martes, 23 de febrero de 2016

Alcaraz propone una colaboración con el TSJCV para recuperar con rapidez el dinero robado


VALENCIA.- El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, se ha ofrecido hoy a "colaborar" con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para "recuperar con rapidez los fondos saqueados de las instituciones públicas por los corruptos". 

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, Alcaraz ha propuesto una reunión con magistrados, fiscales y representantes de su Conselleria y de la de Justicia.
Tras un primer encuentro mantenido con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, Alcaraz ha señalado que el objetivo de futuras reuniones sería "hablar sobre formas eficaces de recuperación de activos que se derivaron de las instituciones públicas, autonómicas y locales".
El conseller de Transparencia ha señalado que ya se están recuperando dinero "del caso Blasco, referentes a la cooperación", un departamento que ahora gestiona la conselleria que él dirige.
Su cita con De la Oliva "se inscribe en el marco de las relaciones institucionales normales entre la Generalitat y otros órganos del Estado", y durante la misma le ha expuesto que ambos organismos tienen el punto en común de "la lucha contra la corrupción".
Asimismo, ha insistido en la importancia de continuar la relación con el TSJCV, ya que abren "nuevas vías de colaboración entre instituciones que ayudarán a que los valencianos puedan recuperar lo que es suyo y también la confianza en las instituciones públicas".

Investigan si el posible cohecho de Grau está relacionado con 'Ritaleaks'

VALENCIA.- El supuesto caso de cohecho por el que ayer fueron detenidos el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP) y el empresario Urbano Catalán, responsable de la empresa Viajes Transvía, podría estar relacionado con las facturas de gastos de Alcaldía que investiga Anticorrupción en el caso Ritaleaks.

Según han informado fuentes de la investigación, el grupo Transvía está conectado empresarialmente con otras empresas de viajes a las que contrató el consistorio para organizar viajes de la exalcaldesa Rita Barberá y con otros que pudo realizar Grau.
Al mismo tiempo, se investigan las conexiones que varios patronos de la Fundación Turismo Valencia, que presidía Grau, pudieran tener con empresas adjudicatarias de contratos municipales.
La Fiscalía Anticorrupción investiga desde mayo del año pasado una denuncia de Compromís sobre gastos de representación del Ayuntamiento de Valencia y de la exalcaldesa Rita Barberá, que ascienden a 278.000 euros desde 2011 a septiembre de 2014.
Esta investigación, cuyas diligencias se están ultimando, trata de determinar hasta qué punto gastos considerados por Compromís "suntuarios y de lujo" pueden ser constitutivos de malversación o prevaricación.
También se investiga si se produjo fraccionamiento de gastos para eludir la legislación y, en última instancia, la posible financiación de actos de partido de Barberá cargados al Ayuntamiento.
La detención de Grau, efectuada ayer por agentes de la policía judicial de la Guardia Civil, y el posterior registro de su domicilio se esperaba "más extenso", según han reconocido las mismas fuentes.
Así, fue una notificación de la Audiencia Provincial de Palma a la policía judicial, en la que se informaba de que el exvicealcalde de Valencia tenía que asistir hoy y el resto de la semana al juicio por el caso Nóos, la que precipitó su puesta en libertad.
Grau está procesado en el caso Nóos que se enjuicia en Palma, acusado de prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias en relación con la contratación del Instituto Nóos a través de la Fundación Turismo de Valencia, que él presidía.
Sobre el registro llevado a cabo ayer en su domicilio del centro de Valencia, muy próximo al de Barberá, fuentes de la investigación han señalado que durante el mismo se localizaron numerosos relojes de gama alta.
Estos tienen la particularidad, destacan las fuentes, de tener números de serie y garantías personalizadas, lo cual permitiría conocer su origen, momento de compra y titularidad, y facilitar la investigación sobre el posible delito de cohecho por el que fueron detenidos Grau y el citado empresario en una causa declarada secreta por un juzgado de Valencia.

El PP pide que se convoque un patronato extraordinario de la Fundación InnDEA

VALENCIA.- El grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia ha pedido hoy que se convoque un patronato extraordinario de la Fundación InnDEA, para aclarar "las presuntas irregularidades en la contratación de personal llevadas a cabo por la gerencia y la vicepresidencia".

La edil del PP Beatriz Simó ha explicado en un comunicado que han registrado "de manera oficial" esta petición de convocatoria y han dado traslado de ella a todos las instituciones que tienen un representante en el Patronato de InnDEA: Universitat de València, Universitat Politécnica, Cámara de Comercio y Generalitat.
El PP propone que el orden del día de la reunión del patronato lo conformen tres puntos, referidos a despidos de personal, contratación de personal, y poderes del gerente de InnDEA Valencia.
Simón considera que, "ante las irregularidades publicadas en los medios de comunicación" en los procesos de selección de personal en InnDEA, es necesario que el concejal y vicepresidente de la fundación, Jordi Peris, y el gerente, Rafael Monterde, informen "con transparencia" y den explicaciones al patronato sobre lo sucedido.
La edil del PP ha recordado al portavoz municipal de Ciudadanos que su petición para que se hagan auditorías externas es "innecesaria, porque en los últimos años, tal y como marca la ley, se han realizado auditorías de InnDEA por empresas independientes tanto de legalidad como de contabilidad".

Compromís y Podemos reclaman a la dirección del PP que pida la dimisión de Barberá

VALENCIA.- El grupo de Compromís en Les Corts Valencianes ha exigido hoy la dimisión de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá como senadora territorial, y que tanto la dirección autonómica como la nacional del PP pida formalmente su renuncia al acta.

