lunes, 9 de abril de 2018

Goirigolzarri asegura que la fusión de Bankia con BBVA o Sabadell es una «leyenda urbana»

MADRID.- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado este lunes que la posible fusión de Bankia con BBVA o el Banco Sabadell, «es una leyenda urbana». «Nunca me he sentado con ningún colega ni español ni extranjero a negociar ningún tipo de fusión», ha aseverado.

Así, el directivo ha descartado cualquier operación de fusión a corto plazo de la entidad financiera nacionalizada, pero «uno nunca sabe lo que va a pasar a medio o largo plazo» y «en el mercado no se puede decir que no vaya a ocurrir», ha puntualizado.
Goirigolzarri ha realizado estas declaraciones durante un almuerzo informativo previo a la Junta de Accionistas que se celebrará este martes en el Palacio de Congresos de Valencia, en el que también se ha referido al proceso de privatización de la entidad y ha señalado que el escenario que se plantean es el de «cumplir con la ley», que marca Bankia ha de finalizar su privatización a finales de 2019.
En este sentido, ha alabado el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que dispone de «muy buenos profesionales», y ha apuntado que es a ellos a quienes corresponde decidir si «hacer un proceso más acelerado con paquetes --accionariales-- más amplios, pero tienen que buscar el momento».
«Tienen un mandato, tienen que optimizar el precio y tienen un criterio profesional», ha insistido. El banquero ha señalado que aunque en septiembre-octubre la cotización de las acciones parecía «algo deprimida», este año comenzaron con ratios importantes y espera «en los próximos meses una mejora».
De hecho, se prevé un aumento de los tipos de interés para el segundo trimestre del año próximo por lo que cree que la privatización «se puede adelantar algo».

Inversores interesados en paquetes grandes

En este punto, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha agregado que «muchos inversores están interesados en entrar en paquetes grandes» y habrá que ver las «oportunidades de realizar descuentos».
Si en 2012 Bankia era un «activo marginal que no interesaba a nadie», ahora es una «franquicia excelente», ha asegurado el presidente de la entidad, quien ha explicado las líneas maestras del Plan de Estratégico para los tres próximos años que presentará este martes a los accionistas y con el que Bankia «aspira a convertirse en el mejor banco de España, el más rentable, el más eficiente y el más sólido».
Con este plan, prevé incrementar en tres años el nivel de la satisfacción sus clientes hasta el 92% y ganar 400.000 nuevos clientes; desarrollar su nivel tecnológico, hacer una buena gestión de riesgos y ganar relevancia en el mercado empresarial de las pymes.

Repartir 2.500 millones en dividendos

De este modo, en 2020, prevé tener unos beneficios de 2.300 millones de euros, una rentabilidad de doble dígito y generar capital de forma orgánica para repartir entre sus accionistas 2.500 millones de euros.
Esta hoja de ruta, que supone «el fin de una etapa y el comienzo de una nueva», ha subrayado, se basa en tres motores de crecimiento: aumentar las cuotas de productos de alto valor añadido, la fusión con BMN y el cumplimiento de todos los objetivos del Plan de Reestructuración que finalizó en diciembre de 2017, gracias a lo cual se verán «liberados» de las limitaciones que este establecía.

Situación en Cataluña: «Cuanto antes se normalice mejor»

En cuanto al traslado de las sedes de Caixabank y Sabadell a raíz de la incertidumbre política de Cataluña, Goirigolzarri considera que se trata de una «buena noticia para la Comunidad Valenciana», tanto desde el punto de vista de la imagen como por el potencial económico. «Me alegré mucho», ha admitido, porque «todo lo que es bueno para la Comunidad es bueno para Bankia», que tiene en esta región el 20% de su negocio.
En su caso, ha dicho, apenas notaron durante «una semana» el impacto de la crisis catalana. «Y desde el punto de vista bancario no estamos viendo nada extraño, es un momento de gran normalización», ha señalado.
No obstante, ha manifestado que «cualquier solución a la situación en Cataluña debe pasar por el respeto de la ley, del Estado de derecho y de la Constitución Española», y desea que «cuanto antes se normalice» la situación, porque «sería mejor para todos, para España y para Cataluña».
En cuanto a la devolución de los más de 22.000 millones en ayudas públicas que Bankia recibió del Estado, Goirigolzarri ha asegurado que se están «dejando la piel» para que los contribuyentes las recuperen y ha señalado que Bankia habrá devuelto 2.863 millones tras el dividendo que se abonará este mes.
No obstante, ha hecho notar que «la gente parece olvidar lo que pasó hace seis años» cuando se solicitó el rescate bancario. Todas las ayudas pasaron por un procedimiento «reglado», ha dejado claro.

«Orgulloso del proceso de integración con BMN»

Finalmente, José Ignacio Goirigolzarri se ha mostrado «orgulloso del proceso de integración con BMN» y no solo ha descartado la pérdida de clientes, sino que ha confiado en que «va a haber 500.000 clientes de BMN encantados porque a partir del segundo trimestre no van a pagar comisiones».
En este punto, preguntado por las «quejas» que se han recibido en Baleares durante los últimos días en cuanto a banca online y en la atención en oficinas, Giorigolzarri ha defendido que «una integración es siempre muy compleja» tanto desde el punto de vista técnico como humano.
En este caso, se han cambiado miles de dispositivos y cajeros, además de modificarse claves de clientes, por lo que, «por supuesto» que se han creado colas durante unos días y hay mecanismos que han registrado incidencias, por no ha habido un «aumento significativo» de los problemas, ha aseverado.

El alcalde de Alicante renuncia por su doble procesamiento por delitos administrativos

ALICANTE.- El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, renunció finalmente este lunes por su doble procesamiento por delitos administrativos, lo que deja un incierto futuro en la Alcaldía, que por tercera vez en diez años se queda sin regidor por causas judiciales, tras la salida de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, por presunta corrupción urbanística.

