jueves, 14 de diciembre de 2023

El Gobierno de España aprobará la terminal de la ampliación norte del Puerto de Valencia el próximo martes

 VALENCIA.-  El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que el Gobierno central aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, 19 de diciembre, la licitación de las obras de la terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia, con una inversión pública de 656 millones de euros y una inversión global de más de 1.600 millones de euros.

«Soy muy poco partidario de comprometer plazos, solo lo hago cuando estoy seguro de que los voy a cumplir», ha dicho el ministro durante su intervención en el Edificio del Reloj del Puerto de Valencia, antes de concretar la fecha en la que se aprobará el proyecto. 

«El martes estaremos ya poniendo rumbo a este proyecto tan largamente esperado» que, en su opinión, será «enormemente positivo» tanto para la Comunitat Valenciana como para España, ya que el de Valencia es un «puerto fundamental para nuestro país», ha indicado.

Así lo ha señalado tras visitar las instalaciones del Puerto de Valencia que acogerán la nueva terminal, junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, entre otras autoridades. Todos ellos han brindado juntos al término de las intervenciones.

Óscar Puente ha puesto en valor que el Puerto de València es el primero de España, el cuarto de la Europa y el número 20 del mundo, y, en ese sentido, ha subrayado la «importancia» del proyecto de la ampliación norte, porque la infraestructura «lleva tiempo trabajando en su banda de congestión» y «un gobierno previsor debe anticiparse a este tipo de circunstancias y trabajar para que, cuando llegue el momento, las infraestructuras estén en condiciones de servir su propósito».

El ministro ha manifestado que espera que se puedan poder «despejar las suspicacias sobre el proyecto». 

«Pienso que la razón está de nuestro lado», ha añadido. Coincidiendo con la visita, la plataforma Comissió Ciutat-Port se ha concentrado en las inmediaciones para protesta contra la ampliación del Puerto y advertir sobre sus «consecuencias ambientales», «sociales» y «jurídicas».

En ese contexto, el ministro ha querido centrarse en el «apartado polémico» del proyecto, «el ambiental», para subrayar que la construcción de la terminal es un «proyecto ecológico», porque desde el punto de vista energético será « 100% sostenible», «autosuficiente» y se abastecerá de energías limpias.

Además, ha incidido en que implicará «derivar los tráficos de contenedores al tren» porque contempla una «la mayor terminal ferroviaria que va a tener ningún puerto de la Península y probablemente ninguno en Europa», en un momento en el que el 93% de los contenedores que entran y salen de las instalaciones lo hacen en camiones.

El ministro ha añadido, en posteriores declaraciones a los medios preguntado por la advertencia de Compromís de que los ministros de Sumar no votarán a favor del proyecto, que él no sabe que harán los socios de gobierno, pero que el PSOE está siendo «plenamente coherente» con lo que ha defendido porque ha apoyado al proyecto «desde hace muchos años», tanto a nivel estatal como autonómico.

Puente ha mandado un mensaje de «tranquilidad a los valencianos» y ha dicho que «las objeciones medioambientales que se le ponen al proyecto no están fundamentadas» y se debe analizar el proyecto «de manera global», no «pensar solo en la afección» a las playas del Saler, que además «han sido objeto de una obra de corrección en la que se han invertido 30 millones de euros». 

«Espero que cambien el enfoque y que los hechos les vayan llevando en otra dirección».

Puente ha subrayado así que se trata de un proyecto sostenible y de una gran inversión publico-privada, la más importante que se ha hecho nunca en un puerto español"

El anuncio llega un año después de que el consejo de administración de la APV aprobase el Proyecto Constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia, que según la actualización de precios realizada la pasada semana, supondrá una inversión pública de 660 millones de euros.

El presidente de MSC España, Francisco Lorente, ha indicado que espera que se incremente cerca de un 20 o 25% el importe inicial de 1.050 millones de euros que aportará la empresa Terminal Investment Limited (TIL), del grupo MSC, encargada de la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de la nueva terminal. 

