Ecuador prepara un "Plan B" ante los recortes en sanidad pública en España

QUITO.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ecuador, ante el anuncio de recortes en la sanidad pública anunciada en España, prepara un "Plan B" para apoyar a sus compatriotas que puedan verse afectados con esa medida.

Así lo anunció anoche el presidente del directorio del IESS, Ramiro González, al revelar que dicho plan supone la prestación de servicios sanitarios de forma extraterritorial a ecuatorianos que se encuentren afiliados voluntariamente a la institución.

"Estamos muy preocupados por la información" de recortes y por ello "tenemos un Plan B" que se aplicará este mismo año en España, pero también en Estados Unidos, explicó González.

Comunicó, en rueda de prensa, que el próximo 20 de mayo estará en Nueva York para atender la situación de miles de sus compatriotas en situación irregular en EEUU, que no pueden acceder a los servicios sanitarios.

González dijo que del total de ecuatorianos residentes en EEUU, el 80 por ciento se encuentra en situación irregular y que sólo el 20 por ciento tiene sus papeles en regla.

Lo contrario sucede en España, donde sólo un 20 por ciento de los ecuatorianos que han emigrado hacia esa nación se encuentran en situación irregular, estimó la autoridad.

Por ello, indicó, en EEUU se prevé alcanzar un convenio para crear el "primer seguro que dé servicio de salud extraterritorialmente a los afiliados voluntarios" del IESS que se encuentren en esa nación norteamericana.

Esa misma estrategia se replicará "inmediatamente" en España, añadió González, al recordar que Ecuador ya tiene un convenio suscrito con la seguridad social española para la "portabilidad de pensiones", que permite a una persona de cualquiera de estos países jubilarse independientemente del lugar donde trabaje.

También la Embajada de Ecuador en España expresó su "profunda preocupación" por los recortes anunciados por el Gobierno español en materia de sanidad pública, que afectarán a "los inmigrantes más vulnerables" y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad latinoamericana en el país ibérico.

En un comunicado, la sede diplomática recordó la decisión del Ministerio español de Sanidad de que, a partir de ahora, para que un inmigrante obtenga la tarjeta sanitaria no bastará con estar empadronado, sino que se exigirá también su residencia fiscal.

"Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona en este país", señaló la legación diplomática.

La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el número de extranjeros en situación legal, es decir con permiso de residencia en vigor, asciende a 5.251.094, según los datos del Ministerio español de Empleo.

Así, la cifra de ciudadanos "sin papeles" que podrían verse afectados por estos cambios asciende a 459.946, a falta de depurar posibles duplicidades en las estadísticas, señala el comunicado de la Embajada ecuatoriana.

La nota explica que la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) son residentes de países pertenecientes a la Unión Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse en el registro.

Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios en situación irregular que cumplen actualmente las condiciones para tener tarjeta sanitaria.

Hasta ahora la ley establecía que los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan "tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles".

Los inmigrantes no empadronados, y por tanto en situación irregular, tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil.

Con el recorte en los servicios sanitarios para los inmigrantes irregulares, el Gobierno español explicó que aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, indica el texto de la Embajada.

Císcar asegura que "nunca va a haber un rescate de la Comunitat"

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, se ha mostrado seguro de que "nunca va a haber un rescate de la Comunitat" por parte del Gobierno central porque "no va a haber lugar para ello". En ese sentido, según ha dicho, "estamos muy tranquilos" porque se han realizado una serie de medidas que les llevan "por el buen camino". 

   Císcar se ha expresado de esta manera en los pasillos de las Corts al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno central intervenga la Comunitat Valenciana, cuestión a la que ha contestado que eso es "absolutamente falso". 

"Ya lo hemos desmentido muchas veces y entendemos que ahora mismo se puedan propiciar estos rumores porque las comunidades autónomas deben presentar el Plan de Reequilibrio" que, en el caso de la Comunitat, será este viernes.

   "Está totalmente descartado" porque, según ha dicho, el Consell está realizando una serie de "ajustes" y "tomando una serie de medidas de austeridad, eficiencia, de optimización del gasto" con las que están convencidos de que van "por el buen camino", que culminarán con la presentación del Plan de Reequilibrio este viernes en el pleno del Consell.

Compromís reclama conocer las condiciones del pacto entre Matas y Banco Valencia

VALENCIA.- La diputada de Compromís en las Corts Mireia Mollà ha exigido este jueves que el Banco de España explique en qué términos se ha producido el acuerdo entre el Banco de Valencia y el ex presidente balear Jaume Matas que ha permitido anular la subasta del 'palacete' y de otras dos fincas con los que el ex dirigente político avaló el dinero que pidió para la fianza del caso Palma Arena.

   Mollà, en un comunicado, ha recordado que "actualmente el Banco de Valencia está gestionado por tres administradores del FROB designados por el Banco de España". Por lo tanto, ha señalado, "esta institución pública tiene que explicar por qué ha consentido perdonar a Matas la subasta de unos bienes que tuvo que poner como aval para pagar una fianza a la Audiencia de Palma y evitar así los seis años de prisión a los que ha sido condenado".

   La parlamentaria de Compromís ha exigido explicaciones sobre este pacto con el expresidente balear y exministro del PP, "una persona que ha sido declarada culpable de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración y tráfico de influencias", ha apuntado.

   Mireia Mollà ha señalado que "el rescate del Banco de Valencia puede costar hasta 4.000 millones de euros que saldrán del dinero público, pues incluso desde Bruselas se ha advertido que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) es una ayuda pública a todos los efectos". En este sentido, ha resaltado que los ciudadanos "tenemos derecho a saber qué ocurre con nuestro dinero".

   "No podemos entender que un banco que ha sido intervenido y, por lo tanto, existe gracias al dinero público, tenga un trato de preferencia con una persona bajo la que pesa una condena tan grave y encima oculte los términos en que se ha producido este pacto, como ya ocurrió en la primera suspensión de la subasta en el mes de enero", ha defendido la diputada de Compromís.

La Fundación Ideas calcula que la Comunitat acabará 2012 con 96.400 parados más

VALENCIA.- Un informe de la Fundación Ideas augura que la Comunitat Valenciana acabará este año con 96.400 parados más, mientras que a nivel nacional el incremento será de 807.000. Según este estudio, buena parte de la destrucción de empleo estará provocada por los efectos de la reforma laboral que "envía incentivos negativos a la economía".

   Así lo ha indicado este jueves el secretario de Ideas y Programas de la Ejecutiva del PSOE y actual vicepresidenta ejecutivo de la Fundación Ideas, Jesús Caldera, que ha comparecido en rueda de prensa en Valencia junto al secretario general del PSPV, Ximo Puig, para presentar el informe 'Reforma laboral y crisis: efectos sobre la economía española'.

