miércoles, 24 de septiembre de 2008

Fomento trabaja para que el Corredor Mediterráneo se incluya en las redes prioritarias de la UE en 2010

MADRID.- La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, aseguró que desde su llegada al Gobierno ha trabajado para lograr la inclusión del Corredor Mediterráneo ferroviario en la lista de redes prioritarias de la UE, cuya próxima revisión está prevista para 2010.

Álvarez considera "importante" para lograr este objetivo el hecho de que en 2005 el entonces comisario europeo de Transportes Jacques Barrot destacara al Corredor Mediterráneo como "un elemento esencial para las conexiones entre el Norte de África y Europa Central".

Asimismo, según la ministra, el comisario mostró también entonces su compromiso de que esta conexión ferroviaria entre Andalucía y Cataluña recibiera la "máxima atención".

Además, durante su comparecencia en el pleno de control al Gobierno en el Congreso, la titular de Fomento indicó que en el informe emitido por el grupo de alto nivel para la extensión de las redes transeuropeas se incluyó una mención específica al Corredor Mediterráneo.

La ministra de Fomento garantizó así, en respuesta a una pregunta del diputado de CiU Pere Macías, que desde que accedió al Gobierno ha dado "todos los pasos necesarios y ha tomado todas las medidas" para lograr que la UE incorpore la referida infraestructura como proyecto prioritario de la red transeuropea.

En su intervención, Álvarez apuntó que la vigente lista de redes prioritarias de la UE fue propuesta por la Comisión en octubre de 2003 tras un largo proceso de negociación iniciado en octubre de 2000.

"El motivo de la no inclusión en aquel momento puede ser que el entonces responsable del Gobierno, el PP, sólo propuso como proyectos prioritarios los tramos Almería-Tarragona y Antequera-Granada, sin proponer la conexión AVE para viajeros y mercancías en todo el corredor", argumentó la ministra.

S&P vuelve a rebajar el ráting crediticio de Bancaja, a 'A-'

VALENCIA.- La crisis sigue haciendo mella en las calificaciones crediticias de las cajas de ahorros. La agencia estadounidense Standard & Poor´s ha rebajado el ráting de Bancaja a 'A-', con perspectiva 'negativa', en su segundo recorte sobre la entidad levantina en poco más de dos meses, según "Expansión".

Las agencias internacionales de calificación de riesgo crediticio continúan ajustando sus rátings a las tensiones existentes en los mercados crediticios, y de forma especial en el caso de las entidades financieras españolas, a su exposición a los sectores inmobiliario y de construcción.

El último movimiento ha sido el comunicado por la propia Bancaja a través de la CNMV. Standard & Poor´s, "con fecha 23 de septiembre de 2008", ha rebajado el ráting a largo plazo de la caja desde 'A' hasta 'A-', con perspectiva 'negativa'. Los ajustes también han alcanzado al ráting a corto plazo de Bancaja, que pasa de 'A-1' a 'A-2'.

La entidad levantina había recibido ya una rebaja del ráting por parte de S&P el pasado mes de julio, cuando dejó su calificación crediticia en 'A', desde 'A+'.

Más recientemente, el pasado mes de agosto, otra de las grandes agencias internacionales, Fitch, incluyó a Bancaja en la lista de entidades valencianas que vieron recortado su ráting.

Fitch situó entonces su calificación crediticia sobre la caja en 'A', desde 'A+'. La agencia estadounidense señaló que los créditos a constructores e inmobiliarias representaban hasta el 36% del total de créditos concedidos por Bancaja al término de 2007.

En las últimas jornadas, Bancaja ha enviado una carta a todos sus empleados para transmitir que la caja está gestionando la crisis con prudencia, aunque está bajando la actividad y han empeorado las ratio.

La CAM logra autorización para prestar servicios en doce países europeos

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) ha dado a conocer la autorización concedida a la entidad para realizar actividades en régimen de libre prestación de servicios en Austria, Irlanda y Suecia.

Estos países se suman a Francia, Polonia, Portugal, Italia, Alemania, Bulgaria, Bélgica, Holanda y Rumania, donde Caja Mediterráneo ya está autorizada para realizar estas actividades. Como resultado, CAM mantiene su actual presencia internacional, y está además preparada para comenzar con la prestación de servicios en otros 12 países europeos.

También se ha informado sobre la venta del 5,15% de la participación empresarial que CAM tenía en Unión Fenosa a UBS Limited. El precio de la acción se ajustó a las condiciones del mercado y reportó unos ingresos de más de 820 millones de euros.

Junto a esto, la dirección general reconoce la evolución de la cotización de las cuotas participativas CAM en los últimos dos meses. En este periodo, esa cotización descendió un 0,68%, lo que supone un porcentaje inferior a la caída del 7,5% del sector bancario.

UGT acusa al sector financiero y a algunos empresarios de ser los "responsables" de la crisis

TOLEDO.- El secretario de Acción Sindical de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, Antonio Ferrer, acusó hoy al sector financiero y "a las empresas que no han utilizado la época de bonanza para cambiar su actividad" de ser los "responsables" de la crisis económica actual.

