El Gobierno destina más de 77 millones para apoyar al sector del Mueble

MADRID.- El Consejo de Ministros acordó hoy un plan de apoyo al sector del mueble que incluye medidas sociolaborales destinadas a la modernización y mejora de la competitividad del sector y que contará con un presupuesto de 77,183 millones de euros.

Dicho plan está destinado al sector del mueble y de las empresas auxiliares y afecta potencialmente a 83.000 trabajadores en todo el país, si bien la Comunidad Valenciana agrupa el 20% del total de empresas, seguida de Andalucía con un 16% y Cataluña, con el 11%.

Las medidas son similares a las aprobadas para los sectores textil y de la confección y del calzado, curtidos y marroquinería y para el juguete, sectores industriales tradicionales constituidos en su mayoría por empresas pequeñas y medianas que, como consecuencia de los importantes cambios estructurales en el comercio mundial, han visto descender el número de sus empresas y trabajadores y sus cifras de exportación.

El plan persigue aumentar la capacitación profesional y mejorar la empleabilidad de los trabajadores del sector, apoyar la reinserción laboral de los trabajadores que resulten excedentes e impulsar políticas activas de empleo dirigidas a los trabajadores de más edad para propiciar su mantenimiento en el mercado de trabajo.

De esta forma, el Gobierno apuesta por las políticas activas de empleo como las relativas al proceso de búsqueda de empleo y las de impulso a la movilidad geográfica y a la compensación de diferencias salariales para impulsar la aceptación de empleos con salarios inferiores, frente a otras adoptadas en procesos de reestructuración anteriores, donde se incidía más en políticas de protección pasivas.

Sólo en último extremo se consideran ayudas especiales para los trabajadores de 55 o más años que, pese a todas las políticas activas de empleo, no hayan conseguido recolocarse, pero siempre con la obligación de mantenerse dispuesto a integrarse en el mercado de trabajo.

El plan incluye medidas especiales de formación, a través de planes de reciclaje, bonificación de cuotas por mantenimiento del empleo mediante contratos indefinidos de los trabajadores de 55 o más años, bonificación de cuotas por la contratación de trabajadores excedentes del sector y subvenciones durante el proceso de búsqueda de empleo.

De la Vega: "Sea cual sea el resultado a ningún ciudadano le va a faltar el agua"

MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que "sea cual sea el resultado" de las negociaciones sobre el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, a ningún ciudadano "le va a faltar el agua".

"Quiero trasmitir el mensaje claro de que sea cual sea el resultado final, ni los ciudadanos de Castilla-La Mancha, ni los de Valencia, ni los de Murcia, ni a ningún ciudadano de este país le va a faltar el agua, como así ha sido en los cinco años que llevamos gobernando", recalcó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Acerca de la situación de este Estatuto en el Congreso, se limitó a recordar que las partes ya han iniciado las negociaciones y han quedado en "volverse a reunir". Eso sí, subrayó que la posición del PSOE es "claramente de diálogo".

De la Vega agregó que el Gobierno confía siempre en que en el trámite parlamentario se "busquen acuerdos, se renuncie a las posiciones de máximos y se busque el acuerdo que represente el interés general en el marco de la Constitución".

"Hay que esperar y darse todavía un tiempo para ver si el acuerdo se produce", concluyó.

Garzón vuelve a interrogar al sastre de Camps

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón volvió hoy a tomar declaración a José Tomás, sastre del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en el marco del denominado 'caso Gürtel', que el magistrado ha retomado a su vuelta del viaje a Guatemala que ha realizado durante esta semana, informaron fuentes jurídicas.

El sastre compareció en el Juzgado Central de Instrucción número 5 como testigo de la causa, en la que se investiga una presunta trama de corrupción que habría ofrecido dádivas y sobornos a autoridades y funcionarios de administraciones del PP de Madrid y Valencia. A su salida del juzgado, ni él ni su abogado quisieron realizar ningún tipo de declaración.

Según un auto dictado por el juez el pasado día 5, el presidente de la empresa investigada Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', pagó trajes a Camps por importe de 12.783 euros, mientras que a cambio éste pudo facilitar la concesión de adjudicaciones a esta empresa.