Echávarri fue procesado por el fraccionamiento de contratos por valor de 144.000 euros en el área de Comercio y por el despido de una interina, cuñada del portavoz local del PP, Luis Barcala, caso por el que la fiscalía ha pedido 10 años de inhabilitación.
El fiscal le acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa al entender que despidió en abril del pasado año a Catalina Rodríguez para vengarse del portavoz del PP después de que éste le hubiera denunciado en el llamado caso Comercio.
La causa judicial sobre la cuñada de Barcala ha seguido adelante pese a que el alcalde la readmitió al poco tiempo, empujado por una declaración institucional unánime del pleno en ese sentido que consideró el despido como arbitrario.
Estas dos causas judiciales han complicado sobremanera a Echávarri, que vio como en otoño le abandonaban sus dos socios de gobierno, Guanyar (EU-IU, Podemos e independientes) y Compromís, y que ha sufrido presiones de todo tipo para irse hasta que el pasado 23 de marzo anunció su renuncia tras reunirse con la dirección del PSPV-PSOE, en Valencia.
A través de una persona cercana, Echávarri ha presentado a las 9.28 horas un escrito de cuatro líneas ante la Secretaría General del Pleno en el que comunica su renuncia al cargo de alcalde-presidente del ayuntamiento y al acta de concejal que ostentaba desde el 13 de junio de 2015.
Una vez que dimite y hay que elegir de nuevo alcalde, la situación en el Ayuntamiento es de incertidumbre, ya que, del total de 29 concejales, el PSPV tiene 6, mientras Guanyar cuenta con 5 y Compromís con 3, lo que hace que sume 14 votos.
De retomar esta alianza, el PSPV debería contar con otro procedente de Ciudadanos o de los no adscritos para evitar que la vara de mando recaiga en el partido minoritario más votado: el PP, que tiene 8 concejales.
Aunque Echávarri, que desde noviembre gobierna solo con sus 6 concejales, anunció el pasado 23 de marzo que dejaba el cargo, la renuncia ha sido «en diferido» y no la ha cumplido hasta hoy para dar tiempo a negociar que le reemplace su número dos, la también socialista Eva Montesinos.
Montesinos ha explicado que está «pendiente» de la negociación con Ciudadanos (C's) y del resultado de las conversaciones con los dos concejales no adscritos y, sin entrar en pormenores, ha asegurado que las conversaciones «siguen su camino» y que es «optimista».
Los exsocios de gobierno, Guanyar y Compromís, no ocultan su deseo de que la alcaldesa sea Montesinos, y a partir de ahí estudiarán su implicación en el futuro gobierno mientras que Ciudadanos ya ha advertido de que el apoyo que dio en 2015 a Echávarri como señal de buena voluntad ha sido «desperdiciado», y que «sería de ingenuos embarrarse de nuevo en el mismo fango».
Con los dos no adscritos, Montesinos tiene previsto reunirse mañana, y el apoyo de uno de ellos sería suficiente para que la Alcaldía siguiera siendo socialista.
Por su parte, el portavoz local del PP, Luis Barcala, ve a Echávarri como «un mal alcalde», seguramente «el peor de la historia».

Ciudadanos ya le saca casi un millón de votos y 9 escaños de ventaja a un PP en caída libre


MADRID.- Las convulsiones políticas y los grandes escándalos relacionados con el Partido Popular –de Catalunya a Cifuentes, pasando por Gürtel– tienen un impacto decisivo sobre la aritmética electoral, que apunta a un fenómeno inédito en España: cuatro formaciones situadas en 'fila india' entre los 60 y los 100 escaños. Ciudadanos ya supera al PP en cuatro puntos y también lo adelanta por vez primera en número de diputados, según las estimaciones de Jaime Miquel para 'Público'.

Ya no hay vuelta de hoja: el Partido Popular se desploma, incapaz de sobreponerse a su cascada de escándalos y fracasos, entregando el liderazgo electoral de la derecha a un Ciudadanos que capitaliza las carencias del PP pese a no demostrar muchas más virtudes. El panorama político español está a punto de cambiar para siempre.
Si en este momento se celebrasen unas elecciones generales, la formación de Albert Rivera aventajaría a la de Mariano Rajoy en casi un millón de votos y –pese al injusto sistema electoral impuesto tras la muerte del dictador– por vez primera batiría también en escaños al hasta ahora partido hegemónico de la derecha, según las estimaciones del gabinete demoscópico de Jaime Miquel y Asociados (JM&A) –basadas en el desk research de los más importantes sondeos recientes, incluido el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)– para el Observatorio Continuo de Público.
La caída libre del PP parece no tener fondo, y ahora C's no sólo obtendría nueve diputados más (batiéndolo por 97 a 88 escaños), sino que le arrebataría dos millones de sus fieles votantes... igual que le quitaría tres cuartos de millón de votos al PSOE.
El fenomenal ascenso de Ciudadanos en los sondeos podría ser un espejismo, pero la unanimidad de todos los estudios demoscópicos, durante los últimos meses, sobre el descenso en picado del partido en el poder, a causa de un trasvase masivo de votantes hacia su nuevo rival derechista, augura una debacle de las huestes de Rajoy en beneficio de los seguidores de Albert Rivera.