El sindicato procurará hacer un diagnóstico "correcto y riguroso" sobre el origen de esta situación, que en palabras de Ferrer, "es una crisis del modelo económico imperante en los países desarrollados, inspirado en el neoliberalismo, que basa su crecimiento evitando la regulación en el mercado".

A esto, el secretario de Acción Sindical añadió que la especulación, por otro lado, ha generado un "descontrol de materias primas y del petróleo, que afecta a nuestra economía".

Por otro lado, como lamentó Ferrer, "se sigue sin apostar por la industria y la tecnología, así como por el crecimiento educativo y formativo", continuando con un crecimiento basado en el ladrillo y en el consumo.

En ese terreno, el sindicato planteó cuestiones que se abordarán en este Consejo, como la exigencia a los poderes públicos, de proteger a los desempleados, "porque los trabajadores no son responsables".

Asimismo, advirtió de que "no son justificables los intentos de destrucción de empleo masivos", para lo que la organización demanda "mayor rigor" en el control en los Expedientes de Regulación de Empleo.

En este periodo, en palabras de Ferrer, es "necesario" mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios, por lo que, rechazando la idea de que los salarios "sean los paganos de esta situación", el sindicato desarrollará un campaña explicativa para los trabajadores.

Desde UGT "oímos cantos de sirenas de la otra parte del Atlántico, que hablan de un apoyo a las empresas", pero sin dejar de tener en cuenta esta opción, como defendió Ferrer, "continuaremos exigiendo responsabilidad a los empresarios, con el fin de proteger el empleo".

A preguntas de los medios acerca de un posible recrudecimiento de la crisis económica, Ferrer adelantó que esas previsiones pueden cambiar, al tiempo que concibió la crisis en un marco "difícil de cuantificar", donde lo que interesa a la sociedad no son los aciertos en diagnósticos, sino situar el origen para aportar medidas.

En lo referente al inicio de la situación económica, el secretario de Acción Sindical sentenció que si viene de fuera, "no podemos pretender que las soluciones lleguen de aquí, sino trasladarlo a la Unión Europea mediante la Confederación Europea de Sindicatos".

UGT, a través de la Confederación, viene reclamando un cambio en las políticas del Banco Central Europeo que, a juicio de Ferrer, tras el "frustrante" pasado Consejo de ministros de Economía y Finanzas, "no puede seguir empecinado en mantener altos tipos de interés", sino que, al contrario, "debería estar contribuyendo en la senda del crecimiento".

Por último, Ferrer propuso relanzar las políticas industriales y tecnológicas a nivel nacional, y en caso de que fuera necesario, se trasladarían al ámbito europeo "puesto que para salir de esta crisis, debemos hacerlo con políticas industriales basadas en la mejora del empleo, evitando así, que las familias de los trabajadores paguen las consecuencias".

Tres aseguradoras, responsables civiles de las identificaciones del Yak-42

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha designado a las aseguradoras españolas Mapfre, Zurich España y St. Paul Insurance España como responsables civiles directas para afrontar las indemnizaciones que pudieran derivarse de la causa sobre las identificaciones erróneas de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 cuando el cartagenero Federico Trillo, diputado por Alicante del PP, era ministro de Defensa en el Gobierno de Aznar.

Según un auto de ampliación del de apertura del juicio oral contra tres militares españoles a los que se acusa de un delito de falsedad documental, con fecha del pasado 19 de septiembre y hecho público ayer, el juez requirió a las tres empresas para que depositen en un plazo de 24 horas que comenzará a contar una vez reciban copia de la causa, una fianza de un total de seis millones de euros –dos millones cada una de ellas– que servirían para afrontar las posibles responsabilidades futuras una vez que se celebre el juicio.

La Fiscalía solicitó al magistrado el pasado mes de agosto que diera este paso y aportó un informe en el que detallaba la existencia de pólizas de seguros de estas compañías para la cobertura de la responsabilidad civil. La información fue aportada por la Subsecretaria del Ministerio de Defensa, según especifica el auto.

El juez Grande-Marlaska concede, además, a las aseguradoras Mapfre, Zurich y St.Paul un plazo de tres días para que designen abogado a fin de que se les haga entrega de una copia de la causa. A partir de ese momento los representantes legales de las compañías dispondrán de diez días para presentar al magistrado su escrito de defensa.

Tras más de dos meses de instrucción, y después de que el pasado mes de abril la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligará a reabrir la causa, el magistrado dictó el pasado 8 de julio la apertura del juicio oral contra tres mandos militares médicos por la identificación errónea de 30 de los 62 militares españoles que viajaban en el avión Yakolev-42 que se estrelló en mayo de 2003 en Turquía.

Los procesados son el general médico Vicente Navarro y los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez.

Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, se enfrenta a una condena de cinco años de prisión, mientras la Fiscalía pide penas de cuatro años y medio para los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia: el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez.

Además, para Navarro el Ministerio de Público solicita una multa 30.000 euros y una inhabilitación especial durante cinco años, mientras que para los otros dos imputados pide multa de 24.000 euros y un periodo de inhabilitación de cuatro años.

También pide indemnizaciones de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges o personas unidas con análoga relación de afectividad, padres e hijos de los 30 militares que fueron identificados de forma errónea como demostraron los análisis de ADN que se realizaron con posterioridad.