miércoles, 2 de mayo de 2012

Reflexiones sobre la Universidad / César García *

Una de las pruebas irrebatibles que se ha hecho imprescindible a la hora de denunciar la falta de calidad de las universidades españolas es la baja clasificación que obtienen en los rankings internacionales, donde siempre aparecen del puesto 200 para arriba. Aunque la metodología que utilizan estos rankings, basada fundamentalmente en la publicación de artículos en revistas académicas de ciencias y tecnología en detrimento de las humanidades o de otros aspectos relacionados con la enseñanza, pueda ser discutible, son una buena orientación. Llorar y lamentarse, como hace la Comisión Europea, de que estos criterios siempre favorecen a las universidades norteamericanas, no sirve de mucho cuando el resto del mundo los sigue a pies juntillas.
Sin embargo, en esta ocasión, me gustaría hablar de otros aspectos que se suelen dejar de lado acerca de la experiencia universitaria en España y que contribuyen activamente a su desprestigio.

El primero de ellos tiene que ver con el escaso interés que tiene como experiencia vital. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos, ir a la universidad supone un rito de paso, ya que suele implicar abandonar el hogar paterno y enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana (convivencia con otras personas, sexo, alcohol, trabajo, etcétera) en solitario, en España ir a la universidad apenas supone para una mayoría de estudiantes trasladarse a otro barrio y bajarse en otra parada de autobús o estación de Metro. El resto de las constantes vitales, como seguir viviendo en casa de los padres o salir con los mismos amigos, permanecen inalterables. El riesgo en términos monetarios o coste de oportunidad también es mínimo, ya que los alumnos españoles sólo vienen a pagar el 15% de la matrícula (desde ahora el 30%). Un hieratismo que se traslada a una enseñanza que empieza y termina en el aula y fundamentalmente basada en atender a las explicaciones del profesor, realizar exámenes y quizá escribir algún trabajo.

Esta capacidad de decidir por parte del universitario también se manifiesta dentro del aula, donde la percepción de la autoridad del profesor no liquida la posibilidad de un intercambio de ideas u opiniones acerca de un determinado tema. El estudiante no siente complejo de recoger el guante de una determinada pregunta del profesor en voz alta y existe en general una buena predisposición a embarcarse en el método socrático de búsqueda de la verdad, algo lejano en la universidad española en la que el estudiante protege su libertad marcando distancias con los profesores.

El escaso entusiasmo que en España suscita la experiencia universitaria se agudiza por la inexistencia de un auténtico mercado universitario y la ausencia de competencia entre los centros, ya que los estudiantes no encuentran ningún motivo para ir a una universidad fuera de su ciudad o región, ya que todas ofrecen más o menos lo mismo. Los campus tienen todos más o menos la misma estética y el marketing y la construcción de marca huelgan por su ausencia al tener una clientela cautiva. No deja de llamarme la atención, en una de las universidades con más estudiantes del mundo como es la Complutense, no ver ni una sola sudadera con su logotipo por las calles o que en la facultad de Ciencias de la Información la librería todavía tenga un formato de ventanilla en el que los estudiantes ni siquiera tienen la oportunidad de tener contacto físico con los libros.

La creación de universidades a la puerta de casa ha promovido el localismo hasta niveles inimaginables hace décadas cuando al menos había universitarios que se desplazaban a Madrid, Barcelona u otras ciudades a ampliar horizontes. Este localismo también es favorecido por la disponibilidad de fondos públicos de carácter regional que hacen que el profesorado se centre en no pocas ocasiones en investigaciones de ámbito muy local como requisito para acceder a los mismos.

En Estados Unidos la competencia se manifiesta en varios aspectos fundamentales: la existencia de un mercado de profesores dispuestos a moverse y que pueden contratarse con la misma libertad con la que una empresa contrata a cualquier tipo de empleado; un mercado de estudiantes que buscan recibir la mejor educación posible; y un mercado de empresas y agencias que, en su mayoría con dinero privado, desarrollan actividades investigadores en campos diversos.

Frente al complejo entramado burocrático que requiere la contratación de profesores en la universidad española, la estadounidense se caracteriza por la libre contratación de docentes. Enviar un currículum y unas publicaciones, pasar una serie de entrevistas y realizar una demostración docente son los requisitos para optar a una plaza de profesor en cualquier universidad. La contratación es al 100% realizada a gusto de los departamentos y el porcentaje de doctores que suelen terminar en la misma universidad en la que realizaron el doctorado es mínimo, justo al contrario de lo que sucede en la universidad española donde la endogamia y las relaciones personales siguen poseyendo un alto valor añadido. Mientras que en España la vida universitaria se asemeja a la de un árbol, es decir, nacer, desarrollarse y morir en el mismo sitio, en Estados Unidos el aperturismo genera una dinámica de competencia entre las universidades por contratar a los mejores profesores y entre profesores por realizar los méritos suficientes para trabajar en los mejores centros.

La burocracia afecta fundamentalmente a la función pública, donde la política de ascensos y los plazos están fijados de antemano. Me pregunto qué motivación puede tener un profesor titular de universidad si tiene garantizada una plaza de por vida y unos suplementos salariales que se perciben en función de la antigüedad y con independencia de la calidad de las clases o el número de publicaciones. Es, como casi todo en España, una cuestión de dejar que pase el tiempo. Ello sin entrar en el tema del tipo de incentivos que se ofrecen: las promociones una vez que se tiene la plaza suponen 200 o 300 euros mensuales de diferencia. Al no existir mercado por las altas barreras burocráticas se da la circunstancia de que todos los profesores titulares cobran más o menos lo mismo en cualquier universidad. ¿Se imaginan un profesor laureado de la Universidad de Berkeley cobrando igual que otro en la Universidad estatal de West Virginia?

