miércoles, 25 de enero de 2012

Los ayuntamientos también tendrán 10 años para devolver liquidaciones de 2008 y 2009

MADRID.- El Gobierno ha extendido a los ayuntamientos la ampliación de cinco a diez años del tiempo del que disponen para devolver las liquidaciones negativas correspondientes a los años 2008 y 2009, que en este caso ascienden a unos 6.000 millones de euros.

   Así lo han adelantado anoche  el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cirstóbal Montoro, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, en una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local.
   En dicha reunión, el Gobierno ha planteado a los ayuntamientos las líneas básicas del anteproyecto de ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y ha planteado y extendido las medidas pactadas con las comunidades la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
   Así, los ayuntamientos también podrán acceder a la línea ICO para facilitar el pago a proveedores y mejorar su liquidez  y dispondrán de un anticipo del 50% de la liquidación positiva correspondiente al año 2010, igual que las comunidades.
   Estas medidas requerirán la presentación de un plan de ajuste por parte de las entidades locales en los términos previstos en la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
   Por su parte, los ayuntamientos han asumido las principales líneas del anteproyecto de ley que se aprobará el viernes, que incluye la creación de una regla de gasto y el establecimiento de sanciones para las regiones que no cumplan los objetivos fijados.
   Además, las entidades locales se han comprometido a elaborar presupuestos o ejecutar los mismo teniendo en cuenta que los ingresos del sistema de financiación y el resto de recursos se verán condicionados por la recesión.
   Asimismo, las entidades locales emprenderán las actuaciones que sean necesarias para la mejora de la eficiencia en su prestación y evitar duplicidades, al tiempo que remitirán trimestralmente a Hacienda información sobre la evolución de su tesorería y los saldos con los proveedores.
   Montoro ha explicado su satisfacción tras la reunión porque las entidades locales, como ya hicieran las comunidades, han asumido las líneas básicas del anteproyecto de ley, algo muy importante porque la reducción del déficit se tiene que hacer de manera conjunta.
   A su parecer, los pactos a los que ha llegado el Gobierno con las comunidades y los ayuntamientos son casi "pactos de Estado" que facilitan la tarea de reconducir las cuentas públicas trabajando junto al resto de administraciones, pero sin interferir en sus competencias.
   Para el presidente de la FEMP, los compromisos alcanzados por Montoro con las entidades locales demuestran la "voluntad de diálogo y seriedad" del Gobierno, ya que se van a tomar "medidas urgentes", como la línea ICO y el aplazamiento de la devolución de las liquidaciones negativas, pero también se determinarán las competencias de estas corporaciones así como la financiación que les corresponde.
   "Es un planteamiento serio, con mucha sensatez, y un compromiso que estábamos deseando escuchar", ha señalado el también alcalde de Sevilla, quien ha prometido que las entidades locales se van a "apretar el cinturón" y también a ser "más eficaces y eficientes".
   No obstante, ha remarcado que hasta que no se reforme la ley de financiación local "es muy difícil saber hasta donde se puede apretar uno el cinturón", si bien ha dicho que, en cualquier caso, las administraciones públicas "siempre" deben procurar ser más eficientes, "como ocurre en cualquier empresa o familia".
   A la pregunta de si en la reunión se ha abordado la posibilidad de fusionar o suprimir entidades locales, Zoido ha asegurado que este asunto no ha salido a relucir, pero que, en todo caso, la intención es "controlar y racionalizar el gasto público" porque "no puede haber dos órganos dentro de una misma administración haciendo lo mismo".
   En cuanto a la fijación de sanciones a los que no cumplan, Zoido ha dejado claro que las entidades locales aceptan "los principios básicos de la estabilidad presupuestaria porque es la única manera de empezar a crecer y crear empleo".
   Aunque ha manifestado que está "convencido" de que los ayuntamientos cumplirán estos compromisos, ha subrayado que "el que no lo haga tiene que asumir las consecuencias" y que "el rigor es el mismo para todos porque es la credibilidad del Estado la que está en juego".
   El presidente de la FEMP ha agradecido a Montoro haber recibido a los ayuntamientos cuando el Gobierno "acaba de llegar" para abordar la difícil situación financiera por la que están pasando las administraciones locales.

