lunes, 30 de agosto de 2010

Canal 9 y Mediapro se enzarzan en su particular guerra del fútbol

VALENCIA.- Canal Nou-Televisión Valenciana ha emitido un comunicado en el que afirma que Mediapro adeuda al canal autonómico valenciano veinticinco millones de euros y en el que admite que figura como deudor con esta empresa por 10 millones de euros.

El comunicado se ha difundido tras la celebración el pasado fin de semana de los partidos correspondientes a la primera jornada de Liga, en la que las cámaras de TVV no fueron autorizadas a acceder a los estadios donde se jugaron los partidos de los equipos de Primera y Segunda División de la Comunitad Valenciana.

Para este fin de semana estaban fijados los encuentros de Primera División Hércules-Athletic de Bilbao, Málaga-Valencia, Levante-Sevilla y Real Sociedad-Villarreal y los de Segunda, Valladolid-Villarreal B y Elche-Recreativo.

En el comunicado, el canal valenciano afirma que "quiere hacer pública su total indignación ante la actitud adoptada por Mediapro, accionista de La Sexta, consistente en impedir el acceso de los equipos de TVV a los estadios de fútbol de Primera y Segunda División A el pasado fin de semana".

"Esta medida ha sido adoptada por Mediapro sin previo aviso directo a TVV y utilizando a Forta y a los clubes de fútbol como interlocutores", prosigue el texto.

TVV añade que "según el contrato firmado por ambas partes el 25 de agosto de 2006, TVV ostenta los derechos de transmisión en abierto hasta el final de la temporada 2010/2011 de un partido de fútbol por jornada de Primera División, así como los derechos de emisión de los resúmenes de los partidos de Primera y Segunda de cada jornada y el derecho de transmisión de un partido de fútbol por jornada de Segunda División, algo que se ha incumplido este pasado fin de semana".

El canal autonómico valenciano añade que "Mediapro se encuentra en una situación de concurso de acreedores y que, según el estado de cuentas que ellos mismos presentaron ante el juzgado, Televisión Autonómica Valenciana figura como el segundo principal acreedor con la cantidad reconocida de 25 millones de euros".

También indica que Televisión Valenciana "figura como deudor con la cantidad de 10 millones de euros".

Al canal valenciano le "llama la atención" que "las comunicaciones enviadas por Mediapro a largo de este fin de semana para impedir la entrada de los equipos de TVV en los estadios no han sido realizadas por los administradores concursales designados por el juzgado".

"Esta situación se ha producido tras los diversos intentos por parte de Mediapro de que TVV renueve el contrato con Mediapro, que vence al final de la presente temporada. Algo que TVV se ha negado a realizar en los términos en los que se le ha planteado", prosigue el texto.

"Televisión Valenciana espera que esta situación se reconduzca en las próximas horas y se cumplan todos los términos del contrato que se encuentra en vigor", concluye el comunicado de Canal Nou.

No hay pruebas decisivas contra los detenidos en el 'caso Polop'

VALENCIA.- Cuatro de los siete detenidos en noviembre de 2009 en la operación policial del llamado caso Polop están hoy en libertad bajo fianza. Los dos supuestos sicarios checos sospechosos de haber disparado contra el ex alcalde, Alejandro Ponsoda, en octubre de 2007 siguen en prisión, pero porque no pueden pagar la fianza. Ya han pedido que se les rebaje. El séptimo está en prisión, pero porque está condenado a seis años de cárcel por otro delito del que fue juzgado estando ya encarcelado.

Y cada vez está más extendida la opinión de que no hay pruebas concluyentes contra ellos y de que la causa pende de un hilo: más allá de la declaración de un testigo protegido al que le ofrecieron matar a Ponsoda en el verano de 2007 y que entonces no sólo no denunció aquella trama, sino que ofreció los nombres de quienes podían ejecutar su plan.

¿Cómo es posible que la Unidad Operativa de la Guardia Civil, que ha investigado y resuelto casos como los asesinatos del alcalde de Fago, de dos jóvenes en Càlig o del asesino en serie de Castellón, Joaquín Ferrándiz, todavía no haya conseguido cerrar este? ¿Por qué los casi 30 agentes que investigaron el caso Polop no tenían ni una sola prueba un año y medio después del homicidio de Ponsoda?, se pregunta hoy 'El País'.

