Renfe obtiene el 62% de la cuota de mercado en alta velocidad en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre

VALENCIA.- Los trenes de alta velocidad que unen Madrid con Valencia son los que más viajeros ganaron en 2022, al registrar un incremento del 108,8 por ciento, según se desprende del último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El número de viajeros en trenes de alta velocidad en 2022 fue de 23,7 millones de personas en España, superando en un 6% la cifra de 22,37 millones de viajeros que se registró en 2019, antes del estallido de la pandemia, gracias a la entrada de la competencia con Renfe de Ouigo en mayo de 2021, así como de Iryo a partir de noviembre del año pasado.

Los corredores donde existe competencia fueron los que más viajeros ganaron en 2022, como el Madrid-Valencia (108,8%) o el Madrid-Barcelona (82,6%), mientras que en el resto de trenesde alta velocidad el incremento fue en torno al 60%.

El tren también continuó ganando terreno al avión gracias a la liberalización de la alta velocidad, como en el Madrid-Barcelona, línea en la que el tren ya representaba el 78,3% de los viajes frente al avión.

De hecho, la cuota modal del tren frente al avión creció en los trayectos con competencia --en el Madrid-Valencia también representa el 89,9%--, mientras que en los trayectos entre Madrid y Sevilla, Málaga y Alicante, en los que aún no había competencia con Renfe, la cuota descendió, aunque se situó por encima del 75% en todos los casos.

En su conjunto, el número de viajeros total en tren experimentó un fuerte incremento en los últimos meses de 2022, rebasando los 440 millones de pasajeros, un 36% más que en 2021, aunque aún un 13,8% por debajo de los datos de 2019.

Otro dato significativo que recoge el informe es que los costes de la energía de tracción crecieron hasta los 376 millones de euros (un 90,5% más que en 2021 y un 126,9% más que en 2019), impulsados por el aumento de los precios de la energía.

El alquiler en la Comunitat sube un 3,4% en el tercer trimestre

VALENCIA.- El precio medio por metro cuadrado en alquiler subió un 3,4% en la Comunitat Valenciana durante el último trimestre, hasta situarse en 10 euros. En un piso de cien metros cuadrados, el coste se situaría en mil euros.El precio alcanzó su máximo durante el mes de agosto y desde entonces ha bajado un 0,7%. Comparada con septiembre del año pasado, la renta mensual ha crecido un 15,9%, según un informe publicado hoy por Idealista.

Valencia

El precio medio de los arrendamientos subió un 4,2% en Valencia capital durante el último trimestre. Esta subida ha dejado el precio del metro cuadrado en 12,4 euros, el máximo histórico desde que idealista tiene registros. La provincia valenciana también experimentó una subida de precio de un 4,5% hasta situar la renta del metro cuadrado en 10,7 euros mensuales, lo que también supone un máximo histórico.

Alicante

La provincia de Alicante ha visto cómo sus precios crecían un 2,8% de forma trimestral, hasta situarse en 9,6 euros por metro cuadrado al mes. En la capital los propietarios alicantinos piden un 4,6% más por arrendar sus viviendas que hace tres meses, con una media de 10,5 euros/m².

Castellón

El precio de las viviendas en alquiler en la provincia de Castellón ha subido un 2,4% durante los últimos tres meses. Actualmente, el precio medio del metro cuadrado alcanza en la provincia los 7,5 euros/m² mensuales. En Castellón de la Plana el precio sube un 2,6% de forma interanual hasta los 7,3 euros/m² mensuales, lo que supone el máximo histórico de las rentas en la ciudad.

La Unió pide excluir a las IGP Jijona y Turrón de Alicante de ayudas si no usan almendra valenciana

ALICANTE.- La Unió Llauradora ha reclamado a la Generalitat que excluya al Consejo Regulador de las IGP Jijona y Turrón de Alicante de la posibilidad de acceder a cualquier ayuda o subvención financiada con líneas presupuestarias (propias, ajenas o cofinanciadas) de la Conselleria de Agricultura "mientras no usen de forma fehaciente almendra producida en la Comunitat Valenciana".

Así se ha pronunciado en un comunicado, en el que ha instado a la Generalitat a trabajar para que los fabricantes de turrón de las IGP Jijona y Turrón de Alicante utilicen almendras producidas en la Comunitat Valenciana, ante la previsión de modificar el pliego de condiciones de la IGP para "utilizar almendras de cualquier parte del mundo": "No se entendería que reciba ayudas o subvenciones públicas de Agricultura una entidad que no usa prioritariamente productos agrarios producidos en la Comunitat Valenciana".

