domingo, 15 de julio de 2012

España pedirá ayuda de la UE para afrontar los daños causados por los fuegos de Valencia

BRUSELAS.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, informará a sus colegas europeos el próximo lunes en Bruselas de las consecuencias y daños en la agricultura que han dejado los graves incendios en Cortes de Pallás y Andilla, ambos en la provincia de Valencia, y anunciará su intención de solicitar la ayuda del Fondo de Solidaridad de la UE para catástrofes, según un documento.

   La delegación española expondrá a sus socios europeos que los dos incendios simultáneos han devastado "una superficie total que se estima en 52.500 hectáreas" que ha afectado a 22 municipios y ha dejado "daños materiales considerados 'de emergencia' que podrían llegar a alcanzar los 90 millones de euros", según las primeras estimaciones mencionadas en el documento.
   El texto también recuerda que el saldo final de los incendios incluye una persona fallecida, tres heridos y "cuantiosos daños materiales y ambientales sobre los pueblos, las infraestructuras, cultivos agrícolas y las masas forestales" de la región, "ya muy dañadas en general por los efectos de la crisis económica".
   España reconoce en su exposición que las circunstancias de lo ocurrido no alcanzan "el umbral para ser considerado catástrofe grave", pero considera que "se trata de una catástrofe extraordinaria regional que afecta las condiciones de vida de la región Valenciana con repercusiones muy graves sobre la zona", como la degradación de sus ecosistemas forestales, la despoblación de las zonas rurales y el abandono de las explotaciones agrícolas. Ello pondría "en peligro la estabilidad económica de la región", advierte el documento.
   Así las cosas, el Gobierno anuncia su intención de recurrir al Fondo de Solidaridad europeo, "considerando la situación de crisis económica actual y las dificultades económicas, sociales y ambientales a las que se enfrenta la región para el restablecimiento de la normalidad".
   Este fondo, pensado para sufragar parte de las medidas de emergencia puestas en marcha por los países ante catástrofes, sería el único mecanismo al que podría recurrir a España en este marco, explican fuentes europeas, aunque los requisitos son muy estrictos y lentos.
   Se considera catástrofe grave un suceso cuyos daños se estimen en torno a los 3.000 millones de euros o una cantidad superior al 0,6% de la renta nacional bruta, lo que en el caso de España, supone algo más de 3.500 millones de euros. En circunstancias y condiciones excepcionales, puede también beneficiarse una región y el cálculo sería menor.
   Además de los fuegos en Valencia, España ha sufrido otros importantes incendios este año, en Cataluña y Aragón, que también han tenido un impacto en la agricultura y la ganadería de la región y que podrían completar la información de la discusión prevista el lunes, han explicado las fuentes.
   Sin embargo, las posibilidades de actuación de la Unión Europea en lo que se refiere al daño agrícola y ganadero son "limitadas" porque los instrumentos previstos en esta área "no dan mucho margen", según fuentes conocedoras de la situación, más allá de permitir "flexibilidad" en la distribución de determinados fondos para desarrollo rural.

Educación amplía en un 20% la oferta de plazas en ciclos formativos de FP para el próximo curso

VALENCIA.-   La Conselleria de Educación, Formación y Empleo ampliará en un 20 por ciento la oferta de plazas en ciclos formativos de Formación Profesional (FP), tanto de Grado Medio como de Grado Superior, para el curso 2012-2013 con el objetivo de "mejorar el acceso a la cualificación profesional", ha informado la Generalitat en un comunicado.

