jueves, 28 de febrero de 2013

Bankia perdió 19.193 millones en 2012

MADRID.-   El grupo BFA-Bankia registró una pérdida después de impuestos de 21.238 millones de euros en 2012, de los que 19.193 millones de euros corresponden a Bankia, tras realizar provisiones por valor de 26.845 millones de euros, que incluyen también los ajustes derivados de activos a la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

   Las pérdidas del grupo se rebajarían hasta 19.400 millones de euros si se contabilizaran las plusvalías del canje de instrumentos híbridos, con un atribuido negativo de 10.791 millones de euros, según ha informado este jueves la entidad, que prevé entrar en rentabilidad ya este año.
   Dichos saneamientos, junto a las medidas de recapitalización aprobadas el pasado 28 de noviembre por las autoridades europeas, permiten a la entidad arrancar 2013 con un balance saneado y una liquidez de más de 40.000 millones de euros, que permite cubrir los vencimientos de los próximos seis años.
   En concreto, las dotaciones totales realizadas por Bankia en el ejercicio 2012 ascendieron a 23.907 millones de euros como consecuencia del plan presentado en mayo y de su actualización debido al traspaso de activos a la Sareb. Por ello, el resultado neto atribuido a la entidad arrojó unas pérdidas de 19.056 millones de euros.
   "Iniciamos 2013 desde una sólida posición: un balance saneado, buenos niveles de solvencia y una excelente situación de liquidez. Nuestro reto ahora es hacer de Bankia una entidad rentable que permita devolver a la sociedad el apoyo que nos ha prestado", ha subrayado el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri.
   La entidad ha subrayado que tras un año 2012 en el que afrontó un fuerte saneamiento de su balance, que le llevó a solicitar ayudas públicas por un importe final de 17.959 millones de euros, BFA-Bankia prevé volver a la senda de la rentabilidad ya en 2013, con lo que se iniciará el camino para devolver el apoyo público recibido.
   Según la entidad, el canje por acciones de los instrumentos híbridos emitidos por las cajas de ahorros que dieron origen al grupo se prevé que sea anunciado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en el mes de marzo y tras su ejecución el proceso de recapitalización habrá finalizado.
   A partir de entonces, y en función de los requisitos que establezca la comisión creada al efecto, se pondrá en marcha el proceso de arbitraje.
   Tras la transferencia de activos inmobiliarios a la Sareb por 22.300 millones de euros, el activo individual de BFA se reduce a las participadas de las que es accionista (ajustadas a valor de mercado), carteras de renta fija y apenas 71 millones de euros de préstamo promotor, con una cobertura cercana al 80%. Por tanto, el grueso del negocio del grupo es el que se genera en Bankia.
   La entidad cotizada encara 2013 desde un sólido punto de partida,  con una cobertura total sobre la cartera de crédito del 8%. El crédito promotor está provisionado al 44,8%, la cartera de empresas al 14,8% y la de particulares al 3,3%.
   En cuanto a la liquidez, el conjunto del grupo cuenta con activos líquidos por más de 40.000 millones de euros, que le permiten cubrir sus vencimientos más allá de 2020. De esa cifra, 26.900 millones corresponden a Bankia, con los vencimientos cubiertos hasta 2018.
   En términos de solvencia, tanto el Grupo BFA como Bankia, incluyendo el efecto del canje por acciones de Bankia de los instrumentos híbridos, habrán cerrado el año 2012 con un Core Tier I en términos EBA del entorno del 9,5%, en línea con lo previsto en el plan de recapitalización.
   Bankia registró un margen de intereses de 3.198 millones de euros en 2012, un 16,6% más que un año antes. Esta cifra excluye el coste de 109 millones de euros derivado del préstamo subordinado por 4.500 millones de euros otorgado por BFA a Bankia en septiembre de 2012.
   Por su parte, el margen bruto se situó en los 4.010 millones de euros (-2,7%), con un mayor peso de los ingresos recurrentes (intereses y comisiones) y menor de los provenientes por carteras de renta variable.
   Además, en 2012 se produjo el efecto negativo de la mayor aportación al fondo de garantía de depósitos por las penalizaciones a los extratipos, inexistente en 2013. Neto del efecto del préstamo subordinado, el margen bruto se situó el pasado año en 4.119 millones de euros (-0,05%).
   Los ingresos por comisiones cayeron un 6,5%, hasta los 992 millones de euros. Si no se toman en cuenta las derivadas de operaciones corporativas en mercados de capitales, los ingresos más recurrentes por la propia actividad bancaria caen un 3,3%, a 809 millones.
   Por resultados de operaciones financieras, Bankia generó 348 millones en 2012, un 4,9% menos. De esta cantidad 229 millones proceden de plusvalías generadas por recompra de emisiones propias.
   La entidad ha destacado que la contención de costes fue relevante en el ejercicio pasado y marca otro de los caminos sobre los que actuará para potenciar su rentabilidad futura. En 2012 los gastos de administración se redujeron un 12,0%, hasta los 2.017 millones de euros, con una caída del 14,1% en gastos de personal y del 7,4% en otros gastos generales.
   Con todo, el margen antes de provisiones de Bankia se elevó hasta los 1.826 millones de euros, un 19,4% más que en 2011.  
   El ratio de morosidad de la entidad se redujo en el cuarto trimestre del año, desde el 13,3% de septiembre al 13,0%, si bien la cifra supera el 7,6% del cierre de 2011. El saldo de dudosos bajó en el cuarto trimestre de 25.314 a 19.819 millones de euros, afectado por el traspaso de activos a la Sareb. Un año atrás la cifra era de 15.311 millones.
   En el apartado de evolución del negocio, estuvo afectado por la transferencia de activos crediticios a la Sareb realizada en el mes de diciembre por un importe de 16.405 millones de euros en términos netos. Bankia cerró el año 2012 con un volumen de crédito neto de 134.177 millones de euros, un 27,1% inferior al año anterior.
   Por el lado del pasivo, los depósitos estrictos de clientes totalizaban a 31 de diciembre 98.524 millones de euros, frente a los 98.566 millones de septiembre y los 113.050 millones del cierre de 2011.