De Guindos aboga por controles trimestrales a las cuentas de las CCAA

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que, en su opinión, sería "perfecto" que los controles a las cuentas autonómicas se hicieran cada tres meses, pero en todo caso ha dicho que deben ser controles "suficientes" porque lo que hay ahora no ha funcionado a la vista de la desviación de los objetivos de déficit público de las comunidades. "Ellas saben mejor que yo (que se les ha ido la mano)", ha apuntado.

   De Guindos, en declaraciones a TVE , ha subrayado que el Gobierno "no pretende hacer de policía" de las comunidades autónomas, aunque ha subrayado que tiene que haber más transparencia y la asunción de responsabilidades por parte de las comunidades en el objetivo de déficit, cuestiones que figurarán en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Ejecutivo aprobará este viernes en el Consejo de Ministros.
   El titular de Economía ha insistido en que el déficit fijado para este año es del 4,4% del PIB, que el cumplimiento de los compromisos con Bruselas es ineludible e imprescindible para volver a generar confianza, pese a que no va a ser "ni sencillo ni fácil" conseguirlo y ha costado medidas "dolorosas" como el recargo temporal en el IRPF.
   De Guindos, que ha descartado una subida del IVA por ser un impuesto más "indiscriminado" que el IRPF y la implantación por ahora del copago sanitario, ha dejado claro que España cumplirá sus objetivos, a pesar de que el FMI ha dicho lo contrario, y ha recordado que esta institución, a la que él "toma en serio" por se una referencia importante, se equivoca también de vez en cuando.
   "La reducción del déficit público es imprescindible, pero simultáneamente tenemos que compensar esos efectos a través de reformas económicas que fomenten el crecimiento, como la reforma laboral y del sector bancario", ha destacado.
   El ministro se ha referido también a la reforma laboral, de la que ha dicho que es el "punto clave" para generar confianza, "incluso más importante" si cabe que el ajuste presupuestario que España debe llevar a cabo, habida cuenta de que el país tiene una tasa de paro del 22% y de que la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011 no arrojará "datos buenos" si sigue la tendencia del paro registrado y de la afiliación de la Seguridad Social de los últimos meses.
   En este sentido, ha recordado que España ha sido el país donde más se ha deteriorado el mercado laboral durante la crisis, más incluso que en los países que han tenido que ser rescatados. "La reforma laboral va a generar vibraciones positivas en la evolución del mercado laboral y va a mejorar la confianza", ha indicado el ministro, quien ha subrayado que también contribuirá al crecimiento económico.
   En este punto, ha afirmado que los líderes europeos ya están empezando a hacer énfasis no tanto en políticas de austeridad, sino en aquellas que estimulen el crecimiento.
   De Guindos ha señalado que la reforma laboral del Gobierno introducirá cambios en la negociación colectiva, con mayor preponderancia de los convenios de empresa, y simplificará la "selva incomprensible" de contratos que hay en España, pero no hasta llegar a un único contrato.
   "Hay que simplificarlo muchísimo. Se dice contrato único aunque no es el único que existe. Yo me estaba refiriendo a un contrato con cláusulas comunes para jóvenes, que son los que más están sufriendo la lacra del paro", ha precisado en alusión a su artículo de opinión en 'The Wall Street Journal'.
   Para el ministro, el acuerdo salarial alcanzado entre sindicatos y empresarios es positivo y una buena "plataforma de salida" para la reforma del mercado laboral que está diseñando el Gobierno y que entrará en todos aquellos aspectos en los que los agentes sociales no han sido capaces de llegar a acuerdos.
   "El acuerdo salarial no es un acuerdo completo, es un buen punto de partida y manda señal positiva, pero el Gobierno va a hacer una reforma mucho más amplia", ha manifestado el titular de Economía, que ha valorado especialmente que los agentes sociales hayan roto la vinculación de los salarios a la inflación.
   De Guindos ha indicado que el coste del despido no es una cuestión clave en España y ha explicado que lo que el Gobierno quiere evitar es que se despida a los temporales cuando cae la actividad de las empresas, introduciendo "mecanismos completamente distintos" a los actuales a través de la negociación colectiva.
   "El 35% de la fuerza laboral en España tiene un coste de despido prácticamente cero en España, los temporales, que es donde se concentra el ajuste. Queremos sustituir muchísima temporalidad por otro tipo de contratación indefinida", ha precisado el ministro, que ha añadido que el Gobierno "se tiene que ubicar en el interés general y que el interés general no es el coste del despido".
   Por otro lado, y en relación a su pasado en Lehman Brothers, entidad que quebró mientras ocupaba la Presidencia del banco para España y Portugal, el ministro ha asegurado que "si se considerara responsable lo más mínimo de la crisis económica mundial", no sería ahora ministro de Economía.
   Sobre su relación con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, De Guindos ha resaltado su respeto profesional y personal por él y ha indicado que mantienen una comunicación prácticamente diaria.

