jueves, 10 de diciembre de 2009

Fusión Bancaja-CAM: la hoguera de los despropósitos / Jordi Palafox *

En concordancia con la marea eclesial que día a día erosiona entre nosotros el predominio laico propio de una sociedad avanzada, la vuelta a la actualidad de la fusión CAM-Bancaja ha ido acompañada de hechos similares a los profetizados por Isaías: se han abierto los ojos de

ciegos mientras las lenguas de los -hasta ahora- mudos cantan sin cesar. Por desgracia, no estamos ante una leyenda de regreso a la tierra prometida, sino frente a una grave crisis financiera cuyos efectos en España siguen latentes. Aún así, las dificultades ya han tenido su impacto en las cuentas de resultados de ambas entidades que, al margen de superar los 10.000 trabajadores de plantilla y contar con un activo valorado en más de 160.000 millones, son el eje financiero de la economía valenciana y una de sus escasas señas de identidad.

La prudencia aconsejaría no referirse a la fusión para no contribuir a aumentar el ya descomunal tamaño de la hoguera prendida por tanto despropósito. Aunque sea a beneficio de inventario, cabe recordar a los irresponsables que, como le gusta repetir a Warren Buffet, hacen falta veinte años para forjar una reputación y cinco minutos para perderla. Se equivocan por completo, pues, aquellos de nuestros dirigentes políticos o económicos (en Alicante, Valencia, o Madrid) que realizan declaraciones como si éstas no afectaran al prestigio de ambas cajas y no debilitaran los esfuerzos de sus ejecutivos por superar las dificultades.

Sin embargo, se han defendido tanto y tan interesadamente las negativas consecuencias de la eventual -aunque más que improbable- fusión que es difícil resistirse a tratar de poner coto al menos a tres de los aspectos más descollantes de tanto desatino articulado sobre la convicción de que repitiendo una mentira se puede acabar convirtiendo en verdad. Por ejemplo, a que la operación reduciría la competencia financiera en la economía valenciana. ¿Es ésta hoy acaso mayor que en Cataluña o Madrid, en donde la presencia de La Caixa o Caja Madrid es abrumadora? Obviamente no. Como tampoco hay mercados segmentados entre cajas y bancos y, afortunadamente, individuos y empresas podemos acudir indistintamente a unos y otros en busca de las mejores condiciones de financiación. Cuestión diferente es el privilegiado acceso al crédito que algunos mantienen. Pero eso nada tiene que ver con los intereses generales: es mera defensa de los suyos particulares.

Una segunda afirmación a discutir es qué es la irrelevancia de una entidad radicada en la Comunidad Valenciana. En un mundo con información perfecta, accesible sin coste, desde Londres o Madrid sería tan factible conocer como desde Alicante o Valencia las oportunidades rentables de inversión aquí existentes. Pero la realidad está dominada por la información imperfecta y asimétrica y obtenerla tiene costes (de transacción y de oportunidad). Que la Comisión Europea prefiera fusiones interregionales debiera ser irrelevante. También es contraria a la presencia pública en empresas (de energía por ejemplo) y no es necesario acordarse de Endesa para percatarse de la realidad existente en muchos países de la UE.

Otra estulticia de similar calado consiste en basar la oposición a una supuesta fusión en el elevado coste en empleos. Dada la estrategia de superponer redes seguida en los últimos años, éste sería elevado. Pero no será menor en las alternativas reales a esa integración. Y ganancias en eficiencia redundan a medio plazo en más puestos de trabajo. Así lo demuestra la trayectoria del sector en el que la reducción de entidades ha sido simultánea al aumento del empleo. Otra cosa es que quienes lo pueden perder ahora, esos que realizan incendiarios comunicados que erosionan a la entidad que dicen defender, no son quienes lo encontrarán mañana. Pero no cabe engañarse: aún sin acceso a la composición detallada del activo, parece posible defender que a diez años vista no es una posibilidad realista su mantenimiento como entidades independientes.

Juntas o separadas, CAM y Bancaja tienen que afrontar una profunda transformación si quieren cumplir un papel financiero relevante en el futuro. No reconocerlo es seguir perdiendo el tiempo. Ese que se ha desperdiciado hasta ahora, confiando en que su mero transcurso resolvería los problemas. Pero el disponible para realizar un proceso de corrección de desequilibrios y de adaptación de las nuevas circunstancias es cada día más escaso. El FROB no es eterno ni dispone de recursos ilimitados. Cuanto más se tarde en afrontar la realidad, en peores condiciones se realizará esta imprescindible adaptación. La cual, dada la invisibilidad del poder valenciano -eufemismo de lo que no es sino pura incapacidad de quienes nos gobiernan para articular políticas transversales- no será, en ningún caso, ni fácil de negociar en Madrid ni sencilla de poner en práctica aquí.

