martes, 26 de octubre de 2010

El papa Benedicto XVI afirma que toda persona tiene derecho a emigrar

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Benedicto XVI ha afirmado que toda persona tiene derecho a emigrar a la búsqueda de un futuro mejor y ha denunciado que muchos emigrantes sufren acciones "dramáticas e indignas del hombre y de sociedades que se consideran civilizadas". 

El Pontífice ha hecho estas manifestaciones en su mensaje con motivo de la 97 Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, que se celebrará el 16 de enero de 2011, que presentó hoy en el Vaticano el arzobispo Antonio María Veglió, presidente del Consejo Pontificio para los Emigrantes e Itinerantes.
El lema de esta jornada es "Una sola familia humana" y en su mensaje, el Papa exhortó a los fieles a abrir sus corazones a los emigrantes, para que en el mundo se imponga la justicia y la caridad, "columnas para la construcción de una paz auténtica y duradera".
Tras referirse a las diferentes situaciones que obliga a las personas a emigrar, el Obispo de Roma precisó que los movimientos migratorios hay que verlos también dentro del fenómeno de la globalización, de la que dice que "no es sólo un proceso socioeconómico, sino que conlleva también a una humanidad cada vez más interrelacionada", que supera fronteras geográficas y culturales".
"La Iglesia no cesa de recordar que el sentido profundo de este proceso histórico (la globalización) y su criterio ético fundamental vienen dados por la unidad de la familia humana y su desarrollo en el bien. Por ello, todos, tanto emigrantes como las poblaciones que los acogen, forman parte de una sola familia y todos tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, cuyo destino es universal", afirmó.
Benedicto XVI agregó en su mensaje que el bien común universal abarca toda la familia de los pueblos, por encima de cualquier egoísmo nacionalista.
"En ese contexto se debe considerar el derecho a emigrar. La Iglesia lo reconoce a todo hombre, en el doble aspecto de la posibilidad de salir del propio país y la posibilidad de entrar en otro, en busca de mejores condiciones de vida", subrayó.
Al mismo tiempo, precisó el Papa, los Estados tienen el derecho de regular los flujos migratorios y defender sus fronteras, asegurando siempre el respeto debido a la dignidad de todo ser humano.
Los inmigrantes, prosiguió en su texto, tienen el deber de integrarse en el país de acogida, respetando sus leyes y la identidad nacional.
Se trata -subrayó- de conjugar la acogida que se debe a todos los seres humanos, en especial si son indigentes, con la consideración sobre las condiciones indispensables para una vida decorosa y pacífica, tanto para los habitantes originarios como para los nuevos llegado.
Benedicto XVI también se refirió en su mensaje a los refugiados y demás emigrantes forzados, para los que exigió el respeto de sus derechos, así como su seguridad y cohesión social.
"El mundo de los emigrantes es vasto y diversificado. Conoce experiencias maravillosas y prometedoras, y, lamentablemente, también muchas otras dramáticas e indignas del hombre y de sociedades que se consideran civilizadas", denunció el Papa.
Señaló que para la Iglesia, esta realidad evidencia aún más la vocación de la humanidad a formar una sola familia.
El Pontífice también se refirió a los estudiantes extranjeros e internacionales, de los que dijo que son parte de los futuros dirigentes de sus países y que constituyen puentes culturales y económicos entre estos países y los de acogida.
Gabriele Ferdinando Bentoglio, subsecretario del Consejo Pontificio para los Emigrantes e Itinerantes, que participó en la presentación se refirió al asunto de los refugiados de los que dijo que hay 15 millones, de ellos 10,4 millones están bajo el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR).
Bentoglio dijo también que el número de personas evacuadas en sus propios países es de 27 millones.

Marcelino Camacho se encuentra en estado grave pero no ha muerto


MADRID.-   Comisiones Obreras ha aclarado esta noche que el histórico dirigente y fundador del sindicato, Marcelino Camacho, de 92 años, se encuentra ingresado en un centro hospitalario de Madrid en estado grave pese a que el coordinador general de EUiA y diputado del Parlament de Catalunya, Jordi Miralles, ha afirmado en un comunicado que había muerto.