Además, ha exigido que se favorezca e incentive económicamente a los turroneros que certifican el origen de la almendra de la Comunitat Valenciana en la elaboración de los turrones, "estén o no amparados por la IGP Jijona y Turrón de Alicante".

La entidad agraria ha hecho llegar esta batería de propuestas al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y al conseller de Agricultura, José Luis Aguirre. 

La petición llega tras desestimar la Conselleria de Agricultura el recurso de reposición interpuesto "en tiempo y forma" por la Unió Llauradora ante la modificación de los pliegos de condiciones y documentos únicos de las IGP Jijona y Turrón de Alicante.

En este recurso, La Unió manifestaba su disconformidad ante la desaparición en el texto sometido a modificación del origen de las materias primas (almendra fundamentalmente) utilizadas en la fabricación de los turrones acogidos a la IGP, al considerar que "da vía libre a los fabricantes de turrón, amparados en la IGP, para utilizar sin ningún tipo de restricciones almendras producidas en cualquier parte del mundo".

Al respecto, la Conselleria argumentó para rechazar el recurso que el lugar de procedencia de las almendras "no tiene relevancia" en la obtención del producto de las IGP Turrón de Jijona y Alicante "ni mucho menos afecta a la calidad de este". 

No obstante, para La Unió el origen de la materia prima "sí puede afectar a la calidad y diferenciación del producto, sobre todo en cuanto a la variedad de almendra usada".

A juicio de la entidad, la Generalitat no puede quedar como una simple tramitadora de la petición de modificación del pliego de condiciones del IGP: "Su función debe ser la de lograr que, en la fabricación del turrón, y más con una IGP que hace referencia a una zona geográfica valenciana, se dé preferencia al uso de las almendras producidas en la Comunitat Valenciana".

"La decisión de la Conselleria de Agricultura de facilitar sin más la aprobación de modificar la propuesta por el Consejo Regulador sin ninguna oposición y ningún intento de hacer reconsiderar la postura de este, que se beneficia de un origen de aquí como argumento de venta, es ilógica y perjudica sin duda a las personas productoras de almendra de nuestro territorio", ha denunciado, para lamentar que los precios que perciben esta campaña los productores de almendra de la Comunitat Valenciana son "ruinosos ante la falta de demanda, fundamentalmente los de la variedad autóctona Marcona".

"Sufrimos precios cada vez más bajos mientras soportamos la competencia desleal de almendra importada de terceros países y ni desde instancias oficiales ni desde organismos que supuestamente velan por la calidad de nuestro producto se hace nada por evitarlo, sino todo lo contrario. Los industriales turroneros se aprovechan de una marca de aquí para poner almendra de fuera de la Comunitat Valenciana".

Catalá enmarca sus contactos con Vox en la negociación de las ordenanzas fiscales

VALENCIA.- La alcaldesa de València, María José Catalá, ha enmarcado los contactos que su equipo de gobierno, del PP, mantiene con los ediles de Vox en el Ayuntamiento de la ciudad en la negociación de las ordenanzas fiscales municipales del próximo año. Así, ha descartado que se deban a una posible entrada de Vox en el ejecutivo. «Ahora mismo estoy gobernando sola», ha apuntado.

Para aprobar esas ordenanzas, al igual que sucede con el presupuesto del consistorio, el ejecutivo que preside Catalá, que cuenta con trece concejales, necesita la mayoría absoluta de la corporación local, 17 votos, y así el respaldo de los cuatro concejales de Vox.

Preguntada por los contactos entre esta formación y el PP y por si se negocia una entrada de los miembros de Vox en el gobierno de València, Catalá ha afirmado que los 'populares' hablan con ellos para sacar adelante las ordenanza fiscales.

«Estamos hablando con ellos por el tema fundamentalmente ahora de las ordenanzas fiscales. Antes de los presupuestos lo que corresponde es consolidar el capítulo de ingresos y para eso tenemos que hablar con ellos de las ordenanzas fiscales. En ese marco estamos entablando las conversaciones con ellos», ha señalado la primera edil durante la visita que ha hecho al mercado municipal del Grao con motivo de su apertura.

Sobre si hay negociaciones abiertas para ampliar su equipo de gobierno con los representantes de Vox, María José Catalá ha expuesto: «en este momento ordenanzas fiscales, que es lo que corresponde y lo que tenemos que hacer para bajar los impuestos en más de 70 millones de euros a todos los valencianos».

Así, preguntada por si insisten gobernar sola el Ayuntamiento de València, su titular ha manifestado que «nunca» ha insistido en ello, pero ha matizado que en la actualidad está «gobernando sola».