(*) Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de València y durante ocho años (1998-2006) fue vocal del consejo de administración de Bancaja.

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Ford propone ampliar tres meses el ERE en la planta de Almussafes

VALENCIA.- La dirección de la factoría de Ford en Almussafes ha presentado este miércoles al comité de empresa una propuesta para ampliar hasta el 31 de diciembre el actual Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 400 trabajadores, cuando su final estaba fijado para el 31 de marzo.

Según han señalado fuentes sindicales, la propuesta ha sido planteada este jueves y la dirección ha argumentado que no se han cubierto las bajas voluntarias que esperaba.

El ERE, que tenía carácter voluntario, fue aprobado por la Generalitat a primeros de mayo del pasado año y, en principio iba a afectar a 1.100 trabajadores, aunque luego fue reducido por la Dirección General de Trabajo de la Generalitat a 600 trabajadores por la evolución favorable de las previsiones de producción de la factoría.

El pasado 23 de octubre, tras una larga negociación con distintas movilizaciones de los sindicatos, a los que no se unió la UGT, mayoritario en Ford, éste sindicato firmó con la dirección el nuevo convenio colectivo y el acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo de esos 600 trabajadores.

Desde que puso en marcha esta medida, se han tramitado 200 bajas voluntarias, por el que el número de trabajadores a los que la empresa quiere aplicar el ERE es de 400. El convenio, que había sido rechazado en una asamblea de trabajadores en el mes de abril fue posteriormente aprobado en octubre.

En un comunicado, CGT se explicado que las "razones argumentadas por Ford son la necesidad de amortizar 600 puestos de trabajo de cualquier forma, y dado que con las modalidades de bajas voluntarias que contempla el actual plan sólo se han podido alcanzar las 200 solicitudes, el ERE para 400 empleados es una alternativa para dicho excedente de plantilla".

La CGT ha resaltado que, ante la escasez de voluntarios para salir de la empresa durante tres años (por la falta de confianza de la plantilla en tal oferta), su propuesta de adelantar las prejubilaciones a los 58 años "vuelve a ser la única solución viable y que cuenta con las simpatías de una gran parte de los trabajadores".

En ese mismo sentido se ha pronunciado el secretario de CCOO en Ford, Miquel Rosaleny, quien ha indicado que, aunque "han mantenido un prudente silencio, ya veían venir la actual situación pues los trabajadores no confían en volver a ser contratados".

Además, la CGT ha denunciado "las presiones que muchos trabajadores están recibiendo para que se apunten al plan de bajas durante tres años", lo que han calificado de "chantajes".

Ese sindicato ha sugerido que sean "los propios directivos de Ford y los líderes de la UGT los que se ofrezcan para acogerse a dicho plan de despidos temporales, de forma que los trabajadores vean un ejemplo que les anime a seguir sus pasos".

El próximo lunes, 14 de diciembre, se celebrará un pleno del comité de empresa de Ford para estudiar la ampliación del ERE durante otros tres meses.

Valencia cuenta con la primera biblioteca de productos y materiales innovadores de España orientada al mueble

VALENCIA.- Un centenar de materiales y productos innovadores se han expuesto esta mañana en el Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines, Aidima, durante la presentación de 'Materializa', la primera biblioteca de materiales de España que orienta esta iniciativa para dar servicio específico a los sectores del mueble y del hábitat, informó hoy la entidad en un comunicado.

'Materializa' nace con el objetivo de establecer vínculos permanentes con las empresas para generar opciones de negocio que permitan fabricar productos diferenciados, y con un valor añadido que reclame la atención y cubra las necesidades que demande el consumidor o el amueblamiento de espacios públicos, según aseguró durante la presentación la Directora del Centro de Desarrollo de Producto, María José Llaudes.

La biblioteca se convierte así en una referencia tangible de materiales innovadores, "pero lo importante es el trabajo que hay que desarrollar para incorporar estos productos dentro del esquema de trabajo de las empresas", indicó Llaudes, quien precisó que Materializa es una oportunidad abierta a las relaciones de cooperación intersectorial tan necesarias en la actualidad".

