jueves, 11 de octubre de 2012

Bruselas dice que ni el aeropuerto de Castellón ni proyectos relacionados han recibido ayudas de la Unión Europea

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha aclarado --en respuesta a una interpelación de una eurodiputada alemana de la CDU, el partido de la canciller Angela Merkel-- que ni el aeropuerto de Castellón ni ningún otro proyecto relacionado con esta infraestructura han recibido ni van a recibir ayudas comunitarias.

   "Este gran proyecto ha desencadenado críticas públicas masivas y está siendo citado como ejemplo de la inversión ineficaz de fondos públicos", denuncia la parlamentaria Ingeborg Grässle en su interpelación.
   "La Unión Europea no ha cofinanciado la construcción del aeropuerto de Castellón", asegura en su respuesta el comisario de Política Regional, Johannes Hahn.
   "En el marco de los diferentes periodos de programación, no ha habido ninguna intervención del fondo europeo de desarrollo regional en proyectos ligados al aeropuerto y no está prevista ninguna intervención en el futuro", ha resaltado Hahn.
   La eurodiputada preguntaba además por otros proyectos financiados por la UE en Castellón y el comisario de Política Regional pone como ejemplo las infraestructuras del parque científico de la Universidad Jaume I, con un presupuesto de 4,1 millones de euros.
   Los eurodiputados españoles del PP y del PSOE han presentado enmiendas conjuntas para que el Parlamento incluya al aeropuerto de Castellón entre los proyectos prioritarios de la red transeuropea de transportes, lo que facilitaría su acceso a financiación.

Compromís exige tarifas de metro accesibles para los trabajadores del aeropuerto de Manises

VALENCIA.- El diputado de Compromís Fran Ferri ha presentado en Las Corts una proposición no de ley para reclamar al Consell que establezca precios de transporte público más reducidos a los trabajadores del aeropuerto de Manises.

   En un comunicado, Ferri ha explicado que la Agencia Valenciana de la Movilidad ha instaurado nuevas tarifas de transporte "con incrementos generalizados" en los diferentes títulos de la red de Metrovalencia, algo que "afecta especialmente al trayecto a la estación del aeropuerto de Manises, con un aumento del cien por cien a través del cambio de zona de esta estación de la zona B a la zona D".
   A su juicio, este cambio zonal supone "un agravio comparativo" para los trabajadores del aeropuerto, ya que para acceder a su puesto de trabajo tienen que afrontar un coste por kilómetro muy superior al de la media. De hecho, ha resaltado que la estación limítrofe con la del aeropuerto permanece incluida en la zona B.
   Por ello, Compromís insta al Consell a "impulsar a todos los efectos una política de precios del transporte público que garantice el acceso a los puestos de trabajo y formación y el derecho a la movilidad de la ciudadanía", al tiempo que exige "una rectificación de la política general de movilidad de la Generalitat, consistente en la subida continuada de tarifas y el deterioro del servicio prestado".
   En el caso concreto del aeropuerto, Ferri ha instado a tomar medidas "para paliar de forma inmediata el agravio comparativo y coste extraordinario que supone para los centenares de trabajadores tener que afrontar tarifas de transporte público dirigidas originalmente al turismo".

El Tribunal de Arbitraje Laboral evita 25 huelgas en el primer semestre del año

VALENCIA.- La actuación del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) en la mediación de los conflictos entre los agentes económicos y sociales de la Comunitat Valenciana ha evitado la pérdida de 56.719 horas de trabajo en las empresas valencianas al conseguir la desconvocatoria de un total de 25 huelgas durante el primer semestre de 2012. 

