sábado, 12 de noviembre de 2011

El PSPV critica que el Ayuntamiento ha gastado el 74% del presupuesto de 2011 e ingresa el 54,2%

VALENCIA.- El concejal del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia Pedro Miguel Sánchez ha asegurado este sábado que el candidato 'popular' a la Presidencia, Mariano Rajoy, "quiere exportar a España el modelo de despilfarro de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá" y ha criticado, en este sentido, que el consistorio ya ha gastado el "74 por ciento de lo previsto para este ejercicio pero sólo ha ingresado el 54,2 por ciento". 

   En un comunicado, ha advertido así del estado de ejecución del presupuesto municipal, a 31 de octubre de 2011, y ha criticado que el equipo de gobierno municipal "tiene más de 140 millones de euros de pagos pendientes sólo del presente ejercicio".
   En este sentido, ha señalado que "si Rajoy considera que el ideal de una administración es que tenga poca deuda, que pague sin retrasos a las empresas y con una gestión correcta de los impuestos, desde luego no está pensando ni en Rita Barberá ni en el PP valenciano".
   En esta línea, ha subrayado que ese estado de ejecución presupuestaria "demuestra que Valencia es la segunda ciudad más endeudada de España por habitante" y ello, ha dicho, "agravado por la sumisión y la incapacidad de la alcaldesa de pedir al PP de la Generalitat que pague los más de 40 millones que debe a la ciudad".
   A juicio del edil socialista, la contabilidad municipal "revela el precario equilibrio en el que se encuentra la ciudad, fruto de la falta de previsión en los ingresos y descontrol en los gastos", en un momento en el que "de los 858 millones de euros que suma el presupuesto municipal, el Ayuntamiento ha recaudado 465, lo que supone el 54,2 por ciento", ha recalcado.
   Respecto a los 140 millones de euros "pendientes de pago", ha precisado que "89,5 corresponden a gastos de funcionamiento, con los que se abona la limpieza de la ciudad, el alumbrado público y el conjunto de gastos que permiten a Valencia levantar la persiana todos los días". Según ha dicho, esta cantidad "podrá ser abonada en parte con los 62 millones de euros que el Ayuntamiento ha solicitado al ICO para intentar poner freno a la deuda que mantiene con miles de empresas".
   El concejal ha explicado que el consistorio "también debe 24 millones de euros a contratistas por obras" y ha reprobado que "el tercer informe trimestral de facturas pendientes ha revelado que a 30 de septiembre, Barberá debía 196 millones a proveedores, lo que supone 56 millones más de lo que refleja la contabilidad municipal".
   Sánchez ha incidido en que el gasto en intereses de demora "sigue creciendo por los impagos a tiempo del Ayuntamiento de Valencia".
   Es más, ha aseverado que "Barberá se ha visto obligada a reconocer 5,5 millones de euros" por retrasos en el pago de facturas y liquidaciones de expropiaciones, "lo que supone 2,5 millones más de la cantidad prevista con lo que podrían haberse construido los Centros de Salud de la Avenida Francia, Malilla y Ciutat Vella que la Generalitat ha retirado de los presupuestos para 2012".
   Por este motivo, ha remarcado que "las promesas del PP de bajar la deuda de las administraciones, pagar con diligencia a los proveedores, no ocultar facturas, reducir gastos superfluos, reducir impuestos, entre otras cosas desaparecen engullidas por el agujero negro en el que Rita Barberá ha convertido el Ayuntamiento de Valencia".

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Diego de Ramón prepara una ampliación de su denuncia sobre la CAM a la Audiencia Nacional

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón prepara una ampliación de su denuncia a la Audiencia Nacional sobre la gestión en la CAM, ya que advirtió que no se iba a quedar ahí y que, por lo que a él respecta, iba a centrar sus esfuerzos en determinar cuál ha sido la actuación de las instituciones públicas en este asunto y en establecer si también han podido incurrir en alguna responsabilidad, bien por acción o por omisión.  La entidad, que hasta el mes de marzo aseguraba estar en beneficios, está en una situación límite, con un agujero estimado de 5.000 millones de euros, que podrían aumentar hasta 16.000 por su elevada exposición al ladrillo.