C's ganaría hoy 65 escaños y el PP perdería 49

Tan espectacular es el crecimiento de C's que JM&A prevé que obtendría hoy un inédito aumento de 65 escaños –hasta rozar el centenar–, a costa de la drástica reducción de los diputados del PP (-49) y de otros 20 parlamentarios que ganaría al PSOE (-8) y a Unidos Podemos (-12).
"Estamos dando nuestras posiciones electorales actualizadas ahora que se está realizando el trabajo de campo del barómetro de abril del CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas del Gobierno] para así poder comparar ambas estimaciones" cuando el CIS anuncie sus resultados, explica Jaime Miquel.
"Dadas las características de la LOREG [Ley Orgánica del Régimen Electoral General] y de la distribución de los apoyos populares de los partidos, Ciudadanos necesita casi tres puntos de votos válidos de ventaja sobre el PP para empatar en escaños", detalla Miquel. "La misma ventaja que necesitan Unidos Podemos y sus  confluencias para empatar con el PSOE".
Así que lo que se produciría si hoy se celebrasen elecciones generales sería una división de los votantes entre cuatro opciones: "Se trata de una aritmética electoral inédita en España, con cuatro candidaturas en fila india entre sesenta y cien escaños", afirma el analista electoral de Público.
Por tanto, el fin del bipartidismo está más que garantizado, pero no hay que lamentarlo en demasía, según Miquel: "Lo que sucumbe es una cultura política autoritaria e irreflexiva que llamamos postfranquista. Y el PSOE está atenazado por el mismo problema: o aterrizan ahora donde despegaron, que es en la comprensión plurinacional de España y en la moción de censura a Rajoy, al lado de Podemos para hablar con ERC y los demás –cosa que no creo que vayan a hacer– o lo harán en las próximas generales con un hundimiento como los del PASOK griego, del PS francés o del Partido Democrático italiano de Renzi".
Ante este panorama, la caída prevista de 2,3 puntos del PSOE e incluso la de tres puntos justos de Unidos Podemos parecen una minucia, ya que la catarata de votantes derechistas que fluye a borbotones desde el PP hasta C's hace palidecer cualquier otro flujo electoral de cara a las próximas elecciones generales.
En cuanto al factor territorial,  se aprecian claramente las comunidades que dan el vuelco electoral decisivo para el hundimiento del PP en toda España: C's gana 11 escaños en Andalucía, 8 en Castilla y León, 7 Castilla-La Mancha y Madrid; y 6 en València y Catalunya... la gran mayoría arrebatándoselos a los populares.

El ascenso meteórico de C's no tiene precedentes

Y ese ascenso meteórico de Ciudadanos no tiene precedentes en la mayor parte de las comunidades: salta de 0 a 7 diputados en la comunidad manchega; de uno a 9 en Castilla la Vieja; de 7 a 18 en Andalucía, de 6 a 13 en Madrid, de 5 a 11 en València y de 0 a 4 en Galicia. Un despegue que roza lo inverosímil y que, de producirse, puede llegar a sentenciar la muerte del partido que hoy gobierna.
"Lo que se destruye son expresiones políticas con las que convivimos que son imposibles en la Unión Europea del siglo XXI, como las banderas a media asta por Jesús de Nazaret o el somos novios de la muerte del Gobierno", opina Jaime Miquel.
El Partido Popular ha entrado en un torbellino autodestructivo, con la corrupción y Catalunya como ejes de su naufragio, que se acelera con su empeño en mantener posiciones insostenibles, como el falso máster de Cifuentes.
Si Rajoy logra resistir hasta el final de la legislatura, podría ser no sólo su último mandato de gobierno sino también el último del PP.

Fomento y su plan estrella en carreteras chocan con Hacienda

MADRID.- La historia se repite y el Ministerio de Fomento vuelve a tener aparcado un importante plan de inversiones en el departamento de Hacienda, mientras se escuchan argumentos críticos contra distintas medidas desde la Abogacía del Estado. El programa en cuestión es el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que fue presentado en julio del año pasado como una palanca de estímulo por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que aún está por ver aprobado el pliego base de licitación de los proyectos, revela hoy Cinco Días.

Con un presupuesto global de 5.000 millones, las dos peculiaridades del PIC residen en que serán las empresas privadas quienes inviertan, tras años sin que Fomento recurra al sistema concesional, y que se busca reanimar la obra civil en carreteras tras legislaturas de claro foco en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de la alta velocidad. Pero la puesta en marcha no está siendo un camino de rosas.
Las empresas (ya hay 17 consorcios interesados) intentan eludir el riesgo del coste de las expropiacion de suelo más allá del presupuesto estimado por Fomento y expresado en los pliegos. Y es que tienen muy presente el precedente de las autopistas radiales de Madrid. 
Los 400 millones previstos en compra de terrenos se encarecieron en 1.800 millones por justiprecios otorgados por los tribunales a los propietarios, lo que hizo quebrar a las concesionarias y motiva el actual rescate de esas infraestructuras.
Ante esta posición del capital privado, que comparten los potenciales fondos y banca financiadora de las concesiones del PIC, Fomento ha buscado fórmulas para suavizar el riesgo expropiatorio y facilitar la captación de interés por la decena de carreteras que saldrán a concurso. Pero Hacienda y la Abogacía del Estado están mostrando disconformidad.
Consultados por este periódico, distintos altos cargos del Ministerio que lidera Íñigo de la Serna se han limitado a reconocer que los pliegos del PIC están en revisión y “se hará lo que marque la ley”. Eso implica buscar la cuadratura del círculo, a juicio de fuentes jurídicas.
El Gobierno busca lanzar inversión extrapresupuestaria siempre que no suponga un impacto negativo en el déficit. Para ello debe atender la norma de contabilidad de Eurostat en lo referente a las asociaciones público-privadas. Esta permitiría clasificar como no públicos los activos del PIC, y por tanto dejarlos fuera del balance de las Administraciones Públicas, si el consorcio privado que se adjudica la carretera asume el riesgo de construcción y al menos el de disponibilidad (garantizar el buen estado de la infraestructura) o el riesgo de demanda (asumir las caídas de tráfico). 
En el caso del Plan apadrinado por Rajoy, las concesionarias corren con los citados riesgos de construcción y disponibilidad. Pero Eurostat también suele ser taxativa derivando el riesgo expropiatorio para acometer las obras al socio privado.
Así fue en 2010, cuando las constructoras ya trataton de esquivar cualquier posibilidad de sobrecoste expropiatorio en los proyectos del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), y tanto ellas como Fomento se toparon con la negativa de la oficina estadística de la Comisión Europea (CE).
Técnicos conocedores de las entrañas del PIC explican que "la penúltima versión de los pliegos buscaba una conciliación entre los intereses del Gobierno y los del capital privado", eliminando el riesgo de expropiación en las concesiones urbanas y dejando en manos de los inversores el 100% en las carreteras interurbanas. 
Pero esta fórmula habría sido rechazada y se tantea otra alternativa mixta en la que los inversores asumen hasta el 150% del presupuesto de expropiación, si es que este se ve sobrepasado a la hora de comprar el suelo; del 150% al 250% respondería la Administración, y a partir del 250% volvería a ser la concesionaria privada la que cargaría con el coste.
El hecho es que la Abogacía del Estado se ha mostrada crítica, a través de un informe, con el reparto de riesgos recogido en el borrador de los pliegos del PIC. Bajo su puento de vista, las constructoras y operadoras de las carreteras proyectadas apenas tendrían riesgo operacional.
Respecto a otros puntos que arrojan incertidumbre al inversor figura el canon a percibir. Este permite cubrir la inversión en obras, el gasto en mantenimiento y la rentabilidad del negocio. Entre las interesadas en el PIC se habla de la indexación -a parámetros distintos al IPC- del tramo de mantenimiento, lo que solo representa alrededor del 15% del citado canon y amenaza con encarecer los pagos iniciales.
Otra cuestión crítica es la de la aplicación de la conocida como cláusula de progreso (artículos 259.4 de la Ley de Contratos), por la que que las concesionarias están obligadas a la continuada incorporación de innovaciones técnicas en la infraestructura según evolucione la normativa. El sector privado quiere conocer los casos en que se produciría un reequilibrio económico de la concesión por inversiones extra, aunque ya dan por descontado que esta incertidumbre motivará el encarecimiento de las ofertas.