El sindicato CC.OO. desmintió poco después que el histórico dirigente del sindicato hubiera fallecido, tal y como anunció esta noche ese otro comunicado anterior, según informó el responsable de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano.

Desde el sindicato, tras contactar con la familia de Camacho, se negó rotundamente este extremo, según la versión del propio hijo del histórico activista.

Posteriormente, la formación política EUiA ha lamentado haber anunciado través de un comunicado, remitido a todos los medios sobre las 22.00 horas, la "información errónea" del fallecimiento de Marcelino Camacho, histórico dirigente de CCOO.

   Una vez desmentida la información, la propia EUiA ha emitido un segundo comunicado a las 22.57 en el que lamentaba la confusión, que ha sido reproducida por la mayoría de ediciones digitales de los periódicos.

   "Lamentamos la nota de prensa anterior donde informábamos de la muerte del fundador de la Confederación Sindical de CCOO, Marcelino Camacho. Hemos recibido una información errónea donde se informaba de su muerte pero, actualmente, Camacho sigue ingresado en el hospital", ha afirmado el EUiA.

El arzobispo Osoro asegura que la Iglesia "puede aportar una reconstrucción de la conciencia moral" en España

VALENCIA.- El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, ha asegurado que hay "tareas especialmente urgentes" para el presente y futuro en España en las que la Iglesia puede contribuir como "la construcción de una cultura abierta, la reconstrucción de la conciencia moral y  una evangelización a la altura de los tiempos", ha informado el Arzobispado en un comunicado.

   En una conferencia esta tarde en el Ateneo Mercantil de Valencia sobre 'La presencia de la Iglesia en la sociedad a la luz del magisterio de Benedicto XVI', el prelado ha asegurado que su reflexión es un "pensar España desde la Iglesia", tomando como base el magisterio del actual Papa.
   Monseñor Carlos Osoro ha definido en su conferencia las "grandes tareas ante el futuro", entre las que ha situado, como "especialmente urgentes", en primer lugar, la construcción de "una cultura abierta que pone al hombre en su centro, que le descubre sus necesidades, que le ayuda a cumplir su responsabilidad y que  le prepara para el servicio antes que para el dominio".
   Esa misma cultura es, además, la que "le hace descubrir al hombre que estamos constitutivamente abiertos a la Transcendencia,  le obliga a ser solidario con su historia, le fundamenta en la verdad y  le promueve a una cooperación eficaz y realista".
   En segundo lugar, se ha referido el arzobispo de Valencia a la relación entre la confesión católica y el "ser español" y ha  recordado cómo hasta el siglo XIX se producía una "identificación de la sociedad con una fuente  de sentido" en referencia a la religión. Ahora en el siglo XXI  la Iglesia ha de contribuir con su labor a  "reconstruir en España la conciencia moral".
   Finalmente, monseñor Osoro ha descrito se ha referido a la tarea de la Iglesia  en la creación de una cultura abierta, y ha subrayado que su labor pasa por la creación de una "conciencia antropológica", y, a través de ella, por la "impregnación cultural de la sociedad", de tal manera que le permita "recuperar al Dios real".  
   Sobre estas "tareas urgentes", el prelado ha situado la "primacía" en la Iglesia de su acción evangelizadora y ha defendido la necesidad de que esa evangelización sea  "a la altura de los tiempos", predicando la "verdad específica y racionalidad universal".

La valenciana 'Mercadona' se hace con el control de la empresa de pescado y marisco Caladero

VALENCIA.- Mercadona se ha hecho con la totalidad de la empresa de pescado y marisco Caladero, tras adquirir el 83,5% que aún no controlaba a Carlos Amorós, hasta ahora primer accionista de la compañía, informaron ambas empresas en un comunicado conjunto.