Lo cierto es que en el seno del equipo que ha llevado a cabo la investigación, hay preocupación. Existe desde que se decidió iniciar las detenciones. Fue precipitado. Desde entonces, la duda sobre lo que realmente ocurrió, y sobre todo, las dudas sobre las posibilidades de probarlo y a quién o quiénes imputar, han ido creciendo.

Nueve meses después del espectáculo mediático en el que se convirtió la sucesión de arrestos, todos los detenidos siguen negando su vinculación con el asesinato, siguen sin aparecer las armas del crimen y la declaración este mes en la República Checa de una camarera del club cuando se produjeron los hechos contradice la del testigo protegido.

"La realidad es que la Guardia Civil le otorgó veracidad a una declaración sin tener todos los cabos atados y el arresto de siete personas durante meses no se corresponde con las pruebas acumuladas", afirma un conocido abogado penalista de Alicante.

El 3 de noviembre de 2009 la Guardia Civil detuvo de casualidad en Albatera a Raúl Montero Trevejo. Ese día entró en prisión acusado de haber participado en un compló para asesinar al ex alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP. Fue él quien, según las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, facilitó las dos pistolas, probablemente manipuladas, que dispararon contra el alcalde a las puertas de su casa hasta causarle la muerte.

La policía estuvo esperando tras la detención de Trevejo a que pasara algo, porque no tenía pruebas concluyentes contra nadie. Tan solo la declaración de un testigo protegido de nacionalidad portuguesa, que en julio de 2009 desveló una reunión en el reservado del club Mesalina, a las afueras de Benidorm en dirección a Finestrat, donde le ofrecieron en agosto de 2007 matar a Ponsoda.

Él se negó y, según dijo en dos declaraciones sin aparentes contradicciones, propuso a los presentes tres nombres para llevar a cabo el macabro plan. Era conocido que este testigo protegido tenía antecedentes penales y había trabajado de mercenario para gobiernos y guerrillas en algunos países africanos, donde reconoció en su declaración haber matado a gente.

Para colmo, había denunciado al club Mesalina, donde dijo que trabajaba de portero en el verano de 2007, por despido improcedente, tras haber estado un año de baja laboral. Sin embargo, una camarera del reservado, de nacionalidad checa, declaró este mes que el testigo portugués empezó en el club en la primavera de 2008, y él mismo reclamó la indemnización a la empresa por su despido desde julio de ese año.

Todo lo demás que había acumulado la investigación referido al crimen eran indicios y sospechas. Para mayor complicación, provenían del ámbito de la prostitución, donde resulta más difícil vigilar o controlar a cualquier sospechoso. Y las decenas de pinchazos telefónicos practicados con orden judicial tampoco habían desvelado gran cosa.Hasta siguen sin ser identificados un hombre y una mujer rubia -los datos que ofreció el testigo- que habrían participado en la reunión del reservado donde se fraguó el asesinato.

Las fuentes jurídicas consultadas, que prefieren guardar el anonimato, se sorprenden precisamente por la dimensión que se dio al único testimonio que construía una historia de corrupción y venganza para acabar con la vida del que fuera alcalde de Polop. "La prisión provisional es una medida muy excepcional, que debe aplicarse con extraordinaria cautela porque implica un recorte de derechos.

Se supone que se valoró el riesgo, probablemente de fuga, aunque se pueden activar mecanismos de control de movimiento, y que se valoró la posible contaminación de los testimonios si se dejaba en libertad a los supuestos implicados, pero no parece suficiente teniendo en cuenta lo que después se ha sabido", afirma un fiscal.

"Da la sensación de que no se ha trabajado en equipo", asegura una magistrada. "No es tan fácil valorar un testimonio de esta naturaleza, ¿por qué tiene que ser menos creíble que otro? Lo importante, en cualquier caso, es la solidez de los indicios, más allá de la testifical", replica otro juez. "Es difícil tener una opinión de una causa que sólo conocemos por los medios de comunicación. La información lleva a pensar que podría haber habido alguna precipitación, pero sería prudente valorar los parámetros que manejan los investigadores", apostilla otro.

