sábado, 8 de diciembre de 2012

EUPV pedirá que el IVIE haga un estudio sobre el impacto económico de la corrupción en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- El grupo parlamentario de Esquerra Unida presentará en las Corts una proposición no de ley para que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) realice un estudio del impacto macroeconómico de la corrupción en la Comunitat Valenciana.

   Así lo ha anunciado en un comunicado el portavoz adjunto de la formación, Ignacio Blanco, que ha lamentado que la valenciana es una de las comunidades "con más casos conocidos de corrupción y también una de las que peor está evolucionando económicamente durante la crisis". Por ello, quieren saber "hasta qué punto el primer fenómeno contribuye al segundo, agravando las condiciones de vida de millones de personas".
   El diputado ha recordado que el 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas y que el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, "reconoce que la corrupción crea desigualdades y frena el desarrollo económico".
 "Y eso lo sabemos y lo sufrimos en el País Valencià, donde somos líderes tanto en diputados imputados como en familias desahuciadas", ha destacado Blanco.
   El objetivo de EUPV es lograr "poner números a un problema que trasciende las cantidades concretas de dinero público malversado en cada caso de corrupción conocido", ya que, en su opinión, "su efecto va más allá al generar desigualdades, pérdida de oportunidades, costes de financiación y desconfianza en el funcionamiento de las instituciones".
   "Medir en términos macroeconómicos el impacto de la corrupción ayudaría a tomar conciencia de la dimensión del problema y a acabar con la permisividad social que se percibe en algunos casos", ha insistido Blanco, quien ha considerado que el instrumento adecuado para llevar a cabo ese estudio es el IVIE, una sociedad participada por la Generalitat Valenciana y que recibe cada año financiación de los Presupuestos de la conselleria de Hacienda.
   Blanco ha recordado que el Consell ha utilizado este órgano para medir el impacto económico de determinadas inversiones como los grandes eventos, por lo que ahora es necesario "que evalúe el daño que la corrupción hace tanto a las finanzas públicas como al funcionamiento general de la economía valenciana".
   El diputado de izquierdas ha señalado que un reciente estudio de Transparencia Internacional revela que los países de la Unión Europea más afectados por la crisis económica son también aquellos que obtienen peores resultados en el Índice de Percepción de la Corrupción 2012, en el que España obtiene la misma puntuación que Botswana.
   "Evidentemente, uno de los factores que favorecen la corrupción es la falta de transparencia, y en ese sentido hemos de lamentar que un año más la Comunidad Valenciana se sitúa a la cola en el índice publicado por esa ONG, concretamente en el antepenúltimo lugar, sólo por delante de Castilla-La Mancha y Murcia", ha apuntado.
   Blanco ha lamentado que la mayoría absoluta del PP en las Corts "rechazará la proposición de Ley de Transparencia presentada por su grupo" y ha mostrado su esperanza en que "algún día el PP se dé cuenta de que la corrupción, además de degradar la democracia, nos hace más pobres".

La Audiencia Provincial de Valencia anula por "abusivos" los intereses de demora de un préstamo hipotecario al 18%

VALENCIA.- La sección séptima de la Audiencia Provincial de Valencia ha anulado por "abusiva" la cláusula de una entidad financiera que fijaba el interés de demora de un préstamo con garantía hipotecaria suscrito en 2006 en el 18%, cuando éste no puede superar la cuota anual de 2,5 veces el interés legal del dinero, que en ese momento era del 4%.

   Así consta en la sentencia, de fecha 4 de diciembre de 2012, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que detalla que los hechos se remontan a 2006, cuando los reclamantes suscribieron con Unión de Créditos Inmobiliarios un préstamo con garantía Hipotecaria de 222.530 euros.
   Cuando los firmantes no pudieron afrontar el pago de las cuotas, la entidad solicitó la ejecución hipotecaria y la vivienda fue subastada por un importe de 163.220 euros, cantidad superior a los 162.576 euros de principal que reclamaba la entidad, que no obstante siguió reclamando el pago de los intereses de demora.
   El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Sagunto acordó en 2011 fijar esos intereses en 24.353 euros, en un auto en el que la Audiencia Provincial advierte la omisión del examen de oficio de la cláusula del contrato de préstamo que fija un interés de demora del 18%.
   Por ello, procede a examinar de oficio el carácter "abusivo" de la citada cláusula y recuerda que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de julio de 1984 establece que "se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente en contra de las exigencias de la buena fe que causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes".
   Asimismo, recuerda en la sentencia que la Ley de Crédito al Consumo de marzo de 1995 señala que no se podrá aplicar un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero. También recuerda que la Ley de 2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales fija el interés moratorio en el primer semestre de 2006, cuando se formalizó la escritura pública de préstamo, en el 9,25 por ciento y del 9,83 por ciento en el segundo, "muy inferior al 18 por ciento".
   Por ello, declara la nulidad de la cláusula del contrato y desestima la liquidación de los intereses de demora solicitada por la financiera, en virtud de una directiva europea que permite a los estados eximir de cláusulas abusivas a los consumidores sin perjuicio de que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en el resto de términos. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

El nuevo mapa de titulaciones de la Comunitat Valenciana incluirá carreras universitarias íntegramente en inglés

VALENCIA.- El nuevo mapa de titulaciones de la Comunitat Valenciana en el que trabaja la Conselleria de Educación incluirá, de forma paulatina y "allí donde haya capacitación del profesorado" titulaciones universitarias impartidas de forma íntegra en inglés.

   Así lo ha indicado la titular del ramo, María José Català, que ha explicado que el objetivo es implantar ya el próximo curso grupos en inglés en los Grados, que convivirán con los grupos ordinarios ya existentes de la misma carrera.
   Los alumnos que se matriculen en la titulación en inglés recibirán las clases y se examinarán en este idioma, con lo que concluirán su formación con un alto conocimiento de la lengua extranjera, tanto a nivel oral como a nivel escrito, ha indicado la Generalitat en un comunicado.
   Con esta medida se pretende "ofrecer a los alumnos valencianos nuevas vías de formación que les permitan salir de la universidad con un amplio dominio del inglés", tanto a nivel general como de conceptos técnicos necesarios en el desarrollo de la profesión y el acceso al mercado de trabajo.
   La Conselleria de Educación está realizando este curso un estudio para racionalizar el mapa de titulaciones universitarias de la Comunitat Valenciana con el objetivo de adecuarlas y vincularlas al mercado laboral para mejorar la empleabilidad de los universitarios.
   En el curso 2010/11, la Generalitat puso en marcha, en colaboración con las universidades públicas valencianas, los denominados grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA), en los que cursan sus estudios 1.413 alumnos que reciben su formación universitaria en inglés.
   Para poder acceder a esta vía el estudiante debe acreditar un nivel de conocimiento B2 o equivalente del Marco Común Europeo de Referencia y el número de alumnos que cursaron este tipo de titulaciones en el curso 2011/12 creció en un 144% respecto al curso anterior.
   En estos momentos, la Comunitat cuenta con 23 titulaciones que imparten su docencia en inglés dentro de los grupos ARA. En concreto, la Universidad de Valencia cuenta con ocho titulaciones, la Universidad Jaume I de Castellón con siete, la Universidad Politécnica con cinco y la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante con una titulación cada una.