   La operación, cuyo importe no fue desvelado, responde a una decisión de mutuo acuerdo entre Amorós y la cadena de supermercados Mercadona, que se incorporó el pasado año como socio minoritario a Caladero, con un participación del 16,5%, tras suscribir una ampliación de capital de 24 millones de euros.
   Tanto la compañía valenciana como Amorós valoraron positivamente el acuerdo alcanzado, que garantiza las inversiones previstas y el mantenimiento de los 700 puestos de trabajo directos que actualmente conforman la plantilla de Caladero en todo el mundo.
   El hasta ahora primer accionista de Caladero justifica su decisión de salir de la compañía en su voluntad de iniciar nuevos proyectos empresariales, mientras que en el caso de Mercadona la operación responde a su intención de potenciar e impulsar el desarrollo del proyecto de venta de pescado fresco en sus establecimientos.
   La entrada de Mercadona en el capital de Caladero tendría un carácter provisional, ya que el objetivo de la compañía es que un nuevo emprendedor, asegure y dé continuidad al gran proyecto empresarial desarrollado por el equipo profesional y humano de la sociedad aragonesa.
   El acuerdo de compra está pendiente de la aprobación por parte de los organismos de Competencia y de las correspondientes a autorizaciones administrativas

El fiscal implica en el 'caso Brugal' a Vicente Sala, ex presidente de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción implica también al ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, a otro alto directivo de la entidad y a dos directores generales adjuntos de Bancaja en la supuesta trama corrupta del caso Brugal, que en una parte de la investigación judicial afecta a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante

Esta trama, según la investigación, está supuestamente liderada por el promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y afecta a Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, del PP, y a su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El fiscal imputa a la regidora y al ex primer edil los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en relación con la elaboración del nuevo plan general, en el que habrían beneficiado a Ortiz a cambio de regalos, según recoge 'El País'.
El ministerio público, a partir de los informes policiales, concluye que tanto Castedo como Alperi ofrecieron un trato de favor a Ortiz a cambio de dádivas. Entre los supuestos regalosestá el pago de viajes de recreo (a Baleares, en el caso de Castedo, y a la isla de Creta, en el caso de Alperi). Castedo negó ayer cualquier trato de favor al promotor. "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", dijo. La regidora solo admitió uno de los regalos, un viaje en yate a las Baleares.
Además, el fiscal Anticorrupción en Alicante, Felipe Briones, acusa al ex presidente de la CAM Vicente Sala de al menos el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el escrito inicial del fiscal, este delito estaría vinculado a operaciones para obtener con la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad. En este apartado cita una operación de compra de suelo en el humedal de Agua Amarga para canjear en la zona urbanizable de La Condomina.
El segundo directivo de la CAM al que implica el fiscal es Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal le atribuye el mismo delito que a Sala por operaciones urbanísticas similares.
El ministerio público también imputa a José Cortina y Juan Zurita, directores generales adjuntos de Bancaja. Al primero por la compra de terreno en el humedal de Agua Amarga con una empresa propiedad de Ortiz, y participada por Bancaja Habitat, cuyo consejero delegado es Cortina, y al segundo por otra operación de compra de suelo en la Condomina. Ambos están acusados de aprovechamiento de información privilegiada.
La lista de implicados en el caso del PGOU de Alicante incluye a un total de 21 personas. Aparte de los dos alcaldes, los directivos de las cajas y el presunto cabecilla de la trama, Ortiz, destacan la mujer del dueño de Hércules, María Manuel Carratalá, por supuesto cohecho; el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, por tráfico de influencias e información privilegiada, y Javier Gutiérrez, ex concejal del PSOE y socio del hermano de Castedo, por los mismos delitos.
Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del denominado caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El pasado mes de julio, el instructor se inhibió de esta pieza del sumario general y la trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular aún no ha adoptado ninguna resolución.
En el sumario general del caso Brugal hay al menos un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Los más destacados son el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los dos pilares básicos de esta causa general son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la adjudicación de la planta de basura de la comarca de La Vega Baja (sur de Alicante).

Por su parte, el diario 'Levante' informa hoy que el alcance del caso Brugal trasciende a la alcaldesa de Alicante, a su antecesor Luis Díaz Alperi y al constructor Enrique Ortiz. El sumario, que contiene varios informes policiales, implica en el escándalo de presunta corrupción a un total de 21 personas. Entre ellas, al ex presidente de la CAM Vicente Sala, a la mujer de Ortiz, a directivos de Bancaja y de la propia Caja de Ahorros del Mediterráneo, así como a empleados y amigos del constructor y a un hermano de la alcaldesa de Alicante.