   De esta manera, se pondrán a disposición de los alumnos un total de 2.409 grupos de FP, lo que supone 86.250 plazas, de las que 14.415 son de nueva creación. Este impulso de la FP pretende "mejorar la capacidad de integración de los alumnos en el ámbito laboral, especialmente de los jóvenes, dado que la Formación Profesional es la rama de toda la educación con mayor índice de empleabilidad".
   "La FP es de vital importancia en la situación actual, dado que representa una posibilidad evidente de que muchas personas accedan de una manera directa al mercado de trabajo", han insistido desde la Generalitat.
   La distribución de la oferta por provincias será de 1.236 grupos en Valencia, con 44.277 plazas (un 20,8% más que el curso pasado); 312 grupos en Castellón con 11.228 plazas (un 15,3% más), y 861 grupos en Alicante, con 30.745 plazas (un 21% más).
   El incremento de la oferta se producirá en las tres modalidades presenciales --diurna, vespertina y nocturna--, y en los ciclos semipresenciales o a distancia. En concreto, en horario de matutino y vespertino se ofrecerán 74.658 plazas, un 17% más que el año pasado, de las que 38.865 pertenecen a la provincia de Valencia, 9.464 a la de Castellón y 26.329 a la de Alicante.
   En la modalidad de nocturno, habrá 580 plazas más que el año pasado, con una oferta total de 3.600, de las que 1.200 estarán en Valencia, 1.608 en Alicante y 792 en Castellón. Además, en cuanto a la modalidad de semipresencial o a distancia, la Conselleria ofrecerá 7.992 plazas, un 57,1% más que el curso 2011-12, de ellas 4.212 en Valencia, 2.808 en Alicante y 972 en Castellón.
   Además, a solicitud de los centros docentes, se han activado ciclos formativos teniendo en cuenta la demanda existente y las características socio-económicas de la localidad o de la zona, han precisado las mismas fuentes.
   La Conselleria prevé también ampliar la oferta formativa nuevamente en septiembre para atender la demanda de los alumnos que acceden a los ciclos formativos en ese mes, de acuerdo con los institutos y centros integrados de FP.

Seis bufetes catalanes asesoran a una asociación para cursar una demanda colectiva contra Bankia

GERONA.- La Asociación para la Defensa de los Perjudicados por Entidades Financieras, creada recientemente, será la primera en interponer una demanda colectiva contra Bankia y su consejo de administración por daños y perjuicios y para hacerlo cuenta con el respaldo de seis despachos de abogados de diferentes puntos de Cataluña.

   En estos momentos los despachos de Tram Advocats i Assesors de Girona, Garcia Borras Advocats i Assesors de Olot, Cudós Consultores de Lleida y Legalcat Barcelona, I.P.Legales de Barcelona y el de la misma sede de la asociación --situada en la calle París número 50 de la capital catalana-- están trabajando para verificar toda la información que los accionistas minoritarios de Bankia les están presentando.
   En una semana, han recibido más de un millar de llamadas de familias afectadas por la venta de acciones de Bankia, pero también por el caso de las participaciones preferentes, la deuda subordinada y swaps, de las demás entidades financieras, según ha explicado Jordi Calvet, de Tram Advocats, a Europa Press.
   Tienen previsto tener lista la demanda contra Bankia en septiembre y conforme recojan información de las otras entidades bancarias, irán presentado demandas.
   Marta Muntada, también de Tram Advocats i Assesors, ha detallado que la asociación quiere denunciar a Bankia por daños y perjuicios porque no fue transparente sobre el valor patrimonial cuando salió a bolsa en julio de 2011, ya que las acciones se vendían a 3,75 euros cuando su valor real era de 0,77 euros.
   Por ello reclaman como indemnización la diferencia entre el valor de la acción cuando empezó a cotizar y el valor que tenga ésta en el momento en el que se haga efectiva la demanda.    
   La presidenta de la asociación, Maria Rosa Agustí, ha afirmado que su principal objetivo es reunir el máximo de gente posible para crear un foco de presión: "la ciudadanía tiene que asociarse y formar grupos de presión, ya que la unión es la que puede conseguir que cambien las cosas".
   Agustí ha insistido en que quieren recuperar el 100% de la inversión, ya que la mayoría de afectados son gente mayor que ha perdido todos sus ahorros; "cada caso es un drama", ha lamentado, y por ello ha animado a los afectados a ponerse en contacto con la asociación a través de la página web www.apdel.com.
   Y es que los afectados por el caso Bankia y también por las participaciones preferentes son gente mayor que ha invertido todo su dinero en ello; aunque de momento tienen caso de todo tipo: desde el que tenía 2.000 o 3.000 euros invertidos a personas que, de momento, han perdido más de 100.000 euros.
   De momento, el ámbito de actuación de la asociación es el catalán, pero no descartan abrirse a toda España, puesto que han recibido llamadas desde Albacete, Murcia o Toledo, entre otras localidades.
   Por ello están hablando con algún despacho de abogados de Madrid y también de Sevilla, para extenderse y hacer más fuerte la demanda.

El triunfo de los mediocres / David Jiménez *

Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que económica, va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la prima de riesgo.

Asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando a un partido por otro, con otra batería de medidas urgentes o una huelga general.

Reconocer que el principal problema de España no es Grecia, el euro o la señora Merkel.