Entre los trajes que 'El Bigotes' encargó para el presidente de la Generalitat figuraban "un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano", así como "una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta austriaca y una de fantasía".

Tras recordar que Camps "ocupa un cargo de responsabilidad en la Generalitat valenciana", Garzón añadía que Correa, "a través de Orange Market, obtuvo la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo entre 2006 y 2009" por un importe superior a los cuatro millones de euros.

El auto, mediante el que Garzón se inhibió parcialmente de la causa en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al encontrar indicios de responsabilidad en Camps y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, recogía que el presidente de la Generalitat acudió a las tiendas de Madrid Milano y Forever Young a instancias del presidente de Orange Market con el fin de "adquirir ropa", ya que en estos establecimientos trabajaba el sastre José Tomás, que era una "persona de su confianza".

En este sentido, el instructor aseguraba que en el momento en que los trajes se encargaron, las tiendas generaron un concepto "a cuenta" que la empresa de 'El Bigotes' se encargó de abonar mediante transferencia o cheque.

De esta forma, la ropa encargada se hizo "a medida", lo que requería "la toma de medidas de patronaje y la elaboración de una ficha para la empresa confeccionadora". Toda esta documentación obra en las diligencias previas instruidas por Garzón.

La implicación de Camps en la trama se basa en las declaraciones realizadas por su sastre, José Tomás, y la imputada Isabel Jordán, además de facturas, documentos y anotaciones contables intervenidas.

"Se puede afirmar que se habría utilizado a una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita al señor Camps, haciendo aparecer conceptos falsos", decía el auto.

La resolución también explicaba que durante la toma de declaración policial de Tomás, que se produjo el pasado 9 de febrero, éste recibió varias llamadas de Camps que "no atendió" al señalar que "había hablado con él y le había dicho que Álvaro era un bocazas".

De la Vega pide al PP que aclare "todo este barullo y tanta corruptela"

MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega dio la bienvenida al PP cuando se pone a favor de las mujeres en referencia a las afirmaciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien esta mañana señaló que una mujer no tiene que rendir cuentas de lo que ha hecho su ex marido.

Sin embargo, consideró que "en esta ocasión vuelven a errar el tiro" ya que, añadió, "lo que todos los españoles esperan es que se aclare todo este barullo y tanta corruptela y corrupción que al parecer afecta al PP".

De la Vega insistió en que "todos seguimos con legítima preocupación el devenir de los acontecimientos" y cree que "lo lógico" es que el PP "diera ya una explicación mínimamente razonable en vez de arremeter contra los demás".

Tras afirmar que "el goteo" en relación con estos asuntos "es incesante" y "abrumador", opinó que el asunto del presunto regalo del Jaguar por parte de Francisco Correa a Jesús Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, es "cuando menos confuso, muy confuso".

Por ello, insistió en que el PP "debería ser el principal interesado en aclarar cuanto antes esta situación".

"No favorece a nadie, ni a ellos mismos, ni al Gobierno, ni a los ciudadanos", exclamó y añadió que "todos debemos ser prudentes, pero las explicaciones deberían darlas (en el PP) cuanto antes".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy, en relación con las declaraciones efectuadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón --quien ha advertido que cuando hable a lo mejor le piden que calle, en relación con el caso Gürtel--, que le corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actuar si considera que el juez ha hecho declaraciones que no debe hacer.

De la Vega se pronunció así al ser preguntada si la petición que hace de responsabilidad al PP, en relación con los jueces, no debería hacerla extensiva también a los propios jueces.

La vicepresidenta explicó que se trata de "dos cuestiones diferentes" e insistió en la "obligación" que tienen las fuerzas políticas de crear un clima de "serenidad" que consideró "imprescindible y necesario" en un Estado de Derecho para que los jueces realicen su trabajo.

Insistió en pedir "respeto" a la "independencia" de la actuación judicial y recalcó que esto, en los últimos tiempos "no se ha producido", sino que ha habido "declaraciones y contradeclaraciones" que, a su juicio, "no son razonables".

Añadió que este mensaje, en concreto, va dirigido "al PP, para que deje de ejercer la presión que hasta ahora ha estado ejerciendo".

