domingo, 21 de septiembre de 2008

¿Son tontos los mercados? / Jordi Sevilla

El candidato republicano a la Casa Blanca, J. McCain, ha dicho que la crisis actual se ha producido «por la ambición y por la corrupción de Wall Street». Mientras, los gobiernos americano y británico están realizando, con cargo a los contribuyentes, la mayor y más costosa operación de intervención en la economía desde los años 30, con nacionalizaciones incluidas.

No hace tanto, sin embargo, lo dominante era hablar de los mercados financieros internacionales como de una máquina casi perfecta que engrasaba con su ingeniería crediticia la larga etapa pasada de crecimiento económico. Es cierto que, a veces, se producían burbujas especulativas, como las vividas con las llamadas puntocom, que provocaban sacudidas, pronto acotadas por la sabia inyección de liquidez desde los bancos centrales y desde los propios mercados cuya desregulación creciente permitía una variedad infinita de fórmulas ingeniosas para mover el dinero por todo el mundo.

¿Qué ha pasado entre medias? ¿Es que los mercados se han vuelto tontos o es que nunca fueron tan listos como parecía? Si descartamos errores humanos individuales o corrupciones, como las que se dieron en el caso Enron, tendremos que buscar los problemas en el funcionamiento mismo del modelo económico. Algo debe explicar por qué se ha dejado hinchar una burbuja especulativa entorno a la vivienda y por qué ha estallado con efectos devastadores.

Hubo una vez un filósofo moral que sostuvo que la búsqueda egoísta del propio interés produciría el equilibrio social, siempre que se dejara actuar con libertad a los individuos. El libre mercado era, para Adam Smith, el único marco institucional que aseguraba el mayor bienestar económico para todos. Años más tarde, otro filósofo social, Carlos Marx, señaló que si el mercado se fundamentaba en la propiedad privada de los medios de producción generaría tendencias autodestructivas en forma de crisis económicas recurrentes y de una fuerte tendencia a los oligopolios. Y, todavía, años más tarde, otro filósofo de la economía, Keynes, constató que los mercados tienen muchas deficiencias e insuficiencias, fallos que le llevan al desequilibrio y a la crisis que sólo superan si interviene otro agente económico poderoso, como el Estado, con una lógica distinta.

En los últimos años, y sobre todo desde la caída del Muro de Berlín, nuestro sistema económico capitalista globalizado ha vivido muy de cerca de la realidad descrita por Marx, pero con un discurso ideológico liberal smithiano y una práctica política keynesiana. Sólo la coexistencia esquizoide de estas tres visiones permite entender lo que está pasando.

Visto ahora, parece difícil de creer que los mercados financieros hayan caído víctimas de instrumentos tan peligrosos y opacos, como los derivados de las hipotecas subprime, sin preocuparse por sus problemas potenciales. Tal vez los mercados no sean tontos, pero son pocas personas las que toman decisiones en los mismos, y lo hacen, siempre, con información insuficiente, cuando no directamente errónea. Y movidos por un incentivo fundamental: ganar dinero ahora, despreocupados del medio plazo, porque del ahora depende su sueldo, los beneficios de su empresa, el valor de la acción y su capacidad para crecer y seguir operando.

El recurso al intervencionismo keynesiano aplicado de manera masiva en Estados Unidos como fórmula para evitar males mayores responde, sin duda, a que los mercados financieros, dejados a su libre albedrío, no se autorregulan sino que generan comportamientos perversos que conducen inevitablemente a su destrucción periódica, llevándose por delante una parte de la riqueza acumulada. El problema no es pues la avaricia de unos cuantos, sino cuánta lógica avara necesita el sistema para funcionar. Sería como si la fuerza (el crecimiento), no pudiera existir sin su reverso oscuro (la crisis) que tiene que hacerse presente de tanto en tanto para mantener el equilibrio cósmico del sistema.

Entonces, con independencia de que cada crisis es siempre distinta a la anterior, conviene aplicar severas restricciones a los mercados financieros, como ha hecho EEUU con una profunda reforma del sistema de regulación y control de la Reserva Federal. Pero siendo conscientes, primero, de que esa mayor supervisión significa poner freno a la creatividad de los mercados para crear liquidez, con lo que el conjunto de oportunidades se reducirá aunque se gane en estabilidad.


Y, segundo, de que seguimos teniendo un agujero negro importante en la medida en que la globalización de los mercados financieros internacionales no se ha visto correspondida por la de las normas e inspección, que sigue siendo, en gran medida, nacional. Esto último es especialmente importante cuando entran en acción agentes globales nuevos como los fondos soberanos de países productores de materias primas o entidades financieras de China o India.