Cuatro proyectos anunciados

2.000 millones en 2018. Fomento prevé licitar proyectos del PIC este año por 2.000 millones, dejando un volumen de 3.000 millones para 2019. Según la agenda del Ministerio, las dos primeras carreteras deben salir a concurso este mes.
Las dos primeras, en Murcia. Se espera que el Eje Norte-Sur de la autovía murciana A-30 (305 millones) y el Eje Este-Oeste de la A-7 entre Alicante y Murcia (626 millones) estrenen el PIC. En rampa de salida también están la prolongación de la A-7 en Castellón (432 millones) y el tramo Vigo-O Porriño de la A-52 (367 millones).
El PIC, totalmente independiente del presupuesto de Fomento y sin cómputo en el déficit, será financiado en un 40% por el BEI, las constructoras deben aportar otro 20% y levantar financiación de la banca comercial por el 40% restante.

Hacienda afronta una factura histórica por la ola de jubilaciones de funcionarios

MADRID.- La oleada de jubilaciones de funcionarios está desbordando todas las previsiones. Las cifras hechas públicas por el Gobierno en su proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 revelan que el año pasado dejaron su puesto de trabajo en la Administración para irse a sus casas más de 210.000 empleados públicos con derecho a pensión, 85.000 más de los que preveía el Ejecutivo, según publica www.lainformacion.com

Este año la tendencia se acentuará. Respecto a lo presupuestado en 2017 el número de pensiones a funcionarios civiles que tendrá que pagar el Estado se incrementará en 275.000 lo que hará que la factura por este concepto supere por primera vez los 10.000 millones.
Las previsiones elaboradas por el Gobierno para su proyecto presupuestario parecen haberse adaptado, al cabo, a un fenómeno sobre el que los sindicatos han venido advirtiendo en las últimas semanas: el incremento significativo de las solicitudes de jubilación de los empleados públicos en los últimos meses ante el temor de que la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad el próximo 1 de enero de 2019 reduzca la prestación de jubilación a la que son acreedores. 
El asunto viene alimentado por la singularidad del Régimen de Clases Pasivas que regula la jubilación de buena parte de los empleados públicos y que permite a éstos a retirarse voluntariamente a los 60 años sin ningún tipo de penalización en su pensión, al contrario de lo que sucede con los trabajadores asalariados que o bien tienen bloqueada esa posibilidad o bien pueden acceder a ella con fuertes penalizaciones.
Los sindicatos han advertido al Gobierno también de que el tema puede tener una incidencia muy negativa sobre los servicios de la Administración. Uno de cada seis funcionarios civiles del Estado en ejercicio tiene más de 60 años y hay algunas dependencias, particularmente en el ámbito de la Seguridad Social, que ya están siendo atendidas con programas de contingencia por las carencias de personal.

Un problema creciente
Un vistazo a los presupuestos de los últimos años (ver gráfico) permite vislumbrar las consecuencias  de este régimen especial para empleados públicos sobre las plantillas de la Administración. Tras la reducción media del 5% del salario de los funcionarios en la era Zapatero y la supresión de la paga de Navidad de 2012 por parte del Gabinete Rajoy la cifra de funcionarios civiles jubilados no dejó de desbordar las previsiones oficiales hasta el año 2015, precisamente el ejercicio en que Cristóbal Montoro empezó a devolver una porción de esa paga extra. Ese año se jubilaron 'solo' 43.000 empleados públicos de los cerca de 200.000 que el Gobierno previó que se irían a su casa.
Al año siguiente, en el que el Ministerio de Hacienda devolvió la otra mitad de la paga extra de diciembre de 2012 pendiente, la diferencia entre la previsión gubernamental y la realidad fue también inapreciable. En 2017, con la paga extra de 2012 ya en el bolsillo y una subida salarial del 1%, las jubilaciones de funcionarios se volvieron a disparar por encima de las previsiones generando al Ejecutivo una factura extra de más de 50 millones de euros.
El balance final subraya que desde 2012 cerca de un millón de funcionarios han accedido a la jubilación y la factura por este concepto ha pasado de menos de 7.000 millones a los más de 10.000 millones que el Gobierno prevé gastar en 2018. Este año, por cierto, la cifra de funcionarios civiles jubilados con derecho a prestación desde el régimen de clases pasivas superará también por primera vez los cuatro millones.
La secuencia no pasó desapercibida al Gobierno y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, incluyó la revisión del sistema de jubilaciones anticipadas del Régimen de Clases Pasivas dentro del catálogo de materias a tratar que el Gobierno trasladó a la Comisión del Pacto de Toledo. 
Lo hizo no sólo por la factura que le supone a las arcas públicas sino también por la situación de desigualdad de trato en la que sitúa a los empleados públicos adscritos al Régimen General frente a los encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas. 
Según fuentes del Pacto de Toledo, este asunto todavía no ha sido tratado en la Comisión y no hay ninguna decisión al respecto.