El portavoz de Compromís en el parlamento autonómico, Fran Ferri, ha pedido en un comunicado a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que como fue su grupo el que propuso a Barberá como senadora "le pidan formalmente la renuncia a su acta".
Ferri ha hecho estas declaraciones ante el requerimiento enviado por el juzgado de Instrucción 18 de Valencia a la Mesa del Senado preguntando por el aforo de la senadora del PP Rita Barberá.
Ferri considera asimismo que el presidente del PP, Mariano Rajoy, también debería exigir responsabilidades a Barberá y "pedirle la dimisión".
Según el portavoz de Compromís, "a nadie escapa que esta acción es el paso previo para la imputación de una persona aforada", y ha señalado que la justicia "avanza hacia una evidencia que tanto Barberá como el PP han tratado de obviar", que es "la responsabilidad de la exalcaldesa de Valencia en el caso de corrupción destapado en la operación Taula".
Ferri ha añadido que con prácticamente todo el PP de la ciudad de Valencia "imputado" por el caso Taula era evidente que el mismo camino "iba a recorrer la máxima responsable de ese colectivo local".
A su juicio, tanto la actitud de Isabel Bonig y el PPCV, como la de Mariano Rajoy y el PP nacional "poniéndose de perfil" sólo se entiende "por el miedo que tienen a que Barberá se enfade con ellos y termine contando todo lo que sabe sobre la corrupción en su partido".
Por su parte, la portavoz adjunta de Podemos en Les Corts Valencianes Fabiola Meco ha instado hoy a Rita Barberá a dejar ya su acta de senadora, sin continuar "en la línea de esperar a que se sucedan otras actuaciones judiciales para dimitir".
"A la luz de todo lo que ya se conoce, debería renunciar al acta de senadora cuanto antes", ha afirmado la diputada de Podemos, después de que el juzgado de Valencia que instruye el caso Imelsa haya pedido al Senado que acredite la condición de aforada de Barberá.
Meco ha acusado al Senado de "dilatar" el trámite solicitado, al reenviar al Tribunal Supremo el escrito del juzgado, y ha lamentado que el PP "abuse de su mayoría y utilice de forma partidista" la institución.
A su juicio, los aforamientos suponen "un privilegio", que en este caso "retrasan la investigación judicial y abren la posibilidad a la destrucción de pruebas que pueden ser relevantes", y ha considerado que los casos de corrupción del PP están "colapsando" no solo a ese partido, sino "a una justicia ya muy debilitada".
La diputada de Podemos ha indicado en un comunicado que el PP "siempre ha confundido las responsabilidades políticas con las penales, a pesar de que son dos ámbitos diferenciados", y ha considerado que, tras este paso judicial, Barberá debe dimitir.
Ha recordado que Barberá ha sido citada el próximo lunes en Les Corts, a petición de Podemos, para explicar "cómo se pueden saquear las arcas públicas valencianas y al mismo tiempo pretender defender los intereses de los valencianos y valencianas, que es la tarea que se le encomendó desde el Parlamento autonómico como senadora".
La actitud de Barberá, quien estaba en la peluquería mientras los senadores y diputados valencianos se reunían para hablar de la financiación autonómica, "evidencia el poco interés que demuestra en la defensa de los valencianos", ha indicado Meco, quien ha lamentado además el "doble blindaje" que el PP ha ofrecido a Barberá al ser senadora y miembro de la Diputación Permanente.

Moliner dice que para evitar cualquier "sombra de duda" apartó a Martínez

CASTELLÓN.- El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha manifestado hoy que cuando conoció la polémica de la depuradora de Borriol por la prensa y para "evitar cualquier sombra de duda" ordenó que se excluyera la parcela 42 del proyecto y apartó a Francisco Martínez de su responsabilidad en Infraestructuras.

Así se ha manifestado Moliner en su comparecencia en calidad de testigo en el juicio contra el exvicepresidente de la Diputación Francisco Martínez, que se enfrenta a una petición de 4 años de prisión por delitos de prevaricación,tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas.
Además constan como acusados el exalcalde de Borriol Adelino Santamaría, los dos hijos de Martínez, el socio de Martínez Raúl Babiloni y un empleado de éste.
Moliner ha comparecido durante quince minutos ante el magistrado y ha relatado que cuando tuvo conocimiento en enero de 2014 de que una de las parcelas en las que se iba a construir la depuradora de Borriol era de una empresa -Franvaltur- de la que era socio Martínez y sus hijos paralizó la aprobación de la expropiación de los terrenos.
Conoció los hechos por la prensa, ha explicado y se puso en contacto con Santamaría con quien "corroboró" la información y le pidió que no aprobara la expropiación "para evitar cualquier sombra de duda".
Al mismo tiempo decidió apartar a Martínez de su responsabilidad en la toma de decisiones en el área de Infraestructuras.
A partir de ahí pidió a los técnicos que estudiaran una vía alternativa al proyecto sin esa parcela 42 y ordenó una cronología de la actuación de la Diputación en el proyecto.
De lo que le comunicaron los técnicos, ha explicado "en ningún momento se desprendió que Santamaría tuviera información de que existía un conflicto de intereses" así como que no le consta que el exalcalde hubiera incluido esa parcela en el proyecto.
También ha recordado que la dimisión de Santamaría como alcalde y como diputado se produjo porque así estaba planificado con anterioridad.
Ha dicho que la tramitación de la Diputación fue "impoluta" y partía de la premisa de que era el Ayuntamiento de Borriol el que puso a disposición de la Diputación el suelo.
Ante los medios de comunicación, Moliner ha defendido que la ética y la dignidad deben ser "los dos pilares sobre los que se sustente la labor diaria de cualquier servidor público" y la conducta de Martínez "no fue ni digna ni ética" y por eso tomó la decisión que tomó.
Ha agregado que el tribunal "será el que tendrá que determinar si efectivamente Martínez supo que la parcela era de una empresa de su familia por la prensa" y ha añadido que él ni siquiera esperó a escuchar las explicaciones de Martínez porque no le interesaban.
Asimismo ha dicho que Santamaría "jamás" le dijo que tuviera ningún conocimiento de que los terrenos pudieran tener alguna vinculación con Martínez.
Ha mostrado su satisfacción por colaborar con la justicia, porque determinadas cuestiones y actitudes, ha dicho, "a mi lado no se van a producir".
Durante la sesión han declarado también dos técnicos de la Diputación quienes han indicado que era la junta de gobierno la que aprobaba los proyectos.
El entonces arquitecto municipal de Borriol ha explicado que se fijó el justiprecio de las parcelas como urbanizables pese a ser urbanizables porque se iba a instalar allí un bien de interés general.
También han declarado como testigos dos propietarios de parcelas de Borriol en las que se iba a instalar la depuradora, y uno de ellos ha indicado que se reunió personalmente con Santamaría para tratar la expropiación.