   Caldera ha hecho hincapié en que los efectos de la reforma laboral elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy son "negativos", ya que  "se recortan derechos, se compromete la negociación colectiva" y, además, "se envían señales negativas a la estructura económica".

   "Lo que le dice a los empresarios españoles es 'usted debe competir rebajando costes y no mejorando la calidad'", ha asegurado el dirigente socialista, quien ha advertido de que cuando España lo ha hecho así "le ha ido mal".

   Para el exministro de Trabajo, "no es una reforma laboral para crear empleo, sino para provocar el despido". Al respecto, ha puntualizado que "no hay ningún incentivo a favor del cambio de modelo económico" y trata a todos los jóvenes desempleados igual, independientemente de su formación.

   También ha lamentado que "frena la política a favor de la igualdad" y, sobre este asunto, ha señalado que se ha eliminado la bonificación de reincorporación al empleo después de la maternidad y que se permite que el contrato a tiempo parcial pueda incluir horas extraordinarias.

   Desde el punto de vista macroeconómico, Caldera ha asegurado que se va a producir una rebaja generalizada y de los salarios "brutal", porque "se permite al empresario reducirlos sin ningún control, solo si durante tres trimestres disminuyen los ingresos". En este sentido, ha lamentado que no sea necesario para ello que las compañías justifiquen que tienen pérdidas.

   A su juicio, la caída de salarios "va a suponer una caía adicional del Producto Interior Bruto (PIB) en España, un mayor gasto por desempleo y más destrucción adicional de puestos de trabajos".

   Caldera considera que eso afectará a todos los sectores "porque el problema es que esto es una devaluación interna", aunque cree que puede afectar más al sector público. En esta línea, ha recordado que el vicepresidente del Consell, José Císcar, ha asegurado que la plantilla del sector público empresarial se reducirá en torno a un 50 por ciento.

   Para el vicepresidente de la Fundación Ideas, "el Gobierno ha elegido el camino más fácil para ellos y el peor para la economía española", como ha sido apostar por la exportación "rebajando uno de los costes de producción: el factor trabajo". Además, ha subrayado que esta reforma laboral es "procíclica" ya que quiere "apagar el fuego con gasolina".

   El secretario de Ideas y Programas de la Ejecutiva del PSOE se ha mostrado convencido de que existen "alternativas". Así, ha destacado que se deberían mantener "o incluso aumentar" las políticas activas de empleo y "utilizar adecuadamente los incentivos".

   Preguntado sobre a qué sectores de la Comunitat se deberían dirigir los incentivos, ha apuntado a "la rehabilitación del sector inmobiliario" lo que, según ha asegurado, también beneficiaría al sector turístico "que podría mejorar, y mucho, su calidad". Además, es partidario de apostar por las energías renovables, por la investigación y el desarrollo y por las ecoindustrias.

   Por su parte, Ximo Puig ha destacado que "es posible hacer otro tipo de política económica que no se base solamente en el ajuste y la austeridad, sino que plantee incentivos a la economía y a los sectores productivos".

   En esta línea, ha indicado que la reunión de este jueves con Caldera "debe servir para superar el pesimismo" y ha añadido que "mediante un análisis riguroso, con los datos y estudios de la Fundación Ideas podemos saber cómo estamos y dar una respuesta, la respuesta que necesitan los ciudadanos". Además, ha asegurado que el empleo "es y será la obsesión" de los socialistas para superar esta situación.

  El secretario general de los socialistas valencianos ha resaltado que la Comunitat Valenciana vive "la peor crisis política, social y económica" y que esta reforma laboral, "injusta e ineficiente", provocará "la disminución del empleo y el aumento de los despidos".

El sector de la alimentación es el que más ofertas de empleo concentró en la Comunitat en 2011

MADRID.-   En la Comunitat Valenciana, el sector de la alimentación se mantiene como el que más empleo ha concentrado en la Comunitat Valenciana en 2011, con el 5,92 por ciento de la oferta. 

   Así lo desvela el Informe Infoempleo.com 2011, realizado con la colaboración de Adecco, que además indica que tras la alimentación se encuentra el sector servicios, con el 4,88 por ciento.

   Por áreas funcionales, la comercial se confirma como la mayor generadora de empleo de la región, aglutinando el 54,21 por ciento del total de ofertas, pero lejos del 62 por ciento conseguido en 2010.

   A gran distancia le siguen producción, con un 12,60 por ciento, y servicios generales, con un 5,99 por ciento.

   Asimismo, los datos señalan que la provincia de Valencia sigue liderando claramente la oferta de empleo generada en su comunidad, pero pasa de suponer un 76,64 por ciento al 72,82 por ciento en 2011.

   Alicante, con un 17,05 por ciento, aumenta su aportación con respecto al año anterior en seis puntos porcentuales y le arrebata la segunda posición a Castellón, que cae al tercer lugar con el 10,13 por ciento del total de la oferta regional.

El AVE no alcanza el umbral de rentabilidad por viajeros en ninguna línea

MADRID.- La red ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) española, de unos 2.900 kilómetros de longitud, no tiene un grado de uso por pasajeros mínimo para alcanzar el umbral de la rentabilidad, estimado en entre 6,5 y 8 millones de viajeros.

   Así lo indica un informe realizado por el RACC a partir de distintos estudios, y en el que esta institución llama a hacer un "alto en el camino" en la inversión en AVE para "plantearse si conviene continuar con un proyecto que a día de hoy muestra su falta de sostenibilidad, sobre todo en el actual contexto económico".

   "Se ha llegado al límite de sostenibilidad de las finanzas públicas dada la situación económica del país", indica la institución, por lo que "no se pueden seguir malgastando los recursos públicos". "No se trata de poner en cuestión un hecho ya irreversible, sino de hacer un alto en el camino para ver lo que se ha dejado atrás y lo que queda por delante", añade.

   El informe apunta que "tras un esfuerzo inversor sin precedentes en la historia económica contemporánea del país" (4.263 millones de euros sin contar con el AVE a Sevilla), España será el país de la OCDE con la red AVE más extensa, y el segundo del mundo tras China, una vez se completen las conexiones con Galicia y el País Vasco.

   No obstante, el número de viajeros por kilómetro de las principales rutas del AVE "deja en evidencia" a los dos principales corredores, los que unen Madrid con Sevilla y Barcelona. Con 14.000 y 9.000 viajeros por kilómetro, respectivamete, "quedan a distancias insalvables respecto a otros como el París-Lyon, el Colonia-Frankfurt y el Tokio-Osaka".

   Pese a reconocer la "satisfacción" de los usuarios por el servicio del AVE, señala que "esta satisfacción no ha tenido un paralelismo en los ingresos obtenidos por las líneas en explotación, claramente insuficientes, no ya para cubrir los costes de construcción de la infraestructura, sino los de explotación, incluida la amortización de los trenes".