Por tanto, no podemos hablar más de mercados que funcionan siempre bien (Smith), sino de un sistema imperfecto por definición (Marx), que sólo hace bien las cosas si hay intervención reguladora del Estado (Keynes). Los mercados son lo que son. Ni menos, ni más.Y no deberían imponer su lógica al conjunto de la sociedad ni, mucho menos, deberíamos permitir, como acaban de hacer los ministros de finanzas de la Unión Europea, que unos mercados con tendencia intrínseca demostrada a comportamientos irracionales nos dicten lo que podemos o no podemos hacer con nuestra política económica.Y menos con aquellas medidas que intentan paliar el paro y la pobreza en que se traducen, para muchos, los fallos de esos mismos mercados.

Ante los bruscos acelerones de esta crisis sin final próximo, no es un estado de excepción que suspenda de forma temporal las leyes del libre de mercado -como ha pedido el presidente de la CEOE- lo que hace falta, sino una profunda modificación de esas leyes y del modelo.

Los seis principales bancos centrales del mundo acaban de anunciar una coordinación explícita que transmita la sensación de que hay alguien al frente de la situación, intentando hacer algo.Hubiera preferido ver en ese papel a los principales gobiernos democráticos del mundo que parecen sentirse arrastrados por la fuerza de la corriente. Quizá, también eso, deba ser objeto de reflexión, ahora que se ha abierto la veda.

www.elmundo.es

Recompensados por hundir Wall Street

NUEVA YORK.- La crisis de Wall Street ha avivado la polémica sobre las retribuciones de los ejecutivos del sector financiero. Las críticas se centran en tres flancos. En primer lugar, se cuestiona si los sueldos de los últimos años se justifican por la creación de valor aportada (teniendo en cuenta el actual desplome bursátil), según "El País".

En segundo lugar, se denuncia que quizá la forma elegida para establecer las retribuciones, con gran peso del bonus, habría podido incentivar a los directivos a tomar más riesgos de los convenientes para lograr objetivos a corto plazo, aumentando así el agujero de las subprime.

La última de las críticas se plantea tras desvelarse los blindajes millonarios que gozan estos gestores en caso de despido, con independencia de la herencia que dejen a sus accionistas.

En 2007, los máximos ejecutivos de las 16 entidades más afectadas por la crisis de crédito ganaron en total 334 millones de dólares (236 millones de euros), un 30% más que en 2005. La bola de nieve de las hipotecas basura ha costado a esas compañías pérdidas de 320.543 millones, se ha cobrado el empleo de 80.236 personas y ha jibarizado su valor bursátil desde septiembre de 2007.

"La obsesión de las empresas cotizadas por lograr beneficios a corto plazo, combinada con unos sistemas de retribución que no están ajustados por el riesgo que asumen los gestores, supone una mezcla letal", explica John M. Berry, columnista de la agencia Bloomberg.

A finales de 2007, recuerda este experto, cuando casi todos los grandes bancos de inversión empezaban a encarar enormes pérdidas, pagaron bonus comparables a aquellos repartidos en 2006, "un año en el que los beneficios eran mucho mayores y el horizonte parecía despejado".

Tras el estallido de la burbuja tecnológica también se cuestionó el salario de algunos directivos, principalmente el abuso de opciones sobre acciones. Entonces se reforzaron los controles de buen gobierno corporativo. Sin embargo, el revuelo no pasó de ahí al considerarse los salarios un asunto privado a resolver entre los consejeros y los accionistas.

La diferencia con la crisis actual es que se está utilizando mucho dinero público para intentar mantener con vida entidades donde sus directivos, que han aplicado prácticas de gestión cuando menos cuestionables, cuentan con cláusulas de despido muy ventajosas. Éste es el caso del rescate de Fannie Mae y Freddie Mac, que poseen o aseguran la mitad de las hipotecas estadounidenses y que han sido intervenidas por el Gobierno.

Los contratos de sus principales ejecutivos, Daniel Mudd (Fannie) y Richard Syron (Freddie), les aseguraban indemnizaciones por valor de 8 y 15 millones, respectivamente. Gracias al carácter semipúblico de las entidades, el Gobierno ha logrado que estos ejecutivos no ejecuten sus paracaídas de oro, aunque sí se embolsarán pensiones cercanas a los cuatro millones.

"Nos gustaría que Mudd y Syron se fuesen sólo con un apretón de manos, pero la intervención estatal no debe justificar el incumplimiento de los contratos", editorializaba Los Angeles Times. "Esta controversia sí debería servir para que los consejos se replanteen su política de pagar por los fracasos. Si los órganos de dirección no lo hacen corren el riesgo de que el Gobierno sea más intervencionista o conceda más poder a los accionistas".

La polémica acerca de los despidos millonarios no se queda en Fannie Mac y Freddie. Esta semana se ha conocido que el consejero delegado de Merrill Lynch, John Thain, y dos de los ejecutivos que fichó cuando entró en el banco hace menos de un año, podría llevarse un total de 200 millones de dólares por menos de un año de trabajo si el nuevo dueño de la entidad, Bank of America, les despide o les relega a unas funciones de menor rango.

Un caso similar ocurre en AIG, intervenida por la Reserva Federal para evitar su quiebra. Robert Willumstad se convirtió en el primer ejecutivo de la aseguradora hace tan sólo tres meses y en caso de despido tiene asegurada una indemnización de siete millones.

