viernes, 6 de julio de 2012

El sector forestal valenciano valora en más de 1.000 millones de euros las pérdidas económicas del incendio

VALENCIA.- El sector forestal valenciano ha valorado en más de 1.000 millones de euros las pérdidas económicas por la catástrofe de los incendios forestales de Cortes de Pallás y Andilla, según ha indicado el Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

   Según este colegio algunas zonas no volverán a recuperarse hasta dentro de 100 años. Desde el sector forestal se espera que "el Consell y el partido político que lo sustenta, como también el principal partido de la oposición y el resto de los partidos políticos, hagan una profunda reflexión y consensúen una política forestal a largo plazo contando con las asociaciones que representan el sector valenciano".
   El sector considera que de continuar con "políticas partidistas a corto plazo" y de seguir con el "inmovilismo" demostrado durante los últimos 15 años y las "trabas burocráticas" a los propietarios y empresas para realizar la labor de gestión forestal sostenible que han venido haciendo sus anteriores generaciones, "sin duda se está gestando el siguiente gran incendio, quizás este mismo verano".
   Los incendios forestales de Cortes de Pallás y Andilla no solo suponen un desastre ecológico de "enorme magnitud, también asustan los perjuicios socioeconómicos de primer orden que ocasionan". La pérdida de 50.000 hectáreas de superficie forestal en el interior de las provincias de Valencia y Castellón conlleva una serie de perjuicios ambientales directos, "que no sólo tienen un impacto puntual directo, sino que se va a proyectar durante muchos años".
   Los especialistas han explicado que la devastación por el fuego de hábitats y ecosistemas forestales lleva consigo la pérdida de biodiversidad en flora y fauna, y la desaparición cientos de especies vegetales y animales en las zonas quemadas.
   A la "reducción drástica del valor" de los recursos forestales destinables a madera y bioenergía hay que añadirle la "destrucción de la fauna silvestre". Solamente en impacto directo de la actividad cinegética en las zonas devastadas "se calcula un pérdida directa anual de más de 1 millón de euros". En cuanto a los ciclos hídricos, es "sumamente difícil" poder estimar el impacto directo sobre la calidad y ciclos del agua a corto o medio plazo.
   Desde el sector se ha apuntado que el impacto directo sobre emisiones de carbono, entre el efecto directo de los dos incendios y posterior pudrición de madera "se puede calcular una emisión total de unos 2,5 millones de toneladas de carbono". Es decir, más de lo se emite en un año en la Comunidad valenciana en industria, transporte y consumo doméstico.
   El sector ha calculado que la pérdida de poder calorífico de esta biomasa perdida en los dos incendios es el equivalente a 1.500 millones de litros de diesel. "Es decir, si pudiéramos poner en valor energético absolutamente toda la biomasa que se nos ha ido, podríamos calcular un valor añadido máximo posible de casi 1.000 millones de euros", ha agregado.
   Los expertos cree que las causas de los incendios son derivadas de la "falta de gestión y actividad socioeconómica" en el sector forestal valenciano. El cambio de paradigma forestal viene condicionado por el abandono de la actividad agraria y forestal en el interior de la Comunidad Valenciana desde mediados del siglo XX.
   Desde el conjunto del sector forestal en la Comunidad Valenciana, representado por el Colegio de Ingenieros de Montes, el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, PROFOR (Asociación Profesional Forestal), AFOVAL (Asociación de Propietarios Privados Forestales), afoca (Asociación de Propietarios Forestal del Caroig y Montes de Alicante), AMUFOR (Asociación de Municipios Forestales), AVEFOR (Asociación de Empresas Forestales) y SAEM (Sociedad de Agricultura Ecológica y de Montaña) desde hace años han avisado del riesgo que "supone el abandono de la gestión y actividad forestal frente a grandes catástrofes como los dos grandes incendios que hemos sufrido".

Las farmacias deciden aplazar la huelga indefinida 15 días a la espera de un plan de pagos del Ministerio de Sanidad

VALENCIA.- Las farmacias valencianas y alicantinas han decidido aplazar dos semanas la huelga indefinida que tenían prevista comenzar este próximo lunes, a la espera de un plan de pagos propuesto por el Ministerio de Sanidad y  con el fin de "dar un voto de confianza al Gobierno y al Consell", según han comentado desde el sector tras celebrar sendas asambleas en Valencia y Alicante este viernes.

   La decisión de aplazar la huelga indefinida hasta el 23 de julio se ha tomado por unanimidad en la asamblea del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, ya que solo ocho han votado en contra de esta medida, de los casi 800 representantes que han acudido, según han comentado miembros del Colegio a Europa Press.
   La asamblea celebrada en Alicante también ha aprobado la suspensión temporal de la huelga hasta el 23 de julio. "Queremos darle un voto de confianza a la ministra Ana Mato y al Gobierno de España", ha indicado el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Jaume Carbonell.
   "Les damos 15 días, pero ni uno más porque estamos súper apurados", ha continuado. Carbonell ha destacado que la asamblea alicantina ha sido "muy emotiva por el mal momento que vive el sector".
   Los profesionales farmacéuticos esperan ahora la reacción del Ministerio de Sanidad a través del plan de pagos propuesto por la ministra "o bien a través de los pagos directos desde la Conselleria de Sanidad", han apuntado desde el Colegio de Valencia.
   En la reunión celebrada esta semana, la ministra de Sanidad propuso a la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, incluir a los farmacéuticos de la Comunitat en un plan de pagos a proveedores para que pudieran ver regularizada su situación y saldar así la deuda por la facturas desde el mes de febrero, que ascienden a 480 millones de euros. 
Por su parte, Guardiola pidió por escrito la propuesta de la ministra.