La Comunitat presenta el porcentaje de deuda sobre PIB más elevado de España (más del 41%) y debe un 78% de ese pasivo al Estado


MADRID.- Después de un sexenio financiándose a través de préstamos del Ministerio de Hacienda, los bajos tipos de interés están animando a las autonomías a plantearse una vuelta en masa a los mercados. Andalucía y Baleares actúan de avanzadilla, y ya han pedido permiso al Gobierno para endeudarse. El objetivo que persiguen es el de "desligarse progresivamente" de los mecanismos de liquidez y eludir así "el excesivo control" que ejerce el ministro Cristóbal Montoro a quienes se benefician del FLA y la Facilidad Financiera (FF), según avanza elEconomista.

Andalucía, con vencimientos de 4.556 millones este año, ha trasladado al Ejecutivo la intención de emitir en los mercados hasta 1.000 millones, ahora que "los deberes se han hecho" y se ha cumplido el déficit -lo dejó en el 0,22 por ciento en 2017 frente al límite del 0,6 por ciento al que estaba obligada-. El Consejo de Ministros aún no ha dado luz verde a la operación.
Desde la Consejería de Hacienda andaluza se argumenta que el objetivo es el de ir abandonando los mecanismos de liquidez, porque si bien éstos "permitieron acceder a financiación cuando los mercados estaban cerrados", su uso impuso "límites a la autonomía financiera" de las regiones y "duras condiciones" en ocasiones "claramente recentralizadoras".
Baleares, por su parte, ha sido menos ambiciosa y ha pedido al Ejecutivo poder endeudarse por valor de 162 millones, cantidad que le correspondería recibir de la Facilidad Financiera en el cuarto trimestre de este año. 
Según la consejera del ramo, Catalina Cladera, el objetivo es el mismo que el andaluz: una "desvinculación gradual" de la tutela de Hacienda. El Gobierno de Francina Armengol reconoce que los mecanismos han permitido a la región ahorrarse intereses, pero también ha provocado que se acumulen amortizaciones y que no se pueda gestionar el calendario de vencimientos con más flexibilidad.
El gesto andaluz y balear llega en un momento clave, con el debate de la financiación autonómica encallado en un órgano secundario del Consejo de Política Fiscal y Financiera y pocas posibilidades de pacto a corto plazo entre los dos partidos que deben acordar el futuro marco, el PP y el PSOE.

La reestructuración, clave

El propio Montoro confirmaba hace solo unos días el interés de varias autonomías por desligarse del FLA y la Facilidad Financiera, aunque añadía que, para la clausura de los mecanismos, esas administraciones exigían una reestructuración de la deuda que mantienen con el Estado. Nada que oculten las peticionarias, por cierto. 
A día de hoy, sobre un pasivo total de más de 280.000 millones, las autonomías deben a la Administración Central 157.000 millones por los préstamos recibidos (que por otro lado ascienden a 261.000 millones.
Un asunto, el de la quita o reestructuración, que levanta una enorme polvareda en el seno de los partidos, sobre todo en el seno del PP. Porque esta formación gobierna en autonomías saneadas como Galicia y Madrid, que no están dispuestas a un perdón selectivo de deuda; y en otras como Murcia, que debe un 77 por ciento de su pasivo al Estado, incumple el déficit y presenta un riesgo de insostenibilidad "muy elevado", según la AIReF.
En el PSOE el debate está algo más soterrado, dado que, a excepción de Asturias, en mejor posición, el resto de autonomías en las que gobierna se beneficiarían de manera importante de un alivio pilotado por Montoro. 
Valencia, en manos de Ximo Puig, presenta el porcentaje de deuda sobre PIB más elevado de España (más del 41 por ciento) y debe un 78 por ciento de ese pasivo al Estado. Andalucía, a su vez, debe el 70; Castilla-La Mancha el 72; y Baleares el 68.
Montoro se muestra dispuesto a estudiar el fin de los mecanismos, y por eso sugiere que es favorable a una reestructuración a la griega, con perdón de intereses y alargamiento de plazos, incluso para regiones saneadas. 
Pero la realidad es otra: sin el concurso del PSOE, Hacienda no está dispuesta a dar ningún paso. Menos aún sabiendo que, con el FLA y la FF, puede mantener a raya los plazos autonómicos del pago a proveedores y el cumplimiento del déficit, políticas que han constituido la gran prioridad política del ministro.

Indignación en 'Aena' con el portazo de 'Prosegur' a sus principales licitaciones

MADRID.- Las condiciones del nuevo pliego para la contratación del servicio de seguridad de AENA se han presentado esta semana con bastante polémica. El líder del mercado Prosegur ha cerrado la posibilidad de optar a estos concursos alegando sus precios tan bajos que no los hacen rentables mientras que el gigante sueco Securitasque gestiona aeropuertos por todo el mundo, tampoco se ha presentado y abandonó los aeropuertos españoles en 2016. Eulen, tercera en discordia que sufrió una huelga en El Prat en pleno agosto 2017, ha reducido drásticamente su interés, según revela www.vozpopuli.com.

