viernes, 5 de octubre de 2007

Ruralcaja alcanza un beneficio bruto de 57,26 millones y crece un 28,3%

VALENCIA.- Ruralcaja alcanzó en el tercer trimestre de 2007 un resultado antes de impuestos de 57,26 millones de euros, un 28,3% más respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a la buena evolución de los ingresos recurrentes procedentes de la actividad de intermediación financiera y a la contención en los gastos de explotación, informaron fuentes de la entidad.

El crecimiento "equilibrado y eficiente" que está desarrollando Ruralcaja, a través de su plan estratégico 2007-2010, se basa en el aumento sostenido de los ingresos, el control de costes y una gestión prudente del riesgo, "lo que ha permitido incrementar todos los márgenes del balance y la cuenta de resultados", afirmaron.

Del Balance, hay que destacar que el activo total se sitúa en 8.635,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 15,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

El "dinamismo comercial" de la red de oficinas de Ruralcaja "ha favorecido el crecimiento del volumen de negocio", que ascendió a 15.700 millones de euros, un 18,7% más. Por su parte, los recursos gestionados han alcanzado los 8.023 millones de euros, con un incremento del 16,1%.

Por otro lado, señalaron que Ruralcaja "no se ha visto afectada por la crisis crediticia provocada por las hipotecas de alto riesgo de EEUU, dado que no cuenta con productos afectados por las 'subprime'".

Este tipo de operaciones "no forma parte de nuestra política de concesión de créditos. Igualmente, y a pesar de los efectos de estas operaciones en los mercados, hay que indicar que Ruralcaja mantiene unos niveles de liquidez adecuados", apuntaron.

Con un "ligero incremento" de la morosidad, la Entidad ha mantenido unos excelentes niveles de solvencia como consecuencia de una prudente dotación para insolvencias, que ha aumentado un 113,13% respecto a 2006.

Por su parte, todas las magnitudes de la cuenta de resultados han registrado un comportamiento favorable. El margen de intermediación, ha alcanzado los 148,6 millones de euros, un 24% más respecto al mismo periodo del año anterior.

El margen de explotación se ha situado en 77,7 millones de euros (+40,8%), y el margen ordinario ha alcanzado los 172,9 millones de euros (+20,8%), lo que ha permitido que la ratio de eficiencia haya mejorado en 3,78 puntos al tercer trimestre, y en 6,12 puntos respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, señalaron que durante el presente ejercicio, la entidad ha puesto en marcha un ambicioso plan de expansión de su red comercial, constituida por 479 oficinas ubicadas en Barcelona, Tarragona, Murcia y la Comunidad Valenciana, de las que 12 se han abierto este año.- (Agencias)

El Consejo de Abogacía acusa a la clase política española de "intoxicar" el sistema de justicia

PALMA.- El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, acusó hoy a la clase política de mantener el sistema judicial español bajo una "grave amenaza de intoxicación política" y aseguró que el funcionamiento general de la justicia en España está "absolutamente politizado" a causa de la constante intromisión de las fuerzas políticas en los órganos judiciales.

Carnicer aseguró hoy, durante la celebración de la VI Conferencia de Presidentes de las Abogacías Mediterráneas en Palma, que el ejemplo más claro de tal intoxicación es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "La renovación del CGPJ ya no resiste más tiempo y su prestigio se resiente", advirtió.

Según destacó, "se ha quebrado gravemente lo establecido en la Constitución Española acerca de que la permanencia en el cargo de los miembros del CGPJ no puede prolongarse más allá de cinco años". El CGPJ debía haber renovado su composición hace ya diez meses. Las fuerzas políticas han de pactar la entrada en el Consejo de doce nuevos magistrados, seis de ellos los debe elegir el Congreso con una mayoría de tres quintas partes y los otros seis el Senado, con la misma mayoría.

Sin embargo, para Carnicer, éste no es el único mal que afecta a la independencia de la justicia española ya que, el uso inadecuado del Tribunal Constitucional (TC) por parte de los partidos, lamentó, es constante. "Están llenando el Constitucional de cuestiones que no son jurídicas sino políticas y, sin embargo, avisan a los ciudadanos de que se van a restringir la entrada de recursos de amparo, aumentando los requisitos", criticó.

En este sentido, manifestó su "preocupación" por el hecho de que las fuerzas políticas estén "interponiendo recursos de inconstitucionalidad para bloquear cuestiones y ver con qué partido habrá que negociarlas después de las elecciones de marzo". La clase política tiene, según señaló, "tendencia a cambiar cosas a través de recursos de inconstitucionalidad, después de las elecciones".