«Ahora voy a volcarme en depurar las responsabilidades de los políticos», alerta.
Diego de Ramón presentó semanas atrás una denuncia contra la exdirectora general de CAM, María Dolores Amorós, y contra el resto de la cúpula directiva de la citada caja de ahorros. 
En el escrito, dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, De Ramón denunció, entre otros aspectos, que la dirección de la caja había producido «un quebranto económico de pérdidas ocultas de 4.587 millones de euros» y que había «atentado contra la seguridad nacional en época de crisis en España». 
En la denuncia, que ha dado origen a la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional, el letrado Diego de Ramón relata una serie de supuestas irregularidades en las que habría incurrido la anterior cúpula directiva de la CAM, entre las que destaca el presunto reparto de 71 millones de euros en créditos entre siete consejeros de la caja, y de otros 18 millones de euros, en los últimos cuatro años, en concepto de retribuciones. 
En el escrito del abogado murciano se denuncia, igualmente, el presunto disfrute de «créditos blandos» por parte de un grupo de varios de esos exdirectivos. Asuntos, todos ellos, que ya están siendo investigados.

Todas las denuncias sobre la mala gestión de la CAM terminarán en la Audiencia Nacional

MADRID.- Todas las diligencias abiertas sobre la mala gestión en la CAM se acumularán a la causa que se ha iniciado esta semana en la Audiencia Nacional, al igual que las demás denuncias relacionadas con la CAM presentadas ante distintas fiscalías y juzgados de Valencia, Madrid, Alicante o Murcia. Al tratarse de los mismos hechos, lo lógico es que todas se lleven en un único procedimiento para evitar resoluciones dispares, avanza hoy el diario 'Público'. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska investiga ya la "contabilidad creativa" puesta en marcha por la ex directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós.

Aunque aún no se ha concretado a qué personas se imputará, María Dolores Amorós, la última directora general, tiene todas las papeletas. Con ella al frente de la gestión, la entidad presentó unos beneficios de 39 millones de euros en el primer trimestre y pretendió publicar unos beneficios de 80 millones en el primer semestre, que, una vez fueron recalculados por los administradores del FROB y por los auditores, se convirtieron en unas pérdidas de 1.136 millones. Además, pactó con el expresidente Modesto Crespo una pensión vitalicia anual de 370.000 euros, pago que fue eliminado por los actuales administradores.
Pero, cuando avance la investigación, probablemente no figurará ella sola en el listado de imputados. La denuncia del letrado murciano Diego de Ramón, admitida a trámite por el juez Fernando Grande-Marlaska esta misma semana, también atribuye responsabilidad al ex director general Roberto López Abad, el secretario general José Pina, Joaquín Meseguer (Participaciones Empresariales), Francisco Martínez (Inversiones y Riesgos), Teófilo Sogorb (Planificación y Control) y Daniel Gil. 
Según el denunciante, formaban el equipo que dirigía la entidad a espaldas del consejo de administración. También cita a los directores territoriales de la entidad en Murcia y Valencia.
El letrado De Ramón califica los hechos como delito societario, falsedad documental, apropiación indebida y abuso de poder. Y dirige su denuncia contra la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, a la que los interventores despidieron en septiembre por unas causas, que la Fiscalía Anticorrupción ha investigado para determinar si superan el ámbito de la infracción disciplinaria y llegar a constituir delito. Aparentemente, son fácilmente transformables, puesto que los motivos alegados para despedirla consistieron en "buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente".
Con el informe a favor de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha acordado la primera diligencia: solicitar al Banco de España un avance del informe que preparan los interventores que designó al frente de la entidad para analizar la gestión desarrollada en los últimos años.
De las conclusiones de este avance de informe dependerá el futuro de la causa, porque a partir de él se perfilarán las imputaciones que se realizarán contra los exresponsables de la CAM. La admisión a trámite se ha producido por estafa y delitos societarios, entre los que se incluyen administración desleal y apropiación indebida en el seno de una empresa. 
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 no llamará a declarar a ninguno de los antiguos gestores de la entidad bancaria hasta conocer los resultados del Banco de España.
Aparte de afirmaciones escandalosas, pocas pruebas aporta el escrito de denuncia, por lo que es imprescindible iniciar la investigación prácticamente desde cero con las conclusiones del órgano auditor.
La denuncia, según recuerda 'El País', recogía las supuestas maniobras de Amorós para ocultar la pésima situación económica de la caja descubiertas por el supervisor que, según el denunciante, tenían por objeto "engañar a las autoridades monetarias del Banco de España para que no fuese intervenida". 
También recuerda que la CAM presentó en marzo unos beneficios de 38,9 millones de euros que en junio se convirtieron en 1.136 millones de pérdidas, lo que demostraría que tanto Amorós como el resto de directivos trataron de esconder "la debilidad financiera" de la entidad y las retribuciones de Amorós, que, además de una pensión vitalicia de 369.497 euros anuales, se adjudicó un sueldo de otros 593.040. 