Ángel Luna asegura que Camps "es un hombre políticamente acabado"

VALENCIA.- El vicepresidente de la Mesa de las Corts y diputado socialista, Ángel Luna, ha aseverado que el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, pese a ser declarado no culpable en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel' es "un hombre políticamente acabado". 

   De esta forma se ha pronunciado Luna en un comunicado, tras conocer el veredicto de absolución a Camps y al exsecretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, en una causa en la que el PSPV se personó y ha ejercido como acusación popular, y en la que el propio dirigente socialista firmó la denuncia que ha acabado en este proceso.
   No obstante, Luna ha advertido de que "aún falta por sustanciar el proceso más importante, que es el de la presunta financiación irregular del PP y los contratos con la trama Gürtel, que se tramita también ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana".
   El diputado socialista ha destacado el trabajo realizado desde el PSPV, labor que ha definido como "una pelea contra viento y marea" que, según ha señalado, "no ha sido inútil".
"Hemos tenido que soportar muchos ataques, pero hemos conseguido quitar de la circulación a un president que no era digno de ser presidente de esta comunidad", ha manifestado.
   Sobre el futuro político de Camps, Luna ha señalado que no cree que nadie dentro del PP "piense en rehabilitar a alguien que está desacreditado, no sólo por su comportamiento, sino por su gestión". 
"Los impagos de la Generalitat en estos momentos son tan escandalosos que hasta el propio presidente --Alberto-- Fabra ha dicho que le da vergüenza", ha denunciado.
   "Yo creo que en estos momentos en el PP tienen un problema", ha afirmado el diputado socialista, tras incidir en que el proceso, además de para conocer la "extravagancia" de la personalidad de Francisco Camps, "ha coincidido también con que se conozca la desastrosa gestión que ha protagonizado" el expresidente en la Comunitat.

Compromís dice que el juicio ha demostrado que Camps "abrió la puerta a una banda mafiosa para hacer negocio"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianas, Enric Morera, considera que la absolución por parte de un jurado popular en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel' "evidentemente" exime al expresidente de la Generalitat Francisco Camps "de responsabilidades penales, aunque las pruebas periciales dan motivos de sobra para condenar a Camps en un tribunal profesional". 

   No obstante, Morera ha señalado que lo que ha quedado probado con las escuchas telefónicas y la documentación mostrada en el juicio y recogida en el sumario es que Camps "abrió la puerta a una banda mafiosa para hacer negocio y lucrarse a costa del dinero público de las valencianas y los valencianos", lo que ha tildado de "muy lamentable".
   El portavoz de Compromís, en un comunicado, ha subrayado que "ha quedado sobradamente demostrada la estrecha relación del expresidente y su gente de confianza con los cabecillas de la trama Gürtel y esa relación es la que ha situado al País Valencià en centro de la vergüenza política y en el epicentro del mapa estatal de la corrupción".
   Enric Morera ha señalado que la declaración de no culpable de Camps "no le absuelve de haber mentido en reiteradas ocasiones en las Corts Valencianes a las preguntas que le formulábamos desde la oposición". En este sentido, entiende que "como mínimo, el expresidente debe una disculpa pública por engañar, por ocultar la verdad, por no facilitar la documentación solicitada por la oposición y por no dar la cara, ya que hay que recordar que con Camps se pusieron de moda las ruedas de prensa sin respuestas".
   Compromís considera que la causa de los trajes "es sólo la punta del iceberg". "No podemos olvidar que también está de todo esto una trama de presunta financiación ilegal del PP --sin obviar que todavía no han pagado a la Feria de Valencia casi 600.000 euros de un acto de proclamación de Mariano Rajoy como candidato-- como también los otros frentes de corrupción abiertos, como Emarsa o Brugal, y en los que Camps también tiene cierta responsabilidad como presidente del PPCV y de la Generalitat que ha sido", ha resaltado.
   Morera también ha apuntado que si bien el jurado popular lo ha declarado no culpable, "quien sí está reconociendo la culpabilidad de Camps como mal presidente y mal gestor son los usuarios de una dañada sanidad o los alumnos que van con manta a clase, porque no lo olvidemos". A su juicio, "todo eso es fruto del despilfarro compulsivo que fomentó Camps y su equipo de consellers en las legislaturas pasadas".

