El Consell presenta las instrucciones para acotar las retribuciones de directivos de empresas públicas y fundaciones

VALENCIA.- La portavoz del Consell, Lola Johnson, ha informado de que el Gobierno valenciano ha presentado las instrucciones que regulan el Decreto-Ley de medidas de ahorro en el sector público, para acotar los sueldos de los directivos de empresas y fundaciones públicas. Sin embargo, desconoce el ahorro y la personas a las que afectará y ha apuntado que podrán haber excepciones que deberán ser aprobadas por el pleno del Gobierno valenciano. 

   Johnson se ha expresado de esta manera tras el pleno del Consell, en el que ha presentado las instrucciones que regulan los sueldos del personal directivo del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, que afectará a 71 entidades, incluidas RTVV y la Agencia Valenciana de Turismo. Este acuerdo desarrolla el Decreto-Ley de medidas urgentes de régimen económico y financiero del sector público empresarial y fundacional de la Administración valenciana.

    La portavoz del Consell ha indicado que estas instrucciones afectarán a 71 entidades de la Generalitat, e incluye RTVV y la Agencia Valenciana de Turisme.

   En este sentido, ha explicado que con esta medida se equiparan las retribuciones de estos directivos a las de un director general de la Generalitat, cuyo sueldo es de 55.000 euros brutos al año. "No podrán tener incrementos diferentes a los que se fijen en los presupuestos, ni experimentar modificaciones al alza en algunos casos", ha agregado.

   Asimismo, se contempla que los contratos no podrán contener "pactos sobre indemnizaciones sobre ceses". Así, antes del 4 de abril de 2012 --según establece el Decreto-Ley--, "todos los contratos que contengan este tipo de pactos deberán modificarse".

   Sin embargo, Johnson ha apuntado que se establecen "excepciones" que serán "personales" y "deberán ser aprobadas por el pleno del Consell". Además, estarán "motivadas y razonadas", ha explicado Johnson que, a preguntas de los medios, ha asegurado que se darán a conocer estas excepciones.

   Preguntada por el ahorro y el número de personas afectadas, Johnson ha señalado que "exactamente" no lo sabe. "En estos momentos tampoco está cuantificado el ahorro que podría suponer".

   También a preguntas de los medios ha señalado que desde la aprobación del Decreto-Ley, ya se han reducido "algunos" sueldos pero desconoce el número de ellos. La portavoz del Consell ha apuntado que hay que ir "paso por paso" a la hora de revisar cada caso.

   Por otro lado, preguntada por la nueva ley de RTVV, la portavoz del Consell ha explicado que "no hay ninguna novedad" tras el anuncio realizado ayer por el director general del ente en las Corts. Johnson ha explicado que "se trasladarán" a los grupos parlamentarios en las Corts "lo más pronto posible".

   Estas bases para reformar la base legal de RTVV se incluyen en el decálogo de pactos que remitió el Consell a la oposición tras la toma de posesión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

   Inquirida en este sentido por el ritmo de contactos entre el Gobierno valenciano y la oposición, Johnson ha indicado que "no hay un plazo de tiempo" para alcanzar acuerdos aunque ha afirmado que "se continua trabajando en cada uno de los temas".

   Preguntada por si el Consell ha incluido algún punto de los que proponía la oposición en esta negociación, la portavoz del Consell ha dicho que no lo sabe porque "desconoce" porque corresponde este asunto a la vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León.

Compromís pide a la Generalitat que se persone en el 'caso Emarsa' tras el escándalo de malversación

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha pedido este viernes que la Generalitat "se persone en la denuncia contra toda la cúpula directiva y política de Emarsa por la extrema gravedad de todas las informaciones que se están haciendo públicas y que demuestran un saqueo ilimitado de los recursos públicos". 

