sábado, 25 de julio de 2009

Luna dice que es "obvio" que Camps mintió

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, señaló que es "bastante obvio ya" que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "ha mentido" en la Cámara en relación a su supuesta implicación en el caso Gürtel y remarcó que, "en último extremo, serán los ciudadanos los que valoren la responsabilidad política" del jefe del Consell en las próximas elecciones, "si es que Camps se vuelve a presentar", aseveró, y añadió que sería "gravísimo" que la actuación del dirigente popular quedara "impune" y "sin ningún tipo de sanción política".

Señaló que el auto del juez instructor del pasado 17 de julio, en el que se concreta la imputación y se solicitan nuevas pruebas, pone a Camps "al borde del banquillo, salvo que la sala acepte alguno de los recursos" de los imputados, algo que considera "muy difícil" porque los indicios "están claros", y remarcó que el proceso "ya no tiene marcha atrás".

Luna destacó que la documentación que existe en la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra Camps, el secretario general del PPCV y portavoz popular en la Cámara, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret por un supuesto delito de cohecho y los propios autos dictados por el juez instructor "han puesto en evidencia que el presidente ha mentido ante las Corts Valencianes".

El síndic socialista señaló que una "vía" para exigir las "consecuencias políticas" de este hecho es a través de resoluciones de la Cámara, "que está claro que no se van a adoptar porque ni siquiera estos temas se admiten a debate en la Diputación Permanente", pero, advirtió, "en último extremo, serán los ciudadanos los que valoren la responsabilidad política del presidente en las próximas elecciones, si es que Camps se vuelve a presentar".

"Quiero creer que los ciudadanos no pueden dejar pasar el hecho de que su presidente mienta de forma impune y sin ningún tipo de sanción política al órgano de representación de la soberanía política que son las Cortes; sería gravísimo", apostilló.

Indicó que el PSPV afronta el proceso judicial "con la expectativa de que se aclaren completamente todos los extremos que han rodeado las actividades de las empresas de la trama del caso Gürtel en la Comunitat Valenciana y que se puedan depurar las responsabilidades políticas y penales, que son muchas".

"Y no estoy hablando sólo del regalo de unos trajes porque lo que ha ocurrido aquí va mucho más allá de los regalos de unos trajes o de unos bolsos", aseveró, y, al respecto, remarcó que mientras "tengamos posibilidad de recurrir, vamos a seguir, porque es evidente que no se puede decir que aquí sólamente hay un regalo de tres trajes y que el resto se investiga en Madrid" porque también "se puede investigar aquí", defendió.

En este punto, afirmó que estarán "muy pendientes" de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se investiga a los supuestos cabecillas de la trama, porque si allí "aparecen temas que tienen que ver con aforados de aquí, una de dos, o va todo al Tribunal Supremo o en Madrid desgajarán la parte de los aforados de la Comunitat Valenciana y lo mandarán aquí y, por tanto, habrá que ampliar los elementos que se están investigando aquí y las imputaciones", argumentó.

Además, los socialistas valencianos no se plantean, "al menos de momento", pedir la inclusión de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en las diligencias, después de la filtración que apareció hace una semana en la que se decía que Álvaro Pérez, imputado en el caso Gürtel, le había hecho regalos, porque en "la causa de aquí no hay nada de eso y nosotros sólo conocemos unas noticias que han aparecido en medios de comunicación", si bien indicó que si "hubiera más cosas nos lo plantearíamos".

Respecto a la empresa Valmor Sport, que organiza el Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, "seguiremos preguntando porque hay muchas cosas que tienen que explicar". "Hasta ahora estamos limitados" por la sala del TSJ que instruye el caso "y no podemos salirnos de lo que hay", se justificó.

Se mostró "convencido" de que Camps "se va a sentar en el banquillo", pero "ya no tengo tan claro qué es lo que va a hacer" en cuanto a su continuidad al frente del Consell porque mientras "está en el camino del banquillo" su partido "está intentando apuntalarle de cualquier manera y, por eso, se dedica a montarle homenajes por todas partes".