La polémica de los salarios de los directivos ha llegado incluso a la campaña electoral. Tanto John McCain y Barack Obama han criticado el sistema actual y prometen reformas si llegan a la Casa Blanca. Mientras Obama siempre se ha mostrado partidario de un mayor control, McCain se opuso en 2007 a una propuesta que pedía conceder a los accionistas votos no vinculantes acerca de los salarios de los ejecutivos.

Carly Fiorina, consejera económica del candidato republicano, ha manifestado en más de una ocasión su oposición a cualquier tipo de regulación. Cuando Fiorina tuvo que abandonar la presidencia de Hewlett-Packard en 2005 la empresa le pagó más de 21 millones de dólares.

Incentivar la auto repatriación / Carlos Carnicero

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, había cifrado el umbral del millón de inmigrantes que aceptarían la oferta de cobrar todo su desempleo en dos plazos con la condición de retornar a sus países de origen en esta situación de crisis. Ahora ha rebajado la cifra a poco más de ochenta mil. Ni siquiera el diez por ciento.

La razón tiene su lógica: se trata de familias integradas en España, con su documentación en regla y con aspiración, en muchos casos de hacerse españoles por la vía de la nacionalización por residencia. Volver sería reconocer un fracaso y, sobre todo, tener que empezar una vida de nuevo por tercera vez.

La nueva política socialista de inmigración está sustentada en considerarla una amenaza para la economía. Las sucesivas declaraciones de Celestino Corbacho se sustentan en la ecuación que relaciona la inmigración como una amenaza añadida para la crisis.

Es una política de compensación demoscópica por la pérdida de votos que pudiera reportar las posiciones clásicas de la izquierda de considerar la inmigración ordenada como un beneficio social, económico y demográfico. Miedo a perder votos. Coyuntura frente a ideología, la constante de José Luis Rodríguez Zapatero.

En época de bonanza el Gobierno consideraba que gracias a la cotización de trabajadores extranjeros se habían saneado las cuentas de la seguridad social. En época de crisis, para ese mismo Gobierno la inmigración es un problema y una amenaza hasta el punto de incentivar que los inmigrantes más arraigados vuelvan a sus países de origen.

La contradicción radica, incluso en el terreno práctico, que los flujos migratorios y la formación laboral de empleos cualificados no se puede manejar a golpe de temporalidad. Los países grandes (Reino Unido y Estados Unidos, sobre todo) lo son, entre otras cosas, por la facilidad con que se produce la integración de los extranjeros que se quieren nacionalizar.

En España el Gobierno socialista quiere que los inmigrantes en paro se vayan mientras que Mariano Rajoy llega a cuestionar que cobren el desempleo, aunque luego haya querido matizar sus declaraciones.

La planificación a medio y largo plazo es una asignatura pendiente en nuestro país en la que los políticos han aprendido tarde y mal la ciencia de la demoscopía. Satisfacer las demandas instantáneas de la población, incluso las xenofóbicas, puede dar votos coyunturales pero no permiten políticas estables que hagan grande a nuestro país.

El PSPV dice que los municipios valencianos "sufren más la crisis" porque la Generalitat es "una morosa"

VALENCIA.- El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, advirtió al presidente de la corporación provincial, Alfonso Rus, que los municipios valencianos "están sufriendo con más intensidad la crudeza de la crisis porque la Generalitat está desbordada por su deuda y se ha convertido en la principal morosa de los ayuntamientos valencianos".

El dirigente socialista sugirió al presidente provincial que "tome buena nota de la situación de asfixia económica que padecen nuestros pueblos y apunte con mayúsculas la tremenda deuda que arrastra la Generalitat con los municipios desde 1999 y que está cifrada en más de 1.900 millones de euros", lo que, en su opinión, se debe "a los gastos impropios que asumen los ayuntamientos y que son legalmente competencia exclusiva del Consell presidido por Francisco Camps".

Asimismo, el responsable socialista señaló que "la dejadez y marginación del Gobierno valenciano con el mundo local no se queda sólo ahí" y resaltó que Rus "puede empezar a pedir cuentas a Camps y preguntarle por qué la Generalitat no reconoce en su Cuenta General de 2007 los nueve millones que debe a la Diputación de Valencia".

Para Rubio, el Consell "no tiene un euro y se dedica a hacer trampas contables que están pasando factura a las instituciones provinciales y a los ayuntamientos", de hecho, aseguró que el consistorio de Castellón realizará un plan de estabilidad porque "la Generalitat no le paga los 12 millones de euros que le debe".

Por todo ello, Rubio pidió a Rus que "después de más de un año al frente de la Diputación, ya es hora de que entre en el mundo real de los municipios valencianos y exija a Camps que cumpla el Estatuto y cree el Fondo de Cooperación Municipal para compensar los gastos impropios que tienen los ayuntamientos, ya que, suponen entre un 25 y 30 por ciento de los presupuestos municipales", concluyó.