Ha opinado que «sería un gran éxito» si la terminal pudiese empezar a recibir barcos dentro de cinco años.

La nueva terminal pública de contenedores permitirá operar a los buques de última generación MEGAMAX, de hasta 430 metros de eslora y más de 24.000 TEUs (contenedores equivalentes de 20 pies).

La terminal norte de contenedores tendrá una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar 5 millones de contenedores.

La infraestructura contará con diseño, tecnologías y equipamiento de «última generación», una instalación totalmente electrificada que permitirá suministrar a los barcos y el objetivo es que el origen de su electricidad proceda al 100% de fuentes renovables. 

En su proyecto, TIL ofrece desarrollar una terminal ferroviaria dotada de 6 vías de 1.000 metros de longitud, con capacidad para mover 305.000 TEUs/año por ferrocarril.

La vicepresidenta, Yolanda Díaz, ya dejó entrever en sus redes sociales que los representantes de Sumar en el Gobierno no apoyarán el proyecto por falta de garantías ambientales y jurídicas. 

El TSJ pide un dictamen que determine si la ampliación del Puerto de Valencia tiene efectos ambientales adversos 

La sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acepta la prueba pericial solicitada por la Comissió Ciutat-Port en la causa que investiga si la aprobación del proyecto constructivo de los nuevos muelles en diciembre del año pasado fue irregular al no ajustarse a la declaración de impacto ambiental de 2007.

Precisamente, se ha producido una novedad importante en la causa que se desarrolla en la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que investiga si la aprobación del proyecto constructivo de los nuevos muelles en diciembre del año pasado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) fue irregular al no ajustarse a la declaración de impacto ambiental de 2007, entre otros motivos.

 La asociación Acció Ecologista-Agró, en nombre de la Comissió Ciutat-Port, presentó la correspondiente demanda el pasado 12 de julio y en la misma solicitó una serie pruebas periciales, alguna de las cuales ha aceptado la sala.

En concreto, según la documentación recabada, en un auto del pasado 17 de octubre la sala estimó la solicitud de la entidad cívica para que se elabore un dictamen con la finalidad de establecer la conclusión de existencia o no de efectos significativos adversos sobre el medio ambiente por la decisión adoptada hace un año en el consejo de administración de la APV, es decir, la aprobación del proyecto constructivo, considerando tanto la fase de creación de infraestructuras como la explotación, y considerando también las emisiones atmosféricas derivadas de la explotación de terminales, del tráfico marítimo y del tráfico rodado asociado.

Acció Ecologista-Agró solicitó para la realización de este informe un perito de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, pero el tribunal ha rechazado esta opción y ha designado al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Comunitat Valenciana y el pasado 17 de noviembre se designó al perito que emitirá el dictamen. 

El informe debe recoger análisis y conclusiones sobre la concurrencia en el proyecto de una afección al Parque Natural de la Albufera, con especial atención a los efectos del oleaje sobre el mantenimiento de la restinga; de un incremento significativo de emisiones a la atmósfera como consecuencia del traslado al sur de la terminal de cruceros, así como sobre la concurrencia de un incremento significativo de recursos naturales, con atención a la representación de consumos en el total del proyecto.

El dictamen ha de considerar las modificaciones planteadas en el proyecto constructivo aprobado en 2022, con referencia a las previsiones del proyecto originario de 2006 informado favorablemente por la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007.  

La demanda presentada por Acció Ecologista-Agró pide la nulidad del mencionado acuerdo por una serie de argumentos relaciones con la falta de informes que avalen la validez de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 para el nuevo proyecto, además de considerar que la DIA no está vigente y que no tiene en cuenta el traslado de la terminal de cruceros junto al barrio de Natzaret o la demolición del contradique, entre otras cuestiones.