El 15 de noviembre, un domingo, la UCO detuvo en Polop a Salvador Ros cuando salía de un bar. Tenía un billete de avión para el día siguiente. Se iba a China, supuestamente a comprar calzado que luego vendía como fabricado en España cambiando las etiquetas de los zapatos, según han desvelado a este periódico algunas ex trabajadoras de sus tiendas. Su detención precipitó un rosario de arrestos por el sistema de goteo.

Tres días después de la detención de Ros se produjo la del gerente del Mesalina, Ariel Gatto, de nacionalidad uruguaya e íntimo amigo del empresario, con quien, según descubren las transcripciones telefónicas, se habría dedicado a la extorsión.

Gatto, que además ejercía de agente de mediocres futbolistas de su país, había sido investigado por la denuncia de un trabajador en noviembre de 2007, un mes después de perpetrarse el asesinato de Ponsoda. La Guardia Civil entró en el Mesalina buscando a empleados en situación irregular y encontró en su bolsillo 17,5 gramos de cocaína.

Otros dos días después que Gatto cayeron los dos supuestos sicarios de nacionalidad checa y Pedro Hermosilla, uno de los dueños del Mesalina, otrora un prostíbulo de lujo y una de las localizaciones de la película Huevos de Oro, que dirigió Bigas Luna y protagonizó Javier Bardem.

El 24 de noviembre era detenido, finalmente, Juan Cano. La última reunión entre la juez que instruyó el caso y la UCO fue al filo de la medianoche del día 23, en plena calle, frente a las puertas del jardín de La Barbera, en La Vila. De allí salió la Guardia Civil por la autopista de peaje para hacer diez kilómetros y detener a Cano, que ya dormía.

Casi todos los agentes habían estado consumiendo grandes cantidades de café y bebida energética pocas horas antes a la vista de los periodistas que esperaban la finalización del interrogatorio de Hermosilla. "Todo ha parecido estar acompañado de un alto grado de improvisación", reconoce un secretario judicial de la Marina Baixa con más de 20 años de ejercicio.

Lo cierto es que, al margen del asesinato, la policía tenía otras razones para actuar contra todos los detenidos. Trevejo fue juzgado mientras estaba en la cárcel y le cayeron seis años por un delito de tráfico de drogas. Ros podía ser investigado por extorsión y falsificación de calzado; los dos checos tenían antecedentes porque habían sido detenidos una par de veces, una de ellas en un chalé de Paterna en el marco de una operación internacional en la que fueron arrestadas 14 personas de diferentes nacionalidades.

Gatto tenía pendiente un juicio por tráfico de drogas, delito del que fue absuelto. Pedro Hermosilla había sido condenado a dos años por delitos contra los derechos de los trabajadores y de Cano ya había indicios suficientes como para abrir una causa separada por los supuestos delitos que habría cometido en la gestión del urbanismo de Polop como concejal y alcalde, como así ha sucedido.

Si en algo coinciden todas las fuentes consultadas es en la gran capacidad de trabajo de la magistrada que ha instruido el caso. "Probablemente ha cometido el error de dejarse llevar por la fiscalía y la UCO, dada la fama de resolver casos difíciles que atesoran", confirma una fuente judicial. Otra de las actuaciones de la Guardia Civil mientras investigaba fue solicitar un cambio de fiscal, que finalmente llegó en abril de 2009 con el nombramiento de Lourdes Giménez Pericás como fiscal del área de Benidorm. Desde entonces, encontraron más facilidades.

La juez fue desestimando uno a uno todos los recursos presentados por los abogados de los detenidos contra los autos de prisión que había dictado. Hasta que el 18 de junio la Audiencia de Alicante aceptó dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros (luego rebajada a 20.000) a Robert Franek, uno de los dos checos. El 28 de julio hizo lo propio con Salvador Ros con fianza de 12.000 euros. Así que la decana de los juzgados de La Vila, harta de que le enmendaran la plana, rectificó por si misma y el 30 de julio decretó la libertad de Juan Cano, Pedro Hermosilla, Radim Rakowski y Ariel Gatto bajo fianza de 12.000 euros, "una suma ridícula atendiendo a la gravedad del delito de asesinato que se les imputa", dicen todos los abogados consultados

La sorpresa por cómo evoluciona la causa es el sentimiento común. Y la crítica más extendida entre las fuentes consultadas apunta a la investigación de la Guardia Civil. Quien la dirigió no está ahora al frente de la unidad que se hizo cargo del caso. Y los que lo heredaron han puesto internamente en duda la idoneidad de algunas decisiones tomadas. La que más, el momento en el que se iniciaron las detenciones, cuando aún faltaban cosas por atar, cuando los supuestos implicados aún no se habían relajado lo suficiente como para evidenciar su posible participación en el crimen.