«No, yo no he insistido nunca en que voy a gobernar sola. Yo he dicho que ahora mismo estoy gobernando sola, que es una situación que vamos trabajando con ellos, que tenemos conversaciones muy fluidas y vamos a seguir en ese camino», ha señalado la alcaldesa.

La RACV hará "lo antes posible" el informe sobre el nombre de València para "recuperar lo que existía antes"

VALENCIA.- La Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) hará «lo antes posible» y para «recuperar lo que existía antes» el informe sobre el nombre de la ciudad de Valencia que el Ayuntamiento solicitará a esta institución después de que haya propuesto la denominación Valencia/Valéncia. 

Así lo ha indicado este lunes en representación de esta entidad, Luis Miguel Romero Vilafranca, tras la reunión que él y representantes de Lo Rat Penat, el Ateneo Mercantil y el Casino de la Agricultura han mantenido con la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, para hablar de los actos del 9 d'Octubre.

Romero Vilafranca ha señalado tras esta entrevista, como portavoz de las cuatro entidades y preguntado por si han hablado de la propuesta de nombre para la ciudad aprobada en el último pleno municipal por el equipo de gobierno del PP y por Vox, que la primera edil les ha indicado que «va a pedir un informe a la RACV» al respecto.

Ha señalado que «ya en su día se hizo» un informe, pero ha resaltado que «se volverá a hacer y se le volverá a enviar» al Ayuntamiento. Ha añadido, respecto a la elaboración de ese documento, que no se ha hablado de plazos porque la de este lunes ha sido «una reunión general».

No obstante, ha afirmado que la RACV hará el informe «lo antes posible». Preguntado por la postura de esta institución respecto al nombre de la ciudad, Romero Vilafranca ha aseverado que «es recuperar lo que existía antes». 

«No lo que se metió por el tripartito», ha apuntado en alusión al ejecutivo progresista y en defensa del nombre en valenciano con el acento cerrado en la e.

En el encuentro con María José Catalá han participado también el presidente de la Real Academia de Cultura Valenciana, José Luis Manglano de Mas; el presidente de Lo Rat Penat, José Vicente Navarro; la presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, y el presidente del Casino de Agricultura, Manuel Sánchez Luengo.

Antes de la reunión y durante la visita que ha hecho al mercado del Grao, la primera edil ha detallado que el objetivo de la entrevista no era hablar de ese informe sino de los actos del Día de la Comunitat Valenciana. Así, ha precisado que en la reunión no iba a formalizar la petición de ese documento. «No, hoy no. Hoy vamos a hablar del 9 d'Octubre», ha dicho.

«No me reúno hoy por el tema del topónimo, me reúno por las celebraciones del 9 d'Octubre. La Real Academia de Cultura Valenciana conjuntamente con la Ateneo Mercantil, con la Real Casino de Agricultura y con la Rat Penat vienen todos a trabajar conmigo sobre el tema de los actos conmemorativos» del Día de la Comunitat Valenciana.

María José Catalá ha aseverado respecto al informe que ha anunciado que pedirá a la RACV que ese «es un expediente que continúa su marcha».

 «Yo no me reúne hoy por el tema del topónimo», ha subrayado.

«Me imagino que el expediente del topónimo continuará su camino. En su día ya se dijo que a la RACV se le solicitaría un informe, pero no es el motivo de la reunión», ha insistido la responsable municipal. 

El Ayuntamiento reclamará informes a diversas entidades, algo a lo que los abogados de la ciudad no han puesto ningún impedimento. Asesoría Jurídica Municipal, eso sí, tiene dudas de que el término Valéncia sea legal porque va en contra de lo que dice la Acadèmia Valenciana de la Llengua, a quien el Consistorio, por supuesto, también pedirá informe.

Compromís pone precio a su apoyo a Sánchez: finiquitar 46.000 millones de deuda con la Comunitat

 

 VALENCIA.- Más allá de la posible amnistía que se negocia con los partidos independentistas, grupos como Compromís quieren poner ya precio a sus votos. En un intento, además, de sortear las críticas internas y externas a su escasa influencia en Madrid, y más ahora que forman parte del grupo Sumar de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados, revela El Mundo.

Compromís vuelve así a intentarlo con la reforma del sistema de financiación autonómica, la eterna promesa de Sánchez que nunca se ha materializado a pesar de que Joan Baldoví ya vinculó su voto en el pasado a esta cuestión. 