La corrupción de Bárcenas llegó a Valencia

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha presentado este jueves una querella en la Audiencia Nacional contra empresarios de la construcción y personas que han ocupado cargos de responsabilidad en el PP, como Luis Bárcenas, Federico Trillo, Ángel Acebes y Rodrigo Rato, en la que pide investigar la presunta contabilidad B del partido.

   La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre la trama 'Gürtel'.
   Además, se dirige contra el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros.
   A todos ellos les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.
   Entre otras diligencias, los querellantes piden llamar a declarar como testigos al presidente del Senado, Pío García Escudero; a Santiago Abascal, miembro de las Juntas Generales de Álava en representación del PP; al ex consejero de Salud de Navarra, Calixto Ayesa; al ex diputado 'popular' Jaime Ignacio del Burgo; al diputado del PP, Eugenio Nasarre y al ex presidente de Baleares, Jaume Matas.
   Asimismo, se solicita que la Tesorería General de la Seguridad Social aporte la vida laboral e historia de bases de cotizaciones de Luis Bárcenas entre los años 2009 y 2013; que el Tribunal de Cuentas envíe "copia auténtica" de las cuentas presentadas e ingresos declarados por el PP entre 1990 y 2009; así como que se requiera "urgentemente" a Fiscalía Anticorrupción "la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado en su procedimiento".
Así, insta a judicializar las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía ante el riesgo de que los delitos prescriban. "El esfuerzo realizado por el Ministerio Fiscal investigando los hechos denunciados habría sido estéril, apenas un placebo de orden político para atemperar la indignación social", agrega.
Según dice, de la contabilidad difundida hasta ahora resultan unos ingresos probablemente ilícitos por importe de 6.687.344 euros. A su juicio, la contabilidad paralela en el seno del partido supone una "clara" vulneración de la normativa de financiación de partidos políticos.