La segunda crítica es a la que se considera exagerada decisión de mantener a los sospechosos el tiempo que han estado en prisión. Bastaba, dicen, con tres meses, para evitar contaminaciones entre ellos, para intentar conseguir confesiones. Y la principal duda aborda el valor de un testimonio que podría haber estado viciado desde el principio si se tiene en cuenta quién es el testigo protegido.

"Tal vez algunas de las afirmaciones que ofreció se dieron por buenas porque eran lógicas, sencillas, oportunas, con apariencia de objetividad, y no se tuvo el celo de comprobar cada detalle, no porque tuviera antecedentes ni su perfil pudiera ser el de alguien dudoso, sino por responsabilidad, por seguridad", apostilla un miembro del ministerio público.

TVV acusa a Mediapro de impedirles el acceso a los estadios de fútbol "sin previo aviso"

VALENCIA.- Televisión Valenciana (TTV) ha expresado este lunes su "total indignación" ante la actitud adoptada por Mediapro, accionista de La Sexta, de "impedir" el acceso de los equipos de TVV a los estadios de fútbol de Primera y Segunda División A el pasado fin de semana coincidiendo con el inicio de la Liga 2010/2011 y ha asegurado que la empresa ha adoptado esta medida "sin previo aviso directo" a la cadena pública valenciana y utilizando a FORTA y a los clubes de fútbol como interlocutores.

TVV ha subrayado que, según el contrato firmado por ambas partes el 25 de agosto de 2006, la cadena ostenta los derechos de transmisión en abierto hasta el final de la temporada 2010/2011 de un partido de fútbol por jornada de Primera División, así como los derechos de emisión de los resúmenes de los partidos de Primera y Segunda de cada jornada y el derecho de transmisión de un partido de fútbol por jornada de Segunda División, "algo que se ha incumplido este pasado fin de semana".

Asimismo, TVV ha incidido en que Mediapro se encuentra en una situación de concurso de acreedores y que, según el estado de cuentas que ellos mismos presentaron ante el juzgado, la cadena pública valenciana "figura como el segundo principal acreedor con la cantidad reconocida de 25 millones de euros, mientras que figura como deudor con la cantidad de 10 millones de euros".

En esta línea, ha destacado que "llama la atención" que las comunicaciones enviadas por Mediapro a largo de este fin de semana para "impedir" la entrada de los equipos de TVV en los estadios "no han sido realizadas por los administradores concursales designados por el juzgado".

Según TVV, esta situación se ha producido "tras los diversos intentos por parte de Mediapro de que TVV renueve el contrato con Mediapro, que vence al final de la presente temporada", algo a lo que la cadena afirma que se ha negado a realizar "en los términos en los que se le ha planteado".

TVV espera que esta situación se "reconduzca en las próximas horas" y "se cumplan todos los términos del contrato que se encuentra en vigor".

Luna (PSPV) denuncia que Canal 9 no puede emitir los partidos de fútbol por la "política de despilfarro de Camps"

VALENCIA.- El síndic del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, ha denunciado este lunes que Canal 9 no puede emitir los partidos de los equipos de fútbol valencianos por la "política de despilfarro" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ya que ha asegurado en un comunicado que el Consell "ha gastado el dinero en grandes fastos y en regalárselo a amigos a través de contratos irregulares".

Para Luna, el hecho de que Canal 9 "no pueda emitir los partidos de los equipos de fútbol valencianos" es "un ejemplo contundente de las consecuencias que la política del despilfarro y del abuso del dinero público que ha venido practicando el gobierno de Camps durante años nos van a ocasionar en estos momentos".