Una treintena de colaboradores de Julio Iglesias desembarcan en Valencia para el montaje de su concierto

VALENCIA.-   Las treinta personas que acompañan al cantante Julio Iglesias en la gira que le está llevando por distintos puntos del país irán apareciendo, unos en vuelos regulares, como sus músicos, bailarines y técnicos y otros, como los responsables del montaje del equipo, que lo harán por carretera junto a los tres tráilers que transportan el material. La operación de descarga y montaje del recital que el artista ofrecerá el domingo en el Palau de les Arts de Valencia, que lleva varias horas, comenzará sobre las 16.00 horas de mañana, ha informado la organización del evento.

   Julio Iglesias también está previsto que aterrice mañana sábado a lo largo del día en Manises a bordo de su avión privado al que se conoce como 'El pájaro loco'. Con él viaja su grupo más cercano, desde su manager y sobrino, Jorge Iglesias, a su jefe de seguridad, asistentes y las coristas que le acompañan en el escenario, han detallado los responsables .
   Iglesias llegará procedente de Málaga, donde se "refugia" entre conciertos en su casa de Ojén. Allí pasan sus vacaciones, como cada año, su mujer, la holandesa Miranda Rijnsburger y los cinco hijos de ambos.
   El artista inició el pasado miércoles su gira española y lo hizo, con la presencia de su mujer y sus cinco hijos en el Gran Teatre del Liceu, de Barcelona.
   Los promotores del concierto en Valencia han informado además de que el propio Julio Iglesias les llamó por teléfono para interesarse por los detalles del mismo, el ambiente que existe y la última hora.
   "Simpático y con su habitual sentido del humor, el artista conversó durante más de quince minutos con los responsables valencianos de su concierto y preguntó por la situación de la Comunitat Valenciana,  por el estado de los recientes incendios,  por el impacto de la crisis y otros detalles mientras recordaba sus muchas experiencias en la Comunidad y los veranos familiares en Peñíscola durante su niñez y adolescencia", han descrito.
   Y es que la Comunitat Valenciana es una de las más visitadas por Julio Iglesias a lo largo de su dilatada carrera de 43 años. Desde sus inicios en 1968, el artista ha cantado en innumerables ocasiones en tierras valencianas.
   Su origen artístico tuvo lugar precisamente en Benidorm, cuando en 1968, con 'La vida sigue igual', se alzaba con el primer premio de su popular festival.
   El concierto de Valencia en el Palau de les Arts comenzará a las nueve de la noche en el Auditorio del Palau. Las puertas se abrirán dos horas antes, para recibir a los 250 espectadores que han adquirido la localidad VIP, que les da derecho, además de a ocupar las primeras filas del patio de butacas, a  un coctail de bienvenida en los jardines situados en la tercera planta del edificio diseñado por Santiago Calatrava.
   Además se les hará entrega de una caja regalo que contiene un disco edición especial con el último lanzamiento del cantante, 'Numero 1', y diversos obsequios exclusivos relacionados con Julio Iglesias.

La Asociación 'Farmacias Unidas' exige la dimisión del conseller

VALENCIA.- La Asociación Profesional de Farmacéuticos 'Farmacias Unidas' ha exigido este viernes la dimisión del conseller de Sanidad, Luis Rosado, por su "irresponsabilidad", "falta de credibilidad" y porque "ya no pinta nada". Por ello, ha reclamado que sea el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien se comprometa en un documento por escrito a un calendario de pagos porque "no tiene por qué venir nadie de fuera a salvarle".

   El expresidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón Mario Molina y la farmacéutica y promotora de esta iniciativa Inmaculada Canet han explicado que esta Asociación, integrada por un centenar de farmacéuticos, surgió para "ir por delante" de los Colegios ya que "aunque hacen lo que pueden son una maquinaria muy lenta y se puede hacer algo más".
 "Pero no tenemos nada contra ellos", ha aclarado.  
   Así, Molina en rueda de prensa ha avanzado que si la Asamblea de este viernes de Valencia y Alicante y este sábado de Castellón aprueban posponer la huelga indefinida convocada a partir del lunes hasta que les abonen al menos dos mensualidades, los integrantes de esta Asociación estudiarán si ellos mantienen el paro.
   Al respecto, ha advertido a las Juntas de los Colegios que "no pueden seguir jugando" ya que si se aprobó una huelga indefinida "ahora no se puede desconvocar sólo por la promesa verbal" de la ministra de Sanidad Ana Mato de que se va realizar "una solución global sin definir". 
"No nos gusta que nos toreen", ha señalado.  
  Molina ha recalcado que la farmacia de la Comunitat Valenciana "está al borde del abismo" porque a fecha de hoy les adeuda un total de 50 millones de recetas que las han pagado los propios boticarios de su bolsillo. Por ello, el 100 por cien de las oficinas está endeudada, 300 está en peligro de cierre y "el tiempo juega en nuestra contra".
   De hecho, ha afirmado que ya faltan algunos medicamentos, especialmente los más caros, como para el tratamiento del cáncer, y ha contradicho a Rosado y ha asegurado que si no les pagan en breve "sí que habrá un desabastecimiento".
  Además, ha apuntado que "el peligro aumenta" porque o el ingreso se materializa ya o "se romperá la cadena" de adquisición de los medicamentos, que tarda 15 días es ponerse en marcha y en agosto cierran los laboratorios. De este modo, ha apuntado que se puede llegar a "un corralito medicamentoso" de forma que "ni pagando se podrán conseguir" los medicamentos.
  Por todo ello, ha apuntado que "por vergüenza propia Rosado debe dimitir y por vergüenza ajena lo tienen que echar". Además, Canet ha apuntado que los servicios jurídicos también están estudiando interponer una querella contra el conseller por "prevaricación, malversación de fondos, incumplimientos reiterados y haber insultado a nuestro colectivo".
  Asimismo, pedirán a los Ayuntamientos que aprueben una moción para que insten al Consell a "cumplir con sus compromisos de pagos, a que liquiden con carácter de urgencia la deuda farmacéutica y que ajusten los presupuestos al gasto real farmacéuticos".