Ahora, según han insistido los diputados Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, es todo el grupo de Sumar el que "hace suyas" las reivindicaciones valencianas. Y entre estas demandas figuran la condonación de la deuda autonómica o una reforma fiscal "para acabar con el dumping fiscal de Madrid".

En el primer caso, Compromís cifra en unos 46.000 millones de euros la deuda "histórica e ilegítima" de la Comunidad Valenciana por la infrafinanciación que arrastra derivada de un sistema caducado en 2014. Pero a la condonación de esta deuda, Compromís suma un fondo de nivelación que se aplicaría mientras no entre en vigor un nuevo sistema de financiación autonómico.

"Es la cuestión de discriminación más grave que tenemos", ha afirmado este lunes Micó en rueda de prensa en Valencia, precisamente unos días después de que el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, instara a Compromís a hacer valer sus votos en el Congreso como hacen catalanes o vascos. 

A Compromís, de hecho, siempre se le ha recordado que muchas de las promesas que ha arrancado a Sánchez se han quedado en eso, en promesas. Sobre todo la que tiene que ver con la reforma de ese sistema de financiación. "No se ha conseguido porque no depende solo de nuestros votos", ha admitido Micó.

Así que los nacionalistas valencianos elevan la apuesta y, entre sus demandas, incluyen además una "reforma fiscal progresista y progresiva" que comparte Sumar y que, en palabras de Ibáñez, debería servir para acabar con la "aspiradora [de recursos] que es Madrid". 

En este sentido, el objetivo es negociar un "impuesto permanente a los beneficios empresariales extraordinarios". Madrid, de hecho, ya ha censurado que el llamado impuesto a los ricos penaliza sobre todo a los contribuyentes de esta región, donde se concentran las grandes fortunas.

En la lista de Compromís no falta la reforma de la Constitución para el reconocimiento del derecho civil valenciano o la ejecución de las infraestructuras ferroviarias pendientes. "Somos el único partido de estricta obediencia valenciana", ha recordado Micó, que se ha preguntado "qué hacen" los diputados valencianos de PP y PSOE.

Será difícil que Compromís no dé su apoyo a Sánchez, teniendo en cuenta su integración en Sumar y que, en el fondo, se aspira incluso a ocupar algún cargo de relevancia en algún ministerio. Ni siquiera la negociación de una amnistía despierta recelos: "Estamos a favor de devolver toda la problemática del conflicto catalán al diálogo".

 A la "vía política", en definitiva, que es donde Compromís enmarca la amnistía. Pero en la negociación con el PSOE Compromís busca su espacio y hacer oír su voz.

"El Puerto de Valencia no puede ser moneda de cambio en ninguna negociación política", dice la CEV

VALENCIA.- El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, tiene claro que el Puerto de Valencia es una joya para la economía regional que hay que respetar y sacar de la batalla política.

 En un comunicado de los empresarios, a preguntas de Vozpópuli, advierten a Pedro Sánchez que de confirmarse las presiones de ERC y Junts para paralizar la ampliación norte: "El Puerto de Valencia no puede ser moneda de cambio en ninguna negociación política".

Las dos formaciones independentistas catalanas habrían estado presionando en las últimas fechas al presidente del Gobierno en funciones, según fuentes empresariales de total solvencia, con el objetivo de seguir frenando la ampliación norte del Puerto de Valencia.

Los primeros contactos entre socialistas e independentistas esconderían la necesidad de que no aumente la brecha entre el Puerto de Valencia y el de Barcelona que se ha abierto durante la última década.

La CEV se ha mostrado indignada con esta situación y es una circunstancia que no hay que pasar por alto, ya que su presidente, Salvador Navarro, es también el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que lidera Antonio Garamendi.

 En el comunicado que la CEV ha hecho llegar a Vozpópuli se detalla que "queremos reiterar nuestro total apoyo al proyecto de la construcción de la terminal Norte en una ampliación ya realizada. Una infraestructura clave como esta no puede utilizarse nunca, de forma directa o indirecta, como moneda de cambio en ningún tipo de negociación política ante la trascendencia que tiene para el futuro de la Comunidad Valenciana desde el punto de vista económico, empresarial y social".

El comunicado afirma que si la noticia publicada por Vozpópuli acaba por producirse "estaríamos ante un asunto de extrema importancia que podría derivar en un conflicto interterritorial".

"La CEV siempre ha incidido en la falta de apoyos a la que está sometida la Comunidad Valenciana en la política nacional y que se hace aún más necesaria con este proyecto para que nuestro territorio progrese y se desarrolle en proporción a su peso económico y trascendencia", prosiguen.