No obstante, señaló que cuando Camps "se vea de verdad a las puertas del banquillo, que ya no quedan más trámites y que se sienta en el banquillo, supongo que lo meditará".

Precisó que hay "imputados que han dado todo tipo de explicaciones políticas, que se han comportado de una forma absolutamente transparente y facilitan la labor de la Administración de justicia y, en ese supuesto, puedo entender que se haga apelación a la presunción de inocencia, pero no entiendo que hagan apelaciones a la presunción de inocencia los que se dedican a ocultar datos, a no contestar a la oposición y a los periodistas, a atacar la labor de los jueces, de los fiscales y de los policías que están investigando los hechos y a perseguir a los periodistas que informan de los mismos; ése no puede hacer apelación a la presunción de inocencia", apostilló.

Manifestó que el caso Gürtel está demostrando que el "único criterio moral que rige el comportamiento del PP es la obtención y el mantenimiento del poder a cualquier precio y, por eso, actúan de una manera aquí y de otra en Madrid, e incluso de una manera distinta en Madrid o en la Comunitat Valenciana en relación a determinadas personas según los cargos que ocupen". "Aquí se le ha hecho pedir la baja del partido a Víctor Campos por los mismos hechos que están imputados Camps y Ricardo Costa", aseveró.

El Stepv pide que Alejandro Font de Mora y Concha Gómez paguen de su patrimonio los gastos del proceso judicial

VALENCIA.- El sindicato Stepv-Iv pidió hoy que el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y la secretaria autonómica de este departamento, Concha Gómez, "paguen de su patrimonio personal los gastos del proceso judicial ocasionado por su obtinación de impartir Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés". Además, reclamó que pongan una provisión de fondos personales para hacer frente al recurso de casación ante el Tribunal Supremo que han anunciado.

El sindicato, que se expresó en estos términos en un comunicado, consideró que "es inaceptable, desde un punto de vista democrático, más en un momento de crisis económica, que los responsables de la Conselleria de Educación dilapiden el dinero público cuando éste se podría destinar a crear empleo"

Asimismo, Stepv se preguntó "cuánto dinero se ha dilapidado este curso para hacer frente a las ocurrencias del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del personal de dirección de la Consellerai de Educación". "La sociedad valenciana tiene derecho a saberlo y que el dinero público se invierta adecuadamente", subrayó el colectivo.

Por otro lado, la entidad sindical hizo hincapié en que Camps "debe intervenir para destituir a los dos altos cargos de Educación" puesto que, según el sindicato, tanto Font de Mora como Gómez "han utilizado de forma partidista la educación, causando graves perjuicios al alumnado, las familias y el profesorado".

Además, el sindicato les acusó de "haber mentido reiteradamente" ya que en el documento firmado por los dos responsables políticos de Consellería, el pasado 8 de abril, se decía que Educación "acatará, como no puede ser de otra forma, la sentencia firmo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cuando se produzca".

Por lo tanto, "una vez más mienten y no cumplen sus compromisos personales", por lo que "deben ser destituidos por el presidente de la Generalitat", según Stepv-Iv, quien consideró que, de lo contrario, "será el propio Camps el responsable de la situación que se pueda generar en el inicio del curso escolar 2009-2010".

La entidad sindical, para "devolver la normalidad a los centros docentes", pide "la suspensión de la adjudicación de plazas de EpC del próximo viernes; la restitución del profesorado que ha sido desplazado de su centro ak no haberse computado las horas de EpC para los departamentos de Filosofía y Geografía y Historia y la confección de nuevos horarios en los centros de Secundaria".

Stepv también exige que tanto la Conselleria como el PP "dejen de enredar y de intentar engañar a la opinión pública, puesto que nadie está en contra que el alumnado valenciano domine las dos lenguas oficiales y una, o más, lenguas extranjeras al acabar sus estudios obligatorios". "Todo el mundo sabe a estas alturas que EpC en inglés es una maniobra para impedir su impartición, no para potenciar el aprendizaje del inglés", apostilló el colectivo.