Al igual que sucede en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación las universidades americanas tratan de ofrecer los mejores productos, es decir, programas más interesantes y la mayor cantidad y calidad de actividades posibles para captar los mejores estudiantes. Es un fenómeno que se retroalimenta y recíproco, cuanto más prestigio tienen los profesores de los departamentos, atraen mejores estudiantes y viceversa. El resultado es una alta capacidad innovadora y gran flexibilidad para adaptar los programas académicos a las necesidades de los estudiantes y de toda la sociedad .

No en vano, en Norteamérica existen multitud de rankings que establecen el prestigio de cada universidad según un conjunto de parámetros como relación calidad-precio, atención al alumno, la calidad del profesorado e incluso la calidad de vida en el campus. A diferencia de España, los universitarios americanos no saben en qué universidad van a terminar después de acabar high school (bachillerato). Lo normal es solicitar plaza en varias universidades al mismo tiempo teniendo como único criterio la calidad y no necesariamente la cercanía a su domicilio. De hecho, toda aquella familia que puede permitírselo suele enviar a sus hijos a estudiar a universidades fuera del área normal de residencia al entender que favorece el crecimiento individual.

Una experiencia vital más rica y un mercado más abierto redundaría en una mayor diversidad de estudiantes y de profesores que elevaría el nivel académico general. España, gracias al idioma, al clima y a la calidad de vida, podría tener opciones de atraer talento académico como sucede en EEUU, donde no siempre el salario es lo más importante para atraer a los mejores profesores. Pero para ello hay que tener el liderazgo necesario para hacer reformas de verdad y no sólo recortes.

(*) César García (Madrid, 1970), doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente profesor de comunicación en la Central Washington University

Hacienda comunica al Ayuntamiento de Valencia la aprobación del Plan de Ajuste y pago a proveedores


VALENCIA.- El Ministerio de Economía y Hacienda ha comunicado al Ayuntamiento de Valencia --con fecha de este lunes, 30 de abril-- la aprobación del Plan de Ajuste Económico y pago a proveedores que el equipo de gobierno presentó y que está avalado por los servicios de intervención municipales, según ha informado el concejal delegado de Hacienda, Silvestre Senent.

   Esta aprobación inicia un proceso cuyo siguiente paso, una vez obtenido el beneplácito a la propuesta municipal, es la firma en mayo de un acuerdo con los bancos sindicados que facilitarán al Ayuntamiento un total de 181 millones de euros, correspondientes a los pagos municipales pendientes hasta el 31 de diciembre de 2011.
   Asimismo, las empresas a las que se adeudan pagos y que decidieron acogerse al Real Decreto 4/2012, podrán empezar a cobrar sus deudas a finales de este mismo mes de mayo, según ha manifestado Silvestre Senent.
   El pago de estas facturas pendientes podrá llevarse a término tras la asunción, por parte del Ayuntamiento de Valencia, de un préstamo, avalado por el Gobierno de España, por un periodo de 10 años con dos de carencia y un interés del cinco por ciento anual.

El Consell está revisando a la baja y congelando algunos contratos del aeropuerto de Castellón

CASTELLÓN.- La consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, ha explicado que se están revisando a la baja algunos contratos del aeropuerto de Castellón referidos a algunas necesidades "que ahora son menores", y otros se están congelando "porque no entrarán en vigor hasta que no entre en funcionamiento el aeropuerto, ya que el servicio está unido a la operación" y "no tiene sentido que empiecen a operar antes".

   Entre los contratos que se han congelado se encuentran el de los controladores y el de halcones y hurones, según la consellera, quien no ha especificado los que se han revisado a la baja.
   Johnson se ha pronunciado en estos términos ante los medios de comunicación, tras la inauguración de la Conferencia Territorial de Turismo de la marca Castellón en el CdT de la capital de La Plana, al ser preguntada por la gestión a la baja de ciertos contratos del aeropuerto.
   Por otra parte, la consellera ha señalado que si hubiera una oferta de compra del aeropuerto, la Generalitat valenciana la valoraría, aunque "tienen que darse muchas circunstancias de seguridad, pues estamos hablando de una operación muy complicada, ya que hablar de un aeropuerto exige cierta valoración".
   La consellera ha aclarado que la venta del aeropuerto "no es una opción que se ha planteado", y ha añadido que no hay compradores, "lo cual no descarta que, si en algún momento aparecen oportunidades, se puedan valorar". En este momento, Johnson ha subrayado que Aerocas "trabaja en el desarrollo de la gestión del aeropuerto y elegirá el modelo que creamos que más pueda beneficiar al desarrollo del proyecto".
   "Otra cosa es que pueda externacionalizarse algo o se busquen fórmulas que puedan ser más eficaces, lo que no es incompatible con la gestión del aeropuerto, que es responsabilidad de Aerocas", ha apuntado la consellera.
   Al respecto, ha destacado que se sigue trabajando en el expediente de seguridad, "que está mucho más avanzado y en su recta final", y ha subrayado que su finalización "nos dará una fecha aproximada de puesta en marcha del aeropuerto".
   "La obra civil está finalizada, estamos con algunas subsanaciones que ya quedaron constatadas cuando se recepcionó la misma, y son relativamente pequeñas, por lo que ocupan semanas", ha indicado Johnson, quien ha añadido que "todo transcurre en paralelo: las subsanaciones de obras, el expediente de seguridad y pasos para comenzar con la gestión y explotación del aeropuerto".

Diputados del PSOE visitarán el aeropuerto de Castellón para conocer el "estado real" de la infraestructura

CASTELLÓN.- El secretario provincial y portavoz socialista en la Diputación, Francesc Colomer, ha pedido oficialmente a los responsables de Aerocas permitir la entrada de los diputados al aeropuerto, el próximo 8 de mayo, para visitar las instalaciones con el objetivo de "conocer, in situ, el estado real de la infraestructura y de las obras que se están llevando a cabo para ponerla a punto". 

