguridad Social.
En ambos casos se facilitaban a los trabajadores, a medida que acumulaban los periodos de carencia establecidos para la obtención de prestaciones, la documentación necesaria que posteriormente era presentada en el INEM, para que ellos solicitasen así prestaciones y subsidios por desempleo.