Luna ha subrayado que "hace cuatro años, Camps permitía que las empresas de la 'trama Gürtel' se llevaran de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) millones de euros a través de contratos amañados que se produjeron con motivo de la visita del Papa".

Al respecto, ha apuntado que se trata de "sólo un ejemplo de las actuaciones que ha provocado que hoy el ente público no pueda emitir los partidos de los equipos valencianos, porque no paga lo que debe" y, como consecuencia de ello, "le impiden el acceso a los campos de fútbol".

El síndic socialista ha incidido en que lo que está sucediendo con el canal público valenciano es "un ejemplo más", porque "lo mismo está sucediendo con otros servicios públicos, con la educación, la sanidad, los dependientes, las sociedades musicales y los bomberos".

Según Luna, "en todos estos servicios y colectivos afectados por el despilfarro del Consell se tienen que recortar gastos, dejar de pagar a la gente e incumplir compromisos contractuales, porque no hay dinero".

"Porque ese dinero se ha venido despilfarrando en grandes fastos, en grandes eventos y en inauguraciones. Se ha regalado a los amigos a través de contratos irregulares y ahora llega la época en que hay que pagar lo más imprescindible, lo más necesario y la Generalitat no tiene dinero", ha indicado, y ha añadido que, "lamentablemente a esto nos ha llevado la práctica de la política económica del Gobierno de Camps en la Comunitat Valenciana".

Hacienda investiga los ayuntamientos en busca de fraudes urbanísticos

MADRID.- Recalificaciones, adjudicaciones de suelo, promociones que se multiplican en sitios remotos... Los ayuntamientos son responsables de la actividad que más riqueza ha generado en los últimos años, el urbanismo. Pero al calor de esa riqueza han surgido también fraudes monumentales. Consciente de esa realidad, la Agencia Tributaria rastrea los desarrollos urbanísticos de numerosos municipios con indicios de irregularidades. Esa información resulta clave para desentrañar casos graves de fraude inmobiliario, relata 'El País'.

Desde el año 2006, la Agencia ha pedido información a 55 municipios de forma directa, según explica un portavoz. Otras fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que esa cifra se puede "duplicar o triplicar" si se tienen en cuenta las peticiones que realizan por su cuenta las delegaciones autonómicas de este organismo. Así, la cifra más optimista elevaría esos requerimientos de información por encima de 150.

Andalucía encabeza la lista de comunidades con más municipios rastreados por la Agencia Tributaria. La intensa actividad urbanística de los últimos años, especialmente en la Costa del Sol, ha situado a los ayuntamientos andaluces en el foco de la Inspección. Este organismo recuerda que grandes operaciones de corrupción, como Malaya o Ballena Blanca, con Marbella como telón de fondo, se originaron a raíz de datos suministrados por la Agencia Tributaria. Y esos datos provienen en buena parte de estas pesquisas a los ayuntamientos.

Además de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña constituyen los territorios más investigados. De la Comunidad Valenciana es el único ayuntamiento concreto al que se sabe que Hacienda ha pedido información, el de La Vila Joiosa. Este municipio alicantino próximo a Benidorm ha experimentado un desenfrenado desarrollo urbanístico, con adjudicaciones dudosas (más de la mitad de los sectores del planeamiento urbano se encargaron a sociedades de promotores y empresas próximas al Partido Popular, según publicó este diario). La Agencia Tributaria rechaza facilitar los nombres del resto de ayuntamientos bajo la lupa.

Para seleccionar los consistorios, Hacienda identifica los de "mayor riesgo fiscal" por el volumen de actividad inmobiliaria que hayan experimentado. Este criterio descarta a la mayoría de municipios y centra las pesquisas en muy pocos, en muchos casos costeros. "No es tan relevante el número de ayuntamientos como las actuaciones que de ahí se derivan", aseguran en la Agencia Tributaria.

Con la información solicitada, Hacienda investiga las modificaciones de planeamientos urbanísticos municipales, la clasificación, el uso y la edificabilidad del suelo, los nuevos instrumentos de planeamiento municipal, las adjudicaciones de suelo... El objetivo es revisar si lo que hay sobre el papel se corresponde con el desarrollo urbanístico real.

