Piden a Vela que haga cumplir la Ley de Morosidad y recupere la confianza en la Generalitat

VALENCIA.- La patronal de las pequeñas y medianas empresas de Alicante ha urgido este martes al conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, a que haga cumplir la Ley de Morosidad y a que "trate de recuperar la confianza en la administración pública valenciana como agente económico fundamental en los mercados no financieros", que son "los que están generando trabajo día a día y los que pueden destruir mayor número de pymes y de puestos de trabajo que luego va a ser muy, muy difícil recuperar".

   Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas el presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro, al término de una "reunión privada" en la que ha expuesto a Vela sus "líneas maestras" de trabajo para lograr "unos sistemas de financiación más acordes con los nuevos momentos" y le han reclamado "bonificaciones e incentivos fiscales para la adquisición de viviendas" por el "importantísimo problema" que tienen para "sacar el stock" de inmuebles actual.

   En ese encuentro, ha pedido al conseller que "tome las iniciativas oportunas para que se cumpla con la Ley de Morosidad" dado el serio problema que supone para las pymes su incumplimiento, tanto por parte de "empresas grandes que están afectadas por los retrasos de la propia administración", como de otras "grandes o de cierto tamaño que no la cumplen y no tienen una justificación real financiera porque no tienen una dependencia de la administración".

   Según Navarro, Vela les ha indicado que si bien "el cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de la administración no es algo que se pueda cumplir de forma inmediata", en mayo cubrirán "una parte importante" de la deuda con proveedores con el nuevo plan de pagos y "en junio, con los hispanobonos, terminarán de solventarse grandes problemas que tienen las empresas y algún otro agente social que está involucrado en financiación dependiente de la Generalitat".

   Los representantes de las pymes de la Comunitat también están "muy preocupados por la concentración bancaria", con la consiguiente pérdida de los centros de toma de decisión de las entidades financieras de la Comunitat, y por la posibilidad de que "si en un futuro fuera necesario elevar determinado tipo de impuestos autonómicos, puedan tener el mismo criterio para subirlos a pymes y a cualquier otro contribuyente". 

"La pyme tiene que ser el bien jurídico a proteger en un futuro", ha reivindicado Navarro.

   En ese contexto, han solicitado a Vela que interceda por ellos para que alcancen una "participación activa" en "organismos que, hoy por hoy, son decisivos para la política económica y social de la Generalitat en el futuro", tales como el Comité Económico y Social de la Comunitat (CES) o el Consejo Valenciano del Emprendedor.

   Igualmente, quieren se les tenga "en cuenta" en el nuevo consejo de administración de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat. Al respecto, abogan por buscar "medidas de financiación alternativas" para evitar que "se convierta en una entidad salvada financieramente, pero inoperante, si no tiene más capacidad que la que marca el Banco de España para evitar la intervención".

   Así se lo ha trasladado el presidente de Cepyme Alicante a Vela, quien les ha explicado el acuerdo existente entre el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y las entidades financieras involucradas para aportar los 60 millones de euros que exige el Banco de España para evitar la intervención de la SGR y les ha confirmado que "tiene que haber una remodelación completa del consejo de administración".

   De cara al futuro, inciden en la necesidad de que cuente con "medidas alternativas de financiación" con las que "el centro de la toma de decisiones esté en la Comunitat Valenciana", tras ver "con muchísima preocupación" que los de CAM, Bankia y Banco de Valencia "pueden estar saliendo fuera de la Comunitat".

   Navarro ha avanzado que también trasladarán esas peticiones relativas a la SGR al conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, con quien se reunirán este miércoles en Alicante.

Más de 60 personas consiguen aplazar el desahucio de una familia en Almoines

VALENCIA.-   Más de 60 personas, entre vecinos, miembros de la Assemblea del 15-M Safor-Valldigna, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de la Safor y la Coordinadora pel Dret a l'Habitatge se han personado desde primer hora de este martes ante la casa de una familia que iba a ser desahuciada, y han conseguido aplazar el desalojo. 