Admitir, para tratar de corregirlo, que nos hemos convertido en un país mediocre. Ningún país alcanza semejante condición de la noche a la mañana. Tampoco en tres o cuatro años. Es el resultado de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase dirigente.

Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los únicos que votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan. Porque son de los nuestros.

Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos terminado por aceptarla como el estado natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre, reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia.

- Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al día frente a un televisor que muestra principalmente
basura.

- Mediocre es un país que en toda la democracia no ha dado un presidente que hablara inglés o tuviera unos mínimos conocimientos sobre política internacional.

- Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha conseguido dividir incluso a las asociaciones de víctimas del terrorismo.

- Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo tres veces en tres décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo desarrollado.

- Mediocre es un país que no tiene una sola universidad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir.

- Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro, que sin embargo, encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de un país vecino bromean sobre sus deportistas.

- Mediocre es un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad es marginada –cuando no robada impunemente- y la independencia sancionada.

- Es Mediocre un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para disimular su propia mediocridad y por estudiantes que ridiculizan al compañero que se esfuerza.

- Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de los mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle dos opciones: marcharse o dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad.

(*) Periodista

El timo verde de Mariano Rajoy / J.L. Vidal Coy *

Si estuviéramos en la época de la peseta, el timo de la estampita verde sería la analogía perfecta para enjuiciar las referencias ambientales del discurso del presidente del Gobierno del pasado miércoles. Pero como los billetes de 500 euros tienen otro color, y mucho más valor, parece necesario buscar otras similitudes mucho más contundentes.

En un solo párrafo perdido en el discurso, Mariano Rajoy se dijo favorable a uno de los axiomas de toda acción gubernamental que se quiera verde. A saber: “Asimismo, se realizará una reforma de la tributación medioambiental impulsando en nuestro sistema impositivo el principio ‘quien contamina paga’ ya arraigado en países de nuestro entorno”.

Justo dos días después del discurso, es decir el viernes 13, el Consejo de Ministros presidido por él, previa bendición Su Majestad, se aprestó a dar luz verde a la mayos amnistía ambiental de todos los tiempos, como es la reforma de la Ley de Costas. Gracias a esa relectura quedarán impunes miles de desmanes urbanísticos realizados en el litoral español desde hace década con la permisividad de administraciones locales, regionales y la estatal.

Rajoy no se desdecía, porque no se le recuerda tamaña profesión de fe ecologista, sino que, una vez más, mintió. Porque con la reforma que se aprobará gracias al empeño del equipo del ministro Arias Cañete, sustentado en el apoyo no solo de su partido sino también en el de Convergencia y Unión y Coalición Canaria, los que han contaminado y destruido en la costa española ni pagarán ni habrán de enmendar sus expolios.

Es decir, que por mucho que presidente del Gobierno diga que aplicará ese “principio”, en la práctica los propietarios de todo tipo de construcciones invasoras del Dominio Público Marítimo Terrestre y su zona de servidumbre van a ver prolongada sus ocupaciones mucho más allá de 2018, los sesenta años que estableció la ley de 1988, y no se volverá a hablar del tema hasta 2063. Para entonces, todos calvos, dirá con razón más de uno.

Cuentan los cronistas, además, que en esa nueva perspectiva arbitraria que se le va a dar a la ley ––poniendo el interés privado por encima del público y perdonando graciosamente transgresiones de la norma– ha influido la presión de algunos de los “países de nuestro entorno”, que ven como algunos de sus desavisados ciudadanos se han visto inmersos en una pesadilla tras comprar propiedades ilegales o alegales en la costa española, inducidos al error por promotores, vendedores, notarios y registradores, gremio este último, por cierto, al que pertenece el actual ocupante de La Moncloa, que debe conocer muy bien el asunto pues su plaza está en la costera Santa Pola (Alicante).

En ese contexto debe ser visto el “quien contamina paga” en boca de Rajoy, y también la promesa de introducir el impuesto ambiental tantas veces denostado por el Partido Popular cuando el PSOE pretendió ponerlo en práctica, como pasó en Baleares.

Como dejó claro el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, en la presentación del informe Destrucción a Toda Costa (DTC) 2012, no es de recibo cobrar un céntimo verde o un euro ambiental en combustibles u hoteles para destinar esa recaudación forzosa seguir las mismas políticas destructivas del entorno que imponen, por ejemplo, un gasto de 160 millones de euros solamente para restauración de playas entre 2004 y 2007. Y ya sabemos que los gobiernos locales y regionales pretenden seguir por ese camino, como enseñan los casos de las pretendidas urbanizaciones junto a las playas de Valdevaqueros (Cádiz) o Es Trenc (Mallorca).