Las críticas de las grandes al precio ofertado por AENA han sentado mal en el operador aeroportuario, algunos de cuyos directivos han manifestado al resto de compañías de seguridad el cabreo con el portazo -injustificado según su punto de vista- que ha dado Prosegur al operador semipúblico. 
Actualmente la compañía de la familia Revoredo es la adjudicataria de Barajas, Alicante, Gran Canaria, Tenerife, Valencia, Ibiza... las adjudicaciones más grandes excepto Barcelona, Málaga y Palma. 
Maneja un tercio del presupuesto de AENA para seguridad privada, por valor de 155 millones. Ahora sólo se ha presentado a dos lotes de Alicante y Sevilla.
Prosegur ha asegurado que "nos encantaría habernos presentado a más, pero no ha sido posible". AENA no ha querido confirmar la indignación que sí han manifestado sus directivos en reuniones con compañías del sector. 
Y mientras tanto, el resto de empresas observan este plantón de las grandes y ven como en los concursos pueden entrar algunas compañías con menos pulmón financiero y sin experiencia en aeropuertos.
Algunas de las compañías que sí se han presentado por ejemplo a Barajas y El Prat son Ilunion (de la ONCE), Ombuds, Eulen, SuresteICTS o la empresa mallorquina especializada en blindados Trablisa.

Muchos riesgos

Fuentes empresariales consultadas aseguran que la huelga de vigilantes de Eulen del año pasado ha puesto a las grandes sobre aviso: una gran concesión puede convertirse en un gran problema reputacional si se sigue el ejemplo de la huelga de Eulen el pasado verano, que produjo un caos en uno de los picos de trabajo del año. "Simplemente han pensado que a este precio no les compensa tomar el riesgo con todos los problemas que supone la gestión de un gran aeropuerto". 
Consultada por este diario, AENA recuerda que ha incrementado un 26% el presupuesto de los concursos con respecto actual "para incorporar los pluses que acordaron los sindicatos" tras el conflicto en el aeropuerto de Barcelona en el que se pactaron mejoras salariales para los vigilantes, con sueldos base próximos a los 1.000 euros mensuales. Pero las grandes piensan que aunque la licitación ha aumentado, el incremento de precio no cubre los incrementos de coste que va a haber. "Hay una parte técnica y luego una subasta donde se va a precio", argumentan.

Los sindicatos avisan

Desde los sindicatos también señalan que de facto AENA está incumpliendo los acuerdos llegados con los sindicatos y la patronal en una mesa de trabajo durante el otoño pasado. Alternativa Sindical ha señalado que AENA "contrata 100% a precio y que pone en situación de vulnerabilidad "a los más de 6.000 vigilantes que trabajan en sus instalaciones. No es posible que sea la propia administración pública la que esté generando precariedad laboral", argumentan.
Por su parte UGT ha enviado una carta a Jaime García-Legaz, presidente del operador público, para advertirle de esta situación. El directivo murciano entró en la compañía en octubre de 2017 tras haberse curtido durante años primero como economista de doctrina liberal en la Fundación FAES de José María Aznar, como diputado del PP y finalmente como secretario de Estado de Comercio. Tras su llegada AENA, aseguran, ha endurecido sus criterios.
Este "puño cerrado" de AENA se produce además, destacan los sindicatos, en unos años en que sus resultados son óptimos. En febrero cumplió tres años en Bolsa en los que la acción ha subido un 176%
Es ahora mismo una de las joyas de la corona del sector empresarial público español y cada anuncio de nuevos récords en el turismo español, cada nueva línea que Ryanair abre desde los aeropuertos españoles supone dinero automático en su caja a través de las tasas aeroportuarias. En 2017 AENA ganó 1.232 millones y aumentó su dividendo un 70%, del que el Estado se embolsó 500.
"La previsión es de que el tráfico en los aeropuertos siga subiendo y todo ello quiere hacerse sin mejorar las condiciones de los que velan por la seguridad", concluyen.

La bomba política que amenaza al Gobierno por caducar el peaje de la autopista AP-7

MADRID.- Primero será entre Burgos y Álava; después, entre Tarragona y Alicante y, por último, entre Sevilla y Cádiz. En apenas año y medio, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla, las 'cuatro Españas', van a vivir el vencimiento de concesiones estatales que pasan por sus territorios, obligando así al Gobierno, y a todo el Parlamento, a tomar una decisión sobre qué van a hacer con estos peajes, tal como recuerda www.elconfidencial.com.