Cospedal sobre la detención de Grau: 'El que la hace la tiene que pagar'

GUADALAJARA.- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha comentado hoy sobre la detención del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau por un supuesto delito de cohecho que "el que la hace la tiene que pagar, así de claro".

Por otro lado, y preguntada por si ha hablado en los últimos días con la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha contestado: "Hace tiempo que no lo hago".
En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la reunión que ha mantenido que los diputados del PP en la Diputación de Guadalajara, Cospedal ha afirmado que le parece "muy bien" que se actúe contra las personas "implicadas en cuestiones delictivas, pertenezca a un partido político u otro partido".
De este modo, ha analizado el que Grau fuera ayer detenido y puesto en libertad por la Guardia Civil en el marco de una operación por un supuesto delito de cohecho en la que también ha sido detenido y dejado libre el responsable de Viajes Transvía, Urbano Catalán.
"Si se ha entendido que hay que detener a esta persona, por parte de los jueces, lo tienen que hacer", ha afirmado la también presidenta del PP en Castilla-La Mancha, que ha defendido que se actúe en este caso, al tiempo que ha recordado que también ex altos cargos del PSOE, como el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés Carlos Esco, que ha sido condenado a indemnizar con 8,7 millones a una empresa pública.
"Yo creo que contra aquellos que la hacen, hay que actuar", ha reiterado Cospedal, que ha considerado, además, que este tipo de actuaciones son "también un signo de democracia y de que el sistema funciona".
Sin embargo, también ha recordado que el Estado de Derecho también contempla la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, aunque ha resaltado que "cuando la presunción de inocencia está rota y vienen condenas y la gente tiene ir a la cárcel, en la cárcel tienen que estar".

La AVL niega haberse extralimitado en competencias y pide dignificar el valenciano

VALENCIA.- El presidente de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), Ramón Ferrer Navarro, ha negado que esta entidad se haya "extralimitado" en sus competencias normativas y de fomento de la lengua y ha pedido a los representantes políticos que trabajen por "dignificar" el valenciano.

Ramón Ferrer ha comparecido hoy en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Pública de Les Corts para explicar, a petición del Partido Popular, el Dictámen Institucional de esta entidad en el que "reivindica" el "papel importante" que pueden asumir los poderes públicos en el tema de la lengua.
El diputado popular Luis Santamaría ha cuestionado el papel de fomento de la lengua que desarrolla la AVL y ha acusado a la entidad de extralimitarse en sus competencias y de incluir en el dictámen una política de inmersión lingüística.
Santamaría ha recriminado al presidente de la AVL que esta entidad monopolice la elaboración de la normativa lingüística y ha dicho que su labor es la normalización del valenciano, pero la política lingüística es "competencia de los partidos políticos".
El presidente de la AVL ha recordado el apoyo presupuestario que siempre ha tenido la Academia de los gobierno del PP, aunque ha precisado que si no hubiera sido porque cualquier modificación de la normativa necesitaba el apoyo de las tres quintas partes de la cámara "la mayoría absoluta del PP se habría cargado a la entidad".
Esta declaración "responde al ejercicio legítimo de una institución pública a manifestar su parecer en un tema que es objeto de su competencia", ha aseverado el presidente de la AVL, quien también ha defendido el papel de esta entidad en la implantación del trilingüismo.
"No entiendo que se cuestione la capacidad de la Academia para fomentar la lengua y que se nos acuse de desviación de poder cuando somos la única entidad normativa", ha asegurado.
Ramón Ferrer ha considerado que el hecho de que la Comunitat Valenciana sea la única autonomía española con una lengua oficial distinta del castellano que no tiene una emisora pública de radio y televisión en su lengua propia "comporta una discriminación inaceptable".
También ha destacado que desde la AVL son conscientes de que el valenciano "es cosa de todos, pero también es responsabilidad de los poderes públicos que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, deben garantizar el uso normal de las dos lenguas oficiales y deben tener una especial protección y respeto al valenciano".
Por Podemos, Antonio Estañ ha alabado la tarea de la AVL por la dignificación y normalización de las instituciones, y ha destacado que la lengua es un "recurso útil y necesario, es nuestro patrimonio cultural".
Por su parte, Domingo Rojo (Ciudadanos) ha defendido el trilingüismo en las escuelas, con valenciano, castellano e inglés en la misma proporción, y la libertad de los padres para que decidan la educación de sus hijos, y ha recordado que el Estatuto de Autonomía "deja claro" que los idiomas oficiales son el castellano y el valenciano.
El grupo Compromís ha destacado que el valenciano es "cosa de todos" y ha pedido que se eviten "los conflictos lingüísticos que, a lo mejor, algún partido quiere usar para ganar réditos electorales. Es una etapa que hay que superar".
La diputada socialista Mercedes Caballero ha destacado que hay que acabar con las "luchas por la lengua usadas por entidades y partidos como reclamo electoral", ha subrayado que una de las funciones de la AVL es trabajar por el uso normal del valenciano y ha señalado que estamos "viviendo el final de una época de enfrentamientos".

Los últimos registros en Valencia buscan adjudicaciones irregulares de Alcón

VALENCIA.- Los registros que han efectuado hoy agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Palacio de Cervelló de Valencia, sede del archivo municipal, están relacionados con las supuestas adjudicaciones irregulares de la exconcejala de Cultura María José Alcón.