   El TAL es una fundación de carácter privado destinada a la solución extrajudicial de conflictos colectivos, integrada por las principales organizaciones empresariales y sindicales de la región y presidida por el director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, Joaquín Vañó, como representante de la Autoridad Laboral de la Comunitat, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
   A lo largo del primer semestre del año, el TAL ha logrado mediaciones efectivas en el 72,92 por ciento de los procedimientos de huelga en los que ha intervenido, consiguiendo la desconvocatoria de un total de 25 huelgas, de las que 15 eran indefinidas.
   La desconvocatoria de estas huelgas ha beneficiado a 1.601 trabajadores y a 26 empresas, cuyos conflictos se solucionaron de forma amistosa, lo que ha propiciado un ahorro entorno a los 943.804 euros en las empresas afectadas.
   La consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Català, ha valorado estos datos y ha destacado el papel del TAL en el diseño de las nuevas estrategias empresariales al fomentar el diálogo entre trabajadores y empresas "con el fin de conciliar ambos intereses y favorecer un nuevo escenario que impulse la competitividad y productividad de las empresas, así como la generación de empleo".
   A su juicio, la negociación colectiva entre los agentes económicos y sociales "es un elemento trascendental en un futuro próximo para mejorar las relaciones laborales y la competitividad empresarial".
   En cuanto a la actuación del Tribunal de Arbitraje Laboral durante el primer semestre del año, el organismo ha mediado en un total de 239 conflictos entre agentes económicos y sociales, de los que 97 eran procedimientos con convocatoria de huelga en este periodo.
   Las 142 actuaciones restantes del TAL se centraron en mediaciones en conflictos relacionados con la interpretación y aplicación de normas, centradas especialmente en cuestiones relacionadas con el pago de salarios y las condiciones de trabajo.
   Por sectores en los que el TAL ha tenido una mayor actuación, destaca el de la limpieza, mantenimiento de instalaciones y jardinería, en el que ha intervenido en unas 39 ocasiones y el de transporte terrestre, con 36 mediaciones.

El fiscal se muestra a favor de que Casa Cuna entregue los datos de las madres biológicas de supuestos 'niños robados'

VALENCIA.- El fiscal se ha mostrado a favor de que el juzgado de Valencia que admitió a trámite la demanda civil interpuesta por una veintena de posibles 'niños robados' contra la Casa Cuna Santa Isabel de la ciudad autorice al centro a dar los datos de las madres biológicas de los denunciantes, según ha confirmado el abogado encargado del caso, Enrique Vila.

   En un informe fechado el 21 de septiembre y notificado el pasado 8 de octubre, el fiscal se pronuncia favorablemente ante la petición de los supuestos 'niños robados' de poder acceder a esa información.
   En junio, los posibles afectados presentaron una demanda con el objetivo de que fuese una autoridad judicial la que obligase a la Casa Cuna Santa Isabel a facilitarles los datos de sus madres biológicas y el juzgado, tras estudiar la petición, decidió admitirla y se la trasladó al ministerio fiscal para que se manifieste al respecto.
   Enrique Vila ha señalado que esperaban un pronunciamiento favorable del fiscal, pero que "siempre es bueno" comprobar que éste no se opone a su petición y que, de hecho, supone "otro pequeño paso más" para que prospere esa demanda.
   "Ahora falta la resolución del juez, que también esperamos que sea positiva, y sobre todo, que las monjas quieran darnos la información", subraya el letrado, quien espera que las responsables del centro "cumplan efectivamente la orden del juez".
   Vila ya tramitó en Barcelona una demanda similar. Allí representó a once catalanes y pidió al juzgado que le diera los datos sobre sus madres biológicas, algo que finalmente consiguieron.
   El abogado siempre ha mantenido que los afectados "tienen derecho a saber quienes son sus madres". Asimismo, indicó en el momento de presentar la demanda que si el juez obliga a Casa Cuna a dar los datos, y ésta dice que no los tiene, será porque "oculta un entramado de tráfico de niños, porque tiene algo que ocultar".

Grupos municipales de La Pobla de Vallbona y Sagunt exigen la retirada de títulos honoríficos a Franco

VALENCIA.- Algunos grupos municipales de La Pobla de Vallbona y Sagunt han exigido la retirada "inmediata" de títulos honoríficos al dictador español Francisco Franco como medida de "higiene democrática".