Cayo Lara ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación después de presentar la demanda ante el órgano judicial, que lo que buscan con esta acción es que "la justicia investigue, que se haga justicia" para así poder "regenerar la democracia" y para que la opinión pública pueda "creer definitivamente en la justicia".
Denuncian los pagos ilícitos -dádivas o sobornos_realizados por empresarios  y particulares a varios miembros del Partido Popular, que fueron distribuidos a altos cargos de la formación política y miembros del Gobierno en, al menos, la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Cataluña y Andalucía.
Los querellados creen que ese dinero tenía como objetivo incidir en políticas económicas favorables a los pagadores y que éstos pudieran obtener contratos públicos u otros favores de las administraciones públicas e incluso Ministerios gobernados por los 'populares'. Al tratarse de fondos públicos ocasionaron un perjuicio para las arcas públicas y pro tanto para los contribuyentes.
El descubrimiento de las cuentas bancarias abiertas en Suiza por el ex tesorero Luis Bárcenas arroja indicios de que los responsables de finanzas del partido estarían al frente de la 'red Gürtel' dedicada a recaudar pagos ilegales sin que ningún político del PP evitara o denunciara esta práctica desde la década de los 90.

Los querellantes no ven "posible ni probable" que la fortuna millonaria amasada por Bárcenas sea fruto de su trabajo sino que creen que procedería de las actividades delictivas de la 'Gürtel'. "Los documentos contables atribuidos a Bárcenas aparentan con alto grado de verosimilitud y credibilidad la existencia de una contabilidad opaca en el Partido Popular", añaden.
Sospechan que el exsenador podría ocultar más activos en Canadá, donde hace unos días se ha desplazado supuestamente a esquiar, y recriminan que el PP ha mantenido hacia él "una actitud de protección" al "doblarle" el salario, financiarle en un principio el abogado, y mantenerle en el partido.
   El 'modus operandi' consistía en sacar contratos a licitación u otorgados directamente burlando los procedimientos de libre concurrencia o en otorgarlos a empresarios o particulares que abonaban comisiones en concepto de dádiva o precio a los miembros de la 'trama Gürtel' inserta en el Partido Popular, un dinero que finalmente era repartido entre la cúpula política y entre distintos altos cargos, incluidos varios ministros en ejercicio.
   Acusa a los querellados de defraudar a la "sociedad" al primar "exclusivamente su propio y desmedido afán de enriquecimiento frente al interés colectivo de la ciudadanía y de la Administración Pública, por el cual debían velar como gobernantes o miembros del partido del gobierno". A su juicio, la regularidad de los pagos induce a pensar que los receptores han estado "a sueldo" de distintas empresas, principalmente constructoras.

El FROB presenta más querellas contra exdirectivos de Banco de Valencia

MADRID.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, ha presentado siete nuevas querellas en la Audiencia Nacional por distintas actividades de gestión desarrolladas por los miembros de la antigua cúpula del Banco de Valencia, informaron fuentes jurídicas.

   Las nuevas acciones judiciales, que analizan actuaciones concretas autorizadas por sus antiguos gestores, fueron anunciadas en el Senado el pasado día 19 por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien señaló que "el tema se estaba preparando y se trasladaría a los tribunales muy rápidamente".
   Tres días después el director general del FROB, Antonio Carrascosa, concretó que las querellas iban dirigidas contra los exdirectivos del Banco de Valencia, que fue adjudicado a CaixaBank por un euro en noviembre de 2012.
   Las siete nuevas acciones judiciales serán estudiadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, que recibió en junio de 2012 otra querella del FROB en la que se imputaba a la cúpula de la entidad valenciana los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.
   Esta primera querella del FROB, dirigida contra los exconsejeros Domingo Parra, su socio Aurelio Izquierdo y el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, ponía de manifiesto que en octubre de 2011 el Consejo de Administración de Banco de Valencia tuvo que ser sustituido por un administrador provisional nombrado por el FROB debido a la situación económica en que se encontraba la entidad.
   Esto dio lugar a la intervención de la entidad por parte del Banco de España el 21 de noviembre de 2011, que tuvo que inyectarle cerca de 2.000 millones de euros y otorgarle un aval de 1.500 millones de euros para pedir dinero al Banco Central Europeo (BCE) para evitar su quiebra.
   Pedraz también estudia un expediente sancionador que el Banco de España abrió contra los antiguos responsables del Banco de Valencia, entre los que se encuentra su expresidente y el de Bancaja José Luis Olivas, por supuestas irregularidades durante su gestión, informaron fuentes jurídicas.
   Además, un grupo de pequeños accionistas presentó otra querella contra 27 exresponsables de la entidad, entre los que se encontraban el que era su presidente, José Luis Olivas; Domingo Parra y otros miembros del Consejo de Administración. El juez de Instrucción número 3 de Valencia se inhibió a favor de la Audiencia Nacional aunque la decisión final fue recurrida por las defensas de los denunciados ante la Audiencia de Valencia.
   La Fiscalía Anticorrupción se manifestó en junio de 2012 a favor de que la Audiencia Nacional asumiera la competencia para investigar la primera querella del FROB, al considerar que los hechos descritos tienen una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional", por lo que la competencia para investigarlos corresponde a este tribunal.
   "Los hechos descritos en la denuncia presentada, siendo que además es una empresa cotizada, suponen la afectación de la economía nacional, al verse afectado el propio sistema financiero, con incidencia en otras sociedades, también cotizadas", apuntaba el escrito del fiscal.