Según han confirmado fuentes de la investigación, estos registros tienen su origen en la pieza principal de Imelsa, en la que se investigan supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos en varias administraciones controladas por el PP, en este caso desde el Ayuntamiento de Valencia.
Los investigadores diferencian así estas diligencias de las relacionadas con blanqueo de capitales, los contratos adjudicados por la Diputación de Valencia o la contratación supuestamente irregular de personal en Imelsa.
Los agentes de la UCO han centrado sus pesquisas en la documentación relativa a la Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani del año 2006.
El festival de cine de Valencia nació en 1980 y celebró su última edición en 2011, tras la cual la entonces alcaldesa, Rita Barberá, anunció un parón indefinido hasta que las condiciones económicas permitieran su rescate.
A la una de esta tarde, según han confirmado fuentes municipales, se han personado varios agentes de la UCO solicitando la citada información y se les ha remitido al Palacio de Cervelló, sede del archivo municipal.
La concejala de Cultura en el año 2006 era María José Alcón (PP), esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos y detenido ayer por cohecho, e imputada en el supuesto caso de blanqueo en el grupo municipal popular que investiga un juzgado de Valencia.
La Guardia Civil ya registró semanas atrás el Ayuntamiento de Valencia, en el marco del caso Imelsa, en la investigación del supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en un supuesto caso de blanqueo de capitales en el seno del PP de Valencia, asunto que se ha constituido ya en pieza separada.

El Senado deberá aprobar un suplicatorio para que el Supremo pueda investigar a la exalcaldesa de Valencia

VALENCIA.- El Senado tendrá que celebrar una sesión de Pleno y aprobar un suplicatorio para permitir que el Tribunal Supremo investigue a Rita Barberá, en el caso de que el juzgado de Instrucción número número 18 de Valencia, que instruye la Operación Taula y el caso Imelsa, le envíe alguna causa sobre la exalcaldesa de la ciudad y senadora, Rita Barberá.

El Senado ha recibido un escrito del citado juzgado de la capital valenciana que pregunta por la condición de senadora de Barberá. La solicitud de información por los juzgados cuando tienen que investigar a un aforado nacional es un paso habitual, puesto que no pueden seguir adelante y deben enviar la causa al Tribunal Supremo.
Si el asunto prospera, el Supremo deberá solicitar al Senado un suplicatorio, la retirada temporal del aforamiento a Rita Barberá para poderla juzgar. Es lo que va a ocurrir también con el senador de EH-Bildu Iñaki Goioaga, para quien ya se ha solicitado un suplicatorio para juzgarlo por delitos de pertenencia o colaboración con la organización terrorista ETA.
Esta retirada del aforamiento exige que se reúna primero la Comisión de Suplicatorios, ante la que puede comparecer el afectado para dar explicaciones. Una vez que esta comisión decide conceder o no el suplicatorio, envía su propuesta al Pleno, que la aprueba definitivamente.
Será probablemente la primera vez que se reúna el Pleno del Senado en la nueva legislatura, que arrancó el día 13 y no ha registrado todavía ninguna actividad en la Cámara Alta, a la espera de que se produzca la investidura del presidente del Gobierno.
Barberá es miembro de la Diputación Permanente del Senado por decisión de su partido, que cuenta con 19 representantes (de 143 senadores) en este órgano y decidió que uno de ellos fuera la exalcaldesa valenciana, al igual que en la pasada legislatura.
El Senado asegura que sólo los miembros de la Diputación mantienen el aforamiento en todo momento, porque sólo ellos siguen siendo senadores incluso cuando se disuelven las Cámaras por las elecciones. Este será el caso de la exalcaldesa si no prosperan las negociaciones de investidura y es necesario ir de nuevo a las urnas en unos meses.
El senador de Compromís Carles Mulet ya reclamó hace quince días al presidente del Senado, Pío García-Escudero, que informara si alguna institución judicial había solicitado a la Cámara alta algunos datos sobre la condición de aforamiento de la senadora del PP, que está en el punto de mira de las investigaciones por los casos de corrupción que afectan al PP de Valencia.
La Cámara contestó entonces que no, que nadie se había dirigido a ella preguntando por Barberá. La senadora está en el punto de mira desde que se conoció la operación Taula, que investiga por supuesto blanqueo al PP en el Ayuntamiento de Valencia, del que ella fue alcaldesa durante 25 años.
Desde entonces no ha cesado la presión por parte de la oposición para que Barberá dimita. Su partido le ha pedido que dé explicaciones públicas y también que piense qué aporta a las siglas, según dijo ayer mismo el portavoz, Pablo Casado, quien apuntó a la senadora que "hay vida más allá de la política".

El Senado traslada al Supremo la solicitud del juez sobre el aforamiento de Rita Barberá

MADRID.- La Mesa del Senado ha acordado trasladar al Tribunal Supremo (TS) la solicitud de certificación acreditativa de la condición de senadora de la exalcaldesa de Valencia formulada por el juez instrucción número 18 de Valencia, al entender que debió enviarlo directamente al alto tribunal para saber si está o no aforada. 

El anuncio del Senado se produce al mismo tiempo que la Guardia Civil se personaba en el Ayuntamiento de Valencia para reclamar la documentación sobre la Mostra Cinema del Mediterrani de 2006.
“No corresponde al Senado contestar al juzgado”, ha explicado el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz (PP), al término de la reunión de la Mesa, que considera que debe ser el Supremo el que comunique al órgano judicial inferior si la exalcaldesa valenciana ostenta o no la condición de senadora.
Por eso, ha precisado Sanz, la petición debería haberse dirigido directamente al alto tribunal, en lugar de al presidente del Senado, Pío García-Escudero.
En su petición, el juez solicita a la Mesa del Senado que “a los efectos de determinar la competencia del órgano judicial sobre hechos referidos a la causa penal referenciada que se sigue en este juzgado” remita “certificación sobre la condición actual de senadora en la presente legislatura” de Rita Barberá.
Mientras, la Guardia Civil continúa recabando información sobre el presunto caso de corrupción en el PP de la Comunidad Valenciana y este mismo martes se ha presentado en el Ayuntamiento de la ciudad del Turia para recavar información sobre el certamen de cine valenciano, informa El Mundo. Los contratos solicitados estarían vinculados con María José Alcón, exconcejala y esposa de Alfonso Grau.
El juzgado de instrucción nº 18 de Valencia investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.
La exalcaldesa y actual senadora del PP hizo público un comunicado el pasado 2 de febrero en el que afirmaba que “ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal”.
Barberá añadía que las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, durante los 24 años que fue alcaldesa, “no se han puesto en duda”.