"Cuestión distinta --añadió-- es cuál es la actuación que pueda tener supuestamente un juez".

En su opinión, no es al Gobierno de España a quien corresponde opinar, sino que es "al CGPJ" a quien "le incumbe actuar si considera que un juez hace una declaración o deja de hacerla, que no está en el ámbito de lo que, con arreglo a su estatuto, debe hacer.

Delegados de UGT en Ford Almussafes inician un encierro para exigir garantías de empleo

VALENCIA.- Delegados de UGT en la planta de Ford en Almussafes (Valencia) y en las empresas del polígono industrial Juan Carlos I de la localidad iniciaron un encierro de 24 horas para exigir a la multinacional automovilística que "adopte medidas que garanticen el empleo tanto de los trabajadores de la factoría como de las cerca de 2.000 personas que trabajan en las empresas del parque de proveedores", según indicó el secretario general de UGT, Gonzalo Pino.

Pino se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en la Casa de la Cultura de Almussafes, donde celebraron una asamblea para determinar las acciones a realizar en defensa del empleo de los trabajadores de Ford y sus empresas auxiliares, y en la que decidieron "transformar esa reunión en un encierro de 24 horas para seguir metiendo presión a Ford porque está tomando decisiones de futuro y no nos queremos quedar fuera", dijo.

Además, indicó que todos los sindicatos con presencia en el comité de empresa rechazaron "tajantemente" la decisión de la dirección de programar dos sábados de producción este mes, los días 14 y 28, ante el incremento de la demanda del nuevo modelo Fiesta, y confirmó que, por ello, "mañana no se trabajará". Agregó, en este sentido, que "la empresa tiene que respetar al comité y no obviarlo, porque es quien representa a los trabajadores".

Respecto a las futuras medidas que estudian adoptar, aseveró que su intención de convocar un paro de 24 horas para exigir la firma de un convenio colectivo para los próximos cinco años "es firme" y avanzó que si no obtienen una respuesta por parte de la compañía antes de Fallas, "a la vuelta se fijará ya la fecha" de ese paro, jornada en la que tienen previsto realizar una manifestación a la que acudirán "muchos más trabajadores de los que puedan pensar".

Lamentó asimismo la "falta de respuesta por parte de la Administración autonómica", tras la carta que dirigieron al vicepresidente segundo y conseller de Economía, Gerardo Camps, para que mediara en este asunto, aunque recalcó que no quieren "entrar en situación de confrontación", sino "defender el empleo entre todos, al margen de cualquier diferencia política".

En cualquier caso, el responsable sindical se mostró "optimista" respecto al futuro de la factoría valenciana, dado que es "la mejor planta que tiene Ford en el mundo, ha demostrado su valor durante todos estos años y obtiene la mejor calificación en cuanto a su rendimiento".

"Ford tiene que contar con Almussafes para salir de la situación en que se encuentra" en la actualidad, recalcó Pino, quien aseguró que, en caso de no hacerlo, la compañía "se equivocaría de una forma importantísima y condenaría su recuperación en Europa", y destacó que la planta está "en condiciones" de asumir la fabricación de nuevos modelos.

Pino exigió al presidente de Ford Europa, John Fleming, que "cumpla sus compromisos y dé una respuesta para que se desbloquee la negociación del convenio colectivo y se garantice un plan de viabilidad", al tiempo que confió en que "tal y como se contempló en el acuerdo firmado con Fleming, en el que se habló de producto, alguno venga para Valencia" al considerar que "tendrán futuro las plantas que tengan producto".

En este sentido, explicó que "el futuro pasa por asumir un importante papel en la fabricación de 'coches mundiales'", es decir, de vehículos que "se fabriquen únicamente en Almussafes para ser distribuidos desde aquí a todo el mundo", a diferencia de lo que sucede con el nuevo Fiesta, que se produce también en China, México o Colonia. "Hay posibilidades de meter la cabeza", subrayó.

Gonzalo Pino manifestó que "si se garantiza esa viabilidad futura, nos sentaremos a hablar y que presenten 25 ERE si hace falta", puesto que "dada la situación actual --prosiguió--, vamos a tener que convivir con más ERE y con horas extraordinarias para hacer frente a los picos de producción". "Se ha roto tanto el mercado que nadie sabe lo que va a ocurrir", reconoció.