Sobre la mesa está un debate que va más allá de estas tres carreteras, ya que está en juego definir qué modelo económico queremos para nuestras vías de alta capacidad, con el añadido de que, si no se adopta una solución uniforme en todo el país, se seguirá hurgando en la herida de las diferencias entre regiones, con el agravante que supone cuando afecta, directamente, a las dos regiones más nacionalistas.
Una patata demasiado caliente para el momento político actual, seriamente marcado por las tensiones independentistas y los problemas presupuestarios, y con un calendario electoral que invita a hacer electoralismo en un tema que debe abordarse como un asunto de Estado.
La pelota está en el tejado del Ministerio de Fomento, que por el momento se ha limitado a señalar que buscará un gran pacto con toda la oposición, buenas palabras todavía pendientes de cristalizar, difíciles de poner en práctica cuando la región más afectada, Cataluña, sigue sin Gobierno, y con el tiempo jugando en contra.
Dentro de apenas siete meses, caerá la primera carta de este castillo de naipes con el vencimiento de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), una vía marcada por su proximidad con la frontera francesa, lo que se traduce en mucho tráfico pesado (el que más estropea las carreteras y tiene mayores costes de siniestralidad), y turismos extranjeros.
Estos dos elementos están sobre la mesa de la propuesta que ha hecho Seopan, la patronal de las constructoras, a Fomento, en la que defiende seguir cobrando peaje una vez venza la concesión, pero bonificando al máximo el tránsito de los vecinos de la zona.
Según sus cálculos, si esta carretera pasa a ser gratis, el tráfico medio diario se incrementará un 36% y un tercio del mismo serán camiones, muchos procedentes de diferentes países europeos, donde mayoritariamente se les obliga a pagar por utilizar sus vías de alta capacidad.
En términos fiscales, las arcas públicas dejarán de recibir 23 millones al año, al tiempo que deberán asumir 6 millones por costes de mantenimiento cada ejercicio, según los cálculos de Seopan, cifras que la patronal eleva a 1.000 millones si se considera toda la red de pago.
"La decisión que adopte el Gobierno para esta concesión deberá mantenerla en el resto, porque no puede tener un modelo en Burgos y otro en Cataluña", señala un empresario del sector. Desde Seopan, descartan pronunciarse sobre si apoyarían una solución como la propuesta para la AP-1 en la AP-7, cuya concesión vencerá en noviembre de 2019 en el tramo que une Alicante y Tarragona.
Precisamente, una parte de este trazado, el que circula entre Vilafranca del Penedès Sur y la localidad de Ulldecona, casi en la frontera con Castellón, acaba de ver como Fomento, Generalitat y los alcaldes de los municipios afectados se han puesto de acuerdo para bonificar al 100% a los vecinos de la zona, mientras se mantiene el peaje para el resto del tráfico.
Félix Alonso, portavoz de Podemos en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados y alcalde de Altafulla, una de las localidades beneficiadas por esta media, defiende este tipo de soluciones, que corrigen la situación de inequidad existente, en la que unos españoles pagan por salir de su casa en coche, y otros no.
De cara al debate nacional, reconoce que Unidos Podemos todavía carece de una postura definida, ya que existen sensibilidades diferentes —en Comú Podem, por ejemplo, defiende implantar la viñeta—, pero, aunque sea como medida transitoria hasta que haya un gran acuerdo de Estado, sostiene que soluciones como la pactada para el citado tramo de la AP-7 van en la buena dirección.
En Ciudadanos, su portavoz en la Comisión de Fomento, Fernando Navarro, reconoce carecer de una posición definitiva, e insta al ministro Íñigo de la Serna a tomar la iniciativa y hacer una propuesta. Donde sí se muestra tajante es a la hora de afirmar que "estamos en contra de seguir prorrogando las concesiones a cambio de más obras" y que "la solución que se adopte, debe ser para todos", lo que convierte a la AP-1 en la piedra de toque de todo el debate.
A este deberá añadirse también el hecho de que la Diputación de Guipúzcoa sí que ha implantado ya el sistema de cobro para camiones en dos de sus carreteras de alta capacidad que estaban libres de pago, la N-1 y la GI-632, mientras que Álava prevé seguir los pasos de su vecino y empezar a cobrar al transporte pesado.
Por el momento, Fomento ha dejado entrever que su postura pasa por no prorrogar la gestión a los actuales concesionarios, pero sin determinar si en un futuro estaría dispuesto a volver a licitar estas carreteras. Además, el debate de cobrar o no puede resolverse también manteniendo el control público y que sea el propio Estado el que cobre, ya sea solo a pesados, a turismos no residentes en la zona o a todos.
En el supuesto de que terminasen adoptándose fórmulas de bonificación máxima a los vecinos, y cobros en función del uso y/o la contaminación, fuentes del sector explican que, si la explotación de la carretera es pública, corresponde al Estado financiar los peajes de los turismos exentos; mientras que si vuelve a sacarse a concurso la concesión, con la exigencia de bonificaciones, estas corresponden a la empresa privada.
La más afectada de todas ellas por el inminente vencimiento de los peajes es Abertis, que acaba de protagonizar una controvertida guerra de opas, y que además se enfrenta al vencimiento, en 2021, del trazado de la AP-7 que une Barcelona con La Junquera y Tarragona; y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

Vuelven las lluvias y el frío a la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- El cielo de la Comunitat Valenciana amanecerá mañana martes poco nuboso e irá aumentando a cubierto con lluvias avanzando de oeste a este, menos probables en el extremo sur, cota de nieve en 1.200 metros, temperaturas con pocos cambios y viento de componente sur flojo, con intervalos de moderado en el litoral. 

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que para este lunes se esperan intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles y cota de nieve entorno a los 1.200 metros, en el interior, y en el resto, cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes medias y altas, temperaturas sin cambios o en descenso y viento de componente oeste flojo a moderado.
Según Aemet, las temperaturas mínimas registradas esta madrugada en la Comunitat Valenciana no han experimentado cambios significativos, con registros que han variado de los 3 grados de Pinoso a los 13 de València.
En la provincia de Castelló, los termómetros se han quedado en 5 grados en Castellfort, dos menos que en Segorbe y Vinaròs, mientras que en la capital castellonense se han registrado 11 grados de mínima.
Según la red de estaciones de Aemet, en la provincia de Valencia los termómetros han llegado a 13 grados en la capital, dos más que en Manises y Oliva, mientras que en Polinyà del Xúquer y Xàtiva han marcado 10 grados y se han quedado en 6 en Utiel.
En las comarcas del sur, el mercurio ha bajado hasta los 3 grados en Pinoso, mientras que se han alcanzado 7 en Xàbia, uno menos que en El Altet, y la capital alicantina ha marcado 9 y Rojales 10.

Pensionistas, egoístas y demagogos / Julio Carabaña *

Nunca los pensionistas han estado mejor que ahora, ni en términos absolutos ni por comparación con el resto de la población. En los años de la crisis, la renta media de los pensionistas se ha situado por encima de la renta media del resto de la población, cosa que nunca había ocurrido antes. En estos mismos años, la pobreza de los pensionistas ha venido a menos mientras la pobreza del resto de la población iba a más, llegando esta a doblar la de los pensionistas.