En concreto, los denunciantes consideran que la aprobación del proyecto “debe declararse inválido por falta de evaluación ambiental del proyecto constructivo, que suponiendo una modificación del originalmente aprobado por la DIA de 2007, cuya invalidez también defendemos”.

Y todo ello porque “el proyecto supone un aumento significativo de emisiones a la atmósfera como consecuencia del traslado de la terminal de pasajeros del norte al sur del puerto”, un traslado que junto a la adjudicación a Baleària también ha sido impugnado.

Además, el nuevo proyecto al que se pretende dar cobertura con la DIA de 2007 “supone un incremento significativo de la utilización de recursos naturales” en cuanto a dragas y material de relleno necesario para los muelles y además no tiene en cuenta la afección de obras como la demolición de un contradique.  

Los demandantes consideran también que la construcción del muelle “representa una afección al Parque Natural de la Albufera (Red Natura 2000) y tiene efectos significativos adversos sobre el medio ambiente” y aportan como prueba el informe de la Comisión Científica de la Albufera.

La Comissió Ciutat-Port pone en evidencia también que la aprobación del proyecto constructivo se produjo “careciendo de un pronunciamiento expreso, fundado técnica y jurídicamente en derecho, en el que se determinase la no necesidad de una nueva evaluación ambiental, ya fuese ordinaria o simplificada, requisito previo imprescindible para la aprobación del proyecto”, tal y como requirió en un informe anterior Puertos del Estado.

Se incurrió, además, “en una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”, en cuanto a que la APV era consciente de que se estaba sustanciando un recurso ante el TSJ de Madrid, de tal forma que la APV aprobó el proyecto constructivo estando pendiente de resolución la petición de la medida cautelar de suspensión de la resolución del Ministerio de Transición Ecológica sobre la condición de órgano sustantivo, “contraviniendo la doctrina del Tribunal Supremo” que impide a la administración tomar decisiones sobre un acto para el que se ha pedido una suspensión cautelar.  

La demanda destaca también que 10 de las 21 condiciones impuestas por la Demarcación de Costas de València en su informe de compatibilidad no quedan resueltas antes de la aprobación del proyecto y que existe un desfase entre la fecha de aprobación del proyecto (2-12-2022) y la fecha de cierre del presupuesto de ejecución material del mismo (30-11-2021) que viciaría el proceso posterior de licitación administrativa en cuanto al presupuesto real de las obras.  


Ciutat-Port protesta para que el Gobierno "recapacite" sobre la ampliación del Puerto y avisa de consecuencias legales

 VALENCIA.- Representantes y simpatizantes de la Comissió Ciutat Port -- plataforma que aglutina cerca de 200 organizaciones sociales y ecologistas-- se han concentrado este jueves para exigir al PSOE que «recapacite» sobre la autorización de la terminal de la ampliación del puerto de Valencia y para defender que la infraestructura es una «sentencia de muerte» con consecuencias para la salud, medioambientales y legales.  

Los activistas se han congregado en las inmediaciones del Edificio del Reloj, encabezados por una pancarta que rezaba 'No a la ampliación del Puerto de València', con motivo de la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha anunciado durante el acto que el consejo de ministros del próximo martes autorizará la licitación de las obras de la terminal de la ampliación norte.

A la protesta, que se ha desarrollado desde las 11 horas de la mañana, han acudido representantes de Compromís, como la portavoz en el Ayuntamiento, Papi Robles; el ex alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la portavoz adjunta en Les Corts, Isaura Navarro.

En declaraciones a los medios, como representante de Comissió Ciutat-Port, Loreto Primo ha apelado al «sentido común» del Gobierno central para que «recapacite» y «no cometa la imprudencia de convertir esta ciudad en un aparcamiento de contenedores». Así, ha expuesto que «se les llena la boca a los gobernantes de hablar de los signos de identidad», como son l'Albufera, las playas y la huerta.

Para Loreto Primo, ni la ciudadanía ni los visitantes quieren «ver una fachada marítima destrozada», ni los valencianos quieren que se «destruya» su derecho a la salud «con una contaminación ambiental y acústica que se verá incrementada con la implantación de una megaindustria en las mismas puertas de la ciudad».

