domingo, 2 de octubre de 2011

El PP pide al Estado que presupueste el proyecto ferroviario 'Eje 16' en los PGE y que inste a la Unión Europea a ratificarlo

MADRID.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que pide al Gobierno central que haga las gestiones oportunas ante la Unión Europea (UE) para ratificar el proyecto ferroviario 'Eje16' y que dote de financiación a las obras en los Presupuestos Generales del Estado para 2012.

   Según ha indicado el PP en un comunicado, el 'Eje 16', "la mayor infraestructura ferroviaria de mercancías de la Península, estimulará el comercio entre Lisboa, Madrid y París", y por ello, instan a la Comunidad a que pida al Gobierno central "que realice las gestiones oportunas ante la UE que permitan la ratificación del citado proyecto".
    Además, los 'populares' solicitan que se instrumenten las partidas que correspondan en los Presupuestos Generales del Estado para la financiación de las obras.
   Según el PP, "la importancia de este gran proyecto estratégico es manifiesta, ya que podría estimular el comercio entre Lisboa, Madrid y París facilitando de este modo la entrada de mercancías transoceánicas, lo que repercutiría en la creación de empleo y riqueza en nuestro país".
   Asimismo, destaca que "el 'Eje 16' contará con un ramal que conectará Algeciras con el norte de Europa convirtiendo al país en el gran puerto logístico del Mediterráneo".
   Según ha explicado Henríquez de Luna, "proyectos como éste pueden facilitar la recuperación económica del país generando puestos de trabajo y potenciando aun más el papel de la Península Ibérica como puerta de entrada a Europa de mercancías".
  "Sin duda, el proyecto puede repercutir de forma muy positiva en la economía de la Comunidad de Madrid, ya que supondría situar a nuestra región en el centro de esta importante infraestructura de comunicaciones y transportes", ha subrayado el portavoz.
   Los 'populares' exponen que en la actualidad, se estima que de las más de 240 millones de toneladas que atraviesan el Pirineo, sólo el 2 por ciento lo hace en ferrocarril. "Estos datos implican que cada día atraviesan la cordillera 20.000 camiones en ambos sentidos por sólo 400 vagones de mercancías", afirman y destacan que esto "demuestra la infrautilización de este medio de transporte, que debe ser potenciado".
   Henríquez de Luna sostiene que el 'Eje 16' es "compatible con otros corredores, como el Mediterráneo". Además, ha destacado que el 'Eje 16' "se apoya, en muy buena parte de su recorrido, en infraestructuras ya existentes, hasta el punto de que el 75 por ciento de sus kilómetros están construidos, lo que reduciría sus costes de construcción".
    Aunque la Unión Europea financia en un 10 por ciento el proyecto del 'Eje 16', el Gobierno de España tiene que dotarlo también de financiación complementaria en los Presupuestos Generales del Estado, afirman los 'populares'.

EUPV reclama que el Consell cree un registro público del uso de coches oficiales de los altos cargos

VALENCIA.- El grupo parlamentario de Esquerra Unida ha presentado en las Corts Valencianes una proposición no de ley en la que reclaman al Consell que cree un registro público sobre el uso de los vehículos oficiales por parte de los altos cargos de la Generalitat y de los diputados. 

   Este registro, según EU, debería dejar constancia de tres informaciones básicas, accesibles a los demandantes bajo petición: quien solicita el uso de un vehículo oficial; quien hace uso, finalmente, de un vehículo oficial; para qué se hace uso de un vehículo oficial y finalmente, cuál es el trayecto completado por un vehículo oficial.
   Todos estos datos, según la propuesta planteada, deberán ser archivados cronológicamente especificando la fecha, hora de inicio del trayecto del vehículo oficial y duración total del servicio.
   Asimismo, EU insta al Consell a que garantice a los grupos parlamentarios de Les Corts la transparencia en el acceso a este registro público, que deberá estar a disposición de sus  portavoces --que pedirán la información bajo cláusula firmada de  confidencialidad-- así como de las instituciones autonómicas y estatales de control y fiscalización de la actuación de la administración pública, como la Sindicatura de Cuentas.
   La confidencialidad, advierten, "no restringe el derecho de los grupos parlamentarios a realizar cualquier denuncia pública sobre el uso de los coches oficiales mientras ésta no revele detalles de los trayectos que pongan en riesgo la seguridad y la integridad física de los usuarios del parque oficial de vehículos".
   Igualmente, solicitan que la Generalitat garantice a los solicitantes o entidades la posibilidad de disponer de la información requerida en un plazo de tiempo que nunca superará las 48 horas  desde el momento de ser registrada la petición y que establezca un seguimiento y análisis periódicos de los datos archivados en  el registro, así como a actuar de oficio para denunciar públicamente el uso  discrecional con fines privados -ajeno a las tareas estrictamente parlamentarias- que, eventualmente, pueda tener el parque oficial de vehículos.
   También reclaman que el Consell presente anualmente en Les Corts una memoria estadística sobre el uso de los vehículos oficiales. Según destaca en la proposición no de ley la portavoz de este grupo parlamentario, Marga Sanz, "la credibilidad de las instituciones democráticas se desvirtúa desde el mismo momento en que sus representantes hacen un uso privado, o simplemente abusivo, de los recursos públicos".
   Asimismo, recuerda que "a lo largo de este año han sido diversas las denuncias periodísticas sobre el uso personal que ciertos diputados y altos cargos de la Generalitat han hecho del parque oficial de vehículos".
   "Unos hechos --agrega-- que, en ciertos casos, aún siendo simples sospechas o denuncias sin consecuencias jurídicas, han agravado la crisis de confianza de la ciudadanía hacia la clase política, percibida como beneficiaria de prebendas -cuando no servicios de lujo- muy alejados de las posibilidades económicas de la mayoría".
   Para Sanz, "es por eso que la normativa sobre la presencia digna y decorosa de las instituciones y de sus representantes, así como la necesidad de movilidad de éstos, no puede incumplir otro imperativo, este de cariz con evidentes repercusiones legales: el del uso racional y extremadamente justificado de los recursos públicos, cuya percepción, cuanto más transparente y fiscalizada sea a ojos de la ciudadanía, más servirá para reparar la maltrecha credibilidad de  las instituciones".