   Así lo ha indicado en un comunicado en relación con la declaración realizada por el exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia S.A. (Emarsa), Esteban Cuesta, en el juzgado que investiga el presunto saqueo en la gestión de la depuradora de Pinedo, y donde afirmó que la entidad pagó varias noches de hotel a una mujer procedente de Rumanía para traducir documentos y proyectos. A Cuesta se le preguntó por si conocía a cuatro mujeres de ese país que presuntamente se alojaron en hoteles de la Comunitat y cuyos vuelos también fueron pagados por la entidad.

   Morera ha señalado en un comunicado que, en el Día Internacional contra la Violencia de Género, "también tenemos que pedir una actuación ejemplar contra todos aquellos que presuntamente han contratado servicios sexuales con el dinero de Emarsa, un dinero que ha sido destinado a la explotación sexual de mujeres que es, al final, otra forma de violencia de género".

   El síndic de Compromís considera que aquí "nos escandalizamos con los asuntos sexuales de Berlusconi, o con los negocios de la mafia napolitana con la basura en Italia cuando aquí está pasando lo mismo pero peor todavía, porque la mafia ha sido instaurada y protegida por el partido del poder y si el presidente de la Generalitat quiere demostrar que él es diferente a su predecesor, es necesario que encabece una acción ejemplar", "facilite la tarea a la justicia y a la oposición" y "aparte de la vida pública a todas aquellas personas que estén implicadas en este caso de corrupción y saqueo".

   "Esas personas no tienen que tener nunca más ninguna responsabilidad en la administración ni en empresas públicas porque han demostrado que no tienen una vocación de servicio público, sino una vocación de delinquir y de beneficiarse", ha manifestado.

También el portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), Ramón Marí, ha exigido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que "den explicaciones sobre las presuntas traductoras rumanas que se alojaron en hoteles de lujo con dirigentes del PP" a cargo de la empresa pública Emarsa, que gestionaba la depuradora de Pinedo y cuya gestión está siendo investigada en el juzgado.

   Marí ha señalado que un comunicado que éste es "un escándalo mayor de lo que nunca pudimos imaginar", y ha calificado de "auténtica vergüenza" los datos conocidos a través de la investigación judicial, que ha recordado que se inició "gracias al Partido Socialista". El dirigente del PSPV ha lamentado que Barberá, el presidente provincial del PP, Alfonso Rus, y Fabra "consientan que nos suban el agua para pagar el agujero generado por la corrupción y el abuso de Emarsa".

   El también diputado provincial ha destacado que Rita Barberá "controla la mayoría de la Entidad Metropolitana y tiene una inmensa responsabilidad política en el caso" y ha considerado que "nadie puede explicarse por qué se pagaba a unas mujeres rumanas los viajes desde Rumanía y se alojaban en hoteles con dirigentes del PP que trabajaban en la depuradora".

"Yo creo que todos sabemos de qué tipo de traductoras estamos hablando, de las que hablan francés, griego y el kamasutra, y esto es una vergüenza", ha añadido.

   Marí ha recalcado que el Consell "deberá dar explicaciones por todo esto, ya que el dinero saqueado procede lo recaudado a través del canon de saneamiento para la Epsar". En este sentido, ha manifestado que "altos cargos" de la Epsar y la Conselleria de Medio Ambiente "ordenaron la contratación de determinadas empresas y fijaron precios abusivos para los lodos, según se desprende de los interrogatorios realizados hasta el momento".

   "Casualmente hoy sabemos que el Gobierno autonómico firmó contratos millonarios con las empresas investigadas", ha añadido y ha subrayado que en la etapa que se investiga, la Generalitat "multiplicó la inversión de dinero público en Emarsa, sin justificación alguna, ya que el agua depurada se mantuvo estable". El grupo socialista en las Corts ha pedido la comparecencia de la consellera responsable de la Epsar, Maritina Herández, para que dé cuenta en la cámara autonómica de la gestión del PP.