El Colegio de Médicos hará una huelga general si el Consell no retira el decreto de recortes

VALENCIA.- La asamblea del Colegio de Médicos de Valencia, celebrada este miércoles, ha decidido trasladar a los sindicatos la "voluntad mayoritaria" de este órgano de hacer una huelga general de la sanidad pública si el Consell no retira el decreto-ley de medidas urgentes para la reducción del déficit.

   Así lo ha explicado la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Rosa Fuster, quien ha señalado que por una "mayoría casi absoluta" se ha decidido ir a la huelga general si la Generalitat no retira el decreto de recortes.
   No obstante, ha indicado que como ni la asamblea ni el Colegio pueden convocar una huelga, "se dará participación a los sindicatos de sanidad". De este modo, lo que hará el Colegio de Médicos es "transmitir a los interlocutores sociales, los que tiene capacidad para hacerlo, que la voluntad mayoritaria de los médicos presentes es ir a la huelga general si no retiran el decreto".
   Asimismo, Fuster ha señalado que en la asamblea también se han decidido "otro tipo de actuaciones, como hacer comunicados constantes con lo que consideramos denunciable", porque "el sentir general de la asamblea es que se nos ha utilizado y se nos pide a los médicos más sacrificios que a la población general".
   Al respecto, la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia ha dicho que aceptarían hacer "sacrificios" si antes, "aunque fuera ejemplarizante, lo hicieran todos los que nos han llevado a la situación de crisis".
   Durante la asamblea se han escuchado otras propuestas como pedir la dimisión del conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, y la de todos los directivos económicos de la Generalitat.
   Rosa Fuster ha hecho hincapié en que se ha intentando "no politizar la asamblea" porque "esto no puede ser más que una lucha profesional y jamás convertirse en una lanzadera de unos partidos contra otros".

Colegios concertados de la Comunitat promueven donativos para paliar "la grave situación" por los impagos del Consell

VALENCIA.- Algunos colegios concertados de la Comunitat Valenciana han decidido impulsar el cobro de un donativo, siempre de carácter voluntario, para paliar la "grave situación" que están sufriendo a causa de los retrasos de los pagos que ha de hacerles la Generalitat, según ha informado la presidenta de Escuelas Católicas Comunidad Valenciana (ESCACV), Vicenta Rodríguez. 

   Uno de estos casos es el del Colegio Nuestra Señora de la Consolación, de Castellón, que ha informado a los padres de que, a partir del próximo mes de febrero, los progenitores que así lo deseen pueden contribuir con un donativo de 30 euros, en el caso de tener un hijo matriculado en el centro, o de 60, si es más de uno, para ayudar a superar una situación "insostenible", ha confirmado esta portavoz.
   El pago de estas cantidades es siempre voluntario y se tratará como una donación para que se pueda desgravar, algo que, según ha recordado Rodríguez, "permite la ley".  
   En la propia web del centro, se explica que, a fecha de 31 de diciembre de 2011, la Conselleria de Educación debía 177.211,88 euros de la partida de gastos de funcionamiento, con la que se costean gran parte de los costes salariales y Seguridad Social del personal de administración y servicios, los suministros de luz, agua, teléfono, internet y calefacción, los gastos de limpieza, material didáctico, de oficina y reprografía, laboratorios, talleres, mobiliario escolar y las reparaciones ordinarias y de reposición de los inmuebles.
   Aunque el Consell anunció ayer que había realizado la orden de pago de parte de los gastos de funcionamiento a los centros concertados y públicos, --ya hoy se están recibiendo las cantidades en las cuentas bancarias, ha señalado Rodríguez, que ha confiado en que mañana esté todo ingresado-- el estado de las cuentas de los colegios continúa siendo "complicada" para la red concertada, ya que falta por pagar un cuatrimestre de estos gastos y otros conceptos como el bono infantil o las ayudas a la enseñanza compensatoria, ha remarcado la representante de ESCACV.  
   Por ello, ha comentado que, además de este centro castellonense, le consta que en otros colegios de la provincia de Alicante y de Valencia --en el área de Alzira, ha especificado-- han sido los propios padres los que han propuesto de manera voluntaria hacer algunos pagos para contribuir al funcionamiento del colegio.
   "Unos lo pueden hacer a iniciativa de la dirección y otros de las AMPA pero siempre de manera voluntaria", ha insistido Rodríguez.