   El RACC cita varios estudios para indicar que la implantación presente y futura del AVE "responde más a un único objetivo de naturaleza esencialmente política que a motivos fundados de rentabilidad económica y social".

   Asimismo, considera que la centralidad de Madrid en la red AVE "hace dudar de la extensión de los beneficios del modelo en todo el territorio español". 

"Más que un proyecto de futuro es la réplica del modelo decimonónico radial", indica, por lo que estima que "el desarrollo regional de la inversión en Alta Velocidad parece muy exiguo".

   Además, estima que la inversión realizada "es más de sustitución que de generación de nueva demanda", dado que, según los datos que maneja, el 90% de los viajeros del AVE a Barcelona procedían del avión.

   Con todo, el RACC considera que "existen alternativas razonables" al AVE que pasan "gradualizar y limitar" los recursos destinados a este modo de transporte y destinar parte de ellos a invertir en otras infraestructuras que cuenten con una mayor rentabilidad social, entre los que cita "favorecer un adecuado transporte de mercancías en tren" o "modernizar y adecuar zonas críticas de la red convencional".

Císcar señala que "no se ha puesto precio" al aeropuerto de Castellón porque no hay ofertas

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha indicado que el Gobierno valenciano no ha puesto precio al aeropuerto de Castellón y ha explicado que no lo ha hecho porque no tienen ninguna oferta en firme para su compra. En este sentido, ha agregado que no se ha puesto precio a esta infraestructura "porque no hay nada en firme". "En el momento en que hubiera algo en firme, nosotros valoraríamos la petición y, en ese caso si la consideramos interesante, entraríamos en detalles". 

   Císcar, que se ha expresado de esta manera en los pasillos de las Corts en relación a la posibilidad de externalizar la gestión del aeropuerto de Castellón, ha apuntado que "en principio, la Generalitat está buscando la mejor fórmula de gestión posible para el aeropuerto, pero no nos cerramos en banda a ninguna posibilidad". Pero "no hay ninguna oferta en firme de compra y, por lo tanto, tampoco de venta", ha subrayado.

   Del mismo modo, ha señalado que "no hay márgenes" de precio de venta y ha explicado que este tipo de empresas "tiene unos procedimientos contables a través de los cuales se puede saber cuál es su valor real". Así, ha remarcado que no descarta la opción de la venta, "siempre que sea rentable y sirva a la industria turística de Castellón y la Comunitat".

   Císcar ha defendido que se trata de una infraestructura que "está ahí y puede prestar un servicio muy importante al turismo de la provincia de Castellón y de la Comunitat" porque "la mayoría de turistas llega a España en avión y el aeropuerto de Castellón puede tener ahí su cuota de mercado". Además, los empresarios turísticos y también la Generalitat "quieren que se ponga en marcha, en las mejores condiciones de rentabilidad y en el plazo más breve posible", ha aseverado.

   Por su parte, el portavoz del PSPV, Antonio Torres, ha dicho que el aeropuerto de Castellón es el "paradigma de lo que se ha venido haciendo en los últimos años" de "malgastar" el dinero de los valencianos por un "capricho personal" del que fuera presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, "sin tener en cuenta las necesidades reales de nuestra comunidad".

   En este sentido, ha lamentado que "al final esté acabando como están acabando todos los proyectos de la Generalitat". En su opinión, "se malvenderá por cuatro euros" y "habremos pagado todos los valencianos el capricho de Fabra".  

   Por su parte, el diputado de Compromís Josep Maria Pañella ha anunciado que su formación ha presentado varias iniciativas parlamentarias para preguntar al Consell para que aclare el futuro de esta infraestructura. "Desde el principio hemos sido muy críticos" con el aeropuerto que "cada día nos cuesta más dinero", ha aseverado. Así, ha preguntado al Gobierno valenciano si tiene algún postor para esta "infraestructura tan ruinosa".

   Del mismo modo, la diputada de EUPV Marina Albiol ha criticado el "despropósito" que supone que "después de haberse gastado más de 155 millones de euros de los valencianos, ahora quieran regalarlo o venderlo a precio de saldo a una empresa privada".

   En cuanto a la estatua de Ripollés que adorna la entrada del aeropuerto, Albiol se ha preguntado si debería pagarla el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra "de su bolsillo" y "ponérsela si quiere en el comedor de su casa". 

"En ningún caso -ha agregado- es dinero que debería salir del bolsillo de los valencianos".

Compromís pide a Barberá que se persone como acusación particular en el caso Emarsa

VALENCIA.- El portavoz del grupo municipal Compromís, Joan Ribó, defenderá una moción en el pleno de este viernes en la que pide a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que, "en representación y defensa de los intereses de los vecinos y empresas de Valencia y del propio Ayuntamiento", se persone como acusación particular "contra los gestores y causantes del agujero provocado en la empresa Emarsa durante el periodo investigado por los tribunales de justicia". 

   En la moción, Compromís también solicita que la acusación preste "especial atención" a la reclamación de las cantidades presuntamente defraudadas o desaparecidas, "que corresponden proporcionalmente a las cuotas del canon saneamiento pagado a los recibos de agua por los vecinos, empresas y el propio Ayuntamiento a la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que era quien a la vez pagaba Emarsa".

   Ribó, en un comunicado, ha señalado que Emarsa, propiedad al 100 por cien de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), está centrando una investigación en el juzgado de instrucción número 15 en la que "se busca aclarar las maniobras que llevaron a la empresa, que gestionaba la depuradora del área metropolitana de Valencia, a la quiebra con un agujero estimado, en principio, de más 30 millones de euros".

   Asimismo, ha indicado que Emarsa "se financiaba con el canon de saneamiento que los vecinos y vecinas de Valencia y su área metropolitana pagaban con la factura del agua".

   Joan Ribó ha explicado que en julio de 2010, el consejo de administración de Emarsa "decidió liquidarla al encontrarse en situación de quiebra financiera", y ha añadido que "la disolución reveló la existencia de un agujero de más de 30 millones".

   "La investigación judicial, que comprende el periodo entre 2004 y 2010 y que cuenta con 16 imputados por malversación, estafa continuada y delitos societarios, ha destapado que los gestores de Emarsa presuntamente pagaron cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes", ha resaltado.

   Entre otras cuestiones "irregulares", ha añadido Ribó, "se investiga como la depuradora de Pinedo triplicó, entre 2004 y 2010, sus costes de funcionamiento, cuando la Epsar sólo autorizaba aumentar los gastos en función del IPC". Sin embargo, el agua depurada en el mismo periodo "solo aumentó un 6,5 por ciento".