   Colomer ha justificado esta petición "ante las constantes contradicciones que se están produciendo entre el presidente de Aerocas y los portavoces de la Generalitat acerca del estado de las obras, así como de la fecha aproximada en la que estará totalmente concluido".
   El portavoz socialista ha explicado que "los ciudadanos se merecen más respeto y mayor rigor por parte de los responsables de nuestras instituciones, sobre todo, cuando se está hablando de una infraestructura que ha costado más de 150 millones de euros y que, en estos momentos, está suponiendo un coste mensual desorbitado, entre personal, amortización de préstamos y gastos de mantenimiento".
   Por este motivo, "y atendiendo a nuestras obligaciones como oposición de fiscalizar la gestión del gobierno, -ha dicho- nos vemos en la obligación de acudir al aeropuerto para recibir algún tipo de explicación por parte de los responsables de Aerocas, sobre todo, teniendo en cuenta que todos nuestros intentos por pedirlas en la Diputación han resultado infructuosos, pues, desde la presidencia, se nos ha dicho que no es una cuestión que se deba abordar en la institución provincial".
   Sin embargo, a los socialistas les ha llamado la atención que en el encabezado del propio documento remitido por la empresa Aerocas, en respuesta a la petición de visita, figuran "muy visibles" los logotipos de la Diputación y de la Generalitat.
   El propio Colomer ha recordado que esta misma semana se han producido "nuevas contradicciones" entre portavoces de la Generalitat, "quienes reconocen que están buscando un comprador para el aeropuerto", y las del propio presidente de Aerocas, Carlos Fabra, "quien lo niega rotundamente".
   Por este motivo, y ante las afirmaciones del propio Fabra según las cuales 'cuando se ponga en marcha el aeropuerto, habrá una pandilla de políticos inútiles que tendrán que comerse todas sus palabras', Colomer se pregunta "si se estaba refiriendo a algún compañero suyo de la Generalitat, ya que es precisamente con ellos con quienes está manteniendo evidentes contradicciones y enfrentamientos en prensa todas las semanas".
   Por último, ha insistido en que "los únicos que están dañando gravemente la imagen de la provincia de Castelló, ligada al aeropuerto sin aviones, son aquellos que, con Camps y Fabra a la cabeza, organizaron una inauguración de mentira en vísperas de unas elecciones para un aeropuerto que sabían que no podía utilizarse porque ni las obras estaban terminadas, ni había operador capaz de gestionar los vuelos, ni compañías interesadas en utilizarlo, ni, desgraciadamente, una adecuada oferta turística para atraer a los 600.000 pasajeros anuales que, según las previsiones del propio PP, debían llegar desde el primer ejercicio".

El PP atribuye a Crespo, Cuesta y Arnal la responsabilidad política del saqueo de la depuradora

VALENCIA.- El PP ha atribuido la responsabilidad política del saqueo de Emarsa al presidente, al gerente y al director financiero de la empresa, Enrique Crespo, Esteban Cuesta y Enrique Arnal, respectivamente. Asimismo, "se descartan responsabilidades políticas fuera del contexto de la gestión directa de la propia empresa" encargada de la explotación de la depuradora de Pinedo. 

   Se trata de algunas de las conclusiones que los 'populares' han extraído de la comisión de investigación de la comisión de Emarsa en la gestión y explotación de la depuradora de Pinedo (Valencia) desde su creación, la conexión con otras entidades y las posibles responsabilidades en la liquidación de los gastos", según el texto.
   Los ponentes de la Comisión --con representantes de PP, PSPV, Compromís y EUPV-- se han reunido este miércoles para presentar las propuestas de cada grupo a la ponencia final que se debatirá el próximo viernes a partir de las 10.30 horas en la comisión de investigación. Sin embargo, no han llegado a ningún acuerdo para presentar un texto consensuado, según han indicado fuentes parlamentarias.
   El texto del PP cuenta con siete puntos en los que muestra el rechazo y muestran su "malestar" por las "actuaciones ilegales" y el "uso fraudulento" de los fondos públicos que presuntamente se han cometido en Emarsa.
   Asimismo, además de atribuir la responsabilidad política de lo sucedido a sus gestores, el PP reconoce que el consejo de administración de Emarsa actuó de 'bona fide' y no detectó las irregularidades hasta la fase final de la empresa.
   En este sentido, señala que los delegados de PSPV y EUPV en este órgano, Ramón Marí y Antoni Pérez, afirman haber sido conocedores de algún tipo de irregularidades "sin que actuaran dentro del plazo ni la forma adecuada, de acuerdo con dicha presunta sospecha". Además, lamenta el "desestimiento de responsabilidades" del letrado asesor de Emarsa, Blas Pérez, de quien consideran que "no ejerció correctamente" sus funciones de control de la legalidad en la empresa.
   El PP, finalmente muestra su apoyo a las acciones judiciales iniciadas por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), aunque lamenta que no se hubiera hecho antes. Y, además, considera que los consejos de administración de las empresas públicas "necesitan una profunda revisión con las modificaciones legales que procedan para que hecho como este no vuelvan a ocurrir".
   Por otro lado, el PSPV ha reclamado que el dictamen de la ponencia de la comisión se retrase hasta que los servicios jurídicos emitan un informe sobre la negativa del gerente de la Entidad Pública de Aguas Residuales (EPSAR), José Juan Morenilla, a comparecer en la misma. La Mesa de la Comisión acordó solicitar dicho informe pero, según las citadas fuentes, no se ha tramitado y los servicios jurídicos de la Cámara no tiene constancia de esta petición.
   El resto de grupos de la oposición también apuesta por esperar las conclusiones a la decisión sobre la comparecencia de Morenilla.
   En las conclusiones de los grupos de la oposición, el PSPV considera que la información recibida en la comisión es "irrelevante e incompleta" y lamentan el "veto" del PP a las comparecencias de quienes responsables políticos del agujero de Emarsa: la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de las Corts, Juan Cotino, por su responsabilidad como conseller.
   Asimismo, consideran que lo sucedido en Emarsa forma parte de un "sistema de corrupción" dirigido por el PP, que está "detrás" del agujero en la depuradora. Además, solicitan extender la investigación a la EPSAR, según han señalado fuentes socialistas. El PP es "un instrumento necesario e imprescindible" para que esto haya ocurrido.
   De la misma forma, Compromís estima que no se pueden redactar conclusiones de la comisión porque "quedan muchos interrogantes" que contestar.
   Por su parte, EUPV asegura que el "saqueo" de Emarsa se originó a través de una "trama corrupta" y por la "cultura del enriquecimiento a costa del erario público" que, según señala, "ha constituido la señal de identidad del PP". Asimismo, atribuye la responsabilidad política al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia y de las consellerias responsables del control de la empresa, entre otras.
   Asimismo, advierte de que un "cierre en falso" de la comisión de investigación llevará a "señalar" al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, como "encubridor" de los responsables del agujero económico.