El Consell "trabajará todo lo posible" para que el vicepresidente de Bankia "sea un valenciano"

VALENCIA.- La portavoz del Consell, Lola Johnson, ha asegurado que desde el Gobierno valenciano "se trabajará todo lo posible para que el vicepresidente de Bankia "sea un valenciano", tras la dimisión de José Luis Olivas. 

   Johnson se ha expresado de esta manera tras el pleno del Consell al ser preguntada por la postura del Gobierno valenciano respecto a la continuidad de José Luis Olivas al frente de Bancaja, tras su dimisión como vicepresidente de Bankia y como presidente del Banco de Valencia. También ha sido inquirida por la presencia valenciana en Bankia.

   Respecto a esta última cuestión, la portavoz del Consell ha señalado que "según los acuerdos de fusión, corresponde a Bancaja" designar al vicepresidente de Bankia. Por tanto, "lo que deseamos es que lo más pronto posible y porque eso repercutirá en positivo, estas entidades alcancen el nivel máximo de estabilidad".

   El Consell desea estas entidades "estén estabilizadas lo más pronto posible" y "mantener en la medida de lo posible el reconocimiento que tienen dentro de la sociedad valenciana a nivel empresarial y económico", ha subrayado.

   Johnson ha remarcado, tras más preguntas de los medios, que desde el Consell, "se trabajará todo lo posible para mantener ese peso --valenciano-- y que el vicepresidente --de Bankia-- sea un valenciano".

   "Intentaremos que se mantenga el peso valenciano en Bankia". Sin embargo el Consell "debe asumir sus competencias y las entidades financieras las suyas" porque el Gobierno valenciano "no puede asumir las competencias que no le corresponden", ha apuntado.

   En cuanto a la presencia de Olivas al frente de Bancaja y la opinión del Consell al respecto, Johnson ha reiterado que "en el ejercicio de sus funciones, todo el mundo tomará las mejores decisiones posibles, cada uno en las que le corresponda".

El PP propone a Juan José Ortiz como nuevo senador territorial por la Comunitat

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario 'popular' en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, ha anunciado este viernes que va a proponer, en nombre de su formación, a Juan José Ortiz como candidato a senador territorial por la Comunitat Valenciana.

   Blasco ha señalado que con esta propuesta se continúa adelante, "con absoluta celeridad" con los trámites para que el parlamento autonómico designe "próximamente"" al nuevo representante en la Cámara Alta que corresponde a la Comunitat Valenciana por el incremento de población.

   Juan José Ortiz (Fontcouverte-Francia, 1945) ha sido senador por Castellón desde 1989 a 1996 y desde 2004 hasta la actualidad. Entre los años 1996 y 2004 fue diputado nacional, según ha informado el grupo parlamentario en un comunicado.

   Blasco ha informado, asimismo, de que propondrá a José Luis Prats Hernández como suplente. Prats, nacido en 1962 y licenciado en Medicina, fue alcalde de Castalla (Alicante) desde 2007 y hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo. Actualmente es portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de la misma localidad.

   El síndic popular ha señalado que la designación del nuevo senador territorial tendrá lugar en las próximas semanas en un pleno de las Corts, y ha recordado que este nuevo representante de los valencianos en la Cámara Alta le corresponde al Partido Popular Popular en aplicación de la llamada Ley d'Hondt, de acuerdo con lo que establece la Ley 9/2010, del 7 de julio, de designación de senadores en representación de la Comunitat Valenciana.

El Ayuntamiento de Valencia aprueba inicialmente el presupuesto de 2012 con el respaldo de PP

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado inicialmente este viernes, en el pleno ordinario del mes de noviembre, el presupuesto del consistorio para 2012, que asciende 715.845.394,90 euros, una cifra que supone un descenso del 1,7 por ciento respecto al de 2011. 

   Las cuentas municipales, que se han votado junto a la plantilla de personal para el próximo ejercicio, han salido adelante con los votos a favor del PP, al frente del gobierno local, y en contra los de los tres grupos de la oposición, PSPV, Compromís y EU. Estos últimos han criticado que en estas cuentas se dé prioridad a pagar deuda, que no aumenten las inversiones y que no se favorezca la creación de empleo.