Císcar afirma que el ERE de RTVV está "muy avanzado"

VALENCIA.- El portavoz del Consell, José Císcar, ha afirmado que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) está "muy avanzado" y ha reiterado que se hará público cuando esté "totalmente perfilado".

   Císcar se ha pronunciado en estos términos tras ser preguntado por este asunto durante la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano.
   Al respecto, ha incidido en que el ERE "se hará público cuando esté totalmente perfilado", y ha puntualizado que "quien primero debe conocerlo son, lógicamente, los representantes de los trabajadores", y después "se hará público en sus líneas básicas", ha dicho.
   Císcar ha subrayado que en RTVV hay una plantilla "muy amplia" y, por tanto, "se tiene que hacer el trabajo departamento por departamento, y puesto de trabajo por puesto de trabajo". Aún así, ha comentado que el ERE está "muy avanzado" pero "no está todavía totalmente concluido".
 

EUPV critica las "excusas patéticas" del PP para no apartar a Castedo de la Alcaldía de Alicante

VALENCIA.-   La portavoz de EUPV en las Corts y coordinadora del partido, Marga Sanz, considera que el PP está poniendo "excusas patéticas" para no apartar a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, así como para "no pedir las actas a los diputados imputados".

   Sanz se ha expresado en estos términos en un comunicado en respuestas a las declaraciones realizadas por el vicepresidente del Consell, José Císcar, en las que ha asegurado que el PP no puede hacer nada para apartar de la Alcaldía a Castedo, después de que el titular del juzgado nº 5 de Alicante, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, haya pedido su imputación y la de su antecesor, Luis Díaz Alperi.
   La síndica de EUPV ha asegurado que "el PP está mostrando un lamentable inmovilismo que está desacreditándole", y ha denunciado que "la larga lista de imputados que tiene está manchando las instituciones".
 "La lavada de manos es injustificable", ha manifestado.
   Así, ha exigido el abandono de los escaños a Castedo, Díaz Alperi y a los imputados del PP, y en el caso de Castedo que se aparte también de la alcaldía de Alicante.  Sanz considera que el PP "está poniendo excusas patéticas tanto para no apartar a Castedo de la alcaldía, como para no pedir las actas a los diputados imputados".
   "Es muy triste que la respuesta de Císcar sea ésta y no la de aplicar una depuración como toca", ha manifestado Marga Sanz, quien ha señalado que "la debilidad con la que está actuando Fabra y el PP es vergonzosa".

La magistrada Pía Calderón será la ponente de la 'causa de cooperación'

VALENCIA.- El magistrado Juan Climent será el ponente del conocido como 'caso Brugal' --en el que se investigan presuntas irregularidades en el PGOU-- mientras que Pía Calderón se encargará de la 'causa de cooperación' --donde se estudia un presunto fraude en subvenciones otorgadas por la Administración a distintas ONG--, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en su Twitter.

   Ambos procedimientos han llegado al tribunal valenciano, después de que los jueces instructores los hayan remitido por hallar hechos delictivos en personas aforadas, con lo que los procedimientos dejarían de ser de su competencia.
   En concreto, la titular del juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia remitió la causa que instruía --cooperación-- al estimar que el extitular de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía y actual síndic del PP en las Corts, Rafael Blasco, pudo haber cometido un delito de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales y falsedad documental.
   La magistrada considera que Rafael Blasco participó de los beneficios "ilícitos" de la trama y afirma que conocía las "irregularidades" y, sin embargo, no actuó.
   Por su parte, el titular del juzgado nº 5 de Alicante, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, ha pedido la imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por los presuntos delitos de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
   El magistrado Manrique Tejada también ha enviado el sumario al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana debido a la condición de aforados de Castedo y Díaz Alperi, quienes son diputados autonómicos.
   La sala del TSJCV ya ha recibido ambas causas, y lo primero que ha hecho es designar un ponente, que será el que se encargará de elaborar una ponencia que luego elevará al resto de magistrados para debatir sobre si son competentes o no para asumir las instrucciones propuestas. 
En el caso del 'caso Brugal', el ponente es Juan Climent; y en la 'causa de cooperación', Pía Calderón.
   Si la sala asume la competencia de los casos, lo más normal es que sea el mismo ponente el que se encargue de su instrucción --Climent y Calderón--. Estos magistrados serían, en su caso, los que decidirían sobre las posibles imputaciones de Blasco, Castedo y Alperi.