Además, ha avisado que el proyecto «puede luego ser declarado nulo en los tribunales» y eso «también revertirá en posibles indemnizaciones a costa también del erario público». 

«Es decir, pagamos ahora y pagaremos después», ha zanjado Primo.

Francisco Herrera, también de Comissió Ciutat-Port, ha criticado que es «lamentable» y un «error mayúsculo que el PSOE y el gobierno se alineen con los intereses del Partido Popular y Vox». Así, ha indicido en que la infraestructura tendrá "consecuencias medioambientales y sociales, pero también legales.

«Ellos serán los responsables de votar a favor y firmar esta sentencia de muerte», ha lamentado, pero aún cree que se puede dar «un paso atrás».

Apoyando a la plataforma y para hablar de las consecuencias de la ampliación entre los trabajadores del puerto, ha intervenido el presidente de del Comité de Empresa de CSP Iberia en Valencia Terminal, Julián Pérez, quien ha afirmado que la ampliación «supone un trasvase de la carga de trabajo de la terminal sur que gestiona CSP hacia la ampliación norte para darle contenido a esta infraestructura» y, por tanto, «puede suponer una grave destrucción del empleo» sobre la plantilla de CSP de 250 trabajadores, que ascienden a 400 en empleos indirectos.

El representante sindical considera que el motivo de desarrollar el proyecto es «aceptar las exigencias de MSC que quiere concentrar toda su carga en esta ampliación norte, no por necesidades reales de capacidad del puerto de Valencia».

«Está demostrado simplemente leyendo los informes de la APV y las situaciones reales a fecha de hoy de los tráficos marítimos que esta infraestructura no es necesaria», ha aseverado. La capacidad del actual recinto, según Pérez, podría superar los ocho millones de TEU, y ahora se mueven menos de cinco millones.

En esta línea, la plataforma ciudadana, una vez confirmado el anuncio, ha advertido al Gobierno central que "sería una grave irresponsabilidad aprobar la contratación de un proyecto altamente polémico y que se encuentra recurrido ante los tribunales de justicia".

La Comissió Ciutat Port ha ahondado en que la ampliación del Puerto de Valencia «debe, no sólo suspenderse, sino incluso revertirse» porque «no responde a ninguna necesidad real de la economía valenciana»; «se aparta del interés general» y «solo responde a las exigencias e intereses de la multinacional naviera MSC y su socio Boluda Corporación Marítima»; supondrá un volumen desmesurado de gasto público« y es »una amenaza real muy preocupante para nuestro territorio".

Las entidades han recalcado que «pone en riesgo la salud pública pues se incrementará sustancialmente la contaminación ambiental y acústica». Con todo ello, ha puesto en duda la «sinceridad» de las declaraciones del presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, sobre la descarbonización y la transición ecológica, en citas como la COP28.

Compromís dice que ningún ministro de Sumar apoyará ampliar el Puerto de Valencia y critica la "puñalada" de PSOE y PP

 VALENCIA.- La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «tiene que tener muy claro que no habrá ministro de Sumar» que apoye el proyecto de construcción de la terminal de contenedores de la ampliación del Puerto de Valencia. 

«Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están propinando la mayor puñalada que se le puede dar a la ciudad de Valencia», ha aseverado en declaraciones a los medios durante la concentración convocada por la Comissió Ciutat-Port en las inmediaciones del Edificio del Reloj, antes de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, visite las instalaciones.

A la protesta han asistido varios representantes de la coalición valenciana, como el exalcalde de Valencia, Joan Ribó, y la portavoz adjunta en Les Corts, Isaura Navarro.

Robles ha expuesto que el presidente del Gobierno «tiene que tener muy claro que no habrá ministro de Sumar» que apoye la ampliación y ha añadido que Compromís no va a «consentir que Pedro Sánchez desde Madrid teledirija lo que va a pasar en el puerto de nuestra ciudad».