El juez reclama a un banco información sobre las cuentas en las que Cuesta aparece como titular o autorizado

VALENCIA.- El titular del juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, encargado de investigar el presunto agujero de 17 millones de euros en la depuradora de Pinedo, ha solicitado a una entidad bancaria información sobre la totalidad de las cuentas en las que el exgerente de la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa), Esteban Cuesta, aparece como titular o como autorizado.

   Así consta en una de las últimas tres providencias dictadas por el magistrado, en la que adopta esta medida en vista a la documentación ya remitida por la entidad bancaria.
   En concreto, el magistrado solicita al director de la oficina del banco que aporte en el plazo de siete días naturales todas las cuentas abiertas en las que Cuesta sea titular o figure como autorizado. También le requiere información sobre titulares y autorizados de otras ocho cuentas.
   Junto a ello, Ríos autoriza a la Secretaría del juzgado a consultar no solo las cuentas bancarias en las que Cuesta figura como titular, sino aquellas en las que figure como autorizado. Estas consultas se unirán a la causa.
   Además de esta medida, en la misma providencia, el magistrado reclama a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) el contrato de Emarsa con Rehabilita Aqua S.L., entidad que facturó 126.770,82 euros en el año 2006.
   El administrador de esta mercantil es el ya imputado en este procedimiento Daniel Calzada, quien también administraba Llar Calzada S.L. Según indica el magistrado, el examen de las facturas emitidas por Rehabilita Aqua S.L. permite advertir "un modo de operar semejante" al seguido por el imputado por medio de la entidad Llar Calzada.
   Por este motivo, requiere a la Emshi que aporte "con carácter urgente" el contrato o contratos suscritos por Emarsa y Rehabilita Aqua al amparo del cual o de los cuales se emitió la referida facturación; así como los expedientes de contratación seguidos y los partes de trabajo que puedan obrar en sus archivos.
   En otra providencia, el magistrado acuerda no suspender la declaración de Juan Manuel Martínez señalada para el próximo 31 de enero, a las 9.30 horas, sin perjuicio del derecho que asiste a aquellas partes que no pudieran comparecer a solicitar, si lo estiman oportuno, que se practique nueva diligencia en relación con este imputado.

Compromís quiere crear un registro público de regalos de más de 50€ a políticos y funcionarios

VALENCIA.- El grupo parlamentario de Compromís en las Corts Valencianes ha presentado una Proposición de Ley para pedir que se regule el intercambio de obsequios entre empresas y particulares y las autoridades, funcionarios o empleados públicos de la Generalitat o sus organismos dependientes y que, además, se cree un registro público de "obsequios, favores o servicios en condiciones ventajosas" recibidos por éstos cuyo valor supere los 50 euros, como los ya existentes en los Ayuntamientos de Londres, Vitoria o Guadalajara, así como en las instituciones europeas, en "muchas monarquías" o en la Presidencia de Estados Unidos.