Una de cada cuatro empresas de la Comunitat afronta procesos judiciales por impago, un 70% más que en 2008

VALENCIA.- Una de cada cuatro empresas de la Comunitat Valenciana afronta procesos judiciales por impago, de modo que el porcentaje de empresas inmersas en procesos judiciales por este motivo ascendió un 70 por ciento en el primer semestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, según el Índice Axesor de Impago Empresarial.

En total, la Comunitat Valenciana tiene abiertos más de 100.000 procesos de impago, y se sitúa como la región que mayor incremento experimentó en número de casos de España, con un aumento del endeudamiento empresarial del 87 por ciento, mayor que el de la media nacional.

El estudio, elaborado con información del Boletín Oficial del Estado y los boletines oficiales de las diferentes comunidades autónomas y provincias sobre embargos, subastas y procedimientos judiciales relacionados con impagos, refleja el número de procesos abiertos en fase ejecutiva por deudas entre empresas y con las diferentes administraciones públicas.

Por provincias, Valencia se registró los peores datos, con un incremento del 88 por ciento del número de empresas endeudadas respecto al primer semestre de 2008, hasta superar las 15.000 mercantiles. Además, en cuanto a los procedimientos abiertos, la provincia registró más del doble de instancias que en 2008.

A nivel nacional, en tan sólo dos años el número de procesos abiertos por impago aumentó un 98,9 por ciento, mientras que el desgaste del sistema financiero se materializó en un 17,8 por ciento de las empresas españolas sumidas en procesos judiciales de este tipo, es decir, que también prácticamente una de cada cuatro compañías fue registrada como morosa en el primer semestre del año.

En total, 258.857 empresas están inscritas en el registro de deudores, lo que supone un 32 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que se registraron cerca de 719.799 procedimientos abiertos, un 43,6 por ciento más que en 2008 y del 98,5 por ciento respecto al mismo semestre de 2007.

Desde Axesor resaltaron asimismo que la cifra de impagos por empresa deudora ascendió a una media de 2,78 procedimientos por compañía, lo que supone un aumento del 9 por ciento con respecto al año anterior, según las mismas fuentes.

Luís Juares deja su cargo como presidente de Ruralcaja para "facilitar la creación de un gran grupo cooperativo"

VALENCIA.- El presidente de Ruralcaja, Luís Juares Argente, tomó la decisión de dejar el cargo, tras 31 años en el consejo rector y 25 como presidente al frente de Caja Rural Valencia y, posteriormente, Ruralcaja, con la intención de "facilitar la creación de un gran grupo cooperativo con otras cajas rurales de la Comunidad Valenciana sin que su figura condicione la constitución del mismo".

De acuerdo con los estatutos de Ruralcaja, el cargo de presidente será asumido por el hasta ahora vicepresidente tercero, Eduardo Ferrer Perales, miembro del consejo rector de Ruralcaja desde hace más de 15 años, vocal en representación de la entidad en el Consejo de Administración del Banco Cooperativo Español, secretario del consejo de administración de Coarval Carburants SA y presidente de la Cooperativa del Camp de Vila Nova de Castelló.

Según informó hoy la entidad en un comunicado, Juares considera que "es el momento de promover este proyecto", en el que "cree profundamente" y que ve "como una oportunidad de futuro para las posibles entidades integrantes, tan arraigadas en nuestra tierra".

"Hace diez años promoví un proceso de unión de las principales rurales de la Comunidad Valenciana con la creación de Ruralcaja", resaltó Juares, quien se mostró convencido de que "ahora es el momento de dar un paso más con la constitución de un gran Grupo que sume fuerzas y fortalezca los balances de las posibles cajas integrantes".