Para los empresarios valencianos estas negociaciones entre ERC, Junts y los socialistas podrían suponer "un asunto muy grave", ya que no se entendería "que un territorio ponga trabas a otro a favor de sí mismo en una negociación política que implique al Gobierno nacional. La competencia entre territorios debe ser sana y natural, y la política siempre debe trabajar con una visión de conjunto de Estado".

La reacción de la CEV también incluye el recordatorio al respecto de que "el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ya aprobó la inversión que debe realizar el Puerto para adecuar la nueva terminal de contenedores. Por tanto, sólo queda una actuación y es la autorización que debe realizar el Consejo de Ministros para dar el visto bueno a la decisión aprobada en el seno del Consejo de Administración del Puerto. Sólo queda ese paso."

La asociación que lidera Salvador Navarro resalta que el Puerto de Valencia es, en estos momentos, "el número uno del Mediterráneo en import-export de contenedores y el cuarto de Europa. La Comunidad de Madrid está representada en un 25% dentro de esos movimientos económicos, dado que el origen o destino procede de esa Comunidad Autónoma".

Por lo tanto, la CEV advierte que "la ampliación del Puerto de Valencia significa una inversión en torno a los 1.200 millones de euros y la creación de 7.000 puestos de trabajo".

"Esta situación no refleja un problema únicamente de la Comunidad Valenciana, sino que también afecta a la economía del país", continúa el texto.

Y finalmente exponen que "por todas estas razones, la ampliación del Puerto de Valencia es un proyecto necesario e innegociable para la Comunidad Valenciana, como también debería serlo, por las mismas cuestiones, para toda España".

Tal y como adelantó Vozpópuli, este freno a la ampliación norte del Puerto de Valencia (que ya contó en el pasado con la colaboración del exalcalde de Valencia, Joan Ribó y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Diaz) ha sido “deslizada por los independentistas de forma oficiosa en sus conversaciones con interlocutores socialistas", algo en lo que Sumar estaría de acuerdo, según las citadas fuentes.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, lleva mostrando su preocupación en público al respecto de esta posibilidad de prolongar 'sine die' la parálisis de la ampliación del Puerto de Valencia que, según ha explicado en varias ocasiones, "está en la mesa del Consejo de Ministros sin aprobarse por un criterio político, no por un criterio técnico".

La actual situación de incertidumbre ha provocado que la empresa Terminal International Limited (TIL) se replantee seguir adelante con la inversión de 1.021 millones de euros para la ampliación norte si persiste el bloqueo.

La compañía está sufriendo desde hace años una situación que definen como "incómoda" al tener que operar en dos terminales con los consiguientes costes extraordinarios para el posicionamiento de contenedores.

El presidente de MSC en España, Francisco Lorente, ha advertido en diversas ocasiones que si la ampliación se alargara indefinidamente por la necesidad de una nueva Declaración de Impacto Ambiental podría hacer "zozobrar" la inversión prevista.

TIL supone el 50% del tráfico total del recinto portuario y ya ha empezado a desviar barcos a otros puertos como Tánger, Calabria, Málaga o Barcelona que amenazan la posición privilegiada del Puerto de Valencia.

El acuerdo de diciembre pasado del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia fijaba una inversión pública de 542 millones de euros para la ampliación norte a los que hay que añadir los 1.021 millones que aportará la empresa Terminal Investment Limited (TIL) que sería la encargada de la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de la nueva terminal de contenedores.

Está previsto que la empresa TIL pueda disponer de los 1.000 metros de muelle y la superficie anexa aproximadamente a los 24 meses del inicio de las obras de la primera fase. También prevé desarrollar una terminal ferroviaria dotada de 6 vías de 1.000 metros de longitud, con capacidad para mover 305.000 TEUs/año por ferrocarril.

La nueva terminal estaría ubicada en las aguas interiores del dique de abrigo de la ampliación norte del Puerto de Valencia, cuyas obras finalizaron en 2012 con una inversión de 204 millones de euros, de los que 74 millones fueron subvencionados con Fondos de Cohesión Europeos. Tendrá una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar 5 millones de contenedores.

El estudio sobre el impacto de la nueva Terminal de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia que elaboró el Instituto de Transporte y Territorio (ITRAT), con la nueva terminal a pleno funcionamiento, determina que el impacto económico del puerto de Valencia representaría en términos de valor añadido el 2,27 % del conjunto de la Comunidad Valenciana.

El empleo global superaría los 44.000 puestos de trabajo, cuyo salario medio estará en torno a los 32.000 euros anuales.