   Según ha explicado en un comunicado la Assemblea 15-M Safor-Valldigna, "pese a los diversos intentos de negociación", la entidad financiera "había hecho oídos sordos a la situación de estas personas, entre las que se encuentran dos menores de edad, que hoy iban a echar a la calle".

   A su llegada en Almoines, la comisión judicial que iba a hacer efectivo el desahucio, "se ha encontrado en las puertas de la vivienda con esta barrera humana que, de manera pacífica, se ha colocado en las puertas de la casa".

   Ante esta situación, miembros de la comissió d'Habitatge de l'Assemblea del 15-M y de la PAH de València han mediado y, finalmente, la comisión ha desistido quedando, así, parado el desalojo de esta familia.

   Ahora, el desahucio ha quedado aplazado, formalmente, un mes más. No obstante, la Assemblea 15-M Safor-Valldigna ha explicado que desde los  juzgados de Gandia han asegurado que "dada la saturación de lanzamientos hipotecarios que tienen pendientes, puede que se alargue durante unos meses más".

   "Pero la situación de esta familia necesita una solución que los permita continuar con su vida, de una manera digna", ha destacado la asamblea. Por ello, tras conseguir aplazar el desahucio, se han desplazado a la sucursal bancaria en Gandia donde han intentado negociar, nuevamente, una solución.

   En concreto, han acordado con el banco que queda pendiente una nueva entrega de documentación para que valoren, de nuevo, la posibilidad bien de aceptar la dación en pago o bien de que puedan permanecer en el piso, a cambio de pagar un alquiler social.

La compraventa de viviendas cae un 26,16% en febrero en la Comunitat Valenciana, hasta 4.041

VALENCIA.- La compraventa de viviendas registró una caída del 26,16 por ciento en la Comunitat Valenciana en febrero respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 4.041 operaciones, frente al descenso del 31,8 por ciento registrado de media nacional, según la información hecha pública este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

   Así, las operaciones de compraventa de viviendas vuelven a caer en febrero en tasa interanual, con un descenso ligeramente inferior al registrado en enero, cuando disminuyeron un 26,4 por ciento.

   En ese periodo, la Comunitat fue la cuarta región con mayor número de transacciones, por detrás de Andalucía (5.562 operaciones), Cataluña (4.360) y Madrid (4.334). Estas cuatro comunidades aglutinaron el 59,5 por ciento de todas las compraventas efectuadas en el segundo mes de 2012. Por cada 100.000 habitantes, el mayor número de compraventas se dio en Baleares (104) y La Rioja (100).

   En tasa intermensual, la compraventa de viviendas descendió un 4,26 por ciento en febrero en la Comunitat respecto a las 4.221 transacciones registradas en enero.

   De las 4.041 compraventas de viviendas contabilizadas en febrero, 3.614 fueron sobre vivienda libre y 427 sobre vivienda protegida. En tasa interanual, las transacciones por compraventa de viviendas libres descendieron un 25,94 por ciento respecto a febrero de 2011 y las de protegidas cayeron un 27,99 por ciento.

   Durante ese segundo mes del año, la compraventa de viviendas nuevas se redujo un 9,16 por ciento respecto a febrero de 2011, hasta sumar 2.210 operaciones, mientras que la de usadas se contrajo un 39,77 por ciento, con 1.831 operaciones.

   Sumando las fincas urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana) y las rústicas, el total de fincas transmitidas en febrero en la Comunitat Valenciana fue de 20.367, de las que 4.074 son rústicas, 8.996 viviendas, 552 solares y 6.745 otras fincas urbanas. Según los mismos datos, esa cifra global supone un aumento del 2,42 por ciento respecto a la registrada el mismo mes de 2011.

EUPV acusa a Fabra de conducir el PP "desde el victimismo frente en Madrid al seguidismo absoluto"

VALENCIA.- El diputado autonómico de EUPV Lluís Torró, ha criticado al presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, de conducir a la formación 'popular' "desde el victimismo frente en Madrid al seguidismo absoluto". 

