MADRID.- El presidente de la Federacion de asociaciondes rumanas de Europa (FADERE), Daniel Tecu, ha asegurado que 200.000 rumanos están trabajando en España en la economía sumergida "por culpa" del Gobierno y de su decisión de recuperar la moratoria que restringe el acceso al mercado laboral de los ciudadanos de esta nacionalidad. La asociación ha denunciado al Ministerio de la Presidencia por esta decisión.
Tecu ha denunciado que con el restablecimiento de la moratoria, "todos los que no estaban inscritos en ese momento en el INEM, aunque tuvieran documentación desde hacía 20 años, perdieron su permiso de trabajo" y, como la medida se aprobó en verano (22 de julio), muchos se habían vuelto a Rumanía para pasar la temporada sin haberse inscrito primero.
"Los rumanos suelen darse de baja e irse a Rumanía por tres o cuatro meses. Al regresar, se han encontrado con que no han podido darse de alta de nuevo y como tienen aquí sus casas y sus vidas, no van a quedarse sin comer, así que están trabajando en el mercado negro", ha asegurado.
Según explica, la cifra es tan elevada porque "para un rumano estar o no inscrito carece de importancia".
"Si ellos no están trabajando se ponen a buscar trabajo, que es su prioridad, pero lo buscan por ahí, la mayoría no busca trabajo inscribiéndose en el Inem", ha apuntado.
Fadere calcula que hay 200.000 personas afectadas por la restricción y estima que si cotizasen por los trabajos que están desempeñando actualmente, se alcanzaría "una cifra muy alta de ingresos a la Seguridad Social".
"El Gobierno está perdiendo este dinero y la sociedad española también", ha apostillado.
Para Tecu, los afectados no son los trabajadores del campo, "un 10 o 15 por ciento de los rumanos que viven en España" y que se concentran en la zona sur del país. "A esos no les ha afectado tanto porque vienen de temporada pero tienen su casa en Rumanía. Los que yo señalo son los que tienen su vivienda en España y la están pagando", ha aclarado.
El responsable de Fadere ha apuntado que muchas de estas personas se han dirigido a las autoridades para intentar conseguir el permiso de trabajo que ahora necesitan si quieren estar empleados por cuenta ajena, pero hasta hace "unos días" no han comenzado a expedirse. En cualquier caso, afirma, el procedimiento es muy irregular, ya que "hay gente que en tres meses no obtiene respuesta y gente que la recibe en ocho días".
Por otra parte, Tecu ha explicado que la organización ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden del Gobierno que recuperó la moratoria así como las instrucciones y la adenda que la desarrollan, en el que sostiene que la medida "no se ajusta a derecho" y es "gravemente perjudicial para los derechos e intereses del colectivo que representa" Fadere.
En paralelo, la organización ha interpuesto un recurso de alzada ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración en el que explica que sus instrucciones están impidiendo trabajar "a aquellos ciudadanos rumanos que estaban trabajando legalmente en España antes del 22 de julio pasado y que por cualquier razón, a esa fecha concreta no figuraban de alta en la Seguridad Social o no constaban como demandantes de empleo en el INEM".
"Esto vulnera de plano los derechos adquiridos de esas personas que, por cualquier causa, de modo transitorio hayan dejado de encontrarse justo en esa fecha en cualquiera de esas dos situaciones y antes lo hubieran estado durante muchos meses", señala el recurso.
Según un informe publicado este viernes por la Comisión Europea sobre el impacto de la libre circulación de trabajadores y las restricciones laborales para rumanos y búlgaros que todavía se mantienen en una decena de Estados miembros, España es el país de la UE con más parados de estas nacionalidades, con algo más del 60 por ciento del total, seguido de Italia con un 23 por ciento.
Además, España es el país más beneficiado económicamente por la llegada de trabajadores rumanos y búlgaros, que han contribuido a un crecimiento del PIB español del 1,7% entre el 2004 y el 2009, frente al 0,3% de media en el conjunto de los Veintisiete y del 0,4% en los 15 antiguos Estados miembros.