   Por otro lado, ha subrayado el edil de Compromís, "la investigación ha revelado que los directivos cargaban a Emarsa la compra de artículos de lujo, accesorios de automóvil, facturas de marisquerías, viajes de placer y décimos de lotería por valor de miles de euros".

   "También el coste por depurar el metro cúbico de agua experimentó un aumento próximo al 200 por ciento, de 0,064 a 0,155 euros", ha concluido el portavoz del grupo municipal Compromís.

El remanente de tesorería de las entidades locales de la Comunitat cae un 1.758% y no pueden hacer frente a los gastos

VALENCIA.- El remanente de tesorería de las entidades locales de la Comunitat Valenciana en 2010 ha empeorado en un 1.758 por ciento por lo que "los ayuntamientos valencianos carecen de recursos para afrontar sus gastos generales", según ha reflejado el Informe de la Cuenta General de Entidades Locales correspondiente a 2010 que la Sindicatura de Comptes ha entregado a las Corts Valencianes, según ha indicado la institución en un comunicado.

   La situación económica se ha reflejado en que el remanente de tesorería para gastos generales de los ayuntamientos ha pasado a ser negativo en 120,25 millones de euros, lo que supone un empeoramiento del 1.758% respecto a 2009, cuando se situaba en 7,25 millones de euros.

   De hecho, un total de 171 municipios presenta un remanente de tesorería para gastos generales negativo. El resultado presupuestario ajustado ha descendido un 56 por ciento hasta situarse en 109,18 millones de euros.

   El informe presentado por la Sindicatura de Comptes recoge y analiza la información económico-financiera de las 576 entidades locales (el 87 por ciento del total) que han remitido sus cuentas a la Sindicatura en el plazo establecido, que en esta ocasión se ha adelantado al 31 de diciembre de 2011, lo que ha permitido culminar el informe con una antelación de cinco meses respecto a la práctica habitual.

   Del total de entidades, 496 son municipios, lo que supone el 92 por ciento del total y el 91 por ciento de la población. Este porcentaje es "sensiblemente inferior" al del año anterior, que se situó en el 97 por ciento de la población, debido a que grandes municipios como Gandia, Mislata, Orihuela y Sueca no han presentado sus cuentas a la fecha de emisión de este informe, y Crevillent y Torrent lo han hecho con posterioridad.

   El informe señala que es relevante por su reincidencia el caso del Ayuntamiento de Sueca que no ha presentado las cuentas de los ejercicios 2006 a 2010, "a pesar de los múltiples requerimientos efectuados", se ha apuntado en el comunicado.

   En conjunto, los municipios han visto recortado su presupuesto inicial de ingresos en un 10 por ciento. Todos los impuestos han descendido excepto el IBI (impuesto sobre bienes inmuebles), que ha aumentado un 6 por ciento tras crecer un 10 por ciento el ejercicio anterior,  y el IIVTNU (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana), que se ha visto incrementado en un 13 por ciento.

   El análisis financiero y patrimonial refleja que los municipios de la Comunitat Valenciana vieron reducidos sus ingresos en 749 millones de euros, lo que supone un 14 por ciento respecto al año anterior, mientras sus gastos lo hicieron en un 6 por ciento (284 millones).

El Consejo de Administración de la SGR presentará su dimisión en la junta general del próximo lunes

VALENCIA.- Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR), incluido su presidente y director general, presentarán el lunes su dimisión en la junta general que celebrará la entidad, en la que se aprobará la ampliación de capital que supondrá la entrada de hasta 60 millones por parte de la Generalitat para cumplir con los requisitos de solvencia marcados por Bruselas.

   Así lo han anunciado el presidente de la SGR, José Roca, y su director general, Juan Manuel García Puchol, en un encuentro con los medios en el que han expuesto el plan de capitalización desarrollado durante los últimos meses para adaptarse a la normativa europea, en la que han precisado que esta decisión no se debe a presiones externas, sino a que ha llegado "el fin de una etapa" y es tiempo ahora de "dejar las puertas abiertas" para la entrada de un nuevo equipo directivo.

   El director general ha destacado que "ni el Banco de España ni la Generalitat valenciana han pedido a la sociedad ni al Consejo de Administración ninguna dimisión", sino que han sido los miembros de este órgano quienes "han decidido que se ha finalizado una etapa", que ha calificado de "importantísima" para adaptar la SGR al nuevo escenario económico y financiero y conseguir que "pueda seguir funcionando".

   "Todas las veces he sido reelegido por unanimidad y siempre antes he puesto mi cargo a disposición si era oportuno. Hasta hoy, nunca jamás ningún consejero ha pedido mi dimisión", ha indicado el presidente de la SGR, quien ha detallado que durante su dilatada trayectoria en la entidad ha hecho "el máximo esfuerzo posible por defender a la economía y a las empresas valencianas".

   Una vez se formule esta dimisión, será competencia de los miembros de la junta general elegir a los nuevos consejeros, que reunidos en Consejo de Administración deberán nombrar nuevo presidente.

   Además, se prevé reducir a un máximo de 17 el número de consejeros, que en la actualidad asciende a 37, para aumentar la operatividad del órgano. García ha explicado que este número de consejeros se debía, históricamente, a la necesidad de dar cabida a las diferentes entidades presentes en la SGR, aunque en la práctica la mayor parte de sus funciones se delegaron en una comisión ejecutiva compuesta por 15 o 16 miembros.

   Ahora, la reducción del número de consejeros permitirá unificar estos dos órganos y "optimizar" los recursos, ha apuntado el director general, quien ha insistido en que esta decisión no se ha tomado por "imposición" del Banco de España.

   Del mismo modo, ha negado que el regulador impusiera el cambio de la auditora de la SGR, Moore Stephens Ibérica, y ha señalado que ésta fue elegida en su día por su relación calidad-precio, sin tener nada que ver el hecho de que trabajara en ella el hermano de un trabajador de la SGR, que ejerce como letrado asesor y que "no tiene ninguna responsabilidad en la firma".

   El punto principal del orden del día de la junta será la aprobación de la ampliación de capital de la SGR, a la que la Generalitat, como primer socio protector de la entidad, acudirá con una aportación de hasta 60 millones de euros, de los que 14 millones irán destinados al Fondo de Provisiones Técnicas y los 46 restantes, a capital protector.

   La SGR necesitaba para adaptarse a la nueva normativa bancaria europea provisionar unos recursos propios 36 millones de euros, aunque desarrolló un plan de capitalización para incrementar en 60 millones sus recursos y generar un excedente de solvencia que permitiera "caminar durante los próximos años y tener margen de maniobra", ha explicado García.