   El objetivo de esa iniciativa es distinguir "el uso social aceptado y aceptable de un obsequio que persigue una finalidad lícita o ilícita más allá del regalo, como son los bolsos de Vuitton o los trajes de Francisco Camps, Ricado Costa, Rafael Betoret o Víctor Campos" y constatar el "abismo de desconfianza, de desvergüenza, de corrupción y de desafección democrática" existente entre "la latita de anchoas" que regala el presidente de Cantabria y "el bolso de Vuitton que Rita Barberá dice que se regalan habitualmente".
   Así lo ha señalado en rueda de prensa la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mònica Oltra, que ha comparecido junto al portavoz municipal, Joan Ribó, quien presentó una moción en el Ayuntamiento de Valencia que se debatirá este viernes para la creación de un registro de regalos recibidos por la alcaldesa y los ediles y la aprobación de un reglamento en esta materia, tras enterarse en el juicio por la 'causa de los trajes' de la existencia de "regalos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de una serie de bolsos de Louis Vuitton", así como de obsequios por parte de Feria Valencia y de "una persona significada en el caso Gürtel".
   Ribó ha explicado que, con esa iniciativa municipal, pretenden "saber oficialmente de qué regalos se trata" puesto que "no están hechos por ninguna institución ni autoridad, sino que --en dos de esos tres casos-- están hechos por personas directamente implicadas en procesos judiciales de corrupción".
    "No es lo mismo regalar unas anchoas o unos sobaos pasiegos que un bolso de Vuitton", ha recalcado Ribó, quien ha subrayado que "tampoco es lo mismo que lo regale en un viaje oficial un primer ministro de cualquier país que lo regale 'el Bigotes' por unos motivos que no conocemos, pero que todos podemos pensar y que incluso ha hecho alguna información sobre ellos".
   Al respecto, ha aseverado que recibir regalos exclusivos "no es una cuestión habitual ni por su cantidad, por su valor, ni por la persona que ha hecho los regalos" y que, por tanto, esas cuestiones "hay que reglamentarlas".
"Hay que ser claros y transparentes porque si no pasan muchas cosas que acabamos de ver en un juicio que aún no ha acabado", ha zanjado.
   En la misma línea, Oltra ha argumentado que se trata de "definir cuáles son las obligaciones y los comportamientos no permitidos de las autoridades y los empleados públicos" y crear "un registro de regalos en el que cada obsequio que supere los 50 euros ha de ser comunicado y que, además, ha de ser público" y de "fácil acceso" para todos los ciudadanos. Igualmente, deberá recoger los obsequios que han sido rechazados, la finalidad dada a los aceptados e incluso cuáles de ellos "deberían pasar a Patrimonio por su especial valor".
   Ha remarcado asimismo que "no sólo se habla del político, sino de los corruptores y de los corruptibles y corruptos" y ha apuntado, en este sentido, que se debe distinguir entre un detalle a un funcionario y lo que sucede en "departamentos de urbanismos de grandes ciudades", donde algunos funcionarios "llevan móviles pagados por empresas constructoras y a veces incluso coches pagados por constructoras".
"Tiene que haber una obligación de que declare eso o de que se prohíba", ha dicho.
   El órgano encargado de fiscalizar esta cuestión sería la Sindicatura de Comptes, u otro organismo que pudiera sustituirlo, mientras que las sanciones por las faltas administrativas cometidas se fijarían según lo dispuesto en la Ley de Función Pública Valenciana.
   Además, Oltra ha anunciado que su grupo parlamentario publicará esta semana o la próxima en su página web un registro de los regalos recibidos por sus cargos públicos dada su intención de "predicar con el ejemplo".
   Con estas inicitivas municipal y autonómica, Compromís pretende "restablecer la confianza de los ciudadanos en los políticos, al menos en lo que se refiere al tráfico público de favores, obsequios o servicios inmateriales" del tipo "contrato a tu hijo dos años en mi empresa" por considerar que "del desprestigio de la política al de la democracia sólo hay un paso".

La comisión de investigación de la CAM estudirá documentación de la caja desde 2004

VALENCIA.- La comisión de investigación de la CAM ha aprobado este miércoles fija la petición de documentación de la caja a la propia entidad financiera, al Banco de España y al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) desde 2004 hasta la actualidad para estudiar la responsabilidad de gestores y fiscalizadores en el proceso que ha llevado a la CAM a una situación como la actual en la que, incluso, "podría desembocar en la desaparición de la sociedad", según consta en la convocatoria de la comisión. Sin embargo, las peticiones de comparecencias de los grupos no se podrán sustanciar hasta el próximo mes de marzo. 