Por otra parte, comentó la sentencia dictada en junio por el Tribunal de la Unión Europea confirmando el derecho de los abogados a respetar el secreto profesional en el marco de un proceso judicial aun en casos en los que tengan conocimiento de hechos vinculados al blanqueo de capitales.

"Este sentencia nos da la razón y confirma la postura que defendíamos ante la trasposición a la legislación española de la directiva europea sobre blanqueo de capitales. Es un tema que nos preocupaba porque las decisiones de la UE son de rango superior a las leyes españolas", recordó.

En la declaración común aprobada por asistentes a la Conferencia, los representantes de los consejos de abogados de once países mediterráneos --Albania, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Macedonia, Marruecos, Portugal, Túnez y Turquía-- destacan la necesidad de respetar los derechos procesales de todos los imputados, también de los relacionados con el terrorismo.

"Reafirmamos que, sean las que sean las demandas de la opinión pública relativas a la seguridad o a la necesaria lucha contra el terrorismo, una democracia no puede renunciar a las reglas esenciales que garantizan los derechos y las libertades de las personas, fundamentalmente, la presunción de inocencia y las garantías concernientes a la creación y utilización de ficheros o de las nuevas tecnologías", reza la declaración.

Según defienden, todas las violaciones de los principios esenciales mencionados constituyen "una victoria para aquellos que combaten la democracia y el Derecho". "Sólo los Estados de Derecho respetan de manera absoluta y real los Derecho Humanos en la forma establecida por los Tratados y las jurisdicciones internacionales", añade el texto.

Finalmente, los once firmantes consideran "esencial" reforzar los lazos entre abogados de los países del sur de Europa y de las dos riberas del Mediterráneo con el fin de reafirmar la independencia del abogado, su deontología y valores comunes.- (Agencias)

CCOO anima a los trabajadores de Llanera a "no abandonar el barco" para no perder sus derechos

VALENCIA.- Representantes de la Federación de Construcción, Madera y Afines (Fecoma) de CCOO PV celebraron hoy en Xàtiva (Valencia) una asamblea con trabajadores del Grupo Llanera para informarles del proceso a seguir en el concurso voluntario de acreedores presentado el pasado lunes por seis sociedades de la compañía valenciana, reunión en la que recomendaron a los trabajadores que "permanezcan unidos" y "no abandonen el barco" para no perder sus derechos.

A la citada asamblea acudieron en torno a 200 trabajadores de la compañía valenciana, "la mayoría gente de obra", pero también "algunos técnicos y administrativos", según informó a Europa Press el secretario de Fecoma CCOO PV, José Luis Llinares, quien comentó que los empleados se encontraban desbordados por la situación y ante "un mogollón tan grande que no saben qué hacer".

En estos momentos, los trabajadores de Llanera pueden optar por "otorgar poderes a una organización sindical, a abogados o a quienes quieran" para que éstos se personen ante el juzgado, ya que "como no tienen representación legal, la ley permite que en cada empresa, los trabajadores puedan nombrar representantes para velar por sus derechos en su nombre ante cualquier expediente durante el proceso", explicó Llinares.

Al respecto, apuntó que una vez conocidos los distintos mecanismos que poseen para defender sus intereses, los trabajadores pueden optar por unos u otros, al tiempo que remarcó la importancia de que "permanezcan unidos y sean una piña" y de que además, "no abandonen el barco, porque lo único que van a conseguir yéndose voluntariamente es perder todos los derechos que puedan tener respecto a la empresa, como la antigüedad o la opción de percibir la prestación por desempleo".

Por otro lado, José Luis Llinares apuntó que Fecoma CCOO se personó hoy en el juzgado "para tener derecho de acceso a toda la información presentada en el juzgado", tanto económica, como financiera y de cualquier índole para así poder "obtener una radiografía de la situación real de la empresa" y determinar las medidas más adecuadas para cada caso particular.

Asimismo, comentó que a partir de la semana que viene emprenderán una campaña informativa para trasladar la situación del proceso concursal a las federaciones de la construcción de Castilla-la Mancha, Andalucía y Madrid, así como a las de todas aquellas autonomías en las que desarrollen su actividad trabajadores del Grupo Llanera.- (Agencias)

Una parroquia valenciana alberga una pintura mural sobre la riada de 1957

VALENCIA.- Una parroquia de Valencia alberga en su interior una pintura mural que evoca la riada de 1957 en la capital valenciana y localidades próximas, así como las ayudas solidarias canalizadas a través de la Región de Murcia que se enviaron desde todos los puntos de España, informaron fuentes del Arzobispado.