   El presupuesto consolidado del consistorio para el próximo año -en el que se incluyen los organismos autónomos y las empresas municipales-- asciende a 783.834.406,59 euros, lo que representa un 0,56% menos que en 2011. El concejal de Hacienda, Silvestre Senent, ha explicado durante el debate que para hacer estas cuentas se han tenido como "criterios generales, la congelación de impuestos, la estabilidad presupuestaria y la disminución en la participación de los ingresos del Estado".

   Ha indicado que a la vez se garantiza el mantenimiento de "la plantilla y las políticas sociales y de empleo". Senent ha dicho que "la grave crisis" actual "se ve reflejada en la disminución de ingresos del ayuntamiento" y ha apuntado respecto a los recortes que estas cuentas "manifiestan el control del equipo de gobierno con el déficit presupuestario". Ha asegurado que el de Valencia es "un ayuntamiento saneado y con credibilidad financiera".

   El edil 'popular' ha resaltado que "con este presupuesto se garantizan al ciudadano todos los servicios". "Se mantienen los servicios públicos y se comprometen las inversiones en curso", ha afirmado, además de precisar que "es responsabilidad del Ayuntamiento mantener las inversiones y no abandonarlas una vez hechas". Asimismo, ha defendido que el de 2012 es un presupuesto "equilibrado" y "austero" que "no reduce la calidad y eficiencia de los servicios".

   Igualmente, ha expuesto que es una propuesta "social" que está "muy ajustada" a la situación de la ciudad y que en ella se mantienen "los gastos sociales y las políticas activas de empleo". Se trata, ha aseverado, de unas cuentas con las que el PP "renueva la ilusión y el compromiso con todos los valencianos". Ha recordado, en este sentido, que tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo son "el primer presupuesto de un nuevo mandato".

   Respecto a la amortización de deuda y las críticas de la oposición al respecto, Silvestre Senent ha señalado que las recomendaciones de la Unión Europea a las administraciones públicas son "bajar la deuda", ha manifestado que esto es algo que hay que hacer "para sanear la economía" y ha apuntado que así se pagan también menos intereses.

   Por su parte, el portavoz del PSPV, Joan Calabuig, ha justificado el voto en contra de los socialistas a este presupuesto por tratarse de un proyecto "lastrado por una gestión que ha endeudado a la ciudad en tiempos de bonanza" y que se ha basado en "decisiones erróneas" que "han dejado a Valencia desarmada" en la actualidad y que "han generado una descomunal deuda de 890 millones de euros".

   Calabuig ha destacado que la de Valencia es "la segunda ciudad más endeudada de España", algo que ha negado Senent, y se ha mostrado a favor de reducir la deuda pero "de manera responsable". Tras ello, ha censurado que el presupueste dé "prioridad al pago de deuda" y ha dicho que ésta debería ser "la inversión y crear empleo" para reactivar la economía.

   El socialista ha considerado también que los de 2012 son "unos presupuestos irreales" que generarán "desfases" y que tendrán "un gran impacto en la actividad de las empresas proveedoras" porque puede contribuir a su cierre y a despidos. Ha censurado "importantísimas subidas" de precios públicos en entidades municipales como la deportiva y recortes en educación y juventud.

   Ha manifestado que las cuentas del próximo ejercicio son "continuistas" y que no son las que necesita la capital valenciana. Por otro lado, el portavoz de EU, Amadeu Sanchis, ha manifestado la oposición de su grupo al presupuesto, pero su acuerdo con el mantenimiento de la plantilla. La edil de este grupo Rosa Albert ha criticado que las cuentas "abandonan" el concepto de los ayuntamientos como "dinamizadores de la economía y el empleo" y suponen un "retroceso en la calidad de vida de los valencianos".