Cinco autonomías no cumplen el techo de déficit para 2012

MADRID.- La mayoría de las CCAA cumplieron el año pasado el déficit del 1,5% previsto, doce en total, con Extremadura a la cabeza (0,69%) y la Comunidad Valenciana a la cola (3,45%), según los datos hechos públicos por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La media de todas ellas sin embargo se encuentra por encima del objetivo, en el 1,73%.

    Las comunidades que se han quedado por encima del déficit del 1,5%, además de la valenciana, son Murcia (3,02%), Andalucía (2,02%), Cataluña (1,96%) y las Islas Baleares (1,83%).
   El resto ha quedado así: País Vasco 1,39% de déficit, Galicia 1,19%; Asturias 1,04%; Cantabria 1,13%; La Rioja 1,04%; Aragón 1,47%; Castilla-La Mancha 1,53%; Canarias 1,23%; Navarra 1,34%; Extremadura 0,69%; Madrid 1,07%; y Castilla y León 1,4%.
   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha destacado este jueves en rueda de prensa el gran esfuerzo realizado por todas las administraciones territoriales el año pasado, aunque ha reconocido que el recorte ha sido mayor en unos casos que en otros y que se abre un escenario nuevo, la gran disparidad del déficit entre autonomías, algo que no había ocurrido en ejercicios anteriores.
   Montoro ha subrayado que este frenazo del déficit no se hubiera logrado sin la Ley de estabilidad presupuestaria y la vigilancia a la que ha sometido las cuentas regionales. Pero ha descartado por el momento la intervención de las autonomías que no han cumplido el objetivo, primero porque las cifras tienen que ser confirmadas por Eurostat, pero también por el gran esfuerzo realizado y que se va a seguir realizando.
   Pero Montoro no ha negado que se llegue a ese extremo, porque "los procedimientos están ahí". "La ley se está aplicando y la seguiremos aplicando, ya veremos si hacemos un gran titular de esos que les gustan", ha dicho a los periodistas al ser preguntado.
   También ha abierto la puerta a flexibilizar el objetivo de déficit de las autonomías, que por el momento sigue siendo el 0,7% y con esta cifra se han realizado todos los presupuestos de las comunidades. Dependerá primero de que Bruselas lo autorice para España. "Si se produjera esa circunstancia, ya lo abordaremos", ha añadido.
   Cristóbal Montoro ha reconocido el esfuerzo realizado por algunas autonomías para reducir el déficit, aunque se ha resistido a dar nombres porque ha sido un trabajo, ha insistido, colectivo. Ha reconocido que algunos presidentes le habían pedido que hoy destacase de dónde partían y a dónde han llegado y ha admitido que algunos casos son destacables, pero no ha querido individualizarlos.
   De los datos, destaca el de Castilla-La Mancha, que pasa de un déficit en 2011 del 7,87% al 1,53% del año pasado, 6,3 puntos de ajuste, el mayor de los realizados, seguido por el de Extremadura, que ha dado un frenazo de 4,1 puntos porcentuales en su déficit en un año.
   Entre las autonomías que también han cumplido el objetivo, destaca igualmente la corrección aplicada en Asturias (del 2,6% en un año) y en Cantabria (2,3%), así como en el País Vasco (1,2%) y Castilla y León (1,1%).
   Las regiones que han superado el objetivo del 1,5% han rebajado también sus déficit, pero no lo suficiente. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que ha reducido la cifra un 1,6%; Murcia, que lo ha hecho en el 1,5%; Andalucía, con una corrección de un año para otro de 1,4%; Islas Baleares, que ha bajado el déficit un 2,3%; y Cataluña, un 2,1% de bajada.
   El déficit del Estado se compone también del que aportan las entidades locales, que cerraron 2012 con un déficit conjunto del 0,2%. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha destacado que el ajuste en ellas ha sido del 50%, un esfuerzo también importante de los más de 8.000 ayuntamientos repartidos por todo el país.
   Beteta ha querido subrayar en concreto los datos de los ayuntamientos mayores, porque de los seis más grandes cinco, ha destacado, han liquidado 2012 con superávit: Madrid, de 915 millones de euros; Barcelona, de 117 millones; Málaga 2,7; Sevilla, 83 millones; y Valencia, 15. La sexta, Zaragoza, tuvo un déficit de 44 millones de euros.
   El secretario de Estado ha calificado de "vuelco" esta situación y ha destacado especialmente el efecto de la subida del IBI, un esfuerzo pedido a los ciudadanos, ha admitido, que sin embargo ha permitido ingresos de mil millones a los ayuntamientos, "muy importantes para cumplir el objetivo".