El fresco está en la parroquia de Nuestra Señora de la Fuensanta, construido poco después de la riada al igual que el barrio del mismo nombre de Valencia. El distrito fue comenzado a construir en 1958 para ofrecer viviendas a los que perdieron sus hogares por la riada, según el párroco, Antonio Gálvez.

Tanto la parroquia como el barrio tienen el nombre de la Fuensanta por ser la advocación de la patrona de Murcia, como "homenaje a esa región que tanto ayudó a los valencianos", explicó el sacerdote.

La pintura mural, de cuatro metros de ancho y tres de alto, está ubicada en la pared que hay sobre la puerta principal del templo. Se trata de "una representación alegórica", en la que en un lado figura un ángel sosteniendo a una mujer moribunda con el escudo de Valencia dibujado en su vestido y, en el otro extremo, un grupo de ángeles que portan una piedra, con la que "se simboliza los materiales de construcción del barrio", así como un árbol, una cruz, un candil encendido y la imagen de la Virgen de la Fuensanta.

Todo ello expresa "las ayudas y esperanzas que llegaron a Valencia desde Murcia tras la riada", añadió.

La pintura fue realizada "en los primeros años de la parroquia, que comenzó a ser construida, al igual que el barrio, en 1958". El templo está gestionado desde su creación por la congregación religiosa de los Claretianos, que también cuenta con un colegio en el barrio.

Los religiosos dedicarán el próximo 14 de octubre, día en el que se cumplirán 50 años de la riada, una misa en la parroquia en memoria de las víctimas.- (PA)

Juan Carlos I recibirá este 9 de octubre la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana

VALENCIA.- El Consell aprobó este viernes otorgar la Alta Distición de la Generalitat al Rey Juan Carlos I. La concesión del tradicional galardón del 9 d´Octubre, se produce en plena campaña antimonáquica convocada por los independentistas y extendida a toda la Comunidad Valenciana.

El Gobierno valenciano aprobó la concesión al Rey como "protagonista indiscutible de la recuperación de la democracia en la Nación Española y clave en su conformación como monarquía parlamentaria por voluntad del pueblo español expresada en la Constitución".

El Consell otorga además al Rey esta distinción, que se entrega con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, por su papel "garante de las libertades valencianas, recuperadas plenamente merced a nuestro Estatuto de Autonomía, que encaja armónicamente en el modelo de Estado que la Constitución define y que la Corona culmina".

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha comunicado a la Casa Real la concesión de esta Alta Distinción, "que se hará efectiva en fecha y lugar que se determinará en los próximos días", según explicó el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo valenciano, Vicente Rambla, en la comparecencia ante los medios de comunicación posterior al pleno del Consell.

Rambla, destacó el papel del monarca para conseguir la democracia en España y le definió como "garante" de las libertades reflejadas en el Estatuto. Rambla anunció que el monarca no podrá estar presente en la tradicional entrega de los galardones. - (Agencias)

La CAM se ‘blinda’ ante el cambio de ciclo inmobiliario

ALICANTE.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha decidido blindarse frente al cambio de ciclo inmobiliario. Según informa "El Mundo", la entidad presidida por Vicente Sala ha incrementado, de forma drástica, las provisiones destinadas a cubrir créditos impagados. La Caja se hace así con un colchón financiero para amortiguar un hipotético repunte brusco de la morosidad en los próximos meses.

La decisión de la entidad financiera se produce en un momento de profunda incertidumbre para el sector. No sólo por las turbulencias que azotan a los mercados financieros desde principios de agosto. También por el elevado riesgo contraído en los últimos años con los promotores inmobiliarios, que deben a las instituciones crediticias 282.081 millones (151.673 millones a las cajas y 118.104 millones a los bancos). La elocuente cifra equivale a un tercio de todo el dinero que las entidades financieras tienen prestado.- (Agencias)
(Aula de Cultura de la CAM, en Valencia)

Canarias, Andalucía, Valencia y Murcia son las comunidades españolas donde peor se come

MADRID.- El presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (Sedca), Jesús Román, aseguró que España es uno de los países europeos con mayor problema de obesidad junto con Italia, Grecia y Malta, y que dentro de nuestro país, son Canarias, Andalucía, Valencia y Murcia las comunidades con peores hábitos alimenticios y donde más enfermedades cardiovasculares sufre la población frente a regiones como el País Vasco, que come más sano.