   Torró se ha expresado de esta manera en un comunicado por el aplazamiento, por segunda vez, del debate en el Congreso sobre la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana, que prevé equiparar las inversiones del Estado al peso de la población. El aplazamiento se produce porque las Corts todavía no ha nombrado a los ponentes que deben defender la iniciativa en el Congreso.

   El parlamentario considera que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "le incomoda muchísimo la propuesta y Fabra ha decidido agachar la cabeza frente al neocentralismo neoliberal del Partido Popular".

   "Esto ratifica que la postura de EUPV fue muy coherente porque, como ya dijimos en aquel momento, resultaba insuficiente y suponía un paripé destinado a mantener la estrategia de desgaste del Gobierno de Zapatero". Así, Torró también ha recordado que la reforma del Estatut "no aseguraba la participación de los ayuntamientos ni resolvía los problemas de fondo de la financiación".

   Para el síndico adjunto de EUPV en las Corts, "resulta vergonzosa y execrable la actitud de los políticos que actúan por tacticismo y son profundamente incoherentes con lo que dicen, es decir, que engañan descaradamente a la ciudadanía".

   Por ello, desde Esquerra Unida han reclamado un "nuevo modelo de financiación justa que garantice recursos adecuados para el País Valenciano y una salida social y ecológica a la crisis contra las imposiciones de los poderes financieros justificadas por las mentiras del neoliberalismo".

Diputados del PSPV se levantan del Pleno del Congreso en protesta por el aplazamiento del debate del Estatuto valenciano

MADRID.- Los diputados socialistas de la Comunitat Valenciana han abandonado este martes el hemiciclo del Congreso al inicio del pleno ordinario, en protesta por el nuevo aplazamiento del debate sobre la reforma del Estatuto de la autonomía, según ha explicado el secretario general del PSPV, Ximo Puig.

   El debate sobre la reforma del Estatuto --que pretende condicionar las inversiones del Estado en la región-- debía ser el primer punto del orden del día del Pleno de este martes, pero se ha aplazado por segunda vez en un año porque las Corts Valencianas siguen sin haber designado a la delegación de diputados que tendría que defender la iniciativa en Madrid.

   Para Puig, este nuevo retraso es "absolutamente impresentable", según ha declarado a los periodistas antes de participar, esta mañana, en una reunión del Grupo Parlamentario Socialista.

   En su opinión, el Gobierno regional ha "vendido humo" sobre la finalidad de la reforma estatutaria, la mejora de la aportación del Estado a la Comunidad, ya que, a su juicio, "no cree en la realidad de que los valencianos necesitan una mejora de la financiación". 

"Mienten y continuarán mintiendo, porque no es el interés de la región lo que les mueve, sino un interés partidario", ha subrayado.

   Finalmente, ha recalcado que el nuevo aplazamiento del debate supone que muy probablemente no se podrá aprobar en este periodo de sesiones, que termina en junio. Para Puig esta decisión contrapone con la realidad de la región que "es la que más dificultades tendrá para salir de la crisis".

El Consell autoriza la emisión de deuda pública durante 2012 por 1.336 millones

VALENCIA.- El Consell ha publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el Decreto por el que, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), se emitirá o contratará deuda pública a cargo del presupuesto 2012, por 1.336.304.200 euros, de acuerdo con el límite establecido en el artículo 35 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para este ejercicio. 

   De esta forma, el saldo de deuda a 31 de diciembre de 2012 no superará el correspondiente a 1 de enero de este año en más de 1.336.304.200 euros, si bien el límite quedará revisado automáticamente por las excepciones contempladas en el mismo artículo.

   El Decreto de creación de Deuda es aprobado cada año por el pleno del Consell, con posterioridad a la aprobación de la Ley de Presupuestos, donde se fija, para cada ejercicio, los límites máximos para las operaciones de Deuda Pública.

   En esta ocasión, y tal como fija la Ley 10/2011, de Presupuestos de la Generalitat para 2012, el Decreto ha sido presentado de forma conjunta por las Consellerias de Economía, Industria y Comercio, y de Hacienda y Administración Pública.