La petición de la Fiscalía

Esta martes, la Cadena Ser ha desvelado que la Fiscalía Anticorrupción va a solicitar al juez que inicie los trámites para imputar a Rita Barberá por blanqueo de capitales dentro de la denominada ‘operación Taula’. En el escrito que está preparando el Ministerio Público se considera a la senadora y exalcaldesa de Valencia responsable de la puesta en marcha de un sistema de blanqueo en el seno del PP valenciano, una vez que su ‘número dos’, Alfonso Grau, dimitió y dejó en sus manos la supuesta ‘caja b’. La noticia ya fue adelantada hace casi dos semanas por el diario digital Valencia Plaza, que aseguraba que a los instructores “no les temblará el pulso a la hora de citarla a declarar”.
Rita Barberá se uniría así a las 49 personas investigadas por este caso, 17 de ellos concejales o exconcejales y nueve de los diez ediles actuales del PP.
La Fiscalía tienen indicios de la comisión de un delito de blanqueo de capitales por parte de la exalcaldesa que alcanzaría la suma de 50.000 euros, la cantidad que presuntamente quedaba en la contabilidad en negro de los populares valencianos cuando Alfonso Grau, que era quien manejaba la caja, tuvo que dimitir por su imputación en el ‘caso Nóos’.
Fue entonces cuando se ideó un método por el cual se pedía una donación de 1.000 euros a asesores, concejales y otras personas vinculadas a la formación, que después era devuelta en dos billetes de 500 euros de origen presuntamente fraudulento.

Rivera saca el carácter pero no la calculadora / Pablo Sebastián *

El líder de Ciudadanos Albert Rivera le ha dado un ultimátum al PSOE para llegar a un acuerdo de investidura: la reforma exprés de cinco apartados de la Constitución: fin de las diputaciones y aforamientos, independencia del poder judicial, iniciativa legislativa popular con solo 250.000 firmas y limitación de mandatos del Presidente a ocho años.

Rivera ha sacado el carácter y colocado a Pedro Sánchez ante nuevas líneas rojas de regeneración democrática que son buenas y razonables. Pero a Rivera le falta sacar la calculadora para explicar de qué sirve todo este esfuerzo negociador si PSOE y C’s solo suman 130 escaños y les faltan 46 para la investidura de Sánchez. Estamos ante un posible acuerdo virtual de investidura por falta de apoyos parlamentarios, lo que puede quedar en un brindis al sol. 

Sánchez con dos barajas

Dice el refrán: ‘casa con dos puertas mala de guardar’. Otro: ‘quien mucho abarca poco aprieta’. Así está Pedro Sánchez acelerando sus contactos, ‘a izquierda y derecha’ como prometió, en dos partidas simultáneas de negociación.

Una con Ciudadanos que parece estar a punto de concluir con un principio de acuerdo entre Sánchez y Rivera. Y otra a cuatro bandas y con 23 ‘comensales’ sentados en torno a una larga mesa donde están representados PSOE, Podemos, Compromis e IU, y de la que ha dicho Pablo Iglesias -el convidado de piedra- que no se levantará de la mesa hasta que se llegue un acuerdo de gobierno de coalición con el PSOE, para lo que hará falta que Podemos y En Comú retiren su pretensión de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Lo asombroso del pretendido pacto de investidura o de gobierno o de reformas, como cada uno le quiera llamar, entre PSOE y Ciudadanos es que entre los dos solo suman 130 escaños y les faltan 46 para alcanzar la mayoría simple de la investidura, una vez que PP y Podemos ya han anunciado que votarán en contra de ese pacto.

Entonces ¿qué pretenden Sánchez y Rivera? Sánchez espera aislar su investidura de la formación de Gobierno y del pacto de legislatura, lo que en principio rechaza de plano Iglesias. Y Rivera pretende obtener un acuerdo de gobierno y de reformas con el PSOE para luego buscar un entendimiento similar con el PP y configurar un escenario para un futuro acuerdo tripartito entre PP, PSOE y C’s.

Pero salvo que Sánchez rompa con Ciudadanos y decida avanzar hacia el pacto de gobierno de izquierda con Podemos, todo apunta al día de hoy, que el próximo día 5 de marzo y en segunda votación Sánchez no saldrá investido presidente. Aunque quizás se consolaría en su fracaso si en la votación recibe el voto favorable de los 40 escaños de Rivera, porque ello impediría a Rajoy presentar su candidatura con solo 123 escaños.

Sin embargo estas negociaciones que sirven para aclarar las posiciones de unos y otros no conducen a nada concreto. Y pueden tener variadas y serias consecuencias para unos y otros. Porque si Sánchez fracasa en ese momento se abrirá una batalla de opinión pública en la que todos van a acusar a sus adversarios del fracaso final de las negociaciones.

El PP dirá que Sánchez ha perdido las elecciones y la investidura y que por lo tanto se tiene que marchar. El PSOE dirá que Sánchez ha sido el único, en compañía de Rivera, que ha intentado articular un gobierno de centro para este país. Iglesias acusará a Sánchez de haber impedido un gobierno de izquierdas. Y Rivera se presentará como el mediador de los pactos imposibles.

Al final PP y Podemos, cada cual en su sitio conservador y progresista, votarán contra Sánchez si finalmente el PSOE rechaza el acuerdo con Podemos. Y en ese caso Sánchez habrá fracasado pero habrá intentado una solución, mientras Rivera jugará a ser el hombre bueno pero corre el riesgo de ser tildado por el PP como el lazarillo de Sánchez.

Aunque todavía es muy pronto para evaluar la situación porque aún faltan diez días para el inicio de la investidura e incluso después de la segunda votación del sábado día 5 quedarán dos meses para que otro candidato intente obtener la mayoría de la Cámara. De lo contrario entraríamos en un nuevo periodo electoral.

A propósito de Rajoy y “estar hasta los cojones de la corrupción” / José Oneto *

Un amigo vasco, culto, leído, brillante, irónico, con un sentido del humor muy peculiar, me envía un correo “A propósito de Rajoy” y me cuenta que en Enero de 1.912, el sacerdote católico Thomas Byles, hijo de un pastor protestante inglés, escribió estas líneas a su hermano menor, quien se disponía a contraer matrimonio en Nueva York: “Hace unos días, en Clacton-on-Sea, mantuve una larga conversación con Sir Winston Churchill. Le dije que cuando comprobara que la relación con sus votantes iniciaba un declive debía retirarse porque, al contrario de lo que ocurre con el matrimonio entre católicos, el existente entre el político y sus votantes se fundamenta en un contrato de servicios que se extiende mientras dure la confianza y el ansia de vivir juntos entre mandante y mandatario”.