En el marco del lanzamiento de la campaña contra la obesidad infantil Román dijo que en estas comunidades se consume mucha carne y poco pescado, verdura o fruta, lo que aumenta los problemas cardiovasculares.

Román considera "increíble" que un país que presume de dieta mediterránea como España tenga este "dramático" problema con el sobrepeso, que cuesta unos 2.500 millones de euros al Sistema Nacional de Salud (SNS) y que afecta sobre todo a los niños -el 14% de los menores españoles en edad escolar son obesos y el 16% de los niños con 12 y 13 años-, quienes por esta causa tienen "casi seguro" el fracaso escolar y se convertirán con los años en adultos obesos.

Criticó también que el Ministerio de Sanidad y Consumo y las administraciones regionales, "además de poesía", pongan en marcha actuaciones concretas y dediquen fondos a fomentar los buenos hábitos alimenticios. Asegura que en este sentido, nota a las autoridades "poco preocupadas" y "faltas de interés".

"Hay poca preocupación en la administración por que la gente coma bien, prueba de ello es que no existe en la Sanidad la figura del nutricionista para asesorar sobre el sobrepeso, como ocurre en países como Argentina", señaló.

Denunció que la clave del problema está en que los españoles "compran mal" los alimentos y han abandonado los buenos hábitos del pasado, como tomar fruta en el postre o comer sentados a la mesa.

"Los españoles realizan malas compras en los supermercados y han abandonado hábitos saludables a la hora de comer, como tomar fruta en el postre o sentarse a la mesa y hablar. Se le echa la culpa a la falta de tiempo, al plato precocinado o a la hamburguesa, pero la realidad es que nunca nos hemos organizado tan mal para comer", dijo.- (Agencias)

La Comissió Nou d´Octubre, por un cambio en el «país»

VALENCIA.- La Comissió Nou d´Octubre, integrada, entre otros, por Esquerra Unida, el Bloc, Esquerra Republicana, Els Verds, Acció Cultural y Comisiones Obreras, defenderá en la manifestación, que celebrará el próximo martes en la ciudad de Valencia, un nuevo modelo social y económico para el «País Valencià».

Según afirmó Toni Gisbert, miembro de Acció Cultural del País Valencià, en la marcha, que se ha convocado bajo el lema «Defensem les llibertats, guanyem el país» y que se iniciará a las 18.00 horas en la Plaza de San Agustín, se abogará por un proceso de ordenación del territorio distinto al actual, que sea «respetuoso con el medio ambiente», y por un mayor uso del valenciano.

Además, Gisbert calificó el cierre de emisiones de TV3 como «un ataque a la libertad de expresión».

Por otra parte, unas cincuenta personas, junto a otros tantos curiosos, se dieron cita en la Facultad de Filosofía, frente a una pancarta en la que se podía leer “los estudiantes también quemamos la monarquía”.

Casi cuando acababa la concentración, uno de los participantes, encapuchado, mostró una fotografía de Don Juan Carlos y sacó un mechero para prenderle fuego. La intención, recogida por las cámaras de los fotógrafos, se quedó en eso justo cuando las televisiones comenzaban a tomar imágenes de su gesto. En ese momento, el encapuchado guardó el mechero, arrugó la imagen del monarca y la tiró al suelo.

Fue probablemente el momento de más tensión en la concentración, según "Las Provincias".

La concentración transcurrió con normalidad. Gritos contra la monarquía, a favor de los Països Catalans y de Terra Lliure, sirvieron de banda sonora para colocar, boca abajo, una imagen del rey de copas, con la inscripción ‘el campechano’.

Ferran Jiménez, portavoz de los manifestantes, enmarcó la concentración de y las próximas, –otra mañana sábado frente a la Delegación de Gobierno– en una muestra de solidaridad con los encausados por la Audiencia Nacional.

Según dijo, la defensa de la libertad de expresión ampara el rechazo de la monarquía española, así como cualquier tipo de acto en contra de la persecución y criminalización, por parte del Estado y los medios de comunicación. Jiménez dijo que su colectivo seguirá defendiendo los Països Catalans, si es necesario, incluso con la desobediencia.