   De esta manera, los grupos --excepto Compromís, en protesta porque se ha votado por separado la petición de documentación y de comparecencias-- han fijado un calendario para la Comisión que establece que ésta se reunirá de nuevo el próximo 15 de marzo a las 10.30 horas. Esta comisión tiene una vigencia de seis meses, aunque podría darse el caso de que se prorrogara --pero debería aprobarse en el pleno de las Corts--.
   Previamente, el 29 de febrero se establece como fecha tope para recibir la documentación solicitada y el 12 de marzo como límite para presentar las propuestas de comparecencias y el 18 de mayo para que se sustancien. Será en el mes de junio cuando se elabore el dictamen de la Comisión y se someta al pleno de las Corts.
   Tanto EUPV como Compromís han lamentado que 'populares' y socialistas se hayan "olvidado" del "problema" de las cuotas participativas. En este sentido, el diputado de EUPV Lluís Torró considera que los dos partidos mayoritarios han "marginado" el asunto de las cuotas participativas en la comisión.
   El PP ha aceptado todas las propuestas de petición de documentación presentadas por los grupos de la oposición, salvo un informe sobre las personas, empresas o gobiernos involucrados en negocios con la CAM en el extranjero. Tanto 'populares' como socialistas lo han considerado "poco serio". Incluso, el socialista Ángel Luna ha llegado a ironizar sobre esta solicitud y ha preguntado si habría que pedir esta documentación al FBI.
   Tanto Compromís como EUPV han protestado porque la Mesa de la Comisión haya decidido aplazar hasta marzo la votación de las comparecencias. En este punto, la portavoz de Economía de Compromís, Mireia Mollà, ha achacado esta decisión a un acuerdo entre PP y PSPV.
   "No es casual" este entendimiento --entre PP y PSPV-- para que las comparecencias --que incluyen a los expresidente de la Generalitat y responsables de la CAM, el Banco de España o el IVF-- sean en marzo, con el objetivo de "no interferir" en la compra de la entidad por parte del Banco Sabadell en ese mes. En su opinión, esto supone someter a las Corts a un "interés" externo al de la propia Cámara.
   Tanto el diputado socialista y vicepresidente de la Mesa, Ángel Luna, como el 'popular' David Serra, han criticado la intervención de Mollà y han justificado la petición de comparecencias en marzo. Se trata de estudiar primero la documentación y aprovechar así estas intervenciones "sabiendo de lo que hablamos" y solicitarlas así "con más rigor", han señalado.
   Luna ha opinado que el plan de Compromís pasa por "buscar titulares", en lugar de tomárselo con "seriedad", mientras que Serra ha afirmado -hasta en dos ocasiones- que Mollà "es un ejemplo de la 'generación NIP': "ni puñetera idea". Así, ha descalificado la intervención de la diputada de Compromís al considerar que actúa "sin conocimiento ni rigor". 
"No proponen nada serio", ha apostillado.
   La información requerida se divide en cuatro bloques. La que afecta al Banco de España y las inspecciones realizadas sobre la CAM, el requerimiento por parte del Banco de España a la propia CAM, de julio de 2011, de presentación de un nuevo plan de recapitalización y viabilidad y los escritos dirigidos al IVF sobre las inspecciones de la caja, así como la intervención del Banco de España.
   También se estudiará la estrategia empresarial de la caja de ahorros y la vinculación de la CAM con proyectos empresariales como Terra Mítica o la Ciudad de la Luz; o la relación con empresas y proyectos inmobiliarios. También la relación contractual de los propios consejeros de la caja con la entidad y las retribuciones de los mismos, entre otros asuntos.

El PSOE recuerda la "responsabilidad política" de Camps

MADRID.- El PSOE ha expresado este miércoles su respeto por la sentencia absolutoria del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y el exsecretario general del PP en esta comunidad Ricardo Costa por el conocido como 'caso de los trajes', pero ha apelado a la "responsabilidad política" del exmandatario autonómico y ha recordado que los tribunales aún están investigando la presunta financiación irregular del PP valenciano.
 
   Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en el Congreso la dirigente socialista y diputada por Valencia, Inmaculada Rodríguez Piñero, quien ha subrayado que, pese al veredicto del jurado popular, el PSOE sigue manteniendo que Camps "no estuvo a la altura de las circunstancias" y que este caso no es más que "la punta del iceberg" de la trama Gürtel.
   Rodríguez Piñero ha querido dejar claro que su partido respeta "las decisiones y sentencias de los tribunales", pero ha hecho hincapié en que "hay que diferenciar las responsabilidades políticas de las penales".
   En este contexto, ha enfatizado que en opinión del PSOE, Camps "no estuvo a la altura de las circunstancias" y que ha sido "gran parte responsable" de que Valencia haya saltado a todos los titulares por "mala gestión, corrupción, despilfarro y obras faraónicas".
   "El caso de los trajes no es más que la punta del iceberg del entramado de corrupción mayor que se conoce hasta ahora, el caso Gürtel", ha agregado Rodríguez Piñero, para recordar a renglón seguido que en este caso se incluye "la supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, donde se han despilfarrado millones de euros de todos los españoles, no sólo de los valencianos".
   Por todo ello, ha avisado a los 'populares' de que no deberían "echar las campanas al vuelo" y ha destacado que el juicio a Camps y Costa ha puesto de manifiesto, mediante las grabaciones que se han podido escuchar, la "camaradería" y el "compadreo" que existía entre el expresidente autonómico y Álvaro Pérez, apodado 'El Bigotes', uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel.
   "Y no hay que olvidar que el señor Correa sigue en la cárcel", ha añadido Rodríguez Piñero en referencia a Francisco Correa, al parecer, jefe de todo el entramado.

