martes, 30 de octubre de 2012

Los presupuestos de la Generalitat para 2013 caen un 9,08%, hasta los 13.940,45 millones, y la inversión baja un 42%


VALENCIA.-   Los presupuestos de la Generalitat valenciana para 2013 a nivel consolidado --administración general, empresas y demás organismos dependientes-- caen un 9,08 por ciento con respecto a los del ejercicio anterior, hasta los 13.940,45 millones de euros, mientras que la inversión se reduce en un 42,1 por ciento.

   Así lo ha indicado el titular de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado el anteproyecto de ley de Presupuestos. Vela ha destacado que son unos presupuestos "elaborados para salir de la crisis", marcados por la "austeridad", así como "realistas y responsables" y, sobre todo, "sociales y comprometidos con las personas, que mantienen todas las prestaciones sociales".
   En el apartado de gasto, el capítulo I --personal-- cae "algo más del 6,6 por ciento", aunque aumenta su peso relativo en el presupuesto, y el II --gastos de funcionamiento--, con un 91,5 por ciento para políticas sociales, desciende un 1,64 por ciento.
   Los gastos financieros --capítulo III-- aumentan un 55,3 por ciento debido al "aumento de estos gastos por la situacion de los mercados de deuda, al mecanismo extraordinario previsto por el Gobierno central de pago a proveedores y, por último, causado por la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica".
   Por su parte, las transferencias corrientes --IV-- caen un 20,5 por ciento gracias a la "política de austeridad emprendida desde la Generalitat" y a su "política muy conservadora, pero que al mismo tiempo persigue la eficacia, en la concesión de subvenciones", mientras que las operaciones de capital --capítulos VI y VII-- caen un 20,6 por ciento.
   Por áreas, el gasto social representa el 88,9 por ciento del gasto total no financiero de las cuentas y, en concreto, Sanidad aglutina el 38,8 por ciento, Educación un 32,1 por ciento y Justicia y Bienestar Social un 7,4 por ciento.
   Según ha apuntado Vela, la mayor disminución corresponde a la Conselleria de Cultura, Turismo y Deporte, y el aumento a Gobernación, único departamento que crece.

El Consell augura un 2013 "de recesión" aunque "más suave" que la experimentada este año

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha manifestado este martes que "2013 seguirá siendo un año de recesión, aunque será una recesión más suave que la experimentada en el ejercicio actual". 

   Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado el anteproyecto de ley de Presupuestos, que caen un 9,08 por ciento a nivel consolidado, hasta los 13.940,45 millones de euros, y un 42,1 por ciento en inversiones.
   Vela ha destacado que los presupuestos para el próximo año "ponen los medios para contribuir a salir de la crisis, para que se abra la puerta al crecimiento económico y a la creación de empleo y, en definitiva, para que se abra también la puerta de la confianza de los ciudadanos, pese a que 2013 seguirá siendo un año de recesión, aunque más suave que la experimentada en el ejercicio actual", ha dicho.
   El conseller ha repasado la coyuntura económica y las previsiones macroeconómicas a nivel internacional y europeo y, sobre la economía española, ha indicado que el Ministerio de Economía sitúa la tasa de variación interanual del PIB real en 2012 en -1,5% y en -0,5% en 2013, mientras que otros organismos auguran una contracción "algo más acentuada" del PIB español, del 1,8% en 2012 según la Comisión Europea, y del 1,6% y 1,5% según la OCDE y el FMI, respectivamente.
   Respecto a la economía de la Comunitat Valenciana, ha apuntado que, de acuerdo con el escenario previsto por la Dirección General de Economía y de la Universitat de València, "en términos reales, mostrará una contracción del 1,8% en 2012 y del 0,6% en 2013", con una aportación del sector exterior a ese crecimiento "positiva en 2012 y más aun en 2013, y superior a la de España".
   "Se espera que el pulso de la economía se recupere en la segunda mitad del 2013, como consecuencia de la capitalización del sector bancario", ha subrayado Vela, quien ha agregado que "se prevé que las medidas de política económica encaminadas en este sentido se llevarán a cabo entre finales de este año y principios de 2013".
   En ese contexto, la Generalitat ha elaborado unos presupuestos "para salir de la crisis, austeros", y en los que "las prestaciones sociales siguen siendo una prioridad para el Gobierno valenciano y se mantienen absolutamente todas ellas", en palabras del conseller, quien ha apuntado que "lógicamente, se enmarcan en el marco del Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Generalitat".
   El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha destacado que esas cuentas plasman su voluntad de "afrontar la complicada coyuntura actual con las medidas necesarias para cumplir con el objetivo del déficit, garantizar al mismo tiempo actuaciones que permitan recuperar la senda del crecimiento económico y preservar las políticas sociales que todos los valencianos merecen".
   A su juicio, las administraciones públicas deben "ser sostenibles con el nivel actual de ingresos, que es mucho menor que el de hace unos pocos años, para poder contribuir a la salida de la crisis". 
"No se puede gastar lo que no se tiene, y a esa máxima se someten estos presupuestos", ha sentenciado Císcar, quien sostiene que cumplir el déficit "es garantía de sostenibilidad económica y financiera".
   Preguntado por si es partidario de continuar con la política de austeridad o considera que se debería relajar, Vela ha subrayado que "la austeridad no tiene por qué ser desfavorable al crecimiento económico" y que, ante la caída de ingresos, "se disminuye o se quita lo que se considera menos prioritario".
   No obstante, ha apuntado que "la austeridad tiene un límite" y que "a poco que se recupere la economía, los presupuestos de la Generalitat lo notarán". De hecho, no descarta que, en dos años, las cuentas del Consell puedan crecer en 1.500 millones de euros.
   Por otro lado, a preguntas por la recepción de las primeras cantidades del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ha confirmado que efectivamente "llegaron ayer y hoy se efectúan ya los pagos", y que "todavía tiene que llegar una entrega en noviembre y otra entrega en el mes de diciembre" y que en 2013 se abrirá "un nuevo FLA".
   En cuanto al reparto de fondos de ese mecanismo, ha indicado que una vez descontada la cantidad para los vencimientos de comunidades autónomas, el montante restante se dedica a la segunda línea de liquidez y se reparte entre las autonomías adheridas al FLA.
   Además, ha explicado que esa cantidad a repartir se ve incrementada cada vez que se producen vencimientos de autonomías que no se han acogido al FLA y que, por tanto, no hacen uso de los fondos reservados a tal efecto. "A las comunidades autónomas del FLA les interesa que cuantos menos se acojan, mejor, porque la base a repartir será mayor para poder atender pagos", ha admitido Vela.
   En cuanto a la reivindicación de obtener más inversión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Císcar ha reiterado que hablan "continuamente y constantemente" con miembros del Gobierno central, incluido su presidente, al tiempo que ha remarcado que Mariano Rajoy "tiene sensibilidad con la Comunitat" y que, de hecho, "en menos de un año, ha hecho más que el otro en siete años".
   "Los presupuestos no nos gustan nada, pero los porcentajes no son equiparables porque la circunstancia era diferente", ha recalcado el vicepresidente, quien apunta que "si se hubieran tomado las medidas adecuadas, seguramente hoy habría más recursos".