El jefe de la elaboración del Plan General también estaría implicado en la trama, según el acusador público. Además, otro de los que están salpicados por el caso Brugal es el hijo del anterior alcalde Luis Díaz Alperi.

­Informe de la Unidad de Blanqueo

La policía reclamó para poder hacer frente a la investigación los datos fiscales de 25 empresas a la Agencia Tributaria, muchas de ellas vinculadas a Enrique Ortiz. Entre estas firmas, la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pidió a Hacienda los movimientos de ingresos y pagos de la firma Salvetti Abogados y Consultores SLP, creada por Javier Gutiérrez Miguélez —colaborador externo del equipo de redactor del PGOU de Alicante— y José Luís Castedo Ramos, hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo.

La investigación apunta a que esta mercantil estaría colaborando de manera irregular con Enrique Ortiz para la obtención de beneficios por parte de éste en relación a las modificaciones en el citado plan.

Entre la relación de firmas figuran también tres mercantiles –Verass Operadores Publicitarios, Obras Profesionales Alicante y Mas Pcovein– vinculadas a uno de los hijos del ex alcalde Luís Díaz Alperi, sobre las cuales Ortiz habría aportado patrimonio, tanto para su constitución y contratación como, supuestamente, para la continuación de unas obras, según consta en uno de los informes policiales adjuntos.

Entre el listado también se citan varias empresas de Ortiz, entre ellas Enrique Ortiz e Hijos, principal mercantil de contratación de obra pública del grupo Cívica.

El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales destaca que ha sido adjudicataria de carreteras y un tramo del TRAM de Alicante por parte de la Conselleria de Obras Públicas a cambio, según la Policía, de una aportación al Mar Alicante de Balonmano Femenino.

Un campeón de rallies medió entre Ortiz y la administración del PP

El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pone de manifiesto diversas aportaciones de Ortiz a empresas de Miguel Ángel Fuster, campeón de España de Rallies, como contraprestación a su labor de intermediación entre el empresario alicantino y diferentes instancias de la administración autonómica.

Asimismo, «parecen registrarse», según cita el documento, «abonos al despacho de abogados en el que trabajaría el padre de Ricardo Costa» como contraprestación a supuestas gestiones llevadas a cabo por su hijo. También se pidió información sobre empresas de Ángel Fenoll y Rafael Gregory, así como del Hércules SAD.

Entre las firmas también destaca Cala Merced, filial de Ecisa y promotora de los pisos que presuntamente Ripoll adquirió como contraprestación a su presunta mediación en el Plan Zonal; o Tabarka Media y Canal 37 de Televisión, las empresas en las que, supuestamente, Ángel Fenoll inyectó dinero a instancias de Ripoll para compensar su presunto apoyo en el plan zonal de residuos.

La Mesa de las Corts tramita una petición de Compromís para la creación de una Comisión de Investigación sobre 'Gürtel'

VALENCIA.- La Mesa de las Corts Valencianes ha tramitado este martes una petición de Compromís para que se debata en el pleno la creación de una comisión no permanente de investigación para clarificar la relación del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, los consellers y altos cargos de las entidades públicas valencianas con las empresas relacionadas con el caso 'Gürtel', según ha informado fuentes parlamentarias.    

Se trata de una iniciativa que la coalición presentó el pasado 13 de abril al considerarlo "oportuno", una vez se levantó el secreto de sumario.

No obstante, la propuesta fue rechazada y Compromís presentó en septiembre un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por considerar que el PP, con mayoría en la Mesa había vulnerado los derechos fundamentales y libertades públicas al no tramitar esta y otra iniciativa.

La central nuclear de Cofrentes supera un año de funcionamiento ininterrumpido

VALENCIA.- La central nuclear de Cofrentes ha alcanzado los 365 días de operación continua por primera vez en sus más de 26 años de funcionamiento, según ha informado Iberdrola en un comunicado. La compañía eléctrica ha subrayado que en este tiempo ha generado 9.525 millones de kWk.