A su juicio, «están entregándole a una multinacional toda la salud, todo el medio ambiente y todo el bienestar de la ciudad», ha señalado en referencia a MSC y ha advertido: «Si el Consejo de Ministros y Pedro Sánchez consideran que puede traicionar a los valencianos y las valencianas, a Compromís nos encontrará en los tribunales con el apoyo de toda la ciudadanía».

«Creo que, por la puerta de atrás, con un ministro socialista entrando en el puerto hoy a entregarle a una multinacional nuestra salud, nuestros barrios, nuestra Albufera, nuestras playas, lo que se está perpetrando es un asesinato de la vida de todos los valencianos y las valencianas», ha dicho.

Y también ha advertido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que les tendrá en frente «en todas las instituciones en las que intente ir contra nuestra salud, medio ambiente y territorio».

La portavoz municipal de Compromís ha reprochado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre que «somos el puerto de Madrid». 

«Nosotros somos Valencia. Estamos orgullosos de ser Valencia. Estimamos nuestra salud, nuestras playas y nuestro medio ambiente», ha expuesto.

Según la representante de Compromís, de construirse la terminal de contenedores, «los barrios del Marítim van a sufrir unos niveles de contaminación que son completamente insostenibles». 

«Estamos avanzando hacia la pacificación del tráfico en nuestra ciudad y estos señores vienen hoy a firmar una ampliación del Puerto que dejará entrar miles y miles de camiones», ha criticado.

«Continuaremos en esta lucha, porque ya ha quedado demostrado en nuestra ciudad que la ZAL (Zona de Actividades Logísticas) no fue una buena fórmula» y «los tribunales les han quitado la razón». 

«En el puerto pasará exactamente lo mismo», ha augurado.

Con todo, ha asegurado que Compromís no cambiará de postura, «como hemos visto al PSOE con esa ampliación», y no «dará el bienestar a cambio de los intereses de una multinacional que cotiza en Suiza».

El Ayuntamiento de Valencia convertirá la APR de Ciutat Vella en la primera zona de bajas emisiones de la ciudad

 VALENCIA.- El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Jesús Carbonell, ha presentado a la mesa de movilidad la propuesta de convertir el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord en la primera zona de bajas emisiones (ZBE) de la ciudad, una zona que está controlada por cámaras de acceso.

La propuesta, que será aprobada este viernes en la Junta de Gobierno Local y que tendrá carácter «transitorio y provisional», plantea «considerar» el Área de Prioridad Residencial, creada en noviembre de 2020, como zona de bajas emisiones, para cumplir con la ley de Cambio Climático y Transición Energética, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde el consistorio han incidido en que ambas figuras --el acuerdo de la JGL de creación de la APR y la ley 7/2021 de 20 de mayo-- «comparten el objetivo común de mejorar la calidad ambiental mediante la mitigación de las emisiones de gases, humos y partículas contaminantes».

Carbonell ha defendido que la APR «cumple perfectamente los requisitos» para ser considerada una zona de bajas emisiones, puesto que ha argumentado que está restringido el tráfico y que «solo se permite la entrada a los vecinos». De esta manera, una vez se apruebe por parte de la Junta de Gobierno, la APR de Ciutat Vella será la primera ZBE que tenga la ciudad, «cumpliendo de esta manera la ley».

La propuesta del consistorio subraya que se entiende por zona de baja emisión «el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente».

Por otro lado, el planteamiento del gobierno municipal establece que la mencionada Zona de Bajas Emisiones tendrá «carácter transitorio y provisional», en tanto se apruebe por el Ayuntamiento «la ordenanza correspondiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el real decreto citado».

En cualquier caso, desde la Concejalía de Movilidad han garantizado que, «sin perjuicio» de lo anterior, «continuará trabajando» en la elaboración de la ordenanza definitiva que incluirá, además de la APR como Zona de Bajas Emisiones, «otras medidas» para el resto de la ciudad, dado que, ha indicado, «se han recibido fondos europeos para la puesta en marcha de dichas medidas adicionales».