   Así, la primera fase consistía en aumentar del 4 al 8 por ciento de media la aportación de las empresas partícipes a la hora de pedir un aval, la segunda en conseguir 30 millones de euros de la Generalitat --15 de ellos aprobados en 2011 y pendientes de desembolso, y otros 15 presupuestados en 2012-- y la tercera, recaudar 30 millones de las entidades de crédito colaboradoras, principalmente Bancaja, CAM y cajas rurales.

   Ante los "retrasos" en las aportaciones por parte de la Generalitat y las entidades colaboradoras y la necesidad de cumplir con los plazos legales en cuanto a recursos propios, la SGR convocó de forma "preventiva" una junta general para el 30 de abril en la que se contemplaba la posibilidad de reducir capital para cumplir con las exigencias si antes no se había conseguido la ampliación.

   Aunque en la convocatoria se especificaba que si no se daban ninguna de estas dos operaciones se procedería a su disolución, el director general ha precisado que se trata de una cuestión legal, pero que "la sociedad en ningún momento se planteaba la disolución".

   Finalmente, la Generalitat acordó el pasado 29 de marzo inyectar hasta 60 millones en la SGR, con lo que pasará a controlar el 40 por ciento de la SGR, frente al 11 por ciento actual. En total, los socios protectores --entre ellos el Consell-- tendrán el 45 por ciento y los partícipes, las empresas que acuden a la sociedad, el 55 por ciento.

   García ha señalado que con esta ampliación, el coeficiente de solvencia resultante será del 10,1 por ciento, por encima del 9 por ciento exigido, lo que permite contar con "un margen de seguridad" para los próximos años, ya que prevén aún "3 o 4 años con escenarios de incertidumbre".

   "Seremos, incluso, la entidad financiera autóctona de la Comunitat Valenciana, ya que todo su capital y sus socios son de la propia comunidad", ha apuntado el director general.

   Preguntados por el desarrollo de la tercera fase del plan, que contemplaba la captación de recursos entre entidades de crédito, los dos directivos han explicado que se mantuvieron contactos con Bankia, aunque no se realizó ninguna propuesta formal, al satisfacerse las necesidades con la aportación de la Generalitat, que según Roca, "disipa todos los problemas sobre la continuidad de la sociedad".

   García ha explicado, no obstante, que Caja Madrid tiene una aportación de 16 millones en AvalMadrid, por lo que hay "argumentos suficientes" para que Bancaja realice esa misma aportación a la SGR tras la fusión de ambas en Bankia. No obstante, no se ha querido "forzar la situación" al haber superado el objetivo de la mano de la Generalitat, aunque esta fase podría desarrollarse en un futuro si así lo acuerda el consejo resultante de la próxima junta general.

   En cuanto a los resultados de la SGR del pasado ejercicio, su director general ha señalado que se han registrado unas pérdidas contables de 55 millones, una cifra que se ha visto afectada por la necesidad de realizar dotaciones por importe de 67 millones, de los que 36 se han realizado para adaptarse a la normativa europea y los 31 restantes han sido dotaciones normales, la mayor parte de las cuales derivadas de causas subjetivas, como el deterioro de la empresa o pérdidas continuadas.

   Asimismo, el margen de explotación ha sido de 10,9 millones de euros, se han formalizado avales por importe de 263 millones y la tasa de morosidad es del 9,8 por ciento, en torno a 1,5 puntos por encima de la de cajas y bancos, un diferencial "excelente" debido al mayor riesgo de las operaciones de la SGR. Por su parte, la cobertura de la morosidad es del 98 por ciento.

   En términos sociales, un total de 510 empresas se han beneficiado de los avales concedidos por la SGR, se ha inducido una inversión de 260 millones y se ha permitido la creación de 1.737 nuevos empleos.

Císcar dice que los 35 millones destinados a Valmor son para "cubrir los costes" de la carrera

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha explicado que los casi 35 millones que se han transferido a la sociedad Circuito del Motor --que gestiona a Valmor, la empresa que controla la organización de la prueba de Fórmula 1 en Valencia-- son para "cubrir los costes" de la realización de este evento.

   Císcar, que se ha expresado de esta manera en los pasillos de las Corts a preguntas de los medios, ha recordado que "este año la F1 se va a hacer en la Comunitat", en relación a la posible alternancia con Cataluña, "y lo que se hace con esto es disponer del dinero necesario para cubrir los costes".

   Desde la oposición, el portavoz del PSPV en las Corts, Antonio Torres, considera "lamentable que mientras la Conselleria de Turismo va perdiendo el presupuesto año tras año, ahora nos vemos con la sorpresa de que se tienen que gastar 35 millones de euros que se podrían gastar en la promoción de la industria turística de la Comunitat".

   Por su parte, la síndica de EUPV, Marga Sanz, ha criticado que Valmor es la "expresión de otro pasado en el que se apostó por esos eventos que nos han dejado en la ruina".

 "Valmor representa la Fórmula 1; son 35 millones de euros que se suman a los seis del presupuesto" de 2012 para esta sociedad. Así, ha subrayado que esta prueba es la "expresión de la foto de una injusticia sangrante en la Comunitat Valenciana, que tiene 600.000 parados y familias sin recursos".

   La portavoz adjunta de Compromís, Mireia Mollà, considera asuntos "paralelos los dos rescates: el de la Generalitat a una empresa ruinosa como es Valmor y el que va a hacer el Gobierno central a la Comunitat por esta catástrofe económica". Al respecto, ha señalado que "ni una cosa ni otra debería ser amparada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra".

   Mollà ha instado al Consell a "dejar de derrochar recursos públicos para rescatar las empresas ruinosas de los amigos del expresidente Francisco Camps y compañía", ya que "todavía venimos arrastrando esas compañías peligrosas".

A la subasta de Banco de Valencia acudirán más postores de lo previsto

MADRID.- Banco Mare Nostrum (BMN) y Banco Popular están considerados como los máximos favoritos para la compra del intervenido Banco de Valencia cuya subasta debería estar resuelta a mediados de junio, dijeron fuentes con acceso al cuaderno de venta.

"Los máximos candidatos en el caso de Banco de Valencia son Banco Mare Nostrum y Banco Popular aunque parece que en los últimos días también ha mostrado interés Liberbank", explicó una fuente solvente.

El calendario para Banco de Valencia fija como tope este viernes, 27 de abril, para la presentación de ofertas no vinculantes y el 27 de mayo para las vinculantes antes de su adjudicación en junio.

Diversas fuentes han indicado recientemente que Banco de Valencia, con activos de unos 22.000 millones de euros, podría atraer el interés de entidades de tamaño mediano.

En la actualidad, el sector bancario español se encuentra en pleno proceso de reestructuración después de que el Gobierno aprobara en febrero una normativa que obliga a la banca a afrontar la depreciación de los activos inmobiliarios con unas nuevas exigencias por provisiones y capital por importe de unos 54.000 millones de euros.