El padre Byles, me sigue contando mi amigo, cuyo nombre me reservo, dijo misa el 14 de abril de 1.912 para los pasajeros de tercera clase del Titanic la mañana del hundimiento. El sermón versó sobre la necesidad de un salvavidas espiritual mediante la oración y los sacramentos cuando está en peligro el naufragio espiritual. Mariano, termina diciéndome mi amigo, debería reflexionar sobre las recomendaciones del piadoso sacerdote, sobre el Titanic del PP, sobre la vigencia de su contrato de servicios con el pueblo y sobre lo que, en 1.945, ocurrió al entonces carismático Lord del Almirantazgo británico”.

Mi amigo me aclara que me escribe desde la Iglesia de San Antón, en Bilbao, el patrono de quién el pasado sábado en plena reunión del partido en el País Vasco, le dijo al Presidente del Gobierno en funciones: “Mariano, estamos hasta los cojones de la corrupción en el PP”. La respuesta de Mariano fue: “imagínese hasta dónde estoy yo”. Este cronista se imagina o, se puede imaginar, hasta dónde debe estar el Señor Presidente del Gobierno, cuando cada mañana se levanta con la noticia de otro “caso aislado” de corrupción a los que él suele hacer frente con la explicación de todas las medidas que se han tomado durante su mandato para regenerar la vida política.

La mañana de este lunes en el que se ha reunido el Comité Ejecutivo del Partido para transmitir, dentro del caos reinante, una cierta sensación de normalidad, el señor Presidente del Gobierno se habrá quedado de piedra al conocer por El Mundo, que la mitad de los que le votaron el pasado 20 de Diciembre quieren que dimita. Ese porcentaje se eleva al 72% de los encuestados que admiten, en cierto modo, estar “hasta los cojones de la corrupción”. Esa corrupción que está creando un ambiente irrespirable, pero que ni siquiera ha salido a relucir en el Pleno del Comité Ejecutivo. Nadie se va levantado a pedir la palabra. Nadie le ha querido llevar la contraria a Mariano Rajoy y nadie ha querido hacerse eco de todos esos rumores que hablan de malestar y desconcierto en el partido por los últimos escándalos de Valencia y Madrid.

La versión oficial del cónclave popular, es que todo el poder territorial está detrás de Rajoy, que existe un apoyo unánime a que, si fracasa Sánchez, se presente a la investidura, que se sigue sosteniendo que la mejor opción de Gobierno es una Coalición PP-PSOE-Ciudadanos, y que no es bueno ahora abrir en canal el partido para buscar un sucesor cuando Rajoy está dispuesto, a pesar de lo que digan las encuestas, a encabezar la lista Popular en el caso de que se repitan las elecciones el próximo 26 de Junio.

De este modo, en un ambiente tranquilo, pero de preocupación al conocerse antes de que empezase la reunión, la detención del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, acusado de un posible delito de cohecho sobre el que se ha negado a declarar y determinados informaciones sobre el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, quien según la UCO era el recaudador del dinero negro en Valencia y el nexo de unión con Génova para la financiación ilegal del partido, el líder del PP ha pedido a los suyos “serenidad” a la hora de tomar decisiones sobre la corrupción y ha recordado que no hay que tomarlas desde la “histeria”.

Rajoy dedicó una parte importante de su discurso a hablar de corrupción, reivindicando las 70 medidas en materia de corrupción que el PP ha tomado a lo largo de la pasada legislatura, así como la creación de una gestora en el PP de Valencia y otra en el PP de Madrid, cuya composición se aprobó formalmente en el Comité Ejecutivo.

Destacó, además, que las últimas expulsiones del partido se han llevado a cabo en cuestión “de horas”. Según ha explicado Alicia Sánchez Camacho, el Presidente ha criticado que el resto de partidos den lecciones al PP sobre cómo atajar el problema y ha recordado que la apertura del juicio oral como momento para expulsar a un cargo ya ha sido propuesta por el PP. El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que no ha intervenido en el comité, ha recordado a la salida que su propuesta es crear “un grupo de sabios españoles y extranjeros” para que elaboren una especie de Libro Blanco con las medidas que podrían tomarse contra la corrupción.

(*) Periodista

La garrapata / Ramón Cotarelo *

Parece mentira, ¿no? Le parten la cara en cuanto pone un pie en la calle, lo declaran persona non grata en su propia ciudad, la mitad de los militantes no lo quiere de presidente, dos tercios de los votantes, tampoco; su popularidad sigue siendo la más baja de toda la historia de la democracia, pero el presidente de los sobresueldos reúne al Comité Ejecutivo de ese partido que los jueces consideran una presunta banda de delincuentes para anunciarle, muy ufano, que, si hay elecciones nuevas, él quiere ser el candidato. Y nadie rechista.


Es alucinante y, al mismo tiempo, una clara muestra de qué tipo de indeseables está a cargo del cortijo que ellos llaman "gran nación". Qué especie de burla, qué episodio chusco de la Commedia dell'arte en que Pantalone Soprasoldi no se larga ni a palos y tendrá que venir il dottore con una jeringa hipodérmica a ponérsela en salva sea la parte, a ver si se va ya de una vez.

No solo no se va, agarrado como está al sillón, sino que urge a los suyos a que "no se pongan histéricos con el asunto de la corrupción". Justo el día en que la policía detiene a Alfonso Grau, la mano derecha de Rita Barberá, implicado en todas las tramas de corrupción imaginables, mientras aquella sigue oculta y sin hacer acto de presencia en el Senado del que, sin embargo, cobra buenos euros públicos.

De verdad que es alucinante. O tenemos pronto un gobierno normal o esta manga de ladrones y sinvergüenzas no va a dejar ni los grifos al tiempo que sigue diciendo auténticas burradas del estilo de las que suelta Fernández Díaz, ese fanático que hace un extraño vudú con unas estatuas de palo a las que condecora pero se permite comentarios insultantes y quizá amenazadores hacia los jueces.