El juez de Gürtel imputa de nuevo a Dora Ibars en una pieza distinta sobre contratos con Orange Market y Grupo Correa

VALENCIA.- El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que instruye la causa sobre la supuesta financiación irregular del PPCV, José Ceres, ha imputado de nuevo a la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, en una pieza distinta sobre contratos entre el Consell y Orange Market y 'Grupo Correa'.

   Así consta en una providencia dictada este martes por el magistrado José Ceres, en la que cita a Ibars a declarar, como imputada, en la pieza 5 del 'caso Gürtel', en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación entre la Generalitat con Orange Market SL y sociedades vinculadas al 'Grupo Correa', que pudieran constituir delitos de prevaricación, u otros. De esta pieza queda excluida toda la contratación realizada por dicha mercantil con la Agencia Valenciana de Turismo, que quedó incluida en la pieza tercera.
   Dora Ibars ya fue imputada en este procedimiento, en concreto, en la pieza tercera, relativa a las adjudicaciones de Fitur a Orange Market. Sin embargo, el pasado mes de diciembre, el magistrado archivó su imputación y la de otras cuatro personas.
   Ibars era directora general de Promoción Institucional desde 1998. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la cesó en el cargo, aunque posteriormente, cuando el juez archivó el procedimiento contra ella, fue restituida.

Becerril pide un informe sobre el aeropuerto de Castellón por generar grandes pérdidas en espacios naturales

MADRID.- El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación de oficio sobre el Aeropuerto de Castellón al considerar que esta infraestructura, entre otras, supone una "falta de estrategia en la planificación" que acarrea "perjuicios irreversibles o de difícil reparación en los espacios naturales y no pequeñas pérdidas económicas". Por ello, ha pedido un informe sobre esta instalación.