'Materializa' tiene, por tanto, vocación de servir de nexo entre las empresas y la investigación y desarrollo, trasladando los conocimientos necesarios y las posibilidades de uso y aplicación de materiales y productos ya existentes en el mercado para "inyectar competitividad en el sector del mueble y el hábitat", resaltó Llaudes.

La biblioteca presenta en la actualidad más de un centenar de referencias clasificadas en 14 familias de producto y dispone de unas 400 en previsión que irán rotando a lo largo del tiempo ordenadas bajo el concepto de "utilidad planificada" hacia los sectores que trabajan en el entorno del hábitat, como pueden ser el del mueble, cerámica o textil, entre otros, explicaron los técnicos del CDP, Carmen Biel y Fabien Chezeau.

'Materializa' presenta innovación en materiales de cualquier sector industrial que puedan ser aplicables al sector del mueble y el hábitat, para que por un lado diseñadores, arquitectos y otros prescriptores sectoriales puedan incorporar sus ideas antes de la concepción del producto, y por otro para que sirva de referente a los responsables técnicos de las empresas como opción en el desarrollo de un producto ya en catálogo.

Materiales como el corcho aplicado al textil para mueble tapizado, herrajes invisibles, iluminación a partir de partículas de fósforo, maderas de última generación, o resinas que tras rasgarse se vuelven a unir y compactar solas con la misma resistencia, se han presentado como novedades al medio centenar de profesionales que han asistido a la inauguración de la biblioteca.

Durante la jornada se ha desarrollado un taller de trabajo donde se han explicado también las características de algunos materiales expuestos y se ha orientado en distintas aplicaciones y usos basadas en criterios como el ecodiseño, la sostenibilidad, o el respeto al medio ambiente, entre otros.

La biblioteca cuenta con una base de datos alojada en una página web que podrá ser consultada como referente técnico y tecnológico, y que ofrece la gestión de los contactos que se deseen establecer para iniciar una colaboración con las empresas proveedoras o con el propio Centro Tecnológico Aidima.

EUPV dice que "sería grave" que el PSPV retirara la querella por el 'caso Gürtel' para negociar los consejeros en la CAM

ALICANTE.- La diputada de la Agrupación de Diputados No Adscritos y coordinadora general de EUPV, Marga Sanz, aseguró hoy que "sería grave" que el PSPV retirara la querella interpuesta por financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal contra 17 personas, entre ellas, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y altos cargos del PP con motivo del 'caso Gürtel', con el fin de "negociar a dos" con el PPCV los consejeros en Caja Mediterráneo (CAM).

Para Sanz, "sería grave que un partido que lanzó una querella y que ha tensionado la vida parlamentaria" retirase el litigio para "negociar a dos" con el PPCV los consejeros en Caja Mediterráneo (CAM).

Así lo indicó hoy en Alicante durante una rueda de prensa en la que fue preguntada por los medios sobre la petición que el portavoz del PP en las Corts valencianas, Rafael Blasco, hizo ayer al PSPV para que "rectifique el cúmulo de errores que ha acumulado durante los últimos ocho meses", desde que se destapó el 'caso Gürtel', y para que deje de intentar "judicializar la vida política", porque entonces su grupo "no tendría ningún inconveniente" en llegar a acuerdos sobre los distintos temas que se debaten en las Corts valencianas, como los representantes de la Cámara en el consejo de Caja Mediterráneo.

Para Sanz, si esa negociación se está produciendo, "el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha perdido una apuesta personal que hizo por judicializar el tema Gürtel desde la iniciativa política", una iniciativa que se encontró "con contestaciones importantes tanto en la dirección del PSOE nacional como en la propia organización" de la Comunitat, por lo que significaría que Alarte "habría tenido que reconsiderar su posición".

Al respecto, Sanz indicó que le extraña "mucho" que el PSPV haya dado un paso "tan grave" como presentar una querella, para luego "retirarla". Sanz señaló, además, que en la participación en los consejos de administración de las entidades financieras públicas por parte de los grupos de las Corts "tradicionalmente" se ha buscado "una representación política que recogiera la pluralidad de todos los grupos que hay en la Cámara".

Asimismo, Sanz aseguró que "si se abre la espita de negociar a dos" los consejeros en las cajas, se estará "quebrando una dinámica participativa y democrática que se ha dado tradicionalmente, de forma que todos los grupos, en función de su propia representación en las Corts estaban dentro del bloque de consejeros de las cajas, en representación de la institución valenciana".