Por su parte, el secretario de la Unión Comarcal Ribera Baixa, La Safor y La Vall d'Albaida de UGT, José Ruiz, coincidió en que "los trabajadores del polígono Juan Carlos I de Almussafes no pueden ser ajenos a la situación de Ford", dado que las empresas allí radicadas destinan el 100 por ciento de su producción a la multinacional del óvalo, con la única salvedad de una compañía que destina el 70 por ciento a Ford y el resto a otras firmas automovilísticas, explicó.

"La crisis está ahí y es la más salvaje de los últimos 70 años, y eso ha trastocado todos los proyectos", resaltó Ruiz, quien remarcó que, pese a ello, "la planta de Ford es viable y los compromisos adoptados deben llevarse a cabo lo antes posible para que garanticen la viabilidad de los empleos que dependen directa o indirectamente de Ford".

Así, constató que "si la empresa no da respuesta a las peticiones de UGT" sobre esta cuestión, la semana que viene se reunirán todos los delegados sindicales del parque de proveedores de Almussafes "para que la decisión de secundar el paro de 24 horas y las distintas medidas sea conjunta", por lo que hizo un llamamiento a que "los trabajadores se muestren unidos porque está en juego el futuro de muchos empleos de la Comunitat".

Garzón envía el 'caso Gürtel' a los tribunales de Madrid y Valencia

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón envió hoy a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid (TSJM) y la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa en la que investiga la presunta trama de corrupción desmantelada con la denominada 'Operación Gürtel'.

Esta decisión se produce ocho días después de que anunciara su inhibición de este caso tras encontrar indicios de responsabilidad penal en cinco aforados autonómicos, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado, que retomó hoy la instrucción de estas diligencias a su vuelta del viaje a Guatemala que inició el pasado martes, dejó firmados el pasado lunes los oficios que contenían las exposiciones motivadas para hacer efectiva la remisión de la causa, según aseguraron las citadas fuentes.

No obstante, añadieron que problemas en el servicio de reprografía de la Audiencia Nacional han impedido la remisión hasta el día de hoy de las copias testimoniadas de las diligencias previas, que fueron transportadas por funcionarios judiciales en nueve cajas de folios que estaban distribuidas en dos carretillas.

El instructor adoptó esta decisión un día después de que el Partido Popular (PP) interpusiera ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una queja en la que criticaba que el juez se hubiera ausentado de España "sin haber cumplimentado aún el escrito razonado a los TSJ de Madrid y Valencia". Se trata, a su juicio de esta formación, de una "nueva maniobra irregular" del juez "que incluye notificaciones tan anómalas como ilegales".

"¿Cómo es posible que, tras resistirse contumazmente a dar cumplimiento a dos informes sucesivos del Ministerio Fiscal para remitir la causa a aquellos Tribunales Superiores, se permita ahora ausentarse de España durante tres días 'por asuntos propios' sin haber dado cumplimiento al tercer informe del Ministerio Fiscal y tras haber hecho públicos los autos que tanto perjuicio causan a personas e instituciones?", señalaba el PP en el escrito.

En dos autos dictados el pasado 5 de marzo, Garzón se inhibió de la causa al encontrar indicios de responsabilidad penal en cinco aforados del PP: el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; el secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; y los diputados en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco.

En la causa están imputadas 45 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y Arganda del Rey Ginéz López --citados a declarar el próximo día 18--; y los antiguos regidores de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente.

Garzón volvió a tomar declaración esta mañana a José Tomás, sastre del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en el marco del denominado 'caso Gürtel', que el magistrado ha retomado a su vuelta del viaje a Guatemala que ha realizado durante esta semana.

El sastre compareció en el Juzgado Central de Instrucción número 5 como testigo de la causa, en la que se investiga una presunta trama de corrupción que habría ofrecido dádivas y sobornos a autoridades y funcionarios de administraciones del PP de Madrid y Valencia.

A su salida del juzgado, ni él ni su abogado quisieron realizar ningún tipo de declaración.