La filosofía ambiental del conglomerado turístico-inmobiliario del que el Gobierno de Rajoy se convierte en su mejor valedor gracias a la reforma que se hará de la Ley de Costas es falaz: que quien contamine pague, supuestamente, para seguir adecentando la costa destruida por la presión humana. Y si alguna noma se interpone en el camino de ese “desarrollo”, se cambia y punto.

No es, ni más ni menos, que lo que se ha hecho con la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña, recién oficializada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 6 de julio, para que funcione hasta 2019 con todas las bendiciones, y dejando sin efecto, entre otras cosas, la obligación que tenía el Consejo de Seguridad Nuclear de presentar un plan de desmantelamiento antes de ese mismo día del año que viene.

(*) Periodista

Rus echa otro pulso a Fabra y mantiene a Blasco en su ejecutiva / J.L. García Valencia

Alfonso Rus ha salido reforzado del XIV congreso provincial que ayer le elevó por tercera vez como presidente del PP de Valencia y le consolida como referente territorial dentro del nuevo PPCV de Alberto Fabra. Rus obtuvo el apoyo de 1.122 de los 1.230 delegados que votaron (el 91,2 %); 97 emitieron su papeleta en blanco y hubo once nulos. Pese a que el porcentaje es algo más discreto que el 98 % de hace cuatro años, seguramente el resultado de ayer le supo mejor.

El alcalde de Xàtiva llegaba a este cónclave tras haber desafiado a Alberto Fabra en el pasado congreso regional de Alicante. El jefe del Consell, que escogió como número dos a Serafín Castellano contra la voluntad de Rus, obtuvo un respaldo del 81%. Pero recibió un voto crítico liderado por el presidente de la diputación que se concretó en un 18 % de abstención.
Aquella maniobra no le ha salido gratis a Alfonso Rus, pero los daños son mínimos. Ayer, su alianza con Rita Barberá y Juan Cotino (los tres entraron juntos al congreso para visibilizar el pacto) aglutinó al 91 % de la provincia. Pese a no integrar en la ejecutiva a ningún afín a Castellano, la abstención solo movilizó a un 8,7 %. Ese el peso del sector crítico, celebraba ayer el rusismo, que apuntaba al propio secretario general del PPCV y otros dirigentes de su equipo como promotores del voto en blanco.

De hecho, Rus se permitió echar otro pulso a Fabra al desoír su consigna de "limpiar" de imputados los órganos de dirección. Y es que en la nueva ejecutiva se mantiene como vocal de libre designación Rafael Blasco, que está a un paso de ser formalmente imputado por el TSJ dentro de la trama de ONG. Cabe recordar que el propio Fabra ya ha apartado a Blasco de sus funciones como portavoz del PP en las Corts. Es un gesto "personal" de Rus (el cargo no tiene peso político) con quien ha sido su aliado los últimos años, pero que no deja de contravenir las directrices del jefe del Consell.

Además de esto, Rus destacó ayer con un discurso en el que elevó el tono reivindicativo ante Rajoy más allá de lo esperado en un feudo popular. Y de paso puso al jefe del Consell en un dilema: entre los intereses valencianos y la obligada contención ante un Gobierno del que depende la viabilidad financiera de la Generalitat.

"En Madrid manda Mariano [Rajoy] pero hay que reivindicar que somos un millón más porque se comprometió aquí. Arréglalo y si no puede ser ahora, haz un pagaré y ya lo cobraremos, pero reconócelo", clamó sobre la financiación.

Incluso evocó la riuà del 57 para proclamar: "No nos dieron nada de Madrid, no nos han dado nunca nada, ni la mano", mientras los valencianos: "siempre hemos estado ayudando a toda España".

 "Queremos que no den lo mismo que a los demás; con lo mismo que a los demás nos apañamos y eso es lo que tenemos que reivindicar". Y recordó: "[Los populares valencianos] hemos hecho mucho para que Rajoy sea presidente".

El líder provincial insistió a Fabra que "nos tienen que financiar" y, dirigiéndose al jefe del Consell, le brindó su apoyo desde su territorio dentro del partido: "Eres la referencia. Yo y mi equipo te vamos a apoyar a muerte y no vamos a buscar historias para no dormir".