   En este sentido, Albert ha apuntado que "no garantizan una adecuada prestación de servicios públicos básicos" y que "renuncian a inversión", además de rechazar se destine más a refinanciar deuda y pagar intereses. EU ha planteado la necesidad de contar con una ley de financiación local para no depender de las transferencias de administraciones y ha instado al PP a pedirla al nuevo Ejecutivo central.  

   Los representantes de esta formación han criticado que se den "recortes" en deportes, Universidad Popular, transportes, juventud y cultura y han mostrado su voluntad de trabajar para "mejorar las cuentas". Por otro lado, el portavoz de Compromís, Joan Ribó, ha apuntado que el presupuesto de 2012 muestra que en los últimos años "se han hecho mal las cosas" y que el PP ha actuado como "la cigarra" y no como la "hormiga" porque "ha gastado cuando tenía recursos" y ha aumentado la deuda.

   Ribó ha advertido de que ahora "se ha de recudir todo" y que "uno de cada cinco euros" se ha de destinar a afrontar lo que el PP gastó "en el tiempo de las vacas gordas", además de acusar al PP de paralizar la economía y no crear empleo. Así, ha criticado que no haya "casi dinero para inversiones" y que se destinen partidas a "cosas no necesarias" como comprar casas en El Cabanyal, mantener el Puente de las Flores y hacer un nuevo Pont de Fusta.

   El representante de Compromís ha lamentado el "abandono" del teatro y la danza aunque son "puestos de trabajo" y la merma de calidad de los servicios municipales, al tiempo que ha emplazado al gobierno local a ahorrar en seguridad, escoltas de ediles, después de que ETA haya anunciado el cierre definitivo de la violencia.  servicios.

De la Oliva dice que la "imparcialidad" y la "independencia" son los mejores aliados en las causas con aforados

VALENCIA.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia en la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha afirmado que la "imparcialidad" y la "independencia" son los "mejores aliados" en las causas que tramita el tribunal con personas aforadas, y ha resaltado que son éstas las que colocan la atención pública sobre esta institución, que en el ámbito de esta autonomía se ha encargado de casos como el de Gürtel, en el que está acusado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que se sentará en el banquillo el próximo 12 de diciembre.

   De la Oliva --que no ha hecho referencia a ningún asunto en concreto-- se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en el acto de toma de posesión de María Pía Calderón como nueva magistrada de la Sala Civil y Penal del TSJCV, al que también han acudido, entre otros, la portavoz y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo y Fernando de Rosa, respectivamente.

   La presidenta del TSJCV, quien ha subrayado la capacidad de trabajo y la brillante carrera de la nueva magistrada, ha indicado que la Sala de lo Civil y Penal "tiene, asume y vive apasionantes desafíos jurídicos", ya que estudia casaciones que son "auténticas joyas" para un jurista, y que "ponen a prueba" la capacidad de los magistrados para dar respuesta a situaciones "jurídicamente complejísimas".

   Asimismo, ha resaltado que esta Sala asume, también, las causas que tienen el aforamiento. Estas son, a su juicio, "las que colocan sobre nosotros la atención pública, las que más conocen los ciudadanos". Son aquellas en las que --ha agregado--, "el estudio, la capacidad de análisis, la independencia que nos define y que defendemos y la imparcialidad que nos caracteriza, son los mejores aliados".

   Pilar de la Oliva también ha señalado que el procedimiento, es decir, esa especie de ruta de los asuntos judiciales, ese manual para la "perfecta construcción" de una causa es, probablemente, el "más complejo" de los deberes a los que se enfrentan los jueces. "En su buen desarrollo descansan las garantías que todo justiciable debe tener", ha apostillado.

   Asimismo, De la Oliva ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge una de esas afirmaciones que ilustran la "necesaria" combinación entre el desarrollo procesal impecable y el tiempo invertido en ello. "Justicia efectiva significa plenitud de garantías procesales. Pero tiene que significar, a la vez, una respuesta judicial más pronta, mucho más cercana en el tiempo a las demandas de tutela y con mayor capacidad de transformación real de las cosas", ha añadido.