El Ejecutivo aprobó esta legislación en un intento por recuperar la confianza de los inversores internacionales en el sector bancario español, cuyo principal talón de Aquiles es precisamente el negocio del ladrillo, donde tiene unos 176.000 millones de activos problemáticos.

Banco Mare Nostrum, con activos de unos 70.000 millones y presencia en el arco mediterráneo (Granada, Murcia, Cataluña y Baleares), ha sido la única entidad que ha expresado públicamente su interés por la entidad valenciana.

Su presidente, Carlos Egea Krauel, manifestó a mediados de mes que la entidad valenciana encajaría perfectamente en un eventual plan de expansión geográfica, pues le permitiría ganar cuota de mercado en Valencia y Castellón.

En el mercado se considera que Popular, con activos de unos 162.000 millones de euros, también redoblará sus esfuerzos por hacerse con el Banco de Valencia después de no haberse adjudicado la catalana Unnim en favor de BBVA.

"Popular está mirando esta entidad con gran interés y quiere estudiar el cuaderno de venta en profundidad", explicó una fuente con conocimiento de la operación.

Un portavoz del Popular no quiso hacer comentarios a requerimiento de la agencia Reuters.

En el mercado tampoco se descarta que Liberbank o Ibercaja puedan estar interesados en analizar las entrañas de Banco de Valencia. Estas entidades tampoco quisieron pronunciarse.

Aunque en el mercado se considera que Santander o BBVA se concentrarán en otras entidades de mayor tamaño, como Catalunya Caixa o NovaCaixaGalicia Banco (NCGB) -ambas con activos algo superiores a los 70.000 millones euros-, no se descarta tampoco que al final puedan aparecer por sorpresa en el caso de Banco de Valencia.

"Nada apunta a que los grandes como Santander o BBVA vayan en serio a por Banco de Valencia pero BBVA también sorprendió en el caso de Unnim. Está claro que ellos tienen más capacidad financiera y por ello necesitarán pedir menos capital al Banco de España", explicó una fuente de una entidad española.

"Si de lo que se trata es de minimizar el impacto del coste de la financiación de Banco de Valencia, los grandes siempre tienen más ventajas ya que luego no necesitan pedir capital adicional a los activos protegidas en la EPA", manifestó.

Bajo el conocido como Esquema de Protección de Activos (EPA), que garantiza una cartera de activos inmobiliarios de unos 6.000 millones de euros, el Banco de España tiene previsto ofrecer al potencial comprador un plan por el que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones privadas de los bancos, se haría cargo de pérdidas futuras por el deterioro de activos de Banco de Valencia durante los próximos 10 años.

El coste de la EPA lo asume en un primer momento el Banco de Valencia con las provisiones constituidas, que ascendían a finales de diciembre para sus activos inmobiliarios a unos 1.000 millones de euros.

Posteriormente, el 80 por ciento del quebranto lo asumiría el FGD y el restante 20 por ciento la entidad compradora.

La banca española está trabajando actualmente en varias vías para financiar el coste de las próximas subastas de cajas nacionalizadas, incluida la posibilidad de adelantar aportaciones al FGD, en un momento de crecientes dudas en el mercado por la debilidad de parte del sector financiero español.

Banco de Valencia fue intervenido en noviembre por el Banco de España a través del estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que comprometió una aportación de capital de 1.000 millones de euros y una línea de crédito de 2.000 millones de euros.

A cierre de 2011, la entidad valenciana registró unas pérdidas por importe de 887 millones de euros.

Los administradores del banco --en el que participa Bankia-- dijeron que las exigencias de nuevos saneamientos que impone la reforma financiera del Gobierno suponen una necesidad de provisiones nuevas por 823 millones más un colchón adicional de capital de 428 millones.

Fallece el compositor valenciano Rafael Talens Pelló

VALENCIA.- El compositor valenciano Rafael Talens Pelló falleció ayer miércoles en Boadilla del Monte (Madrid), a los 79 años de edad. Considerado un auténtico referente en el mundo de la música valenciana, dedicó la mayor parte de su producción a la creación de obras para banda y pasodobles, aunque cultivó también otros géneros como la música sinfónica y de cámara, han informado fuentes del Ayuntamiento de Cullera y de la SGAE.

   Ante el fallecimiento del músico, hijo predilecto de Cullera, su localidad natal, el Ayuntamiento de esta población ha declarado mañana viernes, 27 de abril, día de luto oficial.

   También la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha expresado sus condolencias por la desaparición del artista, que en los años 50 dirigió su propia orquesta de música ligera, con la que acompañó a nombres tan populares de la época como Luis Mariano, Lucho Gatica o Juanito Valderrama.

   En total, Rafael Talens llegó a registrar en la Sociedad de Autores más de un centenar de títulos, desde su ingreso en la entidad, con el número 15.940, el 25 de noviembre de 1960, informa la sociedad en su página web.

   Nacido el 9 de septiembre de 1933 en Cullera, Rafael Talens Pelló estudió en los Conservatorios Superiores de Música de Valencia y Madrid. Con sólo 18 años ingresó en la Banda del Jefe del Estado en Madrid, tras obtener en las oposiciones la máxima puntuación en la categoría de clarinete.

   A inicios de los 70, logró la plaza de catedrático numerario de Armonía en el Conservatorio de Música de Valencia. Fue también profesor del Conservatorio de Música 'José Melchor Gomis' de Ontinyent e impartió numerosos cursos de Dirección para Banda y Orquesta. Por otro lado, a lo largo de su dilatada trayectoria, dirigió diversas formaciones musicales, como las Banda Municipales de Valencia, Alicante y Mallorca, y la Orquesta de Valencia.

   Como compositor, Talens escribió un buen número de piezas, muchas de ellas galardonadas en importantes certámenes, para diversas formaciones y géneros. Prueba de su relevancia es que ha sido interpretado un total de 92 veces en el Palau de la Música de Valencia.

   Es autor, por ejemplo, del popular pasodoble taurino 'Tercio de quites'; de Suite número 2 y Cosmos, para orquesta; 'Santa nit de nadal' y 'Tres cançons del meu poble', para coro; además de poseer una abundante producción para banda, con piezas tan populares como 'Ibèrica', 'Cançons de mare', 'Sicània' o 'L'illa'.

   Rafael Talens fue vicepresidente de la Asociación de Compositores Sinfónicos Valencianos (Cosicova) y fue reconocido con el Escudo de Oro del Ayuntamiento de Cullera.

La CEOE llama a los españoles a pasar sus vacaciones en el país

MADRID.- El presidente del Consejo de Turismo de la CEOE, Joan Gaspart realizado un llamamiento a todos los españoles que "puedan y deseen" disfrutar de sus vacaciones este verano instándoles a que las disfruten este año en el país, para que, de este modo, el sector turístico, que genera el 11% del PIB (20% de manera indirecto) reciba el apoyo del todo el país.