Una asociación de pequeños accionistas presentará la cuarta querella contra Bankia

MADRID.-   La Asociación de Pequeños Accionistas de Bankia (Apacbank) ha anunciado este viernes la presentación de una nueva querella ante el Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional contra los responsables de Bankia que participaron en la salida a Bolsa de la entidad. 

    Según ha confirmado el abogado de la asociación, Diego Muñoz-Cobo, la querella --que aún está en proceso de elaboración-- solicitará las imputaciones del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y su consejo de administración, pero también la de los responsables de las empresas auditoras encargadas de supervisar la salida a Bolsa.
   "Consideramos que los auditores de la operación deben responder también por el proceso valorativo que llevaron a cabo", ha indicado Muñoz-Cobo, que ha concretado, además, que la intención de Apabank es presentar su querella y personarse en la causa a partir de la próxima semana. La asociación representa a varios centenares de accionistas y de suscriptores de preferentes.
  La querella de Apabank sería la cuarta que se presenta en la Audiencia Nacional contra Bankia. El juez Fernando Andreu ya ha admitido a trámite la presentada por el partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y se encuentra a la espera del criterio de la Fiscalía Anticorrupción sobre la pertinencia de admitir otras dos, procedentes en este caso del sindicato Manos Limpias y del colectivo 15-M.
   La querella ya admitida se dirige contra Bankia; su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA); y 33 exconsejeros, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas, el exministro del Interior Ángel Acebes o el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández.
   También se imputan delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida al exconsejero delegado de la entidad Francisco Verdú, al expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, al expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y a la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced.
   Están, además, imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exconcejal de la capital José María de la Riva; de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín; o de CC.OO., como Francisco Baquero y Pedro Bedia.
   El resto de imputados en la causa son Carmen Cavero, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González, Remigio Pellicer, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.

Tanda de nombramientos en el Consell

VALENCIA.- El pleno del Consell ha acordado este viernes nombrar al director general de Análisis y Políticas Públicas, Jacobo Navarro, director de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, dependiente de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo. Navarro sustituye a Mariano Vivancos que llamó "talibanes" a los docentes en uno de los actos organizados por el Gobierno valenciano para explicar los recortes que está llevando a cabo.

   El vicepresidente y conseller de Presidencia, José Císcar, ha informado en la rueda de prensa posterior al pleno de los nombramientos de nuevos altos cargos de Presidencia y de las Consellerias de Presidencia y de Educación, Formación y Empleo aprobados por el Ejecutivo valenciano.
   El nuevo director de Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, Jacobo Navarro, es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y funcionario de carrera del Servicio de Estudios y Planificación de la Universidad Politécnica de Valencia.
   Navarro ha prestado servicios técnicos en la Conselleria de Territorio y Vivienda y en la de Empresa, Universidad y Ciencia. En 2007, se incorporó al gabinete del presidente de la Generalitat como asesor. En la actualidad, ostentaba el cargo de director general de Análisis y Políticas Públicas.
   Por su parte, el Consell ha nombrado a María Barrios como nueva directora general de Participación Ciudadana de la Conselleria de Presidencia, en sustitución de Rubén Cortés, que asume el cargo de director general de Análisis y Políticas Públicas de Presidencia. Barrios es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante. Asimismo, cuenta con diversos masters internacionales en comunicación, relaciones públicas y protocolo.
   Cortés es licenciado en Ciencias del Trabajo y diplomado en Relaciones Laborales. Ha sido asesor en la Conselleria de Territorio y Vivienda y asesor parlamentario en la de Educación, Formación y Empleo. Desde enero de 2012 desempeñaba el cargo de director general de Participación Ciudadana de la Conselleria de Presidencia.
   Finalmente, el director de comunicación de la Conselleria de Presidencia, José Manuel Santamans, ha sido nombrado director general de Relaciones Informativas de Presidencia, en sustitución de Cristina Albamonte.
   Santamans es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Cardenal Herrera-CEU. Posee varios masters en Marketing y Comunicación. Ha sido director de comunicación de las Consellerias de Empresa, Universidad y Ciencia, la Conselleria de Educación, Formación y Empleo y, más recientemente, en la Conselleria de Presidencia.

Los concursos empresariales en el primer semestre ascendieron a 622 en la Comunitat, un 32% más

VALENCIA.- En el primer semestre de 2012 se han registrado un total de 622 concursos empresariales en la Comunitat Valenciana, lo supone un incremento del 32 por ciento respecto al mismo periodo del pasado año,  según el Estudio sobre Evolución Mensual de Concursos publicado por Informa D&B.