El premio de 11 millones del sorteo de la ONCE 11/11/11 cae en Valencia

MADRID.- El primer premio del sorteo de la ONCE 11/11/11, de 11 millones de euros, ha caído en Valencia, según ha informado este sábado la organización en un comunicado. Los once premios de un millón de euros han ido a parar a Barcelona, Vizcaya, Murcia, Málaga, Jaén, Sevilla, Córdoba, Granada, Almería y Tarragona.

   El cupón premiado con 11 millones de euros en el sorteo de este viernes ha sido el 26516 , serie 135, que fue vendido en un quiosco de prensa ubicado en la calle Totana número 1 de la capital valenciana por su propietario Enrique Abellán Muñoz.
   En total, ONCE ha repartido casi 44 millones de euros por toda España con el sorteo 11/11/11, entre ellos los once premios de un millón de euros que han caído en las siguientes localidades:

1.Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Vendido en el Mercado de Abastos.
2.Etxebarri (Vizcaya). Repartido entre los padres de las jugadoras del equipo de balonmano femenino de División de Honor Kukullaga.
3.Santiago de la Ribera (Murcia). Vendido a las puertas del centro de mayores de la localidad.
4.Villanueva del Rosario (Málaga). Vendido en el estanco de la localidad.
5.Puente del Obispo. (Jaén). Punto de venta ONCE.
6.Villaverde del Río (Sevilla). Punto de venta ONCE.
7.Pozoblanco (Córdoba). Punto de venta ONCE.
8.La Mamola (Granada). Punto de venta ONCE.
9.Roquetas de Mar (Almería). Punto de venta ONCE.
10.Loja (Granada). Punto de venta ONCE.
11.Calafell y El Vendrell (Tarragona). En los bares "Casa Pepe" y "Quatre de Vuit".