   El PSPV, Compromís y Esquerra Unida de la Pobla de Vallbona han denunciado que Francisco Franco figura actualmente como alcalde honorífico e hijo adoptivo en este ayuntamiento y han reclamado a la alcaldesa, Mari Carmen Contelles, del Partido Popular, su retirada "inmediata", según ha informado este jueves las tres formaciones en un comunicado conjunto.
   El nombramiento fue aprobado en una sesión plenaria celebrada el 12 de diciembre de 1946 presidida por el alcalde de entonces, Joaquín Aguilar, y el resto de concejales con el objetivo de "llevar a la realidad el deseo expuesto por todos los señores gestores de este ayuntamiento de nombrar al Caudillo hijo adoptivo predilecto y alcalde honorario perpetuo de esta villa", según figura en la documentación oficial del ayuntamiento.
   El acta de la sesión plenaria destaca que la lectura de la decisión adoptada por el consistorio fue escuchada por los concejales "con el mayor interés y satisfacción adoptándose por unanimidad el acuerdo de nombrar al caudillo hijo predilecto y alcalde honorario" en la sesión de diciembre de 1946 sin que desde entonces se haya revocado el citado acuerdo municipal.      
   Los tres partidos de la oposición de la Pobla --PSPV, Compromís y Esquerra Unida-- han lamentado que esta localidad "todavía mantenga todos los honores para el dictador español que tanto dolor y sufrimiento provocó durante los cerca de 40 años de un periodo funesto en el que se suprimieron las libertades y murieron miles de personas sin ningún motivo, algo que todos los partidos políticos democráticos rechazamos".
   El PSPV, Compromís y Esquerra Unida han recordado que la reciente sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento de Valencia a retirar todos los honores al dictador "deben servir de ejemplo a nuestro municipio para revocar el acuerdo de 1946 que concedió los máximos honores a Franco, además la actual ley de Memoria Histórica también es muy clara a la hora de eliminar cualquier vestigio".
   Según han explicado, La Pobla todavía conserva otros elementos de recuerdo "desagradable" como la calle José Antonio Primo de Rivera --fundador de la fascista Falange Española--, así como los nombres de Ángel del Alcázar, Calvo Sotelo, teniente coronel Guillermo Roch o la capilla ubicada en el cementerio municipal dedicada a los caídos del bando nacional, pese a ser un edificio gestionado y financiado por las arcas públicas.
   Por su parte, el grupo municipal de Compromís de Sagunt ha exigido, en un comunicado, la retirada de la Medalla de Oro del ayuntamiento al dictador Francisco Franco que fue otorgada en el año 1965. La coalición ha manifestado que esta retirada de honores a Franco se exige "por responsabilidad democrática".
   Compromís ha explicado que el pasado mes de agosto se solicitó por registro de entrada en el Ayuntamiento de Sagunt la retirada de los títulos honoríficos a miembros de la dictadura franquista "sin que hayamos recibido ninguna contestación por parte del equipo de gobierno del Partido Popular".
   El concejal de la coalición Albert Llueca ha recordado que el título honorífico "resulta incompatible con la voluntad del legislador constituyente de 1978, proclamada en el preámbulo de la Constitución de establecer una sociedad democrática avanzada".
   También lo consideran "incompatible" con el artículo 1.1 de la Carta Magna, en el que se refiere a que "España se constituye en un estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
   "Desde 1965 Sagunto arrastra la deshonrosa imagen de ser una de las ciudades de la Comunitat que todavía cuentan con la figura del dictador fascista Francisco Franco con un título honorífico, más concretamente la Medalla de Oro de la Ciudad de Sagunto, un título humillante para los millones de víctimas de su régimen de muerte y represión", Ha señalado Compromís, que exige la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica para retirárselo.
   Asimismo, ha manifestado que "no sólo Franco posee un título honorífico, ya que su ministro de Trabajo, José Antonio Girón, recibió el título de Hijo Adoptivo de la ciudad en 1957, 34 años después de la promulgación de la Constitución, mantener la distinción a favor del máximo responsable de la revuelta militar y posterior dictadura atenta claramente contra el ordenamiento jurídico".