Un mínimo de 5.000 habitantes, una de las opciones para agrupar ayuntamientos

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha trabajado con la cifra de un mínimo de 5.000 habitantes como una de las opciones para agrupar ayuntamientos, según informaron fuentes del Ejecutivo, con el fin de ahorrar gastos en la prestación de los servicios a los ciudadanos. 

   Esta, la posible fusión de municipios, es una de las cuestiones que podrían estar mañana sobre la mesa en la reunión que tendrán el grupo de trabajo creado entre Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar el catálogo de competencias de los ayuntamientos españoles.
   La determinación de las competencias que podrán ejercer las corporaciones locales, así como a partir de qué umbral de habitantes se podrá ejercer cada una de ellas, es una de las cuestiones clave a resolver en los próximos días. Y esto es así por varios motivos, uno de ellos porque hasta la fecha los ayuntamientos estaban ejerciendo una serie de competencias que no tenían asignadas, pero también lo es porque dada la autonomía municipal, no se puede obligar a los ayuntamientos a fusionarse.
   Sin embargo, sí se puede hacer por la vía de los hechos, es decir, que el Ejecutivo podría decidir que las competencias de las localidades más pequeñas sean ejercidas por otra entidad, por ejemplo las diputaciones, y que esos ayuntamientos, al carecer de competencias, tengan menos sentido y se vean obligados a asociarse.
   Por ello, una de las opciones con las que ha estado trabajando el Ministerio, aunque no hay ninguna decisión tomada al respecto, es la de aplicar el corte en los municipios de 5.000 habitantes. Es decir, que los menores de esta población se vean obligados a agruparse por no poder prestar determinados servicios o por no poder ejercer competencias en solitario. En la actualidad el número de municipios españoles asciende a más de 8.000, pero esta cifra es considerada elevada por el Ejecutivo y así lo ha manifestado en público alguno de los ministros.
   Lo que parece tener meridianamente claro el Ejecutivo es que mantendrá las diputaciones provinciales. De hecho, Mariano Rajoy siempre ha defendido con intensidad su permanencia. Lo que no está tan claro es qué ocurrirá con las mancomunidades.
   La reordenación en profundidad de la administración local y sus competencias se viene abordando entre Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabajan desde hace tiempo para acordar las reformas que el Gobierno quiere llevar adelante, aunque hasta la fecha no se había concretado.
   Sin embargo, ahora se perfila como una cuestión de cierta urgencia, teniendo en cuenta que esta, además, es una de las reformas que ha citado el Gobierno en su Plan de Reformas que ha enviado a la Unión Europea. De hecho, mañana está previsto que un grupo de trabajo creado entre Administraciones Públicas y la FEMP se reúnan para abordar estas cuestiones y revisar también el informe que ha concluido la Federación Española de Municipios y Provincias sobre cómo reformar el catálogo de competencias siguiendo el principio establecido por Mariano Rajoy de "una administración, una competencia".
   Hasta ahora, los municipios españoles están destinando una media del 25 por ciento del gasto a lo que se llaman "competencias impropias", es decir, las desempeñadas por las corporaciones locales aunque no les corresponda ejercerlas. Se trata en su mayoría de cuestiones sociales. Para todo ello, el Gobierno reformará la Ley de Bases de Régimen Local, que regula la vida de los municipios y del resto de entidades locales, como diputaciones y comarcas.

CHA "estará enfrente del Gobierno" si recupera el trasvase del Ebro"

ZARAGOZA.- El diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, Joaquín Palacín, ha asegurado que su partido "estará enfrente del Gobierno español en caso de que recupere el trasvase del Ebro", después de que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, "no nos ha dicho que no se iba a hacer".