Blasco asegura que Luna "coloca al PSPV en una situación insostenible al rechazar la oportunidad de consenso del PP" en la CAM

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario 'popular' en las Corts Valencianes y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, aseguró hoy que el síndic socialista en la Cámara, Ángel Luna, "coloca al PSPV en una situación insostenible al rechazar la oportunidad de consenso que le ofrece el PP".

Blasco se refirió así en un comunicado a la "negativa" de Luna de "rectificar la actitud que los socialistas valencianos han mantenido en las Corts en los últimos meses para facilitar un acuerdo en la renovación de los consejeros de la CAM".

Al respecto, el portavoz 'popular' reiteró que "a pesar de nuestros intentos y nuestra voluntad de llegar a acuerdos y normalizar las relaciones, el PSPV pone las cosas muy difíciles al insistir en sus errores".

Blasco consideró que los socialistas "tienen que cambiar de actitud" y, en ese sentido, calificó de "incoherencia" presentar una querella --en referencia a la interpuesta por el 'caso Gürtel'-- "y al mismo tiempo estar pidiendo acuerdos".

Para el portavoz popular en las Corts, "la realidad es que desde el PP hemos tendido de nuevo la mano, pero los socialistas deben dar explicaciones de sus errores" y añadió que Luna "parece que prefiere seguir adelante con una querella que sabe que no va a tener continuidad y dejar pasar la oportunidad de normalizar el funcionamiento de las instituciones".

En ese sentido, se preguntó "qué pensarán los socialistas de Alicante, a los que sí les importa tener representación en la CAM, de las decisiones que toma Luna", a quien acusó de estar "provocando con cada decisión que toma el aislamiento de los socialistas respecto a la sociedad valenciana y la fractura interna de un grupo en el que carece de apoyos y que se agudiza más al optar por abandonar la representación en las instituciones".

Fabra dice que Camps le daría un disgusto "muy grande" si no se presentara a las elecciones

CASTELLÓN.- El presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, aseguró este jueves que el jefe del Consell, Francisco Camps, le daría un disgusto "muy grande" si no se volviera a presentar a las próximas elecciones autonómicas. Además, señaló que él optará a repetir en su cargo si las circunstancias lo aconsejasen.

Fabra realizó estas declaraciones a preguntas de los periodistas y tras la firma del acuerdo con las entidades de la Red de Regeneración Territorial de Castellón, celebrada en el salón de plenos de la Diputación de Castellón.

Carlos Fabra insistió en su apoyo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y en que "es una de las personas más honestas y honradas que conozco, y le apoyaré a muerte, tanto personal como políticamente, porque quiero que siga siendo presidente, y me daría un disgusto muy grande si decidiera no presentarse".

Respecto a si cree que Camps volverá a repetir, manifestó que "si yo fuera él, me volvería a presentar y, desde luego, teniendo como tiene el apoyo mayoritario del partido y de la sociedad, que nos sitúa a 21 puntos del PSOE, más que nunca", y matizó que "sólo hay que ver lo que hay delante para ver quién puede apostar por una persona sensata en el futuro de esta Comunidad".

En esta línea, incidió en que "cada vez" que ve "en el Ayuntamiento de Castellón lo que hay delante, me aterroriza pensar que éstos pudieran alguna vez gobernar la ciudad porque no sé si sabrían ni siquiera formar parte de una comisión de gobierno, son una panda y, encima, cada uno va por su lado".

En cuanto al portavoz del grupo socialista en la Diputación, Francesc Colomer, afirmó que es su líder "favorito" para el PSOE, "pues cada elección que se presente la perderá".

Preguntado sobre unas manifestaciones del PSOE en cuanto a que la continuidad de Carlos Fabra en la vida pública no depende de él, sino de los jueces, el dirigente 'popular' aseguró que él no responde a "sandeces", y consideró que esa afirmación es "una sandez como la copa de un pino".

Al respecto, señaló que tal y como manifestó públicamente a su equipo, "en estos momentos pienso no volver a presentarme, lo que pasa es que no soy esclavo de mis palabras, y si en un momento determinado las circunstancias pudieran aconsejar que me presentara, me presentaría, pero, en principio, no tengo el menor interés en seguir presentándome y, sobre todo, estar aguantando a estúpidos permanentemente en el desarrollo de mi cargo, porque lo que hay en el PSOE son estúpidos y Compañía Sociedad Anónima".