   Se agrega en esa misma exposición de motivos que "Justicia efectiva significa, por tanto, un conjunto de instrumentos encaminados a lograr un acortamiento del tiempo necesario para una definitiva determinación de lo jurídico en los casos concretos, es decir, sentencias menos alejadas del comienzo del proceso, medidas cautelares más asequibles y eficaces, ejecución forzosa menos gravosa para quien necesita promoverla y con más posibilidades de éxito en la satisfacción real de los derechos e intereses legítimos", ha puntualizado.

   Asimismo, ha agregado que Justicia efectiva significa "mejores sentencias que dentro del sistema de fuentes del Derecho, constituyan referencias sólidas para el futuro y contribuyan así a evitar litigios y a reforzar la igualdad ante la ley, sin merma de la libertad enjuiciadora y de la evolución y el cambio jurisprudencial necesarios".

   Por su parte, María Pía Calderón ha indicado que estaba "muy emocionada" y considera que tiene por delante un reto "enorme" aunque ha afirmado que está en las "mejores manos" porque los magistrados que componen la sala "no pueden ser más maravillosos, personal y profesionalmente". "Espero hacer las cosas lo mejor posible", ha apostillado.

El 75% de los ayuntamientos valencianos han remitido en plazo sus cuentas a la Sindicatura de Comptes

VALENCIA.- El 75 por ciento de los ayuntamientos valencianos ha cumplido con el plazo de presentación de sus cuentas ante la Sindicatura de Comptes, que finalizó el pasado 31 de octubre, un porcentaje que se sitúa muy por encima del 41 por ciento que el pasado año remitió sus cuentas en el plazo legal establecido.

   Según los datos ofrecidos por la Sindicatura, han presentado sus balances 409 de los 542 municipios, por lo que quedan 80 localidades pendientes de realizar la presentación de sus cuentas. De los 80 municipios que tienen pendiente la presentación de sus balances más de la mitad (41) corresponden a la provincia de Valencia, 23 son de Castellón y 16 de Alicante.

   Para estos ayuntamientos la Sindicatura ha dado de plazo hasta el 31 de diciembre para presentar las cuentas y ser incluidos, así, en el Informe de la Cuenta General de Entidades Locales.

   Entre estos municipios destacan, por su población, Elche en la provincia de Alicante, o Gandia y Torrent en Valencia. Se da la circunstancia de que esta última localidad tiene también pendiente la cuenta de 2009, mientras que Sueca, también en Valencia, no ha rendido las cuentas de 2006, 2007, 2008 y 2009.

   Tampoco han presentado este año las cuentas en el plazo legal Crevillent, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Altea o Santa Pola, en Alicante; Mislata, Ontinyent, Paiporta, Rafelbunyol, Xàtiva, Xirivella, Benetússer o Vilamarxant, en Valencia; y Nules o Vilafamés en Castellón.

   Según ha destacado la entidad de control, el objetivo es lograr "la máxima transparencia en la gestión pública" y, por ello continuará "realizando las acciones emprendidas en los últimos años para situar la tasa de rendición en el cien por cien".

   Entre estas medidas se incluyen acuerdos con las diputaciones provinciales para facilitar la rendición, la realización de requerimientos conminatorios o, incluso, la imposición de multas en colaboración con el Tribunal de Cuentas.

El TSJCV condena a Ford a pagar 9.000€ a CGT por discriminar a los afiliados en la aplicación de los ERE

VALENCIA.-   La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a Ford España S.L. a pagar 9.000 euros a la Confederación General del Trabajo (CGT) por discriminar a los empleados afiliados a este sindicato en la aplicación de los EREs durante los años 2008 y 2009 y en las promociones profesionales desde el año 2003 a 2010, según consta en la resolución.