  Desde que se acopló a la red eléctrica nacional, tras la recarga de combustible llevada a cabo el año pasado, "ha estado aportando un suministro seguro, fiable y estable a la industria y a los hogares".
   En estos 12 meses la planta ha generado 9.525 millones de kWh, y ha obtenido un factor de carga --relación entre la energía producida en un periodo de tiempo y la que se hubiera podido producir funcionando al 100 por ciento-- del 98 por ciento.
   Este "hito", conseguido el día 22 de octubre, "ratifica el compromiso de todo el personal de la central de Cofrentes con la consecución de las cotas más altas de excelencia profesional".
   En esta línea, ha considerado que es "no sólo una muestra de la relevante aportación de la planta a la seguridad del suministro, sino también de la calidad, preparación y formación de sus empleados, del buen funcionamiento de esta instalación y de la correcta planificación de los métodos de trabajo, así como de del firme compromiso de todos los trabajadores con la seguridad operacional, como han vuelto a reconocer durante 2009 diversos organismos y expertos internacionales".
   Cofrentes comenzó a funcionar en octubre de 1984. Su producción media anual se sitúa en torno a los 8.000 millones de kWh, dado que en los años en los que se llevan a cabo paradas programadas por recarga de combustible su actividad es menor.
   La generación eléctrica de la planta equivale al cuatro por ciento de la nacional y al 40 por ciento de la de la Comunitat Valenciana, siempre dentro del régimen ordinario. Según los datos del último informe anual de REE, Cofrentes cubrió el 30,8 por ciento de la demanda energética en esta comunidad autónoma durante 2009. Su funcionamiento evita anualmente la emisión de unos 6,5 millones de toneladas de CO2.

Alarte dice que Castedo debe explicar de dónde saca documentación y pide que los jueces lo investiguen todo

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha considerado que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, debe explicar "de dónde sacó el papel" en referencia a la documentación mostrada este martes por la primera edil para demostrar que no dio trato de favor al empresario Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', ni recibió  dádivas de este constructor. 

"Pero sobre todo --ha puntualizado Alarte-- el PP debe explicarlo todo" porque "ya superan el centenar los dirigentes 'populares' que estan siendo investigados o imputados por diversas causas de corrupción". 

   El líder de los socialistas valencianos ha realizado estas declaraciones preguntado por los medios por su valoración de que Castedo haya mostrado documentación "bajo secreto de sumario" referida al 'caso Brugal', lo que "recuerda" al informe policial sobre la trama Gürtel que exhibió el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, y por lo que el PPCV ha presentado una querella.
   Al respecto, Alarte ha comentado que la alcaldesa de Alicante "lo tendrá que explicar" aunque ha insistido en que lo más importante es que "los jueces, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía de la democracia lo investiguen absolutamente todo porque está en juego la credibilidad de las instituciones democráticas".  
   El secretario general del PSPV ha expuesto la sensación de que es difícil de creer que "Francisco Camps y el PPCV habían extendido de esta manera la corrupción, el abuso del poder y la confusión de lo público y lo privado" y ha manifestado que el presidente de la Generalitat "representa el epicentro de este tsunami de corrupción, que ha extendido una manera de entender la política inaceptable desde el punto de vista democrático".  
   Por ello, ha recalcado que la Comunitat Valenciana "necesita pasar página, un cambio de gobierno y de tiempo, aunque sólo sea para que nada se quede escondido en el cajón".

La apertura de muchas investigaciones para depurar responsabilidades estanca la corrupción urbanística

MADRID.- La corrupción de políticos y funcionarios se ha estancado en España, después de cinco años de incremento, debido a la menor inversión inmobiliaria por el pinchazo de la burbuja urbanística y a la apertura de numerosas investigaciones para depurar responsabilidades en ese sector. 

Esta es la conclusión que se desprende del Índice de Percepción de la Corrupción 2010 elaborado por Transparencia Internacional (TI), que mide el grado de corrupción que las empresas y expertos atisban en el sector público de 178 países.

Según el presidente de la organización en España, Jesús Lizcano, España ha mantenido este año la nota cosechada en el ejercicio anterior (6,1 puntos) debido a la crisis económica, que ha hecho que exista "menos dinero disponible y menos inversión en el sector inmobiliario". 