Urgen a 2.700 afectados de la pantanada de Tous de 1982 a devolver las ayudas

ALCIRA.- Cuando están a punto de cumplirse 25 años de la pantanada de Tous, que anegó las comarcas de La Ribera Alta y Baixa, el Gobierno ha fijado un límite a los afectados para que devuelvan el importe de los créditos que pidieron entonces, según "20 minutos".

La fecha tope es el 28 de marzo de 2008. Si las 2.700 personas en esta situación pagan antes, sólo tendrán que abonar el capital prestado (nueve millones de euros en total), pero, si no lo hacen, el Estado los denunciará y les reclamará los intereses generados estos 25 años (lo que puede doblar la cifra).

El asunto viene de largo, tras resoluciones judiciales y promesas de las diferentes administraciones, que dieron a entender a muchos afectados que se les había perdonado la deuda.

Por el despacho del abogado alcireño José Manuel Vila ya han desfilado unas 200 personas preguntando qué hacer y el letrado considera "una vergüenza" la situación. Desde el ICO animan a pagar y niegan que los créditos fueran a fondo perdido.

El hundimiento del Prestige o los recientes incendios de Castellón y Canarias son catástrofes equiparables a la pantanada que asoló la desembocadura del Júcar hace 25 años, pero difieren en el tratamiento a los damnificados.

En el caso de Tous, las ayudas sólo llegaron para quienes fueron a juicio, por lo que los afectados salieron adelante en 1982 solicitando créditos de urgencia, que ahora les piden que devuelvan.

En Muxía (La Coruña), una de las localidades más golpeadas por la marea negra del Prestige, el Gobierno desembolsó en 2003 más de 160 millones de euros en ayudas y en Canarias aprobó un decreto especial.

El PSPV acepta negociar el pacto por el urbanismo propuesto por la Generalitat

VALENCIA.- El PSPV aceptó ayer el ofrecimiento de la Generalitat para iniciar conversaciones en favor de un pacto urbanístico en la Comunitat Valenciana. Tras la propuesta de un consenso en ese sentido, que tal como ya adelantó el diario "Levante", formuló el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, el popular José Ramón García Antón, el portavoz socialista de estas áreas, Francesc Signes, anunció la disposición de su partido a iniciar conversaciones con el Consell.

Signes se mostró plenamente abierto a la iniciativa y aseguró que «los socialistas siempre hemos demandado que la gestión del territorio y el urbanismo en nuestra Comunidad no debía responder a intereses partidistas, sino ser fruto de un amplio consenso», por lo que, «si esta oferta de diálogo es sincera y, por tanto, el pacto puede contribuir a sustituir el caos actual por un urbanismo consensuado y estable, los socialistas estamos dispuestos a participar».

García Antón realizó su ofrecimiento el pasado miércoles en la clausura de unas jornadas sobre la ley estatal de Suelo organizadas por el Consell Jurídic Consultiu (CJC), aunque inicialmente apuntó que el pacto debe fraguarse a lo largo de esta legislatura.

Ayer, pese a la aceptación del ofrecimiento hecho desde las filas del PP, Francesc Signes discrepó de los plazos: «Es excesivo concederse el plazo de toda la legislatura para sentar las bases de una gestión urbanística clara y compartida por todos», por lo que urgió al conseller a «iniciar inmediatamente los contactos para componer una amplia mesa de diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales de la Comunitat Valenciana».

En este sentido, Signes apuntó ayer que «sería conveniente alcanzar unos puntos mínimos de acuerdo a principios del próximo año, para poder acometer durante la legislatura los cambios legislativos que se necesitan».

Por otra parte, el representante de los socialistas señaló que «la situación del sector inmobiliario valenciano está empezando a padecer los efectos de un urbanismo mal regulado», por lo que «es urgente tomar medidas para evitar una verdadera crisis inmobiliaria».

En la misma línea, Signes se mostró partidario de una unificación del marco normativo vigente en la actualidad, en materia de urbanismo, en la Comunidad Valenciana, ya que existen muchas leyes.

Para el portavoz socialista en las áreas urbanística y de ordenación territorial, «los principios de acuerdo que se puedan alcanzar deben comprometer la actuación del Consell hasta tanto se aprueban las normas legales que los desarrollen», ya que de lo contrario, «estaríamos ante un nuevo efecto llamada, como el ocasionado por las tres leyes aprobadas en la legislatura anterior».

La necesidad de un pacto político en el ámbito urbanístico y la clarificación de la legislación vigente son defendidas actualmente por numerosos empresarios del sector.- (EPI)
(Sede central del PSPV en la calle Blanquerías, de Valencia)