    En junio se han registrado 129 procesos en la Comunitat, un 40 por ciento más que el mismo mes el pasado año, de los que 88 fueron en Valencia, 24 en Alicante y 17 en Castellón. Los sectores más afectados son Comercio, con 32 procesos, Construcción, con 29, e Instituciones financieras, con 24.
   La Comunitat es la segunda en número de concursos del país, tanto en los seis primeros meses como en el mes de junio, según la misma fuente que detalla que por delante se sitúa, Cataluña, con 844 concursos en el acumulado y 143 en junio, y detrás Madrid, con 493 y 99, respectivamente. Cataluña es además la que más incrementa sus cifras en valor absoluto, sumando 179 procesos en lo que llevamos de año y 54 en junio.
   Solo una comunidad registra menos concursos en estos seis primeros meses, Baleares, que baja un 7 por ciento. En junio, La Rioja y Melilla también reducen sus datos, además de Baleares.
   En el primer semestre de 2012 se han registrado un total de 4.084 concursos empresariales en España, lo que supone un incremento del 30 por ciento respecto al mismo periodo del pasado año. El número de trabajadores de estas empresas asciende a 35.978 y sus ventas suman más de 11.732 millones de euros.
   Junio es el cuarto mes consecutivo en el que se superan los 700 concursos, alcanzando 738, algo que, hasta el pasado mes de marzo, no había ocurrido nunca, según la consultora. Si bien esta cifra es ligeramente inferior a la de mayo, un 0,54 por ciento, es un 47 por ciento superior a la del mismo mes el pasado año. Las empresas afectadas este mes empleaban a 6.777 personas y en conjunto facturaban por encima de los 1.665 millones de euros.
   En el primer semestre los concursos crecen en todos los sectores analizados. Los mayores incrementos en valor absoluto son para Comercio, con 251 procesos más, y Construcción, que suma 228. De hecho, Construcción y Actividades inmobiliarias, alcanzan juntos 1.572 concursos, el 38 por ciento del total nacional.
   Los sectores donde más concursos se registran son Construcción, Comercio e Industria Manufacturera, tanto en estos seis primeros meses, con 916, 773 y 757 procesos respectivamente, como en junio, con 174, 133 y 131 respectivamente. Tampoco en junio hay ningún sector en el que descienda el número de concursos, aunque Intermediación financiera se mantiene igual que el pasado año.

La Audiencia Nacional defiende la competencia estatal en El Cabanyal


VALENCIA.- La sección 7ª de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (AN) defiende la competencia del Estado sobre el planteamiento de los derribos en el barrio valenciano de El Cabanyal, y ha asegurado que este organismo "únicamente" impide que se apliquen actuaciones que "puedan poner en peligro" determinados bienes del Patrimonio Histórico, según consta en la sentencia.

   "No existe arbitrariedad" y "debe prevalecer la competencia estatal sobre la autonómica" son algunas de las frases más repetidas en la resolución judicial de la Audiencia, en la que se desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valencia contra la Orden del Ministerio de Cultura de 2009 que paralizaba la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar y decretaba la suspensión de los derribos en la zona afectada. Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), vía que el Ayuntamiento dice ahora que va a utilizar.
   Este conflicto se remonta al año 1999, cuando la Plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar solicitó al Ministerio de Cultura medidas contundentes para evitar el expolio que supondría en el barrio de El Cabanyal la ejecución del PEPRI, después de que esta zona hubiera sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de conjunto histórico.
   Transcurridos unos años, en 2001, el Gobierno valenciano comunicó a la plataforma que el PEPRI había sido aprobado por el Ayuntamiento. Esta resolución fue recurrida y, al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó retrotraer el procedimiento al momento anterior al que fue aprobado el plan. El TS, en 2009, respaldó esta resolución y confirmó la obligación del Ministerio de Cultura de dictar un informe resolviendo sobre el fondo de las cuestiones planteadas en esta causa.
   El ministerio, para emitir una resolución, pidió diferentes informes sobre el plan previsto en El Cabanyal y, en base a los mismos, dictó en diciembre una Orden en la que plasmaba que el PEPRI constituía un "expolio" del conjunto histórico del barrio, ya que desfiguraba la zona y la opción urbanística que contemplaba era incompatible con el mantenimiento de los valores del conjunto histórico. Por este motivo, el Gobierno --entonces socialista-- ordenó suspender inmediatamente todas las actuaciones relacionadas con el plan.
   Contra esta Orden, el Ayuntamiento presentó un recurso, que el TSJ de Madrid desestimó. Ahora, la Audiencia Nacional ha respaldado también la decisión del tribunal madrileño al estimar que el hecho de que la resolución dictada por el Gobierno adoptara la forma de Orden Ministerial, y fuese dictada por la ministra de Cultura, en lugar de emitirse una nueva resolución por el Gobierno valenciano, "no implica incumplimiento alguno de lo ordenado, dado que proviene de un órgano superior que, por tanto, puede motivar lo que se le encargó a la Dirección General valenciana.
   Así, insiste en que puesto que el Ministerio de Cultura es también competente para efectuar la declaración de expolio, "nada impide que tal declaración se realice a través de la misma Orden Ministerial, --aunque ello exceda la propia ejecución encomendada--, en lugar de haberlo hecho mediante otro orden posterior o incluso simultánea".
   Además, explica que si bien es cierto que la competencia urbanística ha sido asumida por la Comunitat Valenciana en virtud de su Estatuto de Autonomía, y atribuida en distinto grado a los Ayuntamientos, es "incuestionable" que en este caso existen distintos ámbitos de intersección competencia y, así, la competencia autonómica choca con el ámbito competencial atribuido constitucionalmente al Estado.
   En este sentido, mantiene que el Estado "puede y debe" velar por la protección del Patrimonio Histórico Español contra la expoliación, y que "debe prevalecer la competencia estatal sobre la autonómica por razón del principio de especialidad".
   Asimismo, asegura que al Ayuntamiento "no se le impone una determinada solución que deba adoptar en el ejercicio de su competencia, si no que únicamente se impide la aplicación de actuaciones que puedan poner en peligro determinados bienes del Patrimonio Histórico".
   Con ello, recuerda que la Orden Ministerial viene a obligar al Ayuntamiento y a la Comunitat a realizar en el PEPRI las adaptaciones que estimen adecuadas en orden a dicha protección, dentro del ejercicio de la competencia autonómica, "pero no a realizar una determinada actuación previamente decidida por el Estado, o un concreto trazado o reordenación urbanística".
   Junto a estos razonamientos, la Audiencia indica que la competencia del Estado en materia de defensa del patrimonio "no se limita en exclusiva a los bienes integrantes de dicho patrimonio que hayan sido declarados Bien de Interés Cultural, si no a la totalidad de los mismos, pudiendo respecto de todos ellos adoptar las medidas necesarias para evitar la expoliación".
   Además, la Audiencia expone que en este caso no se produce trato alguno diferente en situaciones iguales --tal y como alegaba el Ayuntamiento--, "sencillamente porque no existe término de comparación válido alguno" y, en todo caso, porque el hecho de que prácticamente no existan resoluciones judiciales en materia de expoliación, "no significa que la Administración del Estado no pueda ejercer esta competencia que tiene constitucionalmente reconocida".