   De esta manera, el tribunal valenciano ha confirmado la sentencia dictada por el juzgado de lo Social número 10 de Valencia, que condenó a Ford a pagar estos 9.000 euros por vulnerar el derecho a la libertad sindical del sindicato. Asimismo, se le obligaba a publicar la sentencia en sus tablones y en su página web.

   El tribunal estima probado que en los EREs aprobados el 26 de septiembre de 2008 y el 24 de diciembre del mismo ejercicio se observa una diferencia porcentual de los trabajadores afectados en perjuicio de los afiliados al sindicato. Esta desproporción podría ser casual o puntual, pero sin embargo la misma se prolonga en el tiempo y alcanza notable importancia en el ERE del 4 de mayo de 2009, en el que resultan afectados un 21,40 por ciento de los trabajadores elegibles, de los que un 45,85 por ciento eran afiliados a CGT.

   Se aprecian, por tanto, indicios de vulneración del derecho a la libertad sindical, "indicios que no han resultado desvirtuados por la empresa demandada", puntualiza. Así, entiende que la selección de los trabajadores afectados por el ERE "no responde a criterios objetivos".

   Así, el TSJCV también señala que ha habido un "uso arbitrario" que ha afectado "de modo mayoritario" a los afiliados al sindicato CGT en todos los EREs que se han sucedido en los años 2008 y 2009 y en todas las promociones profesionales desde el año 2003. "La falta de impugnación de los datos ofrecidos por el sindicato al respecto, y no impugnados por la empresa demandada, son lo suficientemente significativos".

   En cuanto a la regulación de los Planes de Desarrollo Profesional, señala la empresa que las promociones son realizadas atendiendo a criterios de la Comisión Paritaria de Seguimiento de cada uno de ellos, y apunta que "resulta razonable" pensar que los afiliados a CGT "pueden tener menores méritos personales y profesionales que otros trabajadores".

   Estas afirmaciones --agrega el tribunal--, "no basadas tampoco en motivos razonables", entienden que una diferencia porcentual entre lo proporcionalmente representativo y lo efectivamente obtenido "no es demostrativo de un actuar discriminatorio".

   Al respecto, el tribunal recuerda que para la promoción de los trabajadores son los superintendentes de cada sección los que presentan la lista de candidatos a la promoción, que posteriormente se eleva a una comisión paritaria, por lo que es la previa inclusión en la lista, es decir, la previa conducta de la empresa, la que "ha determinado el ámbito personal sobre el cual se ha procedido a establecer los criterios de elección de los trabajadores a promocionar".

   Pero, además, valora las manifestaciones de dos testigos que declararon ante el juez, uno de ellos afiliado actual al sindicato CGT, que comentó que un delegado sindical de otro sindicato le ofreció promocionar si se afiliaba al mismo; y otro exafiliado que promocionó al darse de baja en CGT y afiliarse al sindicato mayoritario, cuestión que estima como demostrativa de la situación "discriminatoria".

   CGT declara que esta sentencia "pone al descubierto la represión sindical" que Ford-España "viene ejerciendo hacia los afiliados de este sindicato" y, al mismo tiempo, "da la razón a las numerosas denuncias públicas que la sección sindical de CGT en Ford-España viene realizando en los últimos años", ha señalado.

Las acciones de Banco de Valencia se deprecian casi un 50%

MADRID.- Los títulos de Banco de Valencia se han depreciado un 47,06% esta semana, después de que el Banco de España decidiera intervenir a la entidad el pasado lunes 21 de noviembre mediante la inyección de 1.000 millones destinados a fortalecer su capital y de 2.000 millones en créditos para asegurar su liquidez. 

   El primer banco intervenido desde Banesto cerró la sesión de este viernes con un valor por acción de 0,405 euros, frente a los 0,765 euros que cotizaba el pasado 18 de noviembre y los 0,74 euros que marcaba justo antes de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendiera su cotización en el mercado continuo. En la jornada de hoy, la entidad valenciana perdió un 23,58%.