   En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la comisión de seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, presidida por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y el presidente de las Cortes autonómicas, José Ángel Biel, Palacín ha mostrado su "indignación" y una "preocupación importante".
   "Pensamos que es una tomadura de pelo a los aragoneses que se vuelva a hablar de recuperar el trasvase del Ebro", ante al cual "salimos infinidad de veces a la calle y que creo que tendremos que volver a salir" porque CHA "tendrá una oposición frontal" al mismo.
   Asimismo, ha preguntado al Gobierno de Aragón "cómo permite que el señor ministro no niegue el trasvase del Ebro, cuando, en estas Cortes hemos aprobado hace escasas fechas una iniciativa que decía que las Cortes estaban en contra de ese próximo trasvase del Ebro".
   Palacín también ha criticado que "estamos volviendo a vivir un ataque frontal a nuestros ríos" y el ministro "no nos ha querido contestar nada del caudal ecológico" por lo que "nuestros ríos van a tener serios problemas en las próximas fechas con la bajada del caudal ecológico que marca el plan de cuenca".
   Joaquín Palacín ha argumentado, respecto a las obras hidráulicas del recrecimiento del embalse de Yesa y de la construcción de Biscarrués, que "estamos viviendo el enfrentamiento de dos modelos, uno que apuesta por el despilfarro de recurso ambientales, del agua, una de las mayores riquezas que tendremos en el futuro los aragoneses" y también "por el despilfarro de recursos económicos".
   En este sentido, ha apuntado que Yesa se licitó en un primer momento por "109 millones de euros y vamos por 300 millones", mientras que desde CHA "apostamos por un aprovechamiento adecuado de los ríos" y de los recursos económicos, especialmente en un momento de crisis.
   Sin embargo, ha manifestado, se quiere impulsar "una política que rompe la equidad territorial", en la que "unos están por encima de otros", sin que se resuelvan los problemas porque "los regantes siguen sin poder regar y los habitantes del territorio siguen con esa espada de Damocles que les está coartando su desarrollo con la posible pérdida de trabajo en algunas zonas, como la Galliguera".
   Por eso, ha esgrimido que "se habla de consenso, cuando existen soluciones mucho más técnicas y baratas", y en el caso de Yesa "existen otras soluciones mucho mejores" y "no estamos de acuerdo con la respuesta sobre la inseguridad de los desprendimientos de laderas", que "no es un pequeño problema", sino que "desde hace tiempo se está produciendo y aquí parece que es algo normal".
   Además, "no entendemos cómo se están quitando tierras" para "carreteras que no serían necesarias, si no se recupera la cota máxima" de forma que "parece una tramitación oscura y compra de voluntades".
   El diputado de CHA ha subrayado que "tampoco existe consenso" respecto a Biscarrués ya que es una obra con "muchos problemas medioambientales" y "se pierde un desarrollo en la zona y puestos de trabajo", si bien hay "soluciones más baratas y más sostenibles, como los embalses de Valcuerna y Almudévar, que solucionarían los problemas de los regantes de forma más rápida".
   Finalmente, ha expuesto que su modelo en política hidráulica es el embalse de San Salvador, en el que "ha habido diálogo y participación del territorio" y "sí ha habido un consenso de regantes y de los territorios que se van a ver afectados" por la obra.

El arzobispo de Valencia afirma que buscar la verdad del hombre "es la gran tarea que tiene la educación"

VALENCIA.- El arzobispo de Valencia y Gran Canciller de la Universidad Católica de Valencia 'San Vicente Mártir', monseñor Carlos Osoro, ha asegurado este miércoles, durante la apertura de la quinta edición del Congreso de Educación Católica para el Siglo XXI de la UCV, que "buscar la verdad del hombre y hacer posible que el hombre se encuentre con la verdad es la gran tarea que tiene toda la educación".

El prelado ha presidido la inauguración del Congreso que, dedicado al pensamiento pedagógico de San Agustín, se celebra en el Centro Cultural Bancaja de Valencia hasta el próximo viernes, según ha informado este miércoles el Arzobispado en un comunicado.
En su intervención, Osoro ha afirmado que los hombres tienen que continuar haciéndose la misma pregunta que se hacía San Agustín: "¿Ama algo el alma con más ardor que la verdad?". Por este motivo, la educación, ha señalado, tiene como "tarea" la búsqueda de la "verdad del hombre".
Para el arzobispo de Valencia, la educación "sigue siendo el drama más grande y el problema más urgente a resolver de nuestro tiempo, y muy en concreto en España", ha añadido.
Por este motivo, el Congreso es una "respuesta", a la "emergencia educativa" a la que se ha referido el Papa Benedicto XVI. "Hay que responder con pensamiento, sabiduría, acciones concretas y medidas que desde la reflexión y la investigación vamos descubriendo", ha remarcado.
El arzobispo de Valencia ha indicado que es "urgente" ofrecer respuestas, y esa "urgencia nos lleva también a entrar y a descubrir en esas personas que han amado de verdad y que han gastado su vida por situarse ante la verdad y presentársela a los hombres".
Por su parte, el rector de la UCV, José Alfredo Peris, ha apuntado en su intervención que confía en que "la educación católica acepte el reto de la emergencia educativa, buscando amar más y mejor" a cualquier alumno, pero "viendo en él o ella la incomparable dignidad que posee, con la luz de Cristo protegiendo su individualidad, su ser, su historicidad y su plenitud, y dándonos a nosotros mismos la auténtica rectitud de la inteligencia y de la mirada", ha añadido.
En la sesión de apertura también han participado Rafael Carbonell, secretario Autonómico de Educación; José Alfredo Peris, rector de la Universidad Católica de Valencia; José Ignacio Prats, vicerrector de Profesorado y director del Congreso; y Gabriel Martínez, decano de la Facultad de Magisterio.
Cerca de 200 personas participan en las sesiones que han comenzado hoy, entre ellos profesores, maestros, orientadores y responsables de centros educativos valencianos, así como estudiantes del ámbito de la educación y la psicología.
El Congreso, que se celebra bajo el lema 'La educación según San Agustín, una respuesta a la postmodernidad', reúne a profesores, teólogos y expertos que presentarán ponencias y comunicaciones.

El Ayuntamiento y Telefónica trabajan para atraer la Campus Party a Barcelona

BARCELONA.- El Ayuntamiento de Barcelona y Telefónica están trabajando para atraer a la capital catalana uno de los mayores encuentros anuales de internautas del mundo, la Campus Party, después de que el evento haya dejado Valencia por la crisis, ha afirmado este miércoles el director general de Telefónica en Catalunya, Kim Faura.