   En la Memoria Anual del Defensor del Pueblo de 2012, señala que en España hay numerosas infraestructuras que suponen grandes pérdidas en los espacios naturales y mermas económicas en infraestructuras con poca o escasa utilidad para el interés general, como el Aeropuerto de Castellón o el denominado 'Metropol Parasol' de Sevilla (las setas de la Encarnación).
   Concretamente, en el informe solicitado quiere "conocer el estado del trámite, la fecha aproximada en que podría estar operativo, la diferencia entre el coste presupuestado y el real de ejecución, el origen de los fondos (públicos y privados) y las desviaciones entre las previsiones del Plan Director del Aeropuerto y la realidad. La investigación busca también comprobar la efectividad de la planificación aeroportuaria.
   Así consta en el Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2012, presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados por la dirigente de esta institución, Soledad Becerril. En el documento se especifica además que la investigación, abierta de oficio, se ha iniciado ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento, sobre la falta de actividad del aeropuerto para "comprobar la efectividad de la planificación aeroportuaria".
   Según han informado fuentes del Defensor del Pueblo, esta investigación sigue "abierta" y han confirmado que, como toda investigación de oficio, se ha llevado a cabo motivada porque la institución lo ha considerado "suficientemente importante" como para investigarlo. El pasado lunes 18 de febrero el aeródromo recibía el primer vuelo de prueba en sus pistas, después de casi dos años desde la inauguración de la infraestructura.
   El informe recuerda que el pasado año ya hacía referencia a que la evaluación estratégica no alcanza solo a lo ambiental. La evaluación estratégica "solo tiene sentido" si es hecha antes de tomar la decisión final. La Ley exige para los grandes planes y programas tener en cuenta la alternativa cero, es decir la posibilidad de su no realización.
   "Como es bien conocido, muchas instalaciones, como aeropuertos, palacios de congresos, museos, estaciones, líneas ferroviarias e incluso carreteras se encuentran cerradas o infrautilizadas. Algunas investigaciones sobre esta situación se iniciaron ya hace años por deficiencias en la evaluación de impacto y otras irregularidades, como es la falta de autorización inicial, algo tolerado y hasta justificado, en algunos casos, por la Administración Pública, todo ello con importantes consecuencias económicas. A la vez, es justo mencionar que en muchas otras ocasiones los sistemas jurídicos de control han funcionado", lamenta.
   En general, en materia de Medio Ambiente, la Memoria del Defensor de 2012 considera que la "larga duración de las investigaciones" en torno a las quejas por asuntos medioambientales se debe, entre otras causas, a que las administraciones públicas le envían información "insuficiente" para esclarecer los supuestos de la queja, lo que provoca que la Institución deba solicitar informes adicionales.
   Además, considera que es difícil obtener respuestas "sencillas y directas" y los informes de las administraciones van desde "meras notas telegráficas" hasta documentos "muy prolijos y a veces poco claros". "El término medio, de respuestas concisas y completas, es infrecuente", añade.
   Asimismo, señala que las quejas de medio ambiente entrañan una "significativa dificultad" para clasificar las investigaciones en materia de medio ambiente por la variedad de su objeto y porque normalmente se plantean asuntos que son competencia de más de un escalón administrativo territorial y con más de una o dos legislaciones simultáneamente aplicables.
   Igualmente, añade que muchas de las quejas, incluso las individuales, expresan problemas colectivos que no solo afectan a quien formula la reclamación. De hecho, precisa que muchas proceden de plataformas ciudadanas, asociaciones de vecinos, entidades o agrupaciones ecologistas. La memoria destaca que estas quejas dan lugar a largas investigaciones que en muchos casos duran meses e incluso años.

La huelga de universitarios paraliza Magisterio en Valencia y tiene un seguimiento "desigual" en otros centros

VALENCIA.- La primera jornada de huelga de estudiantes universitarios convocada para este miércoles y mañana jueves ha conseguido paralizar en Valencia "el cien por cien" de las clases en carreras como Magisterio, mientras que el seguimiento ha sido "desigual" en otras titulaciones y centros, según ha informado la Universitat de València (UV).