El carrito de la compra, más caro / Javier Gil Sanz

En los últimos meses, muchos alimentos han subido de precio: azúcar, frutas, zumos, arroz, café, cereales, cerveza…El último estudio de la OCU es concluyente: se ha acabado la guerra de precios, incluidas las marcas blancas, que copan el mercado. El problema es doble. Por un lado, están subiendo los alimentos en el mercado internacional, por la mayor demanda, las malas cosechas y la especulación. Por otro, la enorme concentración de los distribuidores (cuatro marcas venden el 58% de los alimentos) está empezando a ser negativa para la competencia. Y mientras, los agricultores y ganaderos se llevan la quinta parte del precio que pagamos. Cara al futuro, todo apunta a que comer será cada vez más caro.
enrique ortega
Comer es el mayor gasto de los españoles (14,4% del presupuesto familiar), tras la vivienda (29,4%) y por encima del transporte (12%). En alimentación nos gastamos 1.460 euros por persona en 2010, un 2,3% menos, en una tendencia a la baja que empezó con la crisis y que se da en toda Europa, aunque España es el país donde más ha bajado el gasto alimenticio, junto a Italia (-7,6%): -5,5% entre 2007 y 2010, frente al -0,4% en Francia, el -2,7% en Gran Bretaña o el -2,8 % en Alemania. Para 2011, la OCU estima que el gasto de alimentación de una familia media será 6.804 euros (567 al mes), unos 400 euros menos que el año pasado, por la crisis y la caída de precios.
Pero los precios están repuntando en los últimos meses y ya hay fabricantes que reconocen estar subiendo los zumos (por la subida de las frutas y el azúcar), el arroz, el café, los cereales y pastas o la cerveza. Y la OCU señala, en su última encuesta, que ha finalizado la guerra de precios de 2009 y 2010 y que la mayoría de cadenas están subiendo precios. De momento, el propio IPC ya lo refleja: los alimentos han subido un 2,3 % en el último año (la inflación, el 3,1), con fuertes subidas en el azúcar (+26,9%), el café (+12,5%), el pollo (+6,9%), los cereales (+6,9%), el pescado (+4,9%) o los lácteos(+4,8%), mientras subían poco la leche(+0,3%) y el aceite(+1,8%),dos “productos escaparate” en los supermercados y con excedentes.
La causa inmediata de estas subidas es el aumento del precio internacional de muchos alimentos, sobre todo cereales, azúcar, arroz, lácteos y café, que han subido más del 40% en el último año, según la FAO. De hecho, desde 2008 asistimos a una gran volatilidad de los precios de los alimentos, por tres causas. La primera, la mayor demanda de alimentos de los países en desarrollo y el aumento de población (80 millones de bocas más cada año), mientras  los cultivos apenas crecen, caen las existencias y cualquier sequía o inundación provoca sobresaltos de precios. La segunda, el aumento de los precios de la energía y la apuesta por los biocombustibles( subvencionados), que fuerza la subida del maíz, trigo, azúcar y aceites. Y la tercera, la especulación pura y dura: los alimentos se han convertido en activos para invertir, que mueven billones de dólares, amplificando la volatilidad de precios.
Pero también hay otras causas de la subida de los alimentos. La concentración de los distribuidores y el auge de las marcas blancas (42% ventas), que fue positiva al principio para bajar precios, puede haber llevado ya a echar del mercado a muchos fabricantes y  a una menor competencia de los que han quedado por producto, uno o dos fabricantes de marca y la marca blanca del distribuidor. Así lo refleja el reciente estudio de la Comisión de la Competencia, donde se indica que cuatro grandes distribuidores (Mercadona, Carrefour, Eroski y Auchan) controlan ya el 58 % del mercado alimenticio, empleando prácticas restrictivas de la competencia: cláusulas con fabricantes, pagos comerciales, información sobre productos…
Las marcas blancas están aquí para quedarse y ya las compran el 87 % de los consumidores (habitualmente en conservas, pastas, legumbres, arroz, leche, lácteos y congelados), sobre todo los menores de 45 años, especialmente en Aragón, Andalucía y Madrid. Y aunque son más baratas (-31,7%), parece que los precios han tocado suelo y ahora que están asentadas, los distribuidores van a tratar de subirlas, poco a poco. Y mientras, tratan de seguir ganando márgenes a costa de agricultores y ganaderos. De hecho, estamos pagando casi cinco veces más caros los alimentos que el precio que recibe el campo, según el observatorio de COAG: casi el doble por el aceite, cinco veces por los tomates o las acelgas, siete veces más por el plátano, el doble por el pollo  o la leche y cuatro veces más por la ternera…
El Gobierno se despide sin haber aprobado la Ley que prometió al campo para regular (como hace Francia) los contratos entre productores y distribuidores de alimentos, que imponen su ley, controlando las ventas (un 63% en supermercados e híper, frente al 27% de la tienda tradicional, en extinción). Un poder que puede imponer ahora subidas de precios, forzado por unos mercados internacionales al alza, donde los alimentos van a duplicar su precio en los próximos 20 años, según Intermón Oxfam. Y eso porque la demografía (2.000 millones de bocas más que alimentar para 2030) y el cambio climático son una bomba de relojería sobre una agricultura mundial que no avanza (las hectáreas cultivables se han reducido a la mitad desde 1960), donde faltan tecnología e inversión y donde los precios los fijan pocos países (EEUU, China y Rusia) y 500 multinacionales (3 en cereales).
La alternativa, intentada por la FAO y el G-20, es promover la inversión en la agricultura, reduciendo el proteccionismo y la especulación. Y en Europa, ayudar a agricultores y ganaderos, para asegurarnos los alimentos. Pero eso cuesta enormes subvenciones, que Bruselas quiere recortar ahora, con lo que España recibiría 5.000 millones en vez de los 7.000 actuales. Eso volverá a echar a más gente del campo. Y comer será aún más caro.