Además, indicó que no va a hablar de un tema que "no es competencia ni mía, ni del Comité Ejecutivo Regional, ni siquiera del Comité Ejecutivo Nacional, sino de la Comisión de Listas Nacional del partido".

"MUCHAS" CONDICIONES

En cuanto a las condiciones que deberían de darse para que volviese a presentarse, Fabra aseguró que "muchas", puesto que "en cada momento uno tiene que hacer una cosa y yo ya tengo suficientes años para dedicarme a jugar al golf, a ver a mis nietas y a trabajar y ganar algún dinero en mis negocios", apuntó.

Preguntado si sigue confiando en el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, como su sustituto en el partido y en la Diputación, señaló: "ya he dicho 40 veces que Moliner está haciendo un magnífico trabajo en el Ayuntamiento y en la provincia, es joven, ingeniero industrial y profesor de la Universidad, por lo que no voy a cambiar de criterio".

Finalmente, respecto a si Alberto Fabra debería de repetir como candidato a la alcaldía de Castellón, afirmó que "si él quiere, lo tiene bien fácil, porque le votarán los afiliados y la mayoría de los ciudadanos", y en cuanto a si le ve ocupando otro cargo de mayor rango en Valencia, insistió en que "eso no depende de Alberto, sino de la decisión que tome el partido".

La ciénaga de la corrupción / Emilio Sánchez Ulled *

Hemos asistido al afloramiento de repugnantes ejemplos de corrupción pública, germinados en esa zona en la que confluyen el desarrollo de las políticas públicas y la actividad económica privada, zona que corre el riesgo de convertirse en una auténtica ciénaga. Con ejemplares endémicos de sapos, claro.

El desconcierto se acrecienta ante la reacción de las fuerzas políticas cuando alguno de sus responsables es investigado: deslegitimación de la investigación atribuyéndola a oscuros fines conspirativos, ataque personal a los investigadores y, por si fuera poco, indiscriminado cuestionamiento de las instituciones de persecución penal así como de los instrumentos de investigación, sin importar el perjuicio que ello puede generar en la lucha contra el crimen en general y el organizado en particular.

No es una conducta novedosa. Encontramos ejemplos extremos en la Italia de Il Cavaliere: reformas legales destinadas a restringir hasta la inoperancia práctica las intervenciones telefónicas, en cuanto éstas han puesto en apuros al gobernante; persecución infamante de fiscales y jueces activos en las investigaciones de la corrupción gubernamental; recorte de los plazos legales de prescripción de los delitos de cuello blanco.

En España tenemos una muestra reciente de esta actitud en la polémica suscitada sobre el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), avanzada tecnología que sustituye los antiguos medios de interceptación de líneas telefónicas y grabación magnetofónica de conversaciones.

Algunos han intentado presentar dicho sistema como una intromisión ilegítima y arbitraria del Ejecutivo en las vidas de los ciudadanos, cuando en realidad su utilización, como la del sistema anterior, sólo es posible para delitos graves con autorización y control judicial y en las debidas condiciones de fundamentación, proporcionalidad, necesidad y autenticidad. Cumpliéndose tales requisitos la intervención resulta irreprochable, como el Tribunal Supremo ha declarado.

Otra cosa es que ya sea hora de mejorar y modernizar la definición legal de requisitos y procedimientos, necesidad que ya existía con las tecnologías anteriores y que sigue abandonada en la práctica a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Volviendo al principio, estamos ante un fenómeno que va más allá de la tradicional mordida, es algo distinto y más sutil. Algo que presenta dimensiones cualitativa y cuantitativamente muy peligrosas y, desgraciadamente, también cierta vocación estructural. Se trata de corrupción de alto nivel, de la utilización ilícita de las potestades, la información -privilegiada- y los recursos públicos para aplicarlos a finalidades particulares, individuales o corporativas, propias o ajenas, siempre en perjuicio del interés general.

No es algo que deba sorprendernos especialmente a estas alturas del desarrollo político-social, pero lo cierto es que hasta ahora su verdadera magnitud resultaba inversamente proporcional a su visibilidad para los ciudadanos. Es una corrupción que fluye larvada bajo la superficie de las actividades económicas corporativas cuando éstas entran en contacto con el desarrollo de las políticas públicas. Sus objetivos son diversos: puede ser el mero saqueo de los fondos públicos, pero también la desactivación práctica de los controles oficiales sobre los negocios para que no entorpezcan las metas operativas de las corporaciones privadas. Y no hay que descartar algo tan prosaico como el blindaje de un estatus social privilegiado.