El sector de la discapacidad se manifiesta en Valencia para denunciar que está "al borde del colapso" por los impagos

VALENCIA.- Centenares de trabajadores y usuarios de los centros de atención a la discapacidad de la Comunitat se manifiestan este viernes en Valencia para denunciar que son un sector "invisible ante la administración", que se encuentra, además, "al borde del colapso por los impagos de la Generalitat". 

   Los participantes en este acto se han concentrado sobre las 11.30 horas en la Plaza de San Agustín de Valencia, desde donde ha partido un itinerario que tiene previsto llegar hasta el Palau de la Generalitat pasando por las calles de San Vicente, Plaza de la Reina, Plaza de la Virgen y Plaza de Manises.
   La protesta se desarrolla bajo el lema 'Dignidad y respeto para el sector de personas con discapacidad. Pago inmediato a todos los centros y servicios'. Otra pancartas que portan los manifestantes son 'No podemos más', 'Señor Ecclestone, usted ha cobrado. ¿Cómo lo hace' y 'No queremos caridad'.  
   Al inicio de la marcha, un portavoz de los centros, Vicent Climent, ha lamentado que estos espacios  "permanecen en el más absoluto olvido de la administración". Ha explicado que "tradicionalmente" estas entidades se han mantenido con ayudas públicas pero la situación es que "muchos de los que están aquí no han cobrado las aportaciones de 2011 y ninguno las correspondientes a 2012".  
   "Eso quiere decir --ha apuntado-- que hay una merma en la calidad del servicio, que va más allá de que los empleados no cobremos nuestras nóminas, sino que tampoco se puede hacer frente a los pagos a proveedores, sobre todo de limpieza y comedor, pólizas de crédito o cuotas de la Seguridad Social".
   "Es un sector al borde del colapso; si la Conselleria no paga ya, centros que llevan décadas prestando un servicio de calidad se van a ver obligados a cerrar", ha advertido.
   Este portavoz ha lamentado que el dinero "no llegue" a los centros a pesar de que "lo hay, porque se ve en otras partes". "Hace poco hemos tenido aquí un 'scalextrix gigante", ha ironizado este monitor ocupacional en referencia al circuito urbano de Fórmula 1.
   En el manifiesto redactado con motivo de la protesta, los representantes del sector echan en falta "un plan extraordinario por parte de al Generalitat valenciana para financiar a las entidades que, con calidad, transparencia, austeridad y exigencia científica, prestan y desarrollan una función social".
   "Siempre hemos dado muestra de diálogo, colaboración y corresponsabilidad en las relaciones con la administración autonómica que, es, en definitiva, quien está obligada a cubrir estos servicios".  
  En la convocatoria intervienen Agevalcee (Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo); representantes de los Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana; CERMI (Comité de Entidades de representantes de personas con discapacidad de la Comunitat); FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual); Cocemfe (Confederación Española de Personas Con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana), UGT y CCOO.

El Comité de Derechos y Garantías del PPCV decidirá sobre la militancia de Blasco si es imputado

VALENCIA.- El vicepresidente y conseller de Presidencia, José Císcar, ha explicado este viernes que el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, tras las congresos provinciales, convocará una Junta Directiva Regional para constituir el Comité de Derechos y Garantías que, "en base a los Estatutos" del partido, decidirá sobre la situación del portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, y de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, después de que la justicia haya pedido sendas imputaciones.