Puig advierte de que el recorte del Gobierno supondrá 1.000 millones menos para la Comunitat

MADRID.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha destacado este martes que el recorte anunciado en la jornada del lunes por el Gobierno, supondría un recorte adicional de 1.000 millones para la Comunitat Valenciana, lo que, según ha indicado, hará "imposible" que la educación y la sanidad "funcionen con normalidad" en la región.

   Así lo ha manifestado Puig, en el Congreso de los Diputados, al explicar que este nuevo recorte provocará una "situación dramática" en la Comunitat, ya que estos mil millones se suman a los 400 millones ya recortados a comienzos de año.

   En su opinión, "no es posible" que la Comunitat pueda funcionar con un recorte de esta magnitud, por lo que ha indicado que habría que exigirle al Gobierno del Consell que este "no puede ser el camino", ya que "la incerteza al rededor de la sanidad es una cuestión que no podemos admitir".

   Para el también diputado nacional, este desconocimiento sobre cómo se va a actuar sobre la sanidad en la región provocará que la Comunitat "deje de ser una sociedad avanzada, como tiene de ser".

   Asimismo, ha destacado que es "absolutamente impresentable" que el gobierno valenciano haya vuelto a aplazar el debate que debería tener lugar en la tarde de este martes, sobre el desarrollo del estatuto valenciano, que se orientaba a la financiación de la región.

   En su opinión, el Consell ha "vendido humo" con respecto al objeto de este debate, la mejora de la aportación del Estado a la Comunitat, ya que "no cree en la realidad de que los valencianos necesitan una mejora de la financiación".

   "Mienten y continuarán mintiendo, porque no es el interés de la región lo que les mueve, sino un interés partidario", ha subrayado.

   Finalmente, ha recalcado que la decisión del gobierno valenciano de aplazar este debate por no haber decidido la delegación que debería acudir, supone que muy probablemente en este periodo de sesiones no se pueda afrontar.

   Para Puig esta decisión contrapone con la realidad de la región que "es la que más dificultades tendrá para salir de la crisis", según ha indicado al aludir a un informe del BBVA.

La red de Gürtel recibió el pliego de Fitur 2005 antes de convocarse el concurso

VALENCIA.- Un nuevo informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) desvela que la red Gürtel recibió el pliego de condiciones técnicas de Fitur 2005 antes de que la Generalitat valenciana convocase el correspondiente concurso. De esta manera, Orange Market, que fue la adjudicataria final, pudo adecuarse a la oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos.

   Así se desprende de este informe policial, con fecha de 28 de marzo de 2012 y que ha sido remitido al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Ceres, encargado de instruir la causa de presunta financiación irregular del PPCV dentro del conocido como 'caso Gürtel'. En esta misma documentación la Policía sostiene que 'El Príncipe' es Felipe Almenar, presidente del grupo empresarial Cyes.

   Respecto al concurso de la feria, el informe recoge que Rocío Perea, trabajadora desde el año 2004 de varias empresas del grupo de Francisco Correa, recibió un correo electrónico, en fecha 4 y 5 de noviembre de 2004, con documentación relacionada con el evento Fitur de 2005.

   Entre la misma, se hallaba el pliego de condiciones técnicas de la feria que requirió la empresaria Isabel Jordán --e imputada en esta causa-- y que le fue remitido por Down Town Consulting --entidad que luego se convirtió en Easy Concept S.L.--. De esta manera, la red obtuvo estas condiciones antes de que se convocase el concurso, "pudiendo de esta manera adecuar Orange Market su oferta en base a los requisitos establecidos en dichos pliegos", según consta en el informe.

   Asimismo, consta que Rocío Perea recibió un total de 1.874,30 euros de la Caja 'B' del grupo entre los meses de febrero y abril de 2005, en forma de "gratificaciones" por su participación en la ejecución de los stands de Fitur 2005 o congresos valencianos.

   Por otro lado, y respecto a la misma persona, el informe recoge que Perea se ocupó de transmitir la petición de asesoramiento para definir la fórmula de adjudicación de unos servicios por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, siguiendo las instrucciones de Jordán.