   Durante la III Cumbre del Turismo celebrada este jueves en Madrid, Gaspart reconoció que la economía nacional "no está atravesando su mejor momento", pero remarcó que "no se puede estar todo el día lamentando", sino que se debe ofrecer un mensaje de optimismo a la ciudadanía de que la situación puede cambiar a mejor "con el esfuerzo y trabajo de todos los españoles".

   En su opinión, el turismo "no es sólo negocio para los del mundo del turismo", sino que toda la economía que mueve a su alrededor puede convertirlo en la locomotora del crecimiento económico de país, teniendo en cuenta el factor de arrastre que supone en otros subsectores económicos, como puede ser la alimentación o el comercio.

   En este contexto Gaspart realizó un llamamiento al Estado, a Turespaña y a todas las administraciones públicas para que este año "especialmente" se promueva el turismo nacional y que los españoles que puedan disfrutar este año de vacaciones, las disfruten dentro del territorio español bajo la premisa de "ahora toca España".

  "España necesita que nos quedemos en aquí, que hagamos turismo en España. España es un país maravilloso que cubre cualquier necesidad de alguien que quiera pasar unos días de descanso, de ocio, o de trabajo y por tanto "ahora toca España", reiteró Gaspart.

   Para finalizar, el presidente del Consejo mostró su satisfacción porque la Cumbre de Turismo de la CEOE haya logrado reunir "por primera vez en la historia" a las principales organizaciones empresariales e instituciones relacionadas con el sector para impulsar su ámbito de actuación durante los próximos años.

   Así confía en que las conclusiones del Congreso que se han presentado al ministro José Manuel Soria en un documento logren identificar los principales problemas con los que cuenta el sector, y que se tenga un mayor conocimiento de ellos para intentar buscar las soluciones más adecuadas.

   Entre los temas a tratar en el documento se encuentran, entre otros, temas fiscales (reducción del IVA), el del incremento de tasa aeroportuarias, o el de la reforma de la Ley de Costas.

   "Somos conscientes de la delicada situación económica que atraviesa España y entendemos las políticas del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, pero también sabemos que la inversión y las ayudas a la actividad turística permitirán mejorar la delicada situación de la economía general", explicó Gaspart.

   En su opinión las propuestas presentadas tienen como principal objetivo que el sector no pierda competitividad. "El potencial que tenemos en nuestro país es inmenso y aunque somos conscientes de las limitaciones y la difícil situación de nuestro país, con políticas de contención de gasto en marcha, solicitamos acometer las necesarias reformas y poner en marcha cuanto antes medidas de apoyo que sin duda redundarán en el beneficio económico general", sostuvo Gaspart.

   En declaraciones a los medios, Gaspart ha querido mandar el mensaje a Bruselas de que "España no está tan mal" y que "es todo el país el que está convencido de que va a salir adelante y que tiene capacidad para hacerlo".

   Para Gaspart, este país tiene muchas posibilidades de salir adelante sin necesidad de ayudas excepcionales confía en que esa credibilidad que pide el gobierno este respaldada por todos y cada uno de los españoles, por los empresarios y por los trabajadores.

Funcas empeora la previsión del PIB español para 2012 y 2013, con caídas del 1,7 y 0,2%

MADRID.- El panel de expertos de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha revisado a la baja las previsiones sobre la evolución del PIB tanto para este año como para el próximo, y ha elevado las correspondientes al comportamiento del desempleo.

   En concreto, el consenso de analistas consultados por Funcas augura una contracción del PIB del 1,7% para este año, frente a la caída del 1,3% prevista en el panel anterior.

   Las estimaciones más favorables para este año son las de Ceprede y 'La Caixa', que prevén un retroceso del PIB del 1%, mientras que las más desfavorables son la de Analistas Financieros Internacionales (Afi), que vaticina un descenso del 2,3%, Cemex (-2,1%) e Intermoney (-2,1%).

   CatalunyaCaixa (-1,9%), el Centro de Estudios Economía de Madrid (-1,9%), el IEE (-1,8%), Repsol (-1,8%) y Sochaga Recio & Asociados (-1,8%), pronostican caídas mayores que el Gobierno, mientras que Funcas y Flores de Lemus dibujan la misma caída de PIB que el Ejecutivo (-1,7%).

   Por debajo se quedan Bankia (-1,6%), CEOE (-1,6%), el Instituto Complutense de Análisis Económico (-1,6%), el Banco Santander (-1,6%), Esade (-1,5%) y el BBVA (-1,3%).

   Para 2013, la previsión de consenso de este panel de expertos empeora también cuatro décimas y pasa desde el crecimiento del 0,2% estimado anteriormente a un descenso del 0,2%. En este caso, la previsión más desfavorable es la de Funcas (-1,5%) y la más positiva la de la CEOE, que pronostica un crecimiento de la economía del 0,7%.

   AFI (-1,2%), CatalunyaCaixa (-0,6%), Ceprede (-0,4%), Instituto Complutense de Análisis Económico (-0,4%), Repsol (-0,4%), Flores de Lemus (-0,3%) y Banco Santander (-0,2%) también plantean caídas de PIB para 2013, mientras que BBVA (+0,6%), el Centro de Estudios de Economía de Madrid (+0,6%) y 'La Caixa' (+0,6%) plantean incrementos del PIB y Bankia, Cemex y Solchaga Recio & Asociados apuntan al estancamiento.

   En cuanto al perfil trimestral del PIB, el panel espera tasas negativas durante todo el 2012, que irán moderándose hasta pasar a positivas a partir del segundo trimestre de 2013.

   La explicación para este empeoramiento de las previsiones de estos expertos se encuentra en las dudas que sigue despertando España en torno a su capacidad para corregir el déficit público, la salud de su sistema financiero y la "debilidad" de sus fundamentos económicos, según ha señalado el panel de Funcas.

   Al "continuo empeoramiento" del clima económico por la crisis de la deuda, se añade, según estos expertos, el "fuerte impacto restrictivo de las severas medidas de recorte del déficit" que está adoptando el Gobierno español y que seguirán adoptándose.

   En cuanto al mercado laboral, el panel de expertos de Funcas ha recortado en seis décimas la previsión de crecimiento del empleo para 2012, hasta el -3,3%, mientras que para 2013 prevé un retroceso de la ocupación del 1,4%. Las tasas de paro han sido revisadas al alza para ambos ejercicios, hasta el 24% y el 24,6%, respectivamente.

   En este sentido, AFI vuelve a ser la institución más pesimista, al plantear tasas de paro del 25% este año y del 26,4% el año que viene, mientras que Ceprede es la más optimista para el 2012 (22,8%) y el Instituto Complutense de Análisis Económico para 2013 (22,6%).