Esto no es un país europeo. Esto es una coña.

La intemperancia se paga

Me consta que a los de Podemos les irrita que les acusen de ser unos bisoños que andan vendiendo pieles de osos antes de matarlos. Sin embargo, es obvio. En realidad, desde que se propusieron asaltar los cielos no han hecho otra cosa. Después de las elecciones del 20D se atribuyeron 69 diputados cuando tenían 42 y cinco millones de votos cuando tenían tres. Con el comienzo de las negociaciones para formar gobierno, la petulancia de los jefes llegó al paroxismo: Iglesias se permitió decir a Pedro Sánchez con quién tenía que hablar y con quién no, a quién debía nombrar vicepresidente del gobierno (a él mismo, por supuesto), que carteras ministeriales debería darle, qué otras crear y cuándo debería pedirle una entrevista. Parecía borracho de un poder imaginario.

Ni una. Sánchez habla con C's y Podemos tiene que aguantarse (igual que C's tiene que tolerar las conversaciones entre el PSOE y Podemos), como tiene que aguantar que Sánchez no pida entrevista alguna ni tome en consideración las exigencias del partido morado. Es más, otro día de conversaciones e Iglesias se olvida del referéndum. El gobierno bien vale un no-referéndum. Y ya veremos cómo hace tragar la renuncia a En Comú Podem o este vota en contra de Podemos. 

Es el problema de llegar el último con ínfulas de matador. No basta con convencer a unos seguidores acríticos y bastante fanatizados con que uno puede cambiar el mundo porque está uno animado de una fe portentosa en sí mismo y sus cualidades taumatúrgicas. Hay que saber el terreno que se pisa, como recordó Hernando hace unos días a los morados.

Los que aspiraban a ocupar la "centralidad política" se sientan ahora en un pasillo y la centralidad la ocupa el PSOE, cuya libertad de movimientos no pueden los otros coartar. Los que venían a ocupar el gobierno pueden encontrarse teniendo que votar en contra de uno del PSOE y C's en común con el PP, actividad que, como ejercicio de nueva política deja algo que desear.

Todos consideran que hay dos opciones rechazables: a) elecciones nuevas; b) permitir que Rajoy gobierne de nuevo. Quien aparezca a los ojos de la opinión pública como responsable de Rajoy vuelva a gobernar seguirá el camino de este a la absoluta derrota electoral.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales

Martes, 35 años del 23-F y 65 días del 20-D, con reuniones simultáneas en busca de una coalición que parece inminente aunque no se sabe si suficiente. Portadas y grandes titulares pendientes de los detalles hasta de una reunión presuntamente 'secreta' de la que todos informan.

El senador Ted Cruz, texano de origen cubano aunque malamenta balbucea algo de español y que nació en Canadá, ha superado a Donald Trump en tremendismo, ya que va muy atrás en la carrera a la nominación del partido republicano para la presidencia de EEUU: en una entrevista esta madrugada por TV ha dicho que si llega a la Casa Blanca deportará a los doce millones de inmigrantes ilegales que hay en el país.

20-D+65
El Confidencial: Partida a tres: Sánchez cuida a C's y Podemos renuncia a sus vetos (J. Romero e I. Gil). El Español: La izquierda seguirá negociando tras una reunión secreta entre Pedro Sánchez y Albert Rivera: la cita entre ambos líderes ha tenido lugar este lunes a las 18:00 horas; este martes PSOE y Podemos se reunirán otra vez en solitario y después con Compromís e IU (Ana Romero). El Mundo: Pedro Sánchez se cita en secreto con Rivera a la vez que negocia en público con la izquierda (Álvaro Carvajal y Luis Ángel Sanz). Otro titular: La respuesta a los escándalos de corrupción fractura al PP (Marisol Hernández). Diario Crítico: Expectación ante un posible anuncio de Rivera este martes tras una reunión secreta con Sánchez.
El País: Podemos cede y acepta que el PSOE negocie con Ciudadanos: Sánchez se reúne en secreto con Rivera (A. Díez, F. Manetto y E.G. de Blas). Otro titular: Sánchez se reúne en secreto cono Rivera: 'Si el PSOE y Ciudadanos anuncian un acuerdo, habrán anunciado un espectáculo de juegos artificiales', opina Errejón (J.J. Mateo y F. Manetto). Otro titular: El PP aún confía en gobernar con socialistas y Ciudadanos (Casqueiro y N. Junquera). Periodista Digital: Acaba sin acuerdo la 'ensalada roja' de PSOE, IU, Podemos y Compromís; Pablo Iglesias exige ser vicepresidente y repite: 'No nos vamos a levantar de esa mesa de negociación'; mientras, Pedro Sánchez y Albert Rivera se reúnen en secreto.
La Razón: Sánchez y Rivera ultimaban un pacto en secreto mientras el PSOE se reunía con Podemos: el líder de los socialistas y el de Ciudadanos se vieron con sus equipos en el Congreso; los contactos con las fuerzas de izquierda continúan hoy en la llamada ‘sala roja’ (Andrés Rojo). El Periódico: Sánchez se acerca a C’s sin romper con Podemos: encuentros multilaterales para elegir presidente; la izquierda se conjura para seguir negociando aunque no logra concretar ningún acuerdo; Rivera se reunió ayer con el líder del PSOE y hoy podrían cerrar un pacto de investidura (Juan Ruiz Sierra y Iolanda Mármol). Vozpopuli: Emboscada del PSOE, IU y Compromís a Podemos para salvar la investidura de Sánchez (Federico Castaño).
Libertad Digital: Sánchez se ve con Rivera a espaldas de Podemos mientras su principal negociador ultima el pacto: aunque el foco estaba en la reunión con Podemos, el PSOE negoció a espaldas de Iglesias con Ciudadanos a la misma hora (K. Garat y M. Alonso). Otro titular: Rajoy pide no caer en la ‘histeria’ y los barones del PP callan ante él (P. Montesinos). Otro titular: Podemos hace concesiones al PSOE y se emplazan a una nueva reunión (Míriam Muro y Ketty Garat). ABC: Sánchez negocia con Rivera mientras escenifica cercanía a los populistas: PSOE y C‘s se reúnen en busca de un acuerdo ‘difícil pero posible’. Otro titular: El PP estudia separar la presidencia del Gobierno de la del partido (Mayte Alcaraz).
Cinco Días: La izquierda intentará el pacto ‘hasta el final’ para vetar al PP. Otro titular: Crece la presión empresarial para evitar nuevas eleciones: el Círculo de Empresarios y otras siete asociaciones empresariales y de la sociedad civil presentarán mañana un documento conjunto apelando al consenso político. Público: Sánchez y Rivera se reúnen en secreto mientras el PSOE negocia con Podemos (Manuel Sánchez y Paula Díaz). OKdiario: Sánchez ningunea a Iglesias: ultima en secreto su pacto con Rivera (Sandra Fernández). Capital Madrid, con esto es lo que hay: Sólo 7 parlamentarios reconocen manejar el inglés en su CV: la escuela de idiomas The Green Monkey desnuda a los políticos españoles (Herradura Azul).