Además, el consistorio se ha comprometido a que estas medidas adicionales no supongan «restricciones relevantes a los derechos de vecinos y comerciantes» y, al mismo tiempo, que los fondos recibidos «no sean devueltos a Europa».

Carlos Mazón insta a consumir productos de la Comunitat Valenciana y adquirirlos en los comercios locales

 VALENCIA.- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, insta a la ciudadanía a adquirir productos de la Comunitat Valenciana en los comercios locales “por un espíritu de la navidad más valenciano”, y se ha referido, no sólo a los productos agroalimentarios sino también a los vitivinícolas, industriales y tecnológicos”.

Carlos Mazón ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la campaña de promoción de productos y experiencias turísticas valencianas ‘Un Nadal més valencià’, en el que ha estado acompañado por el vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera y la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

Durante el acto, el president ha elogiado los productos valencianos y ha recordado que este año “hemos podido brindar con Cava de Requena” tras haber obtenido el reconocimiento para poder usar esta denominación. 

 “Hemos podido degustar la miel de Ayora; las alcachofas de Almoradí o Benicarló y “tenemos la gran suerte de contar con el mejor turrón del mundo y los mejores langostinos, tanto los de Guardamar como los de Vinaroz, así como con los juguetes de Ibi y la uva embolsada del Vinalopó.

En su intervención, el jefe del Consell ha elogiado la labor de las empresas locales por el papel crucial que desempeñan en nuestra economía como generadores de empleo, que son los que “levantan la persiana todos los días”.

Por último, Mazón ha mostrado su agradecimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas que participan en esta campaña, cuya labor resulta fundamental para resaltar la diversidad y calidad de los productos de la Comunitat Valenciana.

Casa Caridad atiende a 4.592 personas en lo que va de año, un 15% más que en 2022

 VALENCIA.- Casa Caridad ha prestado en lo que va de año 4.592 atenciones en sus diferentes servicios, un 15 por ciento más que en 2022. Más de 3.100 familias y personas vulnerables han pasado por el reparto de productos básicos, que es el servicio que más ha crecido, con un 18% de aumento, con una media de 70 carros de comida repartidos al día.

La Asociación Valenciana de Caridad, entidad con más de 117 años prestando esta atención, ha lanzado ante las fiestas navideñas la campaña 'Valencia sería distinta sin Casa Caridad' para concienciar de su papel e impacto en la sociedad valenciana ---afronta un gasto diario de 16.000 euros para cubrir todos sus servicios: comedor, centros de acogida temporal, servicio de reparto de ropa y comida, las escuelas infantiles y el Proyecto Fénix--.

Tras el último censo de personas sin hogar, en el que la asociación ha participado, se han contabilizado alrededor de 800 personas en esta situación, una cifra que "pone de manifiesto la necesaria labor que realizan las organizaciones del tercer sector".

El presidente de Casa Caridad Valencia, Luis Miralles, ha explicado a los medios que han lanzado la campaña "no solo para que la ciudadanía conozca los servicios, programas y actividades, sino para concienciar de que es fundamental hacer donaciones y formar parte como socios de entidades que dediquen su misión a trabajar y a ayudar a las personas que más lo necesitan".

 "Queremos que la gente conteste a la pregunta: ¿Qué pasaría si Casa Caridad no existiera?", ha agregado.

Asimismo, Miralles ha indicado que "cada vez viene más gente necesitada y Casa Caridad tiene siempre las puertas abiertas para todos. Lo que hacemos es atender a estas personas e informarles de sus derechos y ayudarles a conseguirlos. Queremos ayudar a mejorar su vida y su futuro".

Además, Casa Caridad cuenta con una "independencia económica fundamental", que ha conseguido gracias a los cerca de 4.000 socios y empresas que colaboran con la organización. 