   Por estos datos, la Policía mantiene que Perea era "plenamente consciente" de la "fraudulenta" forma de trabajar de la organización, como se ha podido comprobar en los trabajos efectuados al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y cómo esta persona participaba de manera activa en dicha actividad junto con Isabel Jordán.

   Otro de los puntos del informe de la Udef es la identificación de distintas personas vinculadas a los hechos objeto de la investigación. Y en este sentido, desvela que "a partir de datos objetivos" se "infiere" que la persona designada como 'El Príncipe', que aportó la cantidad de 200.000 euros a la sociedad Orange Market S.L., es Felipe Almenar.

   Asimismo, cita a Virginia Beltrán, trabajadora de Orange Market, quien participó en el proceso de elaboración y posterior modificación de diversas facturas emitidas por esta empresa, con destino a la sociedad Facsa, en el año 2007, así como en su ulterior envío al administrador único de esta entidad, tras su remisión previa a Pablo Crespo para su aprobación. En concreto, en uno de los correos, Beltrán envió al administrador de Facsa cuatro facturas, y le pidió que le facilitara una dirección de correo ordinario para poder enviarle las originales.

   El informe también hace referencia a Juan Enrique Sanz, administrador de la mercantil Juan Sanz S.L., que participó en el diseño del stand de la Comunidad Valenciana para Fitur 2009, adjudicado a Orange Market, de la cual era proveedor. La Policía señala que por parte de esta sociedad se elaboró, al menos, una factura a Orange Market con conceptos "ficticios" que no se ajustaban a la realidad del servicio inicialmente prestado, previa petición al respecto por parte de Cándido Herrero y que servían de cobertura a las facturas ficticias emitidas por Orange a nombre de la sociedad constructora Enrique Ortiz e Hijos.

   Por otro lado, el informe también alude a Isaac Vidal, ex director de marketing de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), y expone que su nombre figura en un documento en el que se detalla un listado de personas destinatarias de regalos de Navidad. En este listado también figura Salvadora Ibars, ex directora general de Promoción Institucional de la Comunitat.

   La Policía también examinó la agenda de Pablo Crespo y, tras ello, determina en su informe que existe una vinculación "directa" de la organización con responsables políticos y cargos públicos del PPCV, y que hubo correlación entre éstos y la obtención de negocio para la sociedad Orange Market.

   En esta agenda se plantea la posición previsible en los órganos de gobierno de la Generalitat valenciana tras las elecciones autonómicas de 2007, indicando que Víctor Campos, Ricardo Costa y Vicente Rambla estarían en el mismo; y cuáles eran sus objetivos, que pasaban por implicar a los responsables políticos como a Costa en las operaciones, de tal forma que vieran que la consecución de trabajos para Orange Market era también un logro personal de él.

   Asimismo, en esta agenda figuraba la intención de infundir tranquilidad sobre operaciones que realizaban en Valencia, entre ellas, la adjudicación de trabajos relacionados con la visita del Papa; y se indicaba que sus perspectivas de futuro pasaban por la obtención de muchos trabajos con el PPCV en forma de actos o acciones. También resaltaba el papel de 'Pedro García', ex director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), en las actividades de organización como persona que hablaba con los responsables políticos.

   De esta agenda intervenida también se deduce que la organización relacionaba, por un lado, el conjunto de actos y acciones de comunicación desarrolladas para el PPCV y el coste de las mismas y, por otro, la fórmula de financiación de esos servicios definiendo la deuda viva existente en un momento determinado diferenciando entre 'Deuda Final RC', integrada por las cantidades pendientes de pago con origen en actos de partido y acciones de comunicación; y la 'Deuda VR', construida a partir de las acciones de comunicación de las campañas electorales.

   Respecto a las siglas 'RC' y 'VR', la Policía señala que la organización de Correa las utilizaba para hacer alusión a la persona encargada del pago de la deuda generada con motivo del montaje de los actos y campañas de comunicación para la formación del PPCV. Identifica las primeras siglas con Ricardo Costa, y las segundas con Vicente Rambla.

   Otro apartado del informe se dedica a aportar información registral de la sociedad Down Town Consulting S.L., que en la actualidad se corresponde con la denominada Easy Concept Comunicación S.L. De la misma fue administradora única Isabel Jordán entre marzo de 2005 y octubre de 2007.