   La titular del juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia, encargada de investigar un presunto fraude en la concesión de subvenciones a ONG por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, considera que Rafael Blasco --extitular de este departamento y actual síndic del PP en las Corts-- participó de los beneficios "ilícitos" de la trama.
   Por su parte, el titular del juzgado nº 5 de Alicante, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, ha pedido la imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por los presuntos delitos de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
   "Lo que se ha producido son dos trámites procesales en dos procedimientos en los que lo que se está dilucidando en ambos es una eventual imputación de determinadas personas", ha señalado José Císcar en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntado por la situación de Blasco y Castedo. "Imputaciones que de momento no se han producido", ha indicado.
   El vicepresidente valenciano ha destacado la "máxima colaboración" del Consell con la Justicia y el "respeto absoluto" a las decisiones judiciales y, en este sentido, ha subrayado que "la justicia debe hacer su trabajo", ya que "el procedimiento penal es el único elemento para depurar responsabilidades de índole penal".
   También ha instado a respetar el principio constitucional de presunción de inocencia, porque "si lo pedimos para personas imputadas, con mayor motivo, si cabe, para personas que todavía no han sido imputadas".
   Preguntado por si se pedirán a Castedo que deje la Alcaldía del mismo modo que Blasco cedió sus funciones de síndic en el viceportavoz del PP, Rafael Maluenda, Císcar ha señalado que Blasco "voluntariamente, en un gesto que le honra, decidió apartarse temporalmente mientras se resuelve el trámite procesal".
   "No debe quedar ninguna duda de cuál es la postura de Fabra en todos los casos: donde tiene las potestades actúa plenamente, con contundencia, rigor", ha resaltado el vicepresidente. Así, ha indicado que actúa de este modo en lo que corresponde a su gobierno y partido.
   Sin embargo, el también portavoz del Consell ha destacado que ni el presidente de la Generalitat "ni ningún otro presidente de comunidad autónoma ni del Gobierno, con la Ley de Régimen Electoral en la mano, puede destituir a cargos públicos electos".
   José Císcar, que ha tenido que responder a una decena de preguntas sobre este tema, ha explicado que Alberto Fabra, cuando finalicen los congresos provinciales, convocará la Junta Directiva Regional del PPCV para constituir el Comité Regional de Derechos y Garantías, "que es quien tiene la potestad para decidir en estas situaciones". En este sentido, ha señalado que se pondrán en marcha mecanismos para, en aplicación de los Estatutos, se pueda resolver cada caso.
   Preguntado por si cabe la posibilidad de que los 'populares' convenzan a Sonia Castedo para que abandone la Alcaldía de Alicante, el conseller ha reiterado que el presidente de la Generalitat "no tiene posibilidades legales" de actuar por lo que se refiere a los cargos electos.
   Asimismo, ha subrayado que desde el Consell respetan la "autonomía" de los ayuntamientos y de los grupos municipales. Sobre este asunto, inquirido sobre en qué vulnera pedir la dimisión de Castedo forma voluntaria, ha respondido que "si se hace de forma educada, en nada".
   Respecto a la situación del grupo popular en las Corts, preguntado si le preocupa que pudiera haber once parlamentarios imputados, Císcar ha indicado que los diputados "son cargos electos y tienen el mismo régimen que los alcaldes y concejales".
   José Císcar, preguntado por la opinión de Fabra sobre la corrupción, ha destacado que el presidente del Consell quiere que "se apliquen las normas y los estatutos".
   En cuanto a la propuesta planteada por el portavoz socialista en las Corts, Antonio Torres, de que diputados del PSPV se abstendrían en las votaciones para permitir las gobernabilidad de la mayoría del PP, en caso de que los diputados investigados se "rebelaran" contra el partido y tuviera "problema de votos", el vicepresidente ha instado a los socialistas a preocuparse de su "unidad interna". Así, cree que primero deben "superar la profunda división interna".

Rubalcaba dice que el PSOE ha intentado que la gestión de Bankia se investigara y debatiera en el Parlamento

ALICANTE.- El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado que su partido ha intentado que la situación de Bankia y las posibles responsabilidades de su gestión se debatiera e investigara en el Parlamento antes que en los tribunales, ya que se ha mostrado partidario de que las formaciones políticas "hagan las cosas por sus pasos habituales o reglados".

