El Grupo Popular, tras haber rechazado distintas iniciativas de la oposición para mejorar la transparencia y los controles en la Administración valenciana, ha presentado finalmente una propuesta para modificar el reglamento de las Cortes y hacer públicas las declaraciones de patrimonio de los diputados, entre los que está la mayoría de miembros del Consell.
La iniciativa llega después de que los diputados socialistas hiciesen público su patrimonio en la web del PSPV-PSOE la pasada primavera y de que el Gobierno de Zapatero, con la oposición del PP y de CiU, impulsase una ley que permite publicar el patrimonio de los miembros del Ejecutivo, como se hizo en octubre en el BOE.
La presión para introducir nuevas medidas de transparencia ya había hecho mella en el PP. Tanto que el pasado abril, el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su entonces portavoz y secretario general, Ricardo Costa, colgaron en la web del partido un certificado de la declaración de patrimonio depositado en las Cortes.
Según esa declaración, el presidente de la Generalitat afirmaba poseer una vivienda a medias con su esposa, un coche Saab de 1995, dos seguros de vida, un plan de pensiones y dos cuentas en Bancaja.
Costa declaró una hipoteca de 120.000 euros de un piso en Castellón, otra de 25.000 por un inmueble en Valencia, un préstamo de sus padres de 30.000 para comprarse un coche y cinco cuentas bancarias con un saldo negativo global de 1.435 euros.
Las declaraciones de unos y otros pusieron en evidencia dos cosas: la disparidad en los conceptos de las mismas y la fragilidad de la imagen que se transmite con la publicación del patrimonio. De hecho, apenas unas semanas después, la imagen de Costa saltaba hecha añicos por las informaciones del caso Gürtel.
La transparencia en las declaraciones de patrimonio, como reconocen los propios políticos, es polémica. De hecho, no evita que los que quieran enriquecerse lo puedan hacer, pero añade un elemento de presión (la opinión pública) sobre quienes tienen responsabilidad política y están tentados de enriquecerse con su cargo.
En la actualidad, tanto las Cortes Valencianas como algunos ayuntamientos ya disponen de su propio registro de intereses y patrimonio de altos cargos. La cuestión es que su efectividad para atajar las conductas indeseables es nula. Primero, porque no existe un control exhaustivo sobre los mismos. Y después, porque, en ocasiones, los partidos se escudan en su existencia para no adoptar otro tipo de medidas hasta que el escándalo es irremediable.
En el caso de la dirección regional del PP, la exigencia de responsabilidades a los cargos con conductas éticamente reprobables se ha vuelto muy laxa. Tanto que sólo se actúa si hay sentencia firme o en casos extremos como el de Polop. Así, el PP valenciano se ha mostrado preocupado por el sueldo de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, (que no dista mucho del que tienen otros cargos similares del PP) mientras ignora el caso del alcalde de La Nucia, cuyo incremento patrimonial es objeto de escándalo.
Puede que el lodo de estos polvos tenga su origen en 1995, tras la victoria del PP en las elecciones autonómicas quedó patente que había gente que se había metido en la política para forrarse. La frase se le atribuyó a Vicente Sanz, a la sazón presidente provincial del PP en Valencia. El escándalo tuvo su traducción inmediata: Sanz presentó la dimisión de su cargo.
Pero en 1995, el ya presidente Eduardo Zaplana le recuperó como alto cargo de RTVV. Casi tres lustros después, Sanz sigue de alto cargo. Y el debate sobre cómo atajar la corrupción sigue sin resolverse.