Un portavoz de la Agencia Tributaria aclara que las irregularidades detectadas no siempre son imputables a los ayuntamientos. A veces el proceso municipal se ajusta a la legalidad, pero las promotoras se exceden (por ejemplo, construyendo más, subcontratando irregularmente...). En cualquier caso, los supuestos de fraude clásicos suelen implicar tanto corrupción de cargos públicos como ilegalidades empresariales.

La mayor parte de los casos de irregularidades urbanísticas se salda con la apertura de un proceso inspector, la liquidación de los impuestos defraudados (IVA, sociedades o tributos municipales, según el caso) y la imposición de sanciones. Pero algunos de los supuestos destapan un fraude de mayor magnitud que Hacienda deriva a la fiscalía por indicios de delito fiscal (cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros y existe intención de cometer fraude) o por otros como blanqueo de capitales o malversación.

Hacienda comenzó a pedir información a los ayuntamientos en 2006, a raíz del plan de prevención del fraude fiscal que constató la "fuerte percepción social de que el fraude está muy extendido en el sector inmobiliario". La Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, diseña la estrategia de control de los ayuntamientos y da instrucciones a las delegaciones regionales de la Agencia para que escruten la información.

El fraude urbanístico ha concentrado casi la mitad del trabajo de la Agencia Tributaria en los años del boom urbanístico. El 40% de los inspectores se dedicaba a esas tareas. Con el declive del sector a partir de 2008, los recursos se reorientaron y ahora los esfuerzos dedicados al fraude inmobiliario son menores, aunque el volumen de evasión fiscal sigue siendo muy importante.

Un vivero de corrupción

- La herencia del GIL en Marbella. El caso Malaya, que obligó a disolver la corporación municipal en 2006, está a punto de llegar a juicio. En el banquillo de los acusados se sentarán el próximo 27 de septiembre el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, tres ex alcaldes y otros 90 procesados.

- Billetes en la basura del alcalde de Manilva. El juicio por la corrupción en Marbella interrumpirá la vista del caso Ballena Blanca en Málaga. La fiscalía acusa de cohecho al ex alcalde de Manilva, Pedro Tirado, en cuya casa la policía encontró una bolsa de basura con 762.000 euros, supuesto pago por una recalificación.

- Urbanismo salvaje en Andratx. El ex alcalde del pueblo mallorquín Eugenio Hidalgo (expulsado del PP) cumple cuatro años de cárcel por edificar un chalé en suelo protegido. Las penas firmes del ex director general balear del Territorio, Jaume Massot, suman ocho años. Y quedan 30 causas penales por juzgar de una investigación que comenzó en 2006.

- El 'caso Pretoria' estalla en Santa Coloma. La corrupción hizo presa en la localidad barcelonesa. Una investigación culminada en mayo pasado implica al ex alcalde socialista, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, Lluís Prenafeta y Maciá Alavedra, dos ex altos cargos de CiU, todos bajo la batuta de Luis García Saéz, Luigi, ex diputado del PSC.

- Orihuela, epicentro del último escándalo. Unas grabaciones realizadas por un empresario dieron origen al caso Brugal, que se dio a conocer hace apenas unas semanas y que releva una trama de corrupción en torno a las contratas de basura de esta localidad alicantina. El juez imputa a la cúpula del PP en Orihuela, incluida la alcaldesa, y al presidente de la Diputación de Alicante, el también popular José Joaquín Ripoll.

- La alargada sombra de El Pocero sobre Seseña. La macrourbanización que promovía el constructor Francisco Hernando, El Pocero, en la localidad toledana fue uno de los símbolos del boom inmobiliario. El constructor dejó su obra a medio hacer (5.600 de las 13.200 viviendas previstas), pero la investigación continúa. La fiscalía acusó al ex alcalde socialista, José Luis Jiménez, que autorizó el proyecto urbanístico, de cohecho y prevaricación.

- Boadilla, el frente urbanístico de la trama Gürtel. La red que consiguió contratas de los gobiernos autonómicos de Madrid y Comunidad Valenciana estuvo muy activa en la localidad madrileña. La imputación en el caso forzó la dimisión de Arturo González (PP) y la policía pidió al juez la detención de su sucesor en la Alcaldía, Juan Siguero.