   Lo ha dicho en la firma de un convenio marco de colaboración con el alcalde, Xavier Trias, con el fin de impulsar la innovación y las nuevas tecnologías para hacer de la ciudad un referente en las TIC, y que se enmarca en la apuesta por la capital mundial del teléfono móvil, por ser referente de las 'smart cities' --ciudades inteligentes-- y la innovación en la atención ciudadana.
   Faura ha afirmado que hay "bastantes posibilidades" para que la Campus Party aterrice en Barcelona, e incluso podría celebrarse en la ciudad este mismo 2012, y ha agregado que estaría relacionada con la capitalidad del móvil que ejerce la capital catalana, ante lo que Trias ha dicho que todo lo que hace la ciudad debe conectarse con ser la Mobile World Capital.
   En relación al convenio, Telefónica aportará 4 millones de euros anuales, y Faura ha desgranado algunos de los proyectos que tiene en marcha en la capital catalana, ante lo que el alcalde ha reivindicado la ciudad como plaza segura para invertir, y ha agregado sobre la compañía: "Os queremos tener al lado. Queremos que invirtáis, que os gastéis el dinero en Barcelona".
   Sobre la mesa hay convertir la mitad del edificio de Telefónica de 1.200 metros cuadrados ubicado entre la plaza de Catalunya y Portal de l'Àngel en sede de la capital del móvil, sobre lo que se están cerrando los últimos "flecos legales", ha explicado Faura, y en el mismo edificio podría haber un museo de móviles.
   Trias ha recordado que la Fundación de la capital del móvil actúa para todos los operadores, lo que ha desvinculado de la apuesta de Telefónica por poner a disposición de las estrategias de Barcelona sus centros de investigación, que ubicaría en el 22@, y cuyas innovaciones primero se testarán en la ciudad para después exportarlas, según Faura.
   En paralelo, el Ayuntamiento prevé tener lista para este año la nueva normativa sobre las antenas de telefonía móvil para mejorar la cobertura de los barceloneses, tema del que Trias ha vuelto a decir que tiene "una obsesión" para solventarlo, y ha recordado que lo que va mejor es tener muchas de baja potencia, y no pocas de mayor potencia y alejadas entre ellas.

Valencia, el espejo más cruel de la realidad española

VALENCIA.- "¿Os gusta el aeropuerto del abuelo?", preguntaba ante las cámaras a sus nietos el entonces presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, en la inauguración en marzo de 2011 de un aeródromo fantasma, nunca visitado por un avión y edificado sobre un gigantesco terreno yermo de la provincia levantina.