   Rubalcaba se ha expresado en estos términos durante la conferencia ofrecida en el Club Información, en la capital alicantina, titulada 'Perspectivas ante la crisis', al abrirse un turno de preguntas para los asistentes al acto, y después de que una de estas cuestiones estuviera relacionada con la iniciativa de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de llevar la quiebra de Bankia a los tribunales, y no lo hayan hecho los socialistas.
   Así, el líder nacional del PSOE ha recordado que desde su partido se han denunciado diferentes aspectos de la gestión de la entidad en repetidas ocasiones, así como se ha solicitado la comparecencia de sus responsables y de representantes del Banco de España, entre otros.
   Igualmente, ha incidido en la solicitud de su formación de crear una comisión de investigación sobre la gestión tanto de Bankia como de otras entidades de la Comunitat Valenciana, Cataluña o Galicia, "que también han recibido ayudas públicas".
   No obstante, y en cuanto a la medida de UPyD de llevar ante la Justicia la gestión de la entidad, Rubalcaba ha señalado que el es partidario de que los partidos políticos "hagan las cosas por sus pasos habituales o reglados". "Un partido debate sus cosas en el Parlamento, investiga en el Parlamento, y de ahí, si no hay resultado o se aprecia alguna anomalía, vamos a los tribunales", ha agregado.
   En este sentido, ha puesto el ejemplo de la entidad británica Barclays, de la que ha resaltado que "tres días después de producirse el escándalo, sus responsables ya estaban en la Cámara", en alusión al órgano de gobierno de la nación. "Eso echo de menos. Ahora, lamentablemente, la Justicia actúa y no lo hace el Parlamento", ha añadido.
   Del mismo modo, la situación actual de Bankia ha sido empleada por Rubalcaba como uno de sus argumentos durante la charla que ha ofrecido en Alicante ante cerca de 400 personas, y en la que ha expuesto sus ideas sobre el origen de la actual crisis económica y ha tratado de plantear posibles soluciones.
   El secretario general socialista ha considerado uno de los aspectos que ayudan a entender la situación económica española desde los meses en los que gobierna el PP es el del rescate financiero, una medida que, a su juicio, "el tiempo dirá si se podría haber evitado si la gestión de Bankia hubiera sido diferente". "El caso de Bankia es el disparate más colosal que se recuerda", ha expresado.
   A su juicio, el rescate de las entidades bancarias ha creado incertidumbre en los accionistas y sobre los mercados financieros, y ha manifestado que la inyección de dinero público, además de "ayudar a los bancos", no puede "olvidar a los ciudadanos".
   En la misma línea, y además del rescate financiero, ha calificado como "políticas nocivas" del actual Gobierno de España los paquetes de ajustes implementados desde la llegada del PP al Ejecutivo nacional, y la reforma laboral.
   Con respecto a las políticas 'populares', ha acusado al gobierno de Mariano Rajoy de haber conseguido que "lo que antes estaba mal, ahora esté peor, y lo que estaba bien, ahora está mal". 
"Ha aumentado extraordinariamente la desigualdad en España, por la tozudez de mantener políticas de austeridad", ha enfatizado, entre las que ha mencionado la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, el fin de las ayudas a los desempleados de larga duración, el incremento en el precio de los medicamentos, o la reducción de las partidas para becas educativas.
   Según ha recalcado, "el Gobierno de Rajoy recurre siempre a la ley de la herencia recibida", y ha destacado que el pasado Consejo Europeo, en el que se decidió el préstamo directo de dinero a las entidades bancarias para "que ellas resuelvan sus problemas", puede marcar "un antes y un después, y debería ayudar a solucionar algunas cosas".
   Rubalcaba ha opinado que si François Hollande no hubiera llegado al poder en Francia "este giro no se habría producido", y ha expresado que "lo mejor que ha pasado desde que el PP está en el Gobierno de España" es la victoria del socialista francés.
   En cuanto a posibles soluciones a la crisis económica, el dirigente del PSOE ha manifestado que el "deseo" de su partido es que se establezca una unión fiscal, bancaria y social, "que ayude a luchar contra el déficit de la Economía y contra el democrático".
   Además, ha recalcado que en los últimos seis meses, España ha perdido confianza "dentro y fuera porque se ha hecho lo contrario de lo que se había prometido", y ha apuntado que el Ejecutivo 'popular' ha provocado esa situación al "esconder los presupuestos para ganar unas elecciones, o cuando dice que el rescate no es un rescate".
   No obstante, ha subrayado la necesidad de fijar "una hoja de ruta" para el país "que combine austeridad y crecimiento", y de "hablar de la cohesión social y no de recortar sin pensar en los derechos de los ciudadanos".
   También ha valorado la importancia de negociar el sistema financiero, y abordar el conjunto de las administraciones públicas y de las grandes instituciones del Estado, algunas de las cuales, a su juicio, hay que retocar. Para cumplir estos objetivos, ha considerado que tanto el PSOE como el PP, los sindicatos, la patronal y los colectivos sociales tienen que colaborar y trabajar para salir "de una situación difícil".

Rubalcaba opina que en la Comunitat Valenciana existe una "acumulación tremenda de casos de corrupción"

ALICANTE.-   El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha considerado que el "problema" en la Comunitat Valenciana en cuanto a los casos de corrupción política es que "hay una acumulación tremenda", después de que este jueves un juez haya pedido para la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, la imputación de los delitos de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho, en relación a la pieza del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

   Rubalcaba se ha expresado en estos términos durante una conferencia, al abrirse un turno de preguntas para los asistentes al acto, y después de que una de estas cuestiones hiciera referencia a la petición del titular del juzgado nº 5 de Alicante, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, ha solicitado la imputación de Castedo y de Alperi, por los presuntos delitos de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
   Así, el líder de los socialistas ha manifestado que no es partidario de decirle a nadie lo que "hacer en su casa, como tampoco" le gusta que se le digan a él, si bien ha apuntado que, en su opinión, el problema de la Comunitat es que "llueve sobre mojado, hay una acumulación tremenda", y ha instado al PP valenciano a "hacérselo mirar".
   Al mismo tiempo, ha recordado unas palabras de la primera edil de Alicante, pronunciadas en junio de 2011, en las que subrayó que en España se vivía en "un estado absolutamente policial" y que tenía "miedo" de que el por entonces candidato socialista a las elecciones generales fuera Rubalcaba, "un personaje siniestro", a su juicio.
   "Parece que ahora no es la policía de Rubalcaba sino la de Fernández", en alusión al actual ministro del Interior, Jorge Fernández, "y a ti --a Castedo-- te va igual de mal", ha expresado.
   No obstante, ha mostrado su intención de ser "cauto y prudente" en este tema, y ha resaltado que si en el PSOE, algún militante aparece implicado en alguna causa de corrupción, se le aparta de militancia hasta que se resuelve el proceso, momento en que se toman las medidas oportunas en función de la resolución.
   En cuanto a la Comunitat, ha incidido en que la "ciudadanía puede pensar que tenía gobernantes que pensaban en otras cosas", y ha considerado que la región vive una crisis "no sólo económica, sino también moral e institucional".