Esperanza Aguirre aboga por devolver al Estado las competencias de Justicia, Sanidad y Educación

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha abogado este martes por devolver al Estado las competencias de Justicia, Sanidad y Educación, "si España lo necesita", del mismo modo que opta por dejar en manos de los ayuntamientos los Transportes y los Servicios Sociales, todo ello para conseguir adelgazar la Administración y ahorrar de 48.000 millones de euros, según sus cálculos.

   "Si España lo necesita, las grandes competencias de las comunidades autónomas, desde luego la mía, la Sanidad, la Educación y la Justicia, pueden devolverse al Estado, y el resto, Transportes y Servicios Sociales, a los ayuntamientos", ha asegurado en rueda de prensa posterior a la primera reunión que ha mantenido con Mariano Rajoy desde que es presidente del Gobierno.

   Según sus cálculos, con estas modificaciones se conseguiría un ahorro de unos 48.000 millones de euros. "Nos quedaríamos sin empleo los políticos, pero ya buscaríamos", ha apostillado.

   Desde su punto de vista, la Justicia "es un poder del Estado" que no tienen por qué compartirlo las comunidades autónomas. "Si todo lo que hacemos las comunidades autónomas, unas competencias fueran para arriba y otras para abajo, se podría prescindir de altos cargos, parlamentos regionales, conductores, asesores, jefes de protocolo, edificios, alquileres...", ha enumerado.

   La jefa del Ejecutivo autonómico ha transmitido al presidente del Gobierno que es "vitalmente necesario adelgazar el Estado".

 "Tenemos que cortar radicalmente con las duplicaciones y triplicaciones de funciones que se producen en este momento. Hay que acabar con todo lo que sea superfluo para poder conservar y mejorar lo que es imprescindible", ha manifestado.

   Entiende que hay que revisar "de raíz" el Estado autonómico porque "no ha servido para aquello para lo que se creó", que era "integrar a los partidos nacionales de Cataluña y el País Vasco".

 "Justamente, catalanes y vascos, cuando llegó el café para todos, se sintieron menos integrados", ha añadido. A su parecer, el modelo ha servido para "complicar y encarecer el funcionamiento de las autonomías".

   En este ámbito, ha recordado que la crisis española está siendo seguida por analistas de todo el mundo que ponen de manifiesto "el gasto excesivo que representan las 17 comunidades autónomas o miniestados". 

 "Hay muchos de ellos que dicen que España no puede permitirse el lujo de mantener estos 17 entramados autonómicos", ha zanjado.

   Para emprender esta reforma, considera que es "imprescindible" la colaboración con el PSOE y llegar a consensos de Estado para "rectificar los errores" que, a su entender, han conducido a España a la situación "tan grave" por la que pasa en estos momentos. "Siempre y cuando el PSOE vuelva a la senda de la socialdemocracia moderada europea y no sea el aliado constante de los más radicales comunistas", ha precisado.

   Aguirre ha indicado que hay que ser "responsables los unos con los otros" y que no es "momento de quejarse para conseguir una posición preferente dentro de España".

 "Tenemos que comportarnos -- ha dicho-- como una gran familia que está en un mal momento económico. Es el momento de pensar en España. Como la unión hace la fuerza, creo que la unión será la causa de la pujanza, la garantía de que saldremos de esta haciendo las reformas que España necesita en profundidad", ha sostenido.

   La reunión, que ha durado cerca de una hora y 20 minutos y que fue solicitada por Aguirre a través de una misiva, ha estado centrada en la política nacional debido a la "difícil situación política y económica nacional" y porque, a juicio de la dirigente regional, no es tiempo de perderse en "cuestiones localistas ni de campanario".

   En este contexto, Aguirre le ha explicado a Rajoy que entiende que no se pueda salir de la crisis ni equilibrar las cuentas si no se reduce "drásticamente el déficit" y se toman medidas "verdaderamente profundas", y ha opinado que los tiempos de crisis son buenos para acometer este tipo de cambios porque hay más comprensión "que en tiempos de bonanza".