La situación se ha visto perversamente exacerbada por las crecientes necesidades de financiación, fuera de los límites legales, de las complejas estructuras sobre las que hoy se asientan los partidos políticos, verdaderos engranajes de funcionamiento de los Estados democráticos actuales. Bien pronto se descubrió que unos mismos cauces de aprovechamiento ilegítimo de la actividad pública podían ser utilizados tanto para el enriquecimiento personal o corporativo como para financiar las actividades de los partidos políticos. O para ambas cosas a la vez, generando curiosas concomitancias de intereses.

Ya conocemos prácticas que son verdaderos "clásicos" en la materia: la facturación por servicios inexistentes o descaradamente inútiles -informes o estudios, por ejemplo-; la interposición de sociedades pantalla destinadas a hinchar o rellenar los costes de una determinada actuación pública, o a justificar una subvención; el desvío de dinero público a entidades -muy señaladamente fundaciones- vinculadas a formaciones políticas y a su puro servicio más que al de las finalidades formales de aquéllas; la degeneración de los convenios de colaboración entre entidades públicas y privadas -urbanísticos, por ejemplo- a fin de encubrir simples procesos de enriquecimiento.

El perjuicio directo que los comportamientos corruptos causan al interés social es enorme: rapiña de los fondos públicos; alteración del mercado; descontrol de la economía especulativa; urbanización salvaje (agravada en este caso por una excesiva concentración en el nivel municipal del poder decisorio sobre el suelo sin un correlativo incremento de los controles externos); daño medioambiental; lesión de los derechos de los más débiles en las relaciones socio-económicas (trabajadores, inmigrantes, pequeños ahorradores). Y, siempre, el torcimiento del buen gobierno.

En este caldo de cultivo pueden producirse también consecuencias indirectas, sociológicas si se quiere, pero igualmente nocivas: apatía ciudadana ante la democracia, facilidad para la infiltración mafiosa, e incluso el surgimiento de liderazgos populistas que con recetas falaces y demagógicas se presentan como la solución a los miedos sociales.

El peligro de esta última dinámica lo conocemos bien en Europa. Por si fuera poco, en este paisaje se ha acabado gestando una malsana omertá entre fuerzas políticas, pues no otra cosa es el desvergonzado compromiso de no hurgar en las fuentes de financiación ajenas a cambio de que no se indague en las propias.

Patéticos ejemplos de tales oasis de mutismo los encontramos en las hemerotecas. Poco ayuda en este clima la interesada confusión que los dirigentes políticos suscitan al vincular el principio de responsabilidad política al principio de presunción de inocencia penal, con la transparente finalidad de eludir la adopción inmediata de medidas políticas correctoras mientras no acaben los procesos penales, a ver qué pasa.

La persecución de la corrupción pública en España nace en serio con la democracia. Hemos visto iniciarse relevantes procesos por corrupción en los años 90 en el ámbito de grandes obras públicas, en cuya concesión se detectaron diversos sobornos (básicamente mediante facturación por sociedades pantalla que no respondía a trabajos reales), dinero que enriquecía a cargos públicos o acababa en su partido político.

Pronto se adoptaron medidas al respecto, como la introducción del delito de tráfico de influencias en 1991, o la reforma de la legislación sobre contratación pública en 1995 y la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción en 1996. El Código Penal de 1995, si bien contiene algún avance en la materia, se ha revelado como técnicamente muy deficiente a la hora de penalizar las formas modernas de corrupción pública, lo cual está conduciendo a la impunidad de muchas conductas que son objetivamente merecedoras de reproche penal.

Aun partiendo de la honestidad de la gran mayoría de funcionarios públicos y responsables políticos, hay que profundizar en la lucha contra la corrupción: reforzando la transparencia en los procedimientos administrativos de decisión; consolidando los organismos externos de control y fiscalización administrativa; reformulando la normativa de financiación de los partidos políticos; potenciando la especialización en la persecución penal y mejorando técnicamente el Código Penal.

También deben jugar su papel los medios de comunicación y su permanente escrutinio de la actividad pública -en libertad, con rigor informativo-, así como el compromiso ciudadano con la política. Y acaso no esté de más recordarles a algunos lo dicho por Saint-Just a la Convención: "Se promulgan muchas leyes, pero se da poco ejemplo".

(*) Emilio Sánchez Ulled es presidente de la Unión Progresista de Fiscales y fiscal Anticorrupción en Barcelona.

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