   Este miércoles el Banco de España calculaba además que la entidad registra un déficit de provisiones al cierre del primer trimestre de al menos 562 millones, deterioro que podría resultar superior a la vista de su exposición al ladrillo.

   El instituto presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha sustituido además a los gestores de Banco Valencia, participado en un 27% por el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), por sus propios administradores con el objetivo de estabilizarlo y recapitalizarlo con el fin de afrontar su posterior enajenación en un proceso competitivo.

Un prestigioso economista le marca la hoja de ruta a Rajoy

BURGOS.- El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe ha pedido al futuro presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que lea a Maquiavelo y sus tesis sobre que "los actos de rigor se tienen que hacer al principio y de golpe", mientras que las decisiones benévolas se pueden distribuir más a lo largo del tiempo.

   El economista ha acaparado buena parte del protagonismo del último panel de un evento, organizado por Caja de Burgos, con una recomendación literaria al líder 'popular' para realizar una apuesta por que los ajustes económicos que se deben afrontar en España tienen que llegar, a su juicio, justo al inicio de la legislatura "y de golpe" para no "caer en errores" cometidos por el presidente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero quien, según ha apuntado, "habló de brotes verdes y después aplicó recortes".

   Para Manuel Conthe, la solución financiera en España pasa por configurar "una tijera con dos hojas". La primera afecta a una reforma "profunda" del mercado de trabajo orientada a la eliminación de contratos eventuales con el establecimiento de un modelo único estructurado con indemnizaciones crecientes.

   El segundo ámbito es la reforma fiscal y de financiación, para lo que ha apuntado ideas como la "supresión de televisiones autonómicas", la reforma de las universidades públicas y la introducción de métodos de copago en la Sanidad, por lo que ha considerado un error que Mariano Rajoy excluya este mecanismo de sus planes de Gobierno.

   Y ya en cuanto a impuestos, se ha referido a dos medidas como una nueva subida del IVA y la creación de un tributo efectivo para grandes patrimonios porque considera que las personas con "capacidad económica", entre las que se ha incluido así mismo, van a tener que sacrificarse "siempre y cuando no se frustre el espíritu empresarial". De hecho, ha apostillado que los "grandes contribuyentes" deberían ser recibidos todos los años por el Rey, ya que son "el pulmón de España" y, sin embargo, "se les considera unos idiotas".

   Por otra parte, ha advertido de que resulta "manido" en su opinión decir que "de otras peores se ha salido", ya que defiende que "en el pasado reciente no ha habido una crisis tan severa", principalmente porque ya no existe la posibilidad de la devaluación de la moneda. Más allá, ha alertado de la posibilidad de que España esté en una "década perdida" con crecimiento estancado, como ha sucedido en economías como la japonesa.

   No obstante, ha citado "ventajas fuertes" españolas como las infraestructuras o la concentración de poder en "15 de las 17 autonomías y en el estado central".

Pimec cree que la morosidad es la causa principal del cierre de empresas en España

BARCELONA.- El secretario general de Pimec, Antonio Cañete, ha afirmado que la morosidad es la causa "más importante" del cierre de empresas y de la pérdida de puestos de trabajo en España.

   En una conferencia en el marco de la plataforma de debate Cornellà Creació Fòrum, ante un centenar de empresarios, ha reclamado al nuevo gobierno español que instaure un "régimen disciplinario" para que disuada a aquellos que se demoran en los pagos.

   Cañete ha explicado que tres de cada cuatro empresas cierran debido a problemas en el cobro de facturas, un problema que "afecta directamente a las necesidades de financiación de las empresas y a su liquidez, que son sin duda los grandes problemas de las pymes y de los autónomos en el actual contexto".

   Según Cañete, la nueva Ley de Morosidad española y la nueva normativa europea auguran "cambios positivos".

   No obstante, reclama al futuro gobierno del PP la creación de sistemas de mediación para dilucidar las disputas y de un régimen disciplinario que disuada a las empresas incumplidoras.