   Así, ha aseverado que hay que "dejar de sostener a todos los que pueden y deben sostenerse solos", como los partidos políticos, las patronales o los sindicatos, así como las rentas altas. "Por muy duro que sea, hay que comprender y aceptar que hay cosas que ya no se pueden subvencionar", ha matizado.

Ordóñez dice que el crédito no mejorará hasta que culminen las reformas económicas

MADRID.- El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha advertido de que el crédito no mejorará solo con la reestructuración financiera y que será necesario culminar las demás reformas económicas como la laboral o la reducción del déficit público, entre otras.

   "Hay que hacer la reestructuración bancaria, que es una condición absolutamente necesaria", afirmó Ordóñez, quien añadió que ésta "no será suficiente por sí sola para que el crédito vuelva a fluir" durante su intervención en el XIX Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte y Abc.

   Al respecto, el gobernador del Banco de España señaló que el crédito "no mejorará mientras no aumente la demanda solvente", por lo que consideró "importante acometer otras reformas económicas que den confianza a los consumidores e inversores".

   Entre estos cambios, Ordóñez mencionó la reciente reforma del mercado de trabajo y la reducción del déficit público que, aseguró, "si se usan adecuadamente, generarán ganancias de competitividad que aumentarán el crecimiento potencial de la economía":

   El gobernador del Banco de España declaró que todas estas políticas son "imprescindibles" para generar una demanda "solvente de crédito y para que un sistema bancario sólido pueda responder a esa demanda".

   En este sentido, Ordóñez explicó que habrá que "seguir ensayando" nuevos instrumentos para aumentar el crédito a las pymes, que "deberían transformarse en algún momento en decisiones políticas".

   Por otro lado, el gobernador del Banco de España afirmó que "no es probable que se vea pronto una fuerte recuperación de la economía española", ya que la salida de las crisis derivadas de un exceso de endeudamiento o de pérdida de competitividad dentro de una unión monetaria "son muy lentas y justamente por eso no se puede caer en la complacencia",

   Respecto a la reestructuración bancaria, Ordóñez consideró que "aún quedan muchas cosas por hacer" para dotar de un marco de actuación al sector que permita "afrontar con garantías las crisis del futuro".

   Ordóñez indicó que España debe seguir mejorando su competitividad para generar superávits corrientes durante "bastantes años" y poder así reducir su posición neta de deudora internacional. "Esto es imperioso mientras persista la peor consecuencia de la crisis del euro, que es la fragmentación de los mercados financieros", aseguró.

   Por último, Ordóñez alabó la Ley de Reforma de las Pensiones por haber introducido cambios "de calado histórico", que si se aplican de forma sostenible, permitirán que "no solo nosotros, sino también nuestros hijos puedan cobrar sus pensiones sin problemas".

El precio de la vivienda acumula un ajuste del 28,6% desde 2007

MADRID.- El precio medio de la vivienda cerró el pasado mes de marzo con un descenso del 11,5% respecto al mismo mes de 2011, con lo que acumula un ajuste del 28,6% desde 2007, ejercicio previo a la crisis, según la firma de tasaciones inmobiliarias Tinsa.

   Las caída más acusada se localiza en la costa mediterránea, donde el precio de los pisos se ha desplomado un 34,9% desde que estalló el 'boom' inmobiliario. Sólo en el último año disminuyó un 10,8%.

   Después se sitúan las capitales y las grandes ciudades, donde la vivienda se abarató un 12,6% el pasado año, con lo que el descenso acumulado desde 2007 alcanza el 30,8%.

   En el resto de áreas metropolitanas, el precio de los pisos se contrajo un 9,8% en los últimos doce meses, con lo que ya suman un ajuste del 29,4% desde el comienzo de la crisis, mientras que en el resto de municipios la contracción alcanza el 24,9%, un 12% en el último ejercicio.

   En cuanto a Baleares y Canarias, las viviendas redujeron su precio una media del 9,8% entre marzo de 2011 y el mismo mes de este año, de forma que ya se han abaratado en un 25% desde 2007.