Con dos de las tres entidades de crédito regionales intervenidas por el Estado por falta de viabilidad y una deuda reconocida de 20.500 millones de euros (el 19,9 por ciento de su PIB), Valencia refleja los excesos autonómicos y muchos de los males que han llevado al país a incumplir de lejos los ajustes de déficit exigidos por Bruselas y a ser mirado con recelo en los mercados internacionales.
"La gestión de la cosa pública ha sido lamentable, cuando no indecente. La corrupción en Valencia es mítica, pero es mucho peor la mala gestión por no saber llevar una comunidad como una empresa", resume Vicente Peiró, abogado valenciano que representa a 35 pequeñas empresas de material hospitalario a las que la región adeuda 350 millones de euros.
La frase del político que promovió el aeropuerto de Castellón, imputado por presuntos delitos fiscales, tráfico de influencias y cohecho, ilustra una cultura que durante la última década alimentó excesos faraónicos y millones de folios en investigaciones por supuestas ilegalidades.
La misma región que hasta hace poco presumía de ser un referente de modernidad y prosperidad, que albergó orgullosa la exclusiva Copa América de Vela o que es vista en todo el mundo por el costoso circuito urbano de Fórmula Uno, pasa frío en aulas públicas sin calefacción por falta de pago, acumula retrasos multimillonarios en el pago a proveedores y se ve obligada a aplicar duras recetas de austeridad y a dejar obras inacabadas.
"Hemos visto un derroche de dinero público injustificable a mayor gloria política de determinados individuos (.) Ahora se ha visto que es insostenible y el Aeropuerto de Castellón es el ejemplo paradigmático, es un símbolo del derroche y de la sucesión de despropósitos de la región", explica a Reuters Ignacio Blanco, diputado y portavoz económico de Esquerra Unida en Valencia, un grupo que lleva una década oponiéndose a obras "sin ningún interés social".
Blanco se refiere no sólo al aeropuerto sin aviones sino también al deficitario parque de atracciones Terra Mítica en Benidorm, a la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, cuyo coste el Tribunal de cuentas regional cifró en 1.300 millones de euros, o al "Hollywood" alicantino de Ciudad de la Luz. Todas ellas consideradas infraestructuras a día de hoy infrautilizadas y con elevados costes de mantenimiento.
Aprovechando el festival de crédito bancario y el boom constructor y económico que permitió a la España de sol y playa soñar con superar la media de renta per cápita europea y con una política de endeudamiento cuando menos irreflexiva, la región más endeudada de la piel de toro ha pasado en pocos años de una etílica fiesta con barra libre a estar virtualmente rescatada por el Estado.
"Pensamos que el Gobierno central probablemente proporcionará apoyo financiero para cubrir el servicio de la deuda en 2012, pero de forma extraordinaria", dijo recientemente la agencia de rating S&P tras colocar la calificación de las finanzas valencianas en el primer escalón de los "bonos basura" por su elevado perfil de riesgo y falta de acceso a los mercados.
Con una nueva ley presupuestaria que otorga al Estado la posibilidad de intervenir las finanzas regionales, la comunidad gobernada desde hace diecisiete años por el conservador Partido Popular cerró 2011 con un déficit fiscal del 3,68 por ciento del PIB y ostenta el primer puesto en otro de los grandes problemas del país - las deudas a empresas - al tener pendientes de pago casi 600.000 facturas por importe superior a los 4.000 millones de euros.
Como en el resto del país, las deudas a proveedores amenazan con estrangular, cuando no lo han hecho ya, a numerosas pequeñas y medianas empresas, lo que ha llevado al Gobierno central a salir ya en apoyo de las regiones al aprobar un plan de financiación para el pago a proveedores con créditos preferentes por 35.000 millones de euros.
"Con nuestros propios recursos y la operación del Gobierno de España (para pagar a proveedores) estamos en condiciones de tener un saneamiento total de nuestra economía y hacer frente a nuestras obligaciones", explica Alfonso Grau, Teniente de Alcalde de la ciudad de Valencia, cuyas deudas a finales del tercer trimestre de 2011 ascendían a 860 millones de euros.
Al igual que los dirigentes regionales, Grau se queja del modelo de financiación del Estado, ahora gobernado por el mismo partido político, pero sometido al yugo del opositor PSOE en los últimos siete años.
"La Comunidad ha dejado de recibir 8.328 millones de euros desde 2002 por los modelos de financiación", se queja la Generalitat por boca de su consejero de Hacienda, José Manuel Vela, que asegura que tomará "las medidas necesarias para cumplir con los niveles de déficit que exigen el Estado y la UE".
Desde el Gobierno regional se han aplicado impopulares medidas de austeridad fundamentalmente en las competencias transferidas de educación y sanidad y se ha anunciado un brusco recorte de empresas y empleo público mediante fusiones, cierres o privatizaciones.
Mientras evalúa las reformas sanitarias y educativas promovidas por el Gobierno central, Valencia pretende extender el modelo de privatización hospitalario tras invertir más de 383 millones de euros en el nuevo Hospital Universitario de La Fe, una "miniciudad" con 260.000 metros cuadrados construidos que presume de situarse entre los 50 mejores centros sanitarios públicos europeos.
"No se puede asumir el coste de una ampliación del Hospital de La Fe cuando la tendencia internacional no es hacia los macrohospitales, sino hacia los hospitales de zona más gestionables", afirma el abogado Vicente Peiró, que destaca la dificultad de gestionar la gigantesca instalación.
Mientras, en educación, la región ha sufrido retrasos de un año en los gastos de funcionamiento de los centros públicos en 2012 que han provocado puntuales casos de impago a proveedores, amenazas de suspensión de servicios y multitudinarias manifestaciones y jornadas de paro.
"Me resulta bastante difícil apelar al optimismo. Estamos en un punto del túnel en el que no se ve la luz, así que no sabemos si avanzamos, retrocedemos o siquiera nos movemos", explica Vicent Baggetto, portavoz de la asociación de directores de centros públicos en Valencia.
En el país que vio nacer el movimiento "indignado" todavía está lejos la guerra callejera de Grecia, aunque las imágenes de la dura represión policial en recientes manifestaciones de estudiantes en Valencia ha hecho saltar la alarma a nivel nacional.
Pero mientras desde Madrid se advierte a las comunidades de que a Hacienda no le temblará la mano si ha de intervenir las finanzas regionales, en Valencia aseguran que están haciendo sus deberes.
"No hace falta que nadie nos venga a intervenir", señaló recientemente el consejero de Economía del Gobierno valenciano, Máximo Buch, tras reiterar que reducirán su déficit hasta el 1,5 por ciento del PIB y que afrontarán vencimientos de deuda y créditos sin problemas con el apoyo del Estado.
Pero con los mercados de financiación cerrados y el Gobierno ultimando una emisión de bonos avalados para financiar a las regiones que cumplan sus objetivos, no son pocos quienes estiman que los recortes no serán suficientes y que el pago de la deuda se puede ver seriamente comprometido obligando al Estado a tomar la batuta.
"El deteriorado perfil de crédito individual de Valencia sólo puede ser compatible con un rating en grado de inversión si el apoyo extraordinario del Gobierno es explícito y transparente", opina Standard & Poor's.
Peiró, que negocia en estos momentos los pagos atrasados a las empresas que representa gracias al plan estatal pero duda de cómo se financiarán los de este ejercicio, lo tiene claro: "Estamos en las puertas de la intervención. O hay una gestora estatal para sacarnos del atolladero o no salimos".
Con tres de los cuatro pilares industriales de la región - calzado, textil y juguete - en estado mortecino, sólo la industria regional de la cerámica resiste la crisis y la competencia de otros mercados más baratos, mientras el sistema financiero local ha quedado prácticamente sepultado por el exceso del ladrillo que dibuja el perfil de localidades costeras como el "Manhattan español" de Benidorm.
La quiebra e intervención estatal de dos de las entidades de crédito de la región, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Banco de Valencia, que durante décadas alimentaron generosamente las desmesuradas ansias de crecimiento, también ha contribuido notablemente a las dificultades de financiación.
Las dos entidades, una de las cuales, la CAM, mereció el calificativo de "lo peor de lo peor" por parte del gobernador del Banco de España, mostraban un agujero patrimonial y de liquidez inicialmente estimado en más de 8.000 millones de euros.
"Los bancos son un excelente reflejo de lo que ha pasado en la región, las vinculaciones políticas y esa política del pelotazo (...) una gestión demencial de los créditos que ha llevado a financiar sin medir el riesgo, desde promotoras en quiebra a proyectos nunca realizados", explica un director de sucursal de Bankia que no quiere ser citado.
Aunque en términos cuantitativos la corrupción no puede compararse con los millones de euros perdidos como consecuencia de una mala gestión y el abandono del modelo productivo, sí ha agravado notablemente la sensación de descontento.
"Ya no es que la crisis económica obligue a hacer recortes, es que, además, nos están robando", explica el diputado de Esquerra Unida. "Decían que todo era para poner Valencia en el mapa y han conseguido eso, ponernos en el mapa, pero con la Formula Uno, la corrupción, el derroche, como vergüenza de los valencianos".
Desde supuestos enriquecimientos ilícitos con la visita del Papa a la detención del máximo responsable de proyectos de Cooperación de la región, los escándalos han salpicado al Partido Popular en el poder.
El que fuera presidente de la región valenciana durante ocho años, Francisco Camps, tuvo que dimitir de su cargo el año pasado aunque fue posteriormente absuelto de una acusación de cohecho en una pieza de un proceso que, de rebote, propició una de las condenas más discutidas de la historia de la democracia, con la inhabilitación del juez Baltasar Garzón por escuchas ilegales en el caso Gürtel.
Entre los casos abiertos de mayor repercusión destaca la investigación de casi una treintena de delitos en torno a Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de la ciudad de Valencia y que supuestamente gastó cantidades millonarias en servicios nunca prestados, regalos de lujo, comidas o "traductoras rumanas" que acompañaban a políticos y empresarios en los viajes.
Pero quizás, por el ámbito en el que actúa, el mayor reproche social se centra en las investigaciones contra el conocido como fraude de cooperación, con varios detenidos por supuestos desvíos en ayudas al desarrollo.
"Es el caso más emblemático, con una estructura para robar el dinero a los niños pobres que es ya de una miseria moral bestial", opina Luis Bellvís, economista y regidor de un establecimiento hotelero en la capital valenciana.
Sin embargo, con un 48 por ciento de los votos en las últimas elecciones, el Partido Popular cuenta todavía con un amplio respaldo electoral tanto en la región como en los ayuntamientos y es reconocido en la calle como el hacedor de esta Valencia moderna que alberga edificios de estrellas arquitectónicas de la talla de Santiago Calatrava, Norman Foster o David Chipperfield, aún a costa - dicen los detractores - de una política inmobiliaria que ha llevado incluso a sacrificar el barrio marinero histórico de "El Cabanyal".