La sentencia absolutoria de Camps es recurrible ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía o el PSPV

MADRID.- La sentencia que absuelve al ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y al ex secretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas Ricardo Costa en el denominado "caso de los trajes" de la trama "Gürtel", cuyo fallo ha sido adelantado "in voce" por el presidente del tribunal, Juan Climent, tras conocer el veredicto del jurado, se notificará en unos días y será entonces cuando empiecen a correr los plazos para que pueda ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

   La resolución, cuyo fallo es absolutorio por obligar a ello el veredicto del jurado, debe ser aún redactada, lo que puede tardar algo más de una semana, según fuentes jurídicas.
    Una vez tengan acceso a su contenido, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular, ejercida por el PSPV, podrán presentar un recurso directamente ante el Tribunal Supremo, puesto que los hechos han sido juzgados en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dada la condición de aforados de Camps y Costa.
   Ambos han sido declarado no culpables de haber recibido trajes como regalo de la trama Gürtel, por cinco votos a cuatro.
   Así lo ha decidido el tribunal del jurado que les ha juzgado durante casi siete semanas, por un total de cinco votos a cuatro. Al oír el veredicto del jurado popular, el público que llenaba la sala ha estallado en aplausos, lo que ha llevado al magistrado-presidente del tribunal, Juan Climent, a desalojar esta dependencia.

Camps y Costa, no culpables de haber recibido regalos de la trama por cinco votos a cuatro

VALENCIA.- El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, han sido declarado no culpables de haber recibido trajes como regalo de la trama Gürtel, por cinco votos a cuatro.    

Así lo ha decidido el tribunal del jurado que les ha juzgado durante casi siete semanas, por un total de cinco votos a cuatro. Al oír el veredicto del jurado popular, el público que llenaba la sala ha estallado en aplausos, lo que ha llevado al magistrado-presidente del tribunal, Juan Climent, a desalojar esta dependencia.

El magistrado-presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, ha dictado este mismo miércoles una sentencia absolutoria del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y del exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, en relación al delito de cohecho impropio pasivo del que eran acusados en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel'. 

   Climent ha pronunciado esta sentencia absolutoria 'in voce' tras la lectura de los 21 puntos del objeto del veredicto sobre el que han decidido los nueve miembros del tribunal popular --seis hombres y tres mujeres-- que, por cinco votos a cuatro, han declarado no culpables a los dos acusados. 

   Posteriormente, ha levantado la sesión de una vista que se inició el pasado 12 de diciembre y que se prolongó hasta el pasado viernes 20 de enero, a la que han seguido dos días de deliberación por parte del jurado.

La portavoz de EUPV en las Cortes y coordinadora de la formación de izquierdas, Marga Sanz, ha señalado este miércoles que la absolución del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel' "no puede confundir la responsabilidad penal con la política". A su juicio, la absolución de Camps "no afecta a su inhabilitación política" que está "más que demostrada".

   "Camps está inhabilitado políticamente desde hace mucho tiempo, no sólo por los casos de corrupción por los cuales se ha visto salpicado, sino también por la desastrosa gestión que ha conducido a la ruina al País Valenciano", ha subrayado Sanz, quien ha destacado que, por ello, seguirán pidiendo su dimisión como cargo público "una y mil veces".

   La dirigente de EUPV ha señalado que la absolución de Camps "viene después de un juicio en el que se han conocido más detalles de la red de favores corrupta en favor de una camarilla de personajes que se lucraban y que presuntamente financiaban al PP".

   "Este es el fondo de la cuestión, al margen que la justicia absuelva a Camps y a Costa de un delito de soborno impropio. Que su conducta no sea punible penalmente no quiere decir que no sea despreciable política y éticamente", ha subrayado.

   Al respecto, Sanz ha indicado: "nos preocupa la distancia entre la ética, la política y la justicia, y que el modelo implantado de la corrupción se vea considerado como normal entre la ciudadanía". Por eso, considera que cualquier persona implicada o imputada en un caso de corrupción "tiene que estar apartada de los cargos públicos, y Camps y Costa tienen que ser los primeros".