   Así, desde la institución académica han detallado que ha habido comportamientos muy diferentes según las escuelas y facultades, que van desde Magisterio y Sociales, donde se han parado las clases, hasta los casos de Medicina, Ingeniería Técnica Superior y Fisioterapia, en los que no se ha suspendido ninguna.
   Otros datos corresponden a Filosofía y Filología, donde se ha paralizado alrededor de un 90 por ciento de la actividad, y Economía, que ha funcionado al 50 por ciento.  
   Un portavoz de la Universitat ha señalado que, a pesar de que se ha registrado la presencia de piquetes informativos desde primera hora de la mañana, "hasta el momento no se han producido incidentes relevantes".  
   Por lo que se refiere a la Universitat Politècnica de València (UPV), un grupo de unas 80 o 90 personas ha boicoteado el inicio del acto de presentación de un nuevo insecticida contra el piojo rojo de California que estaba previsto para las 12.00 horas en el Salón de actos del edifico Nexus del campus de Vera.
   Fuentes de la entidad educativa han explicado que los jóvenes han entrado "tras romper una de las puertas de acceso al edificio y empujar al personal del servicio de seguridad de la universidad que custodiaba el acceso". Una vez dentro del salón de actos han coreado gritos contra la privatización de la universidad. Posteriormente, tras unos 15 o 20 minutos han abandonado el recinto, sin más incidentes.
   Antes, los estudiantes habían protagonizado una concentración sin incidencias ante el Rectorado y a las 14.00 horas se ha convocado una comida en la instalaciones universitarias, así como una concentración esta tarde, a las seis y media, frente a la sede del PP en Valencia.
   En Castellón, la Universitat Jaume I (UJI) ha cifrado el seguimiento del paro entre el 75 y el 80 por ciento. Representantes de la universidad han señalado a primera hora los piquetes "han impedido el acceso de personal y de estudiantes" pero, a partir de la 10.00 horas, el acceso ha quedado libre. De este modo, han resaltado que, "aunque también han dificultado la entrada de transporte público, no se ha producido ningún incidente destacable".
   Finalmente, fuentes académicas y de organizaciones estudiantiles han asegurado que la convocatoria no está teniendo incidencia destacada en las universidades alicantinas, al Universidad de Alicante (UA) y la Miguel Hernández de Elche (UMH).
   Con estas acciones de protesta, los universitarios expresan su rechazo al "aumento brutal de las tasas universitarias, reducción de las becas, continuos ataques a la lengua, expulsión de estudiantes por no poder pagar la matrícula, reducción del profesorado, masificación de las aulas e impago de las becas de investigación", explican sus impulsores.

El PSPV dice que con los 24 millones que se destinaron a la Fórmula 1 "se podría atender a muchas personas sin recursos"

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, Antonio Torres, ha asegurado con los 24 millones que se pagaron el año pasado por la Fórmula 1 "se podría haber atendido al doble de personas que no tienen ningún tipo de recursos en esta Comunitat", según ha indicado en un comunicado.

   Torres ha querido salir al paso de las declaraciones realizadas por el presidente del parlamento valenciano, Juan Cotino, en las que ha asegurado que "los grandes eventos no son responsables de la situación de crisis por la que se atraviesa". Además ha recordado que hubo un momento en el que la Comunitat "no estaba en el mapa, sino que se colocó en él gracias a los grandes eventos".
   Así, el portavoz socialista ha apuntado que "lo que no dice Cotino es que el despilfarro, el derroche y la corrupción" que se ha producido en las grandes obras y los grandes eventos del PP son los que "ahora mismo están pesando de una forma muy grave sobre los valencianos".
   El síndic del PSPV-PSOE ha puesto un ejemplo "muy concreto" con el dinero que se destinó a la Fórmula 1 que se de podría haber dedicado las personas más desfavorecidas. En este sentido, ha asegurado que los más desfavorecidos en la Comunitat Valenciana recibieron el pasado año "únicamente 18 millones de euros para atender sus necesidades, mientras que Ecclestone se llevó 24 millones". Por eso, ha pedido explicaciones sobre "si eso no es despilfarro y derroche para el PP".

EUPV exige a Fabra la destitución "inmediata" de Dora Ibars después de su 'reimputación' en el caso

VALENCIA.- El portavoz adjunto de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Ignacio Blanco, ha exigido al presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, la destitución "inmediata" de la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, después de su 'reimputación' en el conocido como 'caso Gürtel'.

   Blanco ha recordado en un comunicado que ya advirtió a Fabra en noviembre del pasado año sobre la "inminente" 'reimputación' de Ibars: "Fabra está dando un espectáculo lamentable, después de haber repescado a Ibars, a pesar de las graves advertencias que hacía el juez en su interlocutoria sobre sus funciones de colaboración presuntamente delictivas con la trama Gürtel", opina.
   "Haría falta que alguien en Presidencia se dedicara a leer los autos de los jueces sobre los casos de corrupción que les afectan", ha añadido, al tiempo que ha destacado el "contenido explosivo" del informe de la UDEF sobre la directora general de Promoción Institucional.