"Si podemos conseguir más ayudas de la Administración podríamos atender a más gente. Tenemos en el coste de los centros de acogida temporal un déficit del 25%", ha afirmado el presidente.

El perfil de personas que acuden a la organización en busca de ayuda es "amplísimo" y se ve reflejado en los servicios que presta la ONG. Un total 150 niños de uno a tres años reciben educación en las escuelas infantiles y aproximadamente 130 familias que se encuentran en riesgo de exclusión social se benefician de sus servicios.

"En los centros de Benicalap se encuentra un perfil de personas en su mayoría sin hogar, que padecen una enfermedad o han tenido algún tipo de incidencia. Los hospitales no van a ir a la calle; por ello, las personas acuden al centro de convalecientes" del multicentro social de Benicalap, ha dicho.

Otro servicio que presta Casa Caridad es el Proyecto Fénix, un programa de viviendas que la asociación pone a disposición de las familias que han conseguido el ingreso mínimo vital o la renta valenciana de inclusión.

La idea es facilitar el acceso a personas y familias mediante cursillos a un puesto de trabajo para que "poco a poco puedan alcanzar una mejora" en sus condiciones de vida.

El perfil de las personas que acuden a este servicio es "muy amplio", por ejemplo, mayores que comparten la pensión con los hijos, que a pesar de tener un empleo y cobrar un sueldo no llegan a fin de mes.

Esmeralda Raudales es usuaria de Casa Caridad y el día que llegó a la asociación necesitaba muletas para poder andar bien. Ahora, gracias a la ayuda que le ha brindado la entidad, ha conseguido un zapato ortopédico que le permite moverse sin necesitar las muletas. "El detalle más especial que Casa Caridad ha hecho por mí son los zapatos que me han dado este año. Después de andar casi cinco años con muletas, mi vida ha ahora ha cambiado", ha relatado.

Ella vive en el Centro de Acogida Temporal que tiene la organización en la Petxina, que actualmente cuenta con 100% de ocupación en los dos centros, donde este año han pasado más de 400 personas entre adultos y niños. El servicio ofrece un lugar seguro donde acudir, apoyo psicológico, enfermería, atención social, cursos de formación y búsqueda de empleo, así como actividades destinadas a promover el desarrollo de habilidades sociales.

En cuanto al Programa Escuela Familia, Rosalía Dávila es una de las usuarias que se benefecia de este servicio destinado a ayudar a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Proviene de Ecuador y tiene dos hijos que viven con ella en una casa de acogida, mientras que la pequeña asiste también a la escuela infantil de la entidad en Petxina desde hace tres meses.

"El apoyo de Pablo, trabajador social, es fundamental para las familias. Siempre intenta buscar la mejor solución para nosotros y nos brinda la seguridad que yo quería sentir desde que llegue a España", ha explicado Rosalía.

Lourdes Monedero tiene 56 años y vive en el centro de acogida por "la gran problemática que hay en la búsqueda de habitaciones de alquiler", ha afirmado. "Mi familia murió y no podía alquilar un piso por mi situación económica. Ahora vivo en el centro de acogida que cubre todas nuestras necesidades básicas", ha proseguido.

"Si Casa Caridad no existiera mi situación sería impensable. Estuve un año viviendo en la calle; es horrible y más para una mujer. No tengo familia y no tendría a quién recurrir. No sé qué sería de mí sin la asociación; lo más seguro es que continuaría viviendo en la calle", ha manifestado Lourdes.

Agricultura califica de "hito histórico" el envío del primer contenedor de caqui de la Comunitat Valenciana a China

 VALENCIA.- El director general de Producción Agrícola y Ganadera, Simón Martínez, ha calificado de "hito histórico" el envío del primer contenedor de caquis producidos en la Comunitat Valenciana con destino a China. El cargamento llegará durante los próximos días, tras la aprobación del protocolo de exportación de esta fruta al gigante asiático.