Rato dice que Bankia cumple los requisitos de capital

MADRID.- El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha asegurado este miércoles que la entidad "está cumpliendo" las exigencias de capital que ha marcado el Gobierno, con un 'core capital' que actualmente alcanza el 10,6%.

   "Estamos en una situacion de mucha robustez desde el punto de vista de solvencia y tambien desde el punto de vista de liquidez", ha destacado Rato en declaraciones a la prensa durante su asistencia a los actos del Día de la Comunidad de Madrid.
   El presidente de Bankia ha indicado que los planes de la entidad pasan por incrementar este año el crédito a las empresas en 7.000 millones de euros, realizando al mismo tiempo importantes esfuerzos en reducción de costes.
   "Suponemos el 25% de todo el esfuerzo que ha hecho el sector en reducción de costes e, indudablemente, tenemos que continuar esforzándonos", ha señalado. En este sentido, ha asegurado que Bankia continuará fortaleciendo su capital y sus provisiones "en beneficio de sus clientes y de sus accionistas".

El Gobierno fijará las reglas para que la banca segregue activos inmobiliarios

BRUSELAS.- El Gobierno y el Banco de España fijarán las reglas para que la banca segregue sus activos inmobiliarios dudosos y los desconsolide de su balance, pero no aportará "en principio" ayudas públicas con el fin de facilitar el proceso, según ha explicado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos. La operación podría afectar hasta 170.000 millones de activos problemáticos.

   De Guindos se ha reunido este miércoles a petición propia con el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, responsable del control de ayudas públicas. Ambos "han mantenido una conversación general sobre el sistema financiero", según el portavoz de Almunia.
   El ministro de Economía no ha dado tampoco detalles sobre la reunión y se ha limitado a señalar que "el comisario Almunia sabe que el Gobierno español va a cumplir con toda la normativa de ayudas de Estado".
   De Guindos ha explicado que las provisiones por valor de 54.000 millones de euros que el Gobierno ha exigido a la banca para sanear sus activos inmobiliarios -ejecutando reducciones de precio del 80% para el suelo, el 65% para promociones en curso y el 35% para viviendas acabadas- ya los sitúan "en valores de mercado".
   "A partir de ahí, lo que se facilita enormemente es el proceso de desconsolidación de estos activos inmobiliarios a través de su venta.  Y eso es lo que de alguna forma se va a favorecer en los próximos días", desde ahora y hasta finales de año, que es el plazo máximo que se ha dado a la banca, ha señalado.
   Esta segregación, ha resaltado De Guindos, tiene dos implicaciones positivas para las entidades: en primer lugar, "reduce los balances de los bancos y su exposición al inmobiliario" y además les permite "dedicarse a ser bancos y no a ser inmobiliarias".
   "Es un planteamiento que además se va a hacer con absoluta transparencia, se va a hacer con claridad desde el punto de vista de unas valoraciones que son las adecuadas y que consideramos que son atractivas para potenciales terceros que quieran comprar esos activos", ha sostenido.
   En este proceso, el Gobierno y el Banco de España se limitarán a establecer "cuáles son las reglas para que efectivamente eso se produzca", pero no aportarán ayudas públicas. "En principio, si la valoración es la correcta, que el planteamiento es que la valoración es la correcta, son operaciones de mercado", ha sostenido.
   Así, la creación de sociedades intermediarias para gestionar estos activos dudosos no será iniciativa del Ejecutivo sino que "dependerá de los planteamientos que hagan las entidades".
   La segregación, ha resaltado De Guindos, "podría llegar a afectar a 170.000 millones de euros", que son los considerados dudosos a finales de 2011 según se recoge en el decreto ley que obligaba a las entidades a aumentar sus provisiones.
   En su opinión, en estos momentos "donde está el problema es en el suelo" porque "en estos momentos no existen transacciones en España". Pese a la rebaja de precio del 80%, "antes de que empiece a haber transacciones de suelo significativas en España se tiene que acabar con el stock de viviendas que existe actualmente en nuestro país".
   Por lo que se refiere a la vivienda terminada, el ministro de Economía ha defendido que el descuento del 35% de media "es relativamente bastante adecuado y bastante próximo a lo que es las demandas del mercado". 
"Los bancos están vendiendo muchas viviendas terminadas y está habiendo un proceso de reducción de la vivienda terminada en los balances de los bancos", ha agregado.
   Además, De Guindos ha vuelto a pronosticar que "se van a ir produciendo operaciones de fusiones y de adquisiciones adicionales en el ámbito de las cajas de ahorro como ya hemos visto alguna en las últimas semanas".
   "También puede haber actuaciones adicionales desde el punto de vista de las provisiones por cada uno de los bancos", ha vaticinado el ministro. Y ha puesto de ejemplo a una entidad, a la que no ha identificado, que ya ha cumplido durante el primer trimestre con las exigencias de provisiones del real decreto y que a su juicio aun así seguirá aumentándolas durante el resto del año.