Vaersa rebaja a 202 los trabajadores afectados por el ERE por las encomiendas recibidas

VALENCIA.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha informado de la rebaja a 202 los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la empresa pública Vaersa, frente a los 394 anunciados el pasado mes de diciembre. Al respecto, ha destacado que se han producido nuevas encomiendas que han permitido disminuir la cifra de impacto del ERE.

   Bonig se ha expresado de esta manera en la Comisión de Medio Ambiente de las Corts Valencianes con motivo de la solicitud de comparecencia de PSPV y Compromís para explicar las causas y el alcance del Expediente de Regulación de Empleo en la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos S.A. (Vaersa).
   En este sentido, ha aprovechado para informar de que la Conselleria ha solicitado a Hacienda la creación de 94 plazas de funcionarios y les han aprobado 51. El objetivo es dotar este departamento de una estructura "estable". En este sentido, ha afirmado que van a mantener las encomiendas "estrictamente necesarias" para Vaersa.
   La consellera ha argumentado que dado que Vaersa, que forma parte del Sector Público Empresarial de la Generalitat, ha sufrido una reducción del presupuesto --de 80 a 68 millones--, e incluso la cancelación, de diversas encomiendas de gestión que tenía atribuidas, por lo que era "obligado" una "reorganización y ajuste de la plantilla actual".
   Por parte de la oposición, el diputado socialista Francesc Signes ha acusado a la Conselleria de realizar una "caza de brujas" con el proceso del ERE, para el que, a su juicio, Vaersa "no ha demostrado" que concurre en los motivos de ERE y se observa "arbitrariedad" en los despidos y "mala fe" empresarial en la negociación de esta medida. Además, ha exigido la "paralización inmediata" de este proceso.
   La consellera, que ha rechazado que haya habido mala fe, ha afirmado: "también tengo conocidos en Vaersa que están en la calle y no he hecho nada".
   Asimismo, ha recordado que durante el periodo de consultas, estaba previsto que el ERE afectara a 439 trabajadores, pero un mes después se logró reducir la cifra a 394. Sin embargo, el 4 de enero Vaersa comunicó que había recibido nuevos trabajos --y una prórroga de una encomienda hasta el 31 de diciembre de 2013--, por lo que el número de afectados "se reducía en 116".
    "A lo largo de este tiempo se han producido nuevas encomiendas de manera que el número total de personas despedidas será de 202", ha dicho la consellera, que ha señalado que la extinción de los contratos de trabajo se producirá a partir del 31 de diciembre de 2012 y hasta el 31 de mayo de 2013. En este sentido, ha dicho que ya se ha despedido a 145 personas; el 28 de febrero saldrán 18 más y quedarán 39 personas por despedir, hasta 31 de marzo.
     Por lo que se refiere a los convenios especiales para mayores de 55 años, hasta la fecha se han presentado seis solicitudes, de las cuales la Seguridad Social ha comunicado la aceptación de un caso y la denegación de dos. En cuanto al Plan de Recolocación Externa, el 21 de febrero Vaersa lo adjudicó a la empresa Fundación Equipo Humano, ha apuntado.
   Por otro lado, ha afirmado que el Consell ha tenido que realizar una "dolorosa reorganización" de los medios materiales y personales de Vaersa para "adecuarse a las demandas actuales de la prestación del servicio".
   En este sentido, el diputado de EUPV Lluís Torró ha preguntado si el sector público empresarial antes no era austero como para que ahora se tomen estas medidas y si alguien se va a responsabilizar por esta situación. Asimismo, ha denunciado que "12 sindicalistas se han ido a la calle" con el ERE.
   Por otro lado, la oposición ha cuestionado la manera en la que se van a gestionar los parques naturales porque se ha decidido "prescindir del 80 por ciento de trabajadores de espacios naturales, con lo que esto afecta a la protección de los espacios naturales o la vigilancia forestal", ha dicho Signes.