Martínez, que ha estado presente durante los preparativos del envío, ha manifestado que la apertura del mercado chino a este producto genera "unas expectativas muy interesantes para la agricultura valenciana", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"Aunque el caqui es originario de China y se produce en el país asiático, la demanda de un producto de máxima calidad y en las condiciones en las que se produce en la Comunitat Valenciana resulta muy atractivo para los consumidores chinos", ha puntualizado Martínez.

El envío consiste en dos contenedores y un total de 20 toneladas de Kaki Persimon Bouquet Rojo Brillante, que viajarán en condiciones de tratamiento de frío a cero grados, lo que garantiza la llegada del producto "en las mejores condiciones".

Valencia reduce el retraso en las gestiones de padrón de cinco meses a 15 días

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ha logrado reducir desde el mes de septiembre el retraso en las gestiones de padrón de cinco meses a tan solo 15 días.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha visitado este jueves instalaciones de la Junta Municipal de Distrito de Benimàmet-Beniferri con motivo de la puesta en funcionamiento del servicio de Padrón en estas dependencias.

La Junta de Distrito de Benimàmet-Beniferri se suma desde hoy a las juntas municipales que ya ofrecen este servicio a la ciudadanía, Patraix, Exposición y Ruzafa, después de que el pasado 23 de junio la Junta de Gobierno Local aprobara una serie de medidas de refuerzo del servicio de Padrón, en el marco de las iniciativas de impulso a las actividades y servicios municipales que se prestan a los ciudadanos y las ciudadanas, «con lo que se avanza en la descentralización de la administración», ha recordado la alcaldesa.

Todas estas medidas impulsadas por el Gobierno municipal han permitido mejorar este servicio y, en estos momentos, ya se está atendiendo a un mayor número de gente y se ha conseguido agilizar la gestión en las Oficinas del Padrón.

De hecho, ha destacado la alcaldesa, «en el mes de septiembre todavía se acumulaba un retraso de cinco meses en la expedición de certificados; pero ahora, tres meses después, el retraso apenas es de 15 días». 

La alcaldesa ha señalado las ventajas de este modelo descentralizado y ha asegurado que el Gobierno municipal «sigue trabajando para que, en breve, este servicio se pueda prestar en las 10 Juntas Municipales».

María José Catalá ha subrayado la «mejora» que ha supuesto esta iniciativa para el vecindario y ha destacado que «gracias a esta medida, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre pasados, más de 4.500 personas han podido realizar sus gestiones del padrón sin tener que desplazarse hasta el Ayuntamiento, de una forma más cómoda, ágil y eficiente», ha dicho.

De hecho, la alcaldesa ha valorado «que se hayan acabado las colas diarias e interminables que se formaban en la puerta de las oficinas del padrón». «Avanzamos en nuestro objetivo que consiste en mejorar la atención a los ciudadanos, reduciendo los tiempos de espera y evitando desplazamientos innecesarios», ha añadido Catalá, quien ha recordado que, «además de habilitar el servicio del padrón en estas Juntas, hemos llevado a cabo una reorganización del servicio, y un refuerzo de la plantilla, con 10 técnicos más». «Se trata de unas medidas necesarias que, desde el pasado mes de septiembre, ya están dando sus frutos», ha apostillado.

La visita a las dependencias de la Junta de Distrito de Benimamet-Beniferri ha contado también con la presencia de la concejala de Pedanías, Participación, Descentralización y Acción Vecinal (Juntas Municipales), Mª José Ferrer San Segundo; y del concejal de Transparencia, Información y Defensa de la Ciudadanía (Padrón y Registro), Juan Carlos Caballero.

Asimismo, han participado en la visita el alcalde pedáneo de la población, Vicente Peris; junto a la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Benimamet APIMET, Paqui Benlloch; la presidenta de la AAVV de Benimámet-Beniferri, Mª Carmen Barea; y el vicepresidente de la AAVV de Benimámet-Beniferri, Pepe Huguet.