El consejo rector, la dirección general y todo el equipo humano de la entidad transmitieron su apoyo a Luis Juares en la toma de esta decisión y, tanto los órganos de gobierno de la entidad como los cerca de 2000 empleados, le manifestaron su agradecimiento por "su servicio y su plena entrega", así como por su "esfuerzo y trabajo".

Desde la entidad destacaron que la "indiscutible valía profesional" del hasta ahora presidente de Ruralcaja le llevó "a ser, durante años, el líder del cooperativismo valenciano", con una trayectoria en el sector que se inicia en 1955, al integrarse como socio de la Cooperativa Agrícola de Bolbaite, y que ha estado marcada por grandes éxitos, reconocidos mediante premios como la Insignia de Oro de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España.

El Ministerio de Educación se muestra satisfecho con la sentencia del TSJCV

MADRID.- El Ministerio de Educación ha mostrado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anulando la obligación de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés.

Fuentes del Ministerio han destacado que la sentencia también es contraria a que EpC pudiera aprobarse con un trabajo trimestral o la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia, tema éste último sobre el que el Tribunal Supremo ya se refirió en contra el pasado mes de enero.

La sentencia "ratifica los argumentos que venimos defendiendo desde el principio" porque la Educación para la Ciudadanía es "una asignatura como todas las demás", han asegurado.

El TSJCV ha confirmado "la situación de normalidad de esta asignatura dentro del sistema educativo", han añadido.

El Gobierno valenciano recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula EpC en inglés

VALENCIA.- La Conselleria de Educación presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declara nula la obligación de dar Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés y alegar objeción de conciencia.

La sentencia declara nulos tres artículos de la orden que regula la asignatura y que se refieren a la obligatoriedad de impartirla en inglés, la posibilidad de aprobarla mediante la realización de un trabajo con enfoque transversal y la opción de que los alumnos pudieran acogerse a la objeción de conciencia de la materia.

En un comunicado, la Conselleria señala que con la interpretación jurídica que se ha dado de esta normativa, "es imposible la implantación de un modelo plurilingüe homogéneo", y precisa que el Ministerio "no recurre el que se imparta en inglés, sino la forma jurídica de su implantación".

Educación señala que, además de recurrir la sentencia, se va a modificar "aquella normativa de competencia autonómica para que se pueda establecer en los centros de Secundaria un modelo homogéneo de formación plurilingüe".

"Estamos convencidos de que, con estos ajustes formales, podremos conseguir nuestro propósito final, que no es otro que lograr que, al terminar sus estudios obligatorios, los alumnos y alumnas de la Comunitat Valenciana sepan hablar y escribir en castellano, valenciano e inglés a través de un modelo plurilingüe", indica el comunicado de Educación.

La Conselleria señala que el Gobierno central ha recurrido en la Comunitat Valenciana un modelo de enseñanza que está recogido en la Ley Orgánica de Educación (LOE), donde se dice que los fines del sistema educativo "son la capacitación para comunicación en una o más lenguas extranjeras".

En otro de los artículos también contempla el "comprender y expresarse en lengua extranjera" como uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.

"El propio Ministerio pone en práctica en su normativa la enseñanza en inglés de alguna materia e incluso con doble profesorado", advierte la Conselleria de Educación.

También señala que con la moratoria establecida por la circular de fecha 18 de diciembre de 2008 se eliminó la obligatoriedad de impartir EpC únicamente en inglés, "por lo que los centros que lo han hecho lo han hecho voluntariamente y pueden seguir haciéndolo como hasta ahora".

"Por ello, entendemos que la sentencia del TSJ, a efectos prácticos, no altera la vida académica en los centros, añade la Conselleria.

Asimismo, recuerda que el 23 de junio de 2009 se emitió una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia en la que se establecía que la libertad de cátedra del profesor titular de la materia no se veía afectada por la presencia simultánea en el aula del profesor de inglés.

"La objeción y la opción B se dejaron de contemplar con la suspensión cautelar", señala Educación, que lamenta que desde el Ministerio de Educación "no se dé solución a esta problemática".