Las farmacias de Valencia y Alicante cerrarán indefinidamente a partir del 5 de noviembre por los impagos del Consell

VALENCIA.- El Colegio de Farmacéuticos de Valencia y Alicante han aprobado por votación en sus respectivas asambleas el cierre indefinido a partir del lunes, 5 de noviembre, en el que cada día solamente abrirá al público una de cada tres farmacias, en turnos rotatorios, según han indicado fuentes del colegio de Farmacéuticos de Valencia.

   Este cierre indefinido viene provocado por la situación de impagos por parte del Consell hacia las farmacias, que las han situado en una "dramática situación que les ha forzado al cierre indefinido", según han indicado estas mismas fuentes.
   El Consell adeuda a los farmacéuticos cinco meses y medio después de abonar medio mes de abril y otro medio mes de mayo con los fondos del FLA. Un hecho que según interpretan desde el Colegio de Farmacéuticos "nos deja igual que estábamos, ya que este miércoles se sumará otro mes a la deuda".
   Este lunes los farmacéuticos ya se reunieron ante la "situación extrema de liquidez" que afrontan estos establecimientos que "hace imposible el normal abastecimiento de medicamentos para atender a la población" y que califican de "auténtica emergencia", según indicaron en un comunicado.
   Los farmacéuticos han calificado de "incompresible" que la Generalitat valenciana haya incluido en el primer tramo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) "sólo una factura de las cinco y media que adeuda a las oficinas de farmacia", a las que este mismo miércoles "debe añadirse otra correspondiente a las recetas dispensadas en septiembre".
   Por ello, ante una situación "de auténtica emergencia", y para evitar el "colapso total" de la prestación farmacéutica en la Comunitat, el Consejo de colegios y Confar han decidido proponer los cierres indefinidos, que se realizarán "hasta que abone el importe total de la deuda de la Generalitat, o cuando una nueva asamblea decida suspender o cancelar la medida".

Cañete afirma que el acuerdo con Marruecos tendrá un efecto "muy limitado" sobre las producciones

MADRID.- El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha sostenido este martes en el Senado que el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos tendrá un "efecto muy limitado a corto y medio plazo" sobre las producciones españolas y europeas, al tiempo que ha subrayado que la apertura del mercado marroquí constituye una "oportunidad".

   Arias Cañete ha señalado, no obstante, que para que el impacto de este protocolo sea realmente limitado es preciso que los mecanismos de protección que se han establecido "funcionen adecuadamente".
   "El Gobierno no escatimará en esfuerzos para ello", ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta.
   En este sentido, el ministro ha asegurado que su departamento hará un seguimiento de los precios a los que se comercializan los productos procedentes de Marruecos, especialmente los considerados más sensibles, como el tomate o el calabacín. Igualmente, en coordinación con la UE, se hará un seguimiento de los contingentes en las aduanas.
   Por otro lado, Arias Cañete ha explicado los aspectos de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que, a juicio de España, "deben ser analizados, modificados o matizados".
   En concreto, ha recalcado que el "presupuesto mínimo aceptable" para España es el que aparece en la propuesta de la Comisión y que mantiene la financiación de la PAC dentro del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 en el nivel de 2013: 371.700 millones para el conjunto del periodo. "El alcance de la reforma debe estar supeditado al mantenimiento de dicha dotación presupuestaria", ha subrayado.

Los entes públicos podrán hacer despidos colectivos con 20 días por año

MADRID.- Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

   A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
   El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.
   En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.
   Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".
   Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.
   También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.
   El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.  
   El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.
   En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.
   Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.
   El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días.
   No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.
   Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.
   Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).