MWC
La Vanguardia: La huelga de Metro indigna a la organización del Mobile: Hoffman, líder de la GSMA, no va a la inauguración como protesta; los trabajadores descartan un acuerdo y mantienen la huelga del miércoles. El Periódico: La plantilla del Metro rebaja sus peticiones y retoma la negociación; el paro aumenta el 9% la circulación y reduce un 64% los viajes en suburbano (T. Sust, R. Morales y C. Jané). Otro titular: El enfado de Hoffman: el director general de la GSMA advierte de que la movilidad es muy necesaria para el éxito de la feria de móviles (Olga Grau). Cinco Días: El mundo es móvil: El MWC prevé que el 72% de la población del planeta esté conectada en 2020; Alierta exige una nueva regulación digital que dé neutralidad.

ECONOMÍA
El País: Hacienda bate su récord en la la lucha contra el fraude: 15.600 millones (Jesús Sérvulo González). Otro titular: La Agencia Tributaria estrecha el cerco sobre las operaciones financieras: se prepara explotar la información que llegará a raíz del acuerdo de intercambio con 78 países (J.S. González). Diario Abierto: Gestha dice que el Plan de Control Tributario deja impune más del 81% de la evasión fiscal, por estar más centrado en los pequeños contribuyentes que en las multinacionales.
Expansión: ¿En qué partidas de gasto no ha metido la tijera Mariano Rajoy? (Calixto Rivero). Cinco Días: Rusos y chinos compran dos de cada tres casas con derecho a visado. Vozpopuli: Siete años de la PAH: 42 bloques y 3.000 okupas en pisos de bancos (Nicolás N. Sarriés). Confidencial Digital: Los antimilitaristas acusan de traidor a su colega Kichi: el alcalde de Cádiz aprueba la construcción por Navantia de cinco corbetas para Arabia Saudí; un contrato de 3.000 millones de euros y 1.000 puestos de trabajo.

EMPRESAS
El Economista: Iberdrola invierte 8.700 millones en EEUU para liderar las renovables. Otro titular: Siemens busca cerrar la fusión con Gamesa pero sin lanzar una opa (Tomás Díaz). Otro titular: La constitución de sociedades casi alcanza las 95.000 nuevas empresas en 2015, nivel de antes de la crisis. Economía Digital: Almirall acentúa la brecha salarial entre los trabajadores y el directivo de los ERE (Xavier Alegret). El Confidencial: Los dos años de infarto de la pyme española Trappit que ha acorralado a American Express (Ruth Ugalde). Otro titular: Abengoa levanta las alfombras y reconoce pérdidas históricas de cientos de millones (Agustín Marco).

SECTOR FINANCIERO
Capital Madrid: ¿Acción tardía?: la mitad de los depósitos del chino ICBC se evaporan durante 2015: investigado por blanqueo de capitales en España, cayó a mínimos en pasivo en marzo, y en cambio el flujo de crédito a clientes se incrementó en los últimos meses (José Luis Marco). Otro titular: El Ibex se calienta y juega al 'rebote' con la nueva oleada de resultados, y los inversores extranjeros esperan una señal para entrar en el mercado a precios que consideran muy atractivos (Quesada Vargas). Otro titular: Monitor del Seguro: Automóviles, vaya subidón del 6,9%; los Todo Riesgo sin franquicia aumentaron su precio más de un 11%, por el nuevo Baremo y mayores coberturas (Jorge Holgado).
El Economista: BBVA cambia el paso en China: se alía con otro socio en créditos al consumo (Fernando Tadeo). Economía Digital: Deutsche Bank se blinda contra los vaivenes de sus inversiones españolas: entre OHL, Sabadell y Amadeus suma 360 milloes de títulos, actualmente valoreados en 1.400 millones de euros (Juan Carlos Martínez). Vozpopuli: Santander reduce de nueve a uno el número de consejeros con acciones de BBVA: Jaime Botín, hermano de la presidenta de Santander, contaba en 2012 con 8,5 millones de acciones de Banco Popular (Alberto Ortín). Otro titular: Los Polanco rompen con 'su socio' Santander: fichan a Abante para su Sicav (Rubén Arranz).

OTROS TITULARES DESTACADOS
El País: El fiscal conecta la caja B de Valencia con el PP nacional: la investigación trata de probar que Génova conocía la actividad de sus compañeros valencianos y se benefició de las mordidas (Ignacio Zafra). OKdiario: Rita Barberá pagó con dinero público una comida del PP a la que asistió Rajoy (Francisco Mercado). La Razón: El ayuntamiento de Pontevedra excede sus competencias y declara persona non grata a Rajoy. Otro titular: El juez ve indicios en Homs de prevaricación y malversación por su actuación el 9-N. Vozpopuli: Un 'email' revela que Púnica llevó a más municipios los pufos del feudo de 'Bartolo' (Óscar López-Fonseca). Confidencial Digital: Rodrigo Rato se queja de haber perdido 300.000 euros en un año por la pena de telediario: presenta un escrito al juez protestando por el 'grave daño patrimonial' por todos los contratos rescindidos.

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