   Respecto al déficit público, el consenso vaticina que el saldo negativo de las cuentas publicas cerrará el 2012 en el 5,8%, cinco décimas por encima de lo pactado con Bruselas, y se relajará al 3,4% en 2013, por encima de lo exige la Comisión Europea.

   En este contexto, solo BBVA, el Centro de Estudios de Economía de Madrid y el Instituto Complutense de Análisis Económico creen que España cumplirá con el 5,3% en 2012 y Cemex, Ceprede y Funcas se suman a esta tesis de cara al año 2013 y creen que el Gobierno logrará reducir el déficit al 3%.

   En cuanto a la inflación, los expertos creen que la tasa media se situará en el 1,8% en 2012 frente al 1,6% estimado anteriormente por el mantenimiento del precio del petróleo en niveles elevados. En 2013, se moderará al 1,6% frente al 1,5% estimado en febrero.

   En el ámbito internacional, el panel de Funcas cree que la situación es desfavorable en la UE y que se mantendrá así en los próximos seis meses. Fuera de la UE, ve la situación "neutra" y cree que se mantendrá así en los próximos meses.

   En este contexto, la mayoría de los panelistas creen que los tipos de interés se van a mantener estables tras los últimos descensos y sostienen que su nivel es el adecuado para las actuales condiciones de la economía española.

   Sin embargo, consideran que los tipos de la deuda pública española a diez años son demasiado elevados, aunque la gran mayoría de los expertos no espera nuevos aumentos de la rentabilidad en los próximos meses.

   Con todo, la política fiscal se sigue valorando como "restrictiva", aunque se cree que es la orientación "adecuada". Asimismo, la mayoría ve "expansiva" la política monetaria y cree que debe seguir siendo así en el futuro.

Parece que a BMN le falta vigor para hacerse con el Banco de Valencia, ahora apetecido por el Popular

VALENCIA. El proceso de venta de la histórica entidad financiera valenciana, el Banco de Valencia, ha despertado también el interés de la banca mediana española y en especial ahora de Banco Popular. Según las fuentes financieras consultadas por ValenciaPlaza.com, la entidad que preside Ángel Ron jugará fuerte en una subasta en la que más que el interés por el negocio y la red lo que pesa es el salvoconducto que ofrece participar en una operación que lleva aparejada un potente esquema de protección de activos.

"Banco Popular se ha comido al Pastor a pulmón", explican desde el sector en referencia a la reciente abosorción del banco de origen gallego sin ningún tipo de apoyo, como sí han tenido Sabadell con CAM o BBVA con Unnim. "El esquema de protección de activos que se ofrece para quedarse con Banco de Valencia [que protege el 80% de las pérdidas generadas por los activos problemáticos con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos] es una herramienta que puede resultar clave para que el Popular pueda afrontar las exigencias de capital de la reforma financiera al tiempo que ganaría un año para realizar toda la digestión", aseguran las mismas fuentes.  

La reforma financiera aprobada el pasado febrero por el Gobierno obliga a los bancos a provisionar su riesgo inmobiliario en 2012 con cargo a resultados. Un esfuerzo estresante para no pocas entidades que pueden aplazarlo a 2013 en caso de protagonizar una fusión en la que aumenten al menos un 20% su tamaño. Los 25.000 millones de activos de Banco de Valencia se convirtieron en un bocado apetecible para la banca mediana española. Aunque el temor a que el agujero en el balance de Banco de Valencia fuera inasumible frenó el interés durante unos meses (en los que prácticamente BMN, liderada por Cajamurcia fue el único candidato firme) en las últimas semanas y tras la valoración definitiva del FROB, el banco valenciano ha vuelto a llamar la atención del sector.

A este mayor interés del Popular se añade la poco velada intención del Gobierno de impulsar una fusión entre BMN, Liberbank (Cajastur), Ibercaja y Unicaja, al considerar que estas cuatro entidades en solitario no podrán superar los requisitos de capital, lo que puede dificultar la puja por una tercera entidad, en este caso Banco de Valencia, tanto por BMN como de Liberbank, que también quiere entrar en el proceso.

El Banco de Valencia encara una semana decisiva para su futuro con asuntos clave por decidir. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recibirá mañana viernes las ofertas no vinculantes de los interesados en la subasta de la entidad. Sin embargo, antes de que estas pujas sean firmes, el banco deberá pasar por el examen de la junta de accionistas que se celebrará el lunes 14 de mayo.

En los últimos días se han producido algunos contactos entre los accionistas históricos del Banco de Valencia y sus gestores, un hecho que, hasta ahora, estaba pendiente y que se ha desbloqueado con la llegada del nuevo administrador del FROB, el 'cuarto hombre', que se ha instalado en la sede de la calle Pintor Sorolla precisamente con el objetivo de preparar una junta en la que se debe dar el visto bueno al plan de viabilidad.

José Antonio Iturriaga, que hasta hace unas semanas estaba destinado por el Banco de España en la CAM, ha iniciado contactos con accionistas de la entidad para preparar una junta que se pretende transcurra sin demasiados sobresaltos.

Para ello, Iturriaga deberá limar asperezas tanto con los socios históricos del banco, fundamentalmente los que ocupaban un puesto en el consejo, como con la mayor parte de la masa social. En ese punto, el papel que pueda jugar la asociación Pro Banco de Valencia puede ser deteminante, dado que con su actividad en los últimos meses ha concentrado un importante número de respaldos que, en todo caso, deben aún ratificarse.

Pro Banco de Valencia ha convocado para el próximo 8 de mayo una asamblea informativa en el Teatro Principal (justo frente a la sede del banco) en la que se tomará una posición ante la junta. La asociación de pequeños accionistas también ha abierto el plazo para recibir delegaciones de voto, que se pueden formalizar hasta el día 10 del mes que está a punto de empezar.

Pero el otro gran punto que está por desvelarse es la posición que adoptará el que aún es accionista de referencia: Banco Financiero y de Ahorros (BFA, matriz de Bankia). Aparentemente nada ha cambiado respecto al encontronazo entre los dos grandes socios del banco, Bancaja y Caja Madrid, a cuenta precisamente de la crisis y posterior intervención del banco valenciano.

La pieza que durante estos meses de tensión se ha considerado clave para desbloquear la crisis -y facilitar una salida lo menos traumática posible para el resto de socios de la histórica entidad financiera valenciana- sigue estando en la misma posición del engranaje. José Luis Olivas mantiene la presidencia de Bancaja y precisamente hoy jueves afronta un nuevo consejo de administración en el que, cuanto menos, la caja de ahorros debería marcar una posición que defender en el seno de BFA a la hora de fijar el voto en la junta del Banco de Valencia.