Lizcano destaca en el Mapa Mundial de Corrupción, que los países que aparecen en rojo son los más corruptos pero que a tal corrupción contribuyen las empresas de países desarrollados, que aparecen en amarillo y con menor índice de corrupción. TI lleva a cabo también un índice de trasparencia en los ayuntamientos y está cerrando otro sobre las comunidades autónomas.

El catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria también ha explicado que en los últimos años "se daban todos los factores para que hubiera corrupción urbanística", especialmente en el sector público local. 

"Había un monopolio de los gobiernos municipales y especialmente de los alcaldes, había discrecionalidad, pocos controles y mucho dinero, lo que hacía de esas circunstancias un cóctel explosivo", ha dicho Villoria, que ha añadido que en la actualidad la corrupción ha mermado por la falta de liquidez, el aumento de la supervisión y la menor capacidad de los alcaldes para aprobar convenios.

Villoría ha citado la percepción del Eurobarómetro de la Unión Europea de 2009: el 75% creía que en su país había corrupción: en España se elevaba al 89% el porcentaje, porcentaje similar al de quienes consideraban que hay corrupción en los ayuntamientos. 

"Sólo el Cuerpo Nacional de Policía contabiliza 750 investigaciones con políticos implicados; 1.000 personas implicadas y más de 3.000 millones de euros incautados en casos en casos de corrupción", anotó Villoria va a tomar parte en una investigación que financia la Unión Europea para evaluar la calidad de la democracia en 27 países: empezarán por analizar los medios de comunicación.

En la presentación del índice, el jurista Antonio Garrigues Walker ha denunciado que España no tiene en cuenta la importancia de este y otros índices, como el de la innovación, a pesar de que hay herramientas para que los inversores decidan si apostar o no por un país.

Gracias a estos factores, España ha podido mantener su calificación este año y colocarse en el puesto 30 de los países menos corruptos del mundo, frente al puesto 23 que llegó a ostentar en 2004, cuando obtuvo una nota de 7,1 puntos, que no ha parado de descender desde entonces.

"Espero fervientemente que nos encontremos en un punto de inflexión" ha dicho el máximo responsable de Transparencia Internacional en España, que ultima un estudio sobre la corrupción en las Comunidades Autónomas. Los miembros de la organización también han confiado en que se mejore la inversión en personal especializado en la lucha contra la corrupción porque esas actuaciones siempre "dan resultados".

A nivel mundial, la crisis económica ha alterado este año sustancialmente la clasificación que elabora la organización, debido a que el rescate de entidades financieras afectadas por los activos tóxicos ha aumentado la percepción de corrupción en muchos países. No obstante, Dinamarca sigue liderando el listado de países menos corruptos, con una nota de 9,3, la misma que Nueva Zelanda y Singapur. Por regiones, en Europa suspenden ocho de 22 países mientras que en Asia Central y Europa del Este, suspenden todos.

El profesor Jesús Sánchez-Lambás, miembro del Comité Ejecutivo de TI, ha recordado que España viene descendiendo en su puntuación desde 2004. "Que sólo mantenga su puntuación y se sitúe en el puesto 30 de un total de 179 países es insuficiente al tratarse de la octava potencia mundial y ser la corrupción una de las mayores lacras mundiales". 

A su juicio, países como Islandia, Estados Unidos y Suecia desciendan posiciones arrastrados por impacto de la crisis y el comportamiento de los sistemas financieros, especialmente por la presencia de activos tóxicos procedentes del mundo inmobiliario.

En el lado contrario, suben posiciones Haití, Singapur y Chile. En el primer caso, por la presencia internacional y en los otros dos "por sus destacados esfuerzos en la lucha contra la corrupción". 

El país americano, rodeado de algunos de los más corruptos del mundo, ha incorporado a su legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas; una medida que también incorporará la reforma del Código Penal español que llega a contemplar la liquidación de la empresa implicada en procesos de corrupción. 

"Si bien requiere reforma procesal para que se aplique y no dará frutos en la lucha contra la corrupción hasta dentro de seis o siete años", según Sánchez-Lambás.