Las pensiones de jubilación pueden verse como transferencias de los que están en situación de trabajar (potencialmente activos) a los que no lo están, la mayor parte por su edad. Los que piden una subida general de las pensiones están diciendo que los pensionistas tienen derecho a más y los potencialmente activos, a menos. ¿Es esto así? Consideremos primero la cuestión de derecho (¿cuánto debe transferirse?) y luego la cuestión de hecho (¿cuánto se está transfiriendo?).


¿Cuánto deberían recibir los retirados de los potencialmente activos? Como punto de partida, parece razonable estipular que los dos grupos tienen derecho al mismo nivel de vida, y que, por tanto, las pensiones deberían igualar la renta media de unos y otros. No solo es este un criterio razonable, sino que se aproxima mucho a lo que ocurre en Europa, nuestro modelo habitual.

Eurostat nos pone fácil comprobarlo. La oficina europea de estadística ofrece estimaciones de la renta disponible equivalente desde mediados de los años noventa para diversos grupos de edad. La renta disponible equivalente, o por unidad de consumo, se considera un indicador preferible a la renta per capita porque tiene en cuenta el tamaño de los hogares; Eurostat cuenta el primer miembro del hogar como 1, el segundo como 0,7 y el resto como 0,5 (escala OECD). Al tomar grupos de edad, asumimos un error ignorando a la gente entre 16 y 64 años que no puede trabajar, pero aun así es una aproximación razonable.

Y bien, ¿qué encontramos? A mediados de los años noventa, en la Europa de los Quince las personas mayores de 64 años tenían una renta media igual al 87% de la renta de las personas entre 16 y 64 años; en Reino Unido esa cifra era del 73%; en Finlandia, del 82%; en Alemania, del 90%. 

Hace unos diez años, justo antes de la crisis, en el conjunto de la zona euro la renta media de los mayores también equivalía al 87% de la renta de los de 16 a 64 años; en Reino Unido la razón era del 75%; en Finlandia, del 74%; en Alemania, del 87%. En 2015 (último año para el que hay datos), las cifras han cambiado a 96% en la zona euro, a 86% en Reino Unido, al 86% en Finlandia y al 85% en Alemania. 

Es decir, durante los últimos veinte años parece haber dominado en Europa el criterio de que los maduros cumplen con transferir a los mayores una renta algo menor que la suya.

¿Se aparta más España del criterio de igualdad que Europa? Las mismas tablas de Eurostat nos lo dicen. En 1996 la renta de los mayores de 65 años era el 92% de la renta de maduros, por encima de la media europea. Desde entonces, ¿ha habido cambios perjudiciales para los pensionistas? 

En los años siguientes hasta 2007, es decir, en el período de mayor crecimiento económico, la renta media de los maduros aumentó más que la renta media de los mayores, reduciendo la ratio entre ambas al 85%, más o menos en la media de la zona euro. Durante los años de crisis la renta media de los mayores se ha mantenido constante, mientras la renta de los maduros ha descendido, quedando incluso un poco por debajo; para 2015, las cifras exactas que da Eurostat son 16.086 euros por cada mayor de 64 y 15.842 por cada persona entre 16 y 64 años. Es decir, aproximadamente una razón de uno a uno.


Para completar el panorama, podemos tener en cuenta a los menores de 16 años; durante todo el período que va de 1996 a 2015, la renta disponible de los estos jóvenes se ha mantenido en torno al 90% de renta de los maduros y en 2015 era un 10% inferior a la renta de los mayores.

Puede objetarse que los pensionistas no protestan por el nivel medio, sino por la desigualdad, y en particular por las pensiones más bajas. Pues bien, es sabido que la desigualdad entre los pensionistas es menor que entre la población potencialmente activa. Ello se debe a que hay menos pensionistas ricos, pero también a que hay menos pensionistas pobres.


Veamos otra vez los datos de Eurostat, que muestran las siguientes tasas de pobreza relativa (por debajo del 60% de la mediana) por edades. Entre 16 y 64 años: 18% a mediados de los años noventa, 17% a mediados de la década pasada, 23% en los años posteriores a la crisis. Para la población mayor de 65 años: 16% a mediados de los años noventa, 29% en los años anteriores a la crisis, 12% en los años tras la crisis. El 23% es la tasa de pobreza más alta de los últimos veinte años para los potencialmente activos y el 12% la más baja para los retirados. 

Exactamente al contrario ocurrió antes de la crisis, cuando las tasas de pobreza de los jubilados llegaron al 29%. En cuanto a los menores de 16 años, su riesgo de pobreza estuvo en torno al 25% desde los años noventa a la crisis, pero con esta subió al 29%, tan alta como la de los mayores de 64 en sus peores momentos.


A nadie se le ocurrió pedir más para los pensionistas en los momentos en que su situación relativa empeoraba (los de la burbuja); quizás fuera porque al compararse consigo mismos sentían que iban mejor, sin importarles que a los jóvenes les fuera mejor todavía. Pero justo cuando su poder adquisitivo medio es más o menos igual que el de los activos y hay entre estos muchos más pobres, los pensionistas llenan las grandes avenidas reclamándoles más. Parecen bastante egoístas, pero también debe de haber ingenuos que se dejan manipular por demagogos. 

A estos, a los demagogos, les corresponde una mayor responsabilidad por el desatino, pues saben, o deberían saber, que si la renta relativa de los pensionistas empeora cuando las cosas van bien y mejora cuando van mal es porque los gobiernos protegen las pensiones del ciclo económico. Y saben también que eso mismo es lo que harían ellos si gobernaran.


Los pensionistas han quedado al margen de la crisis; deberían esperar un tiempo hasta beneficiarse del crecimiento. Podrían esperar, por ejemplo, hasta que los niños los igualen en rentas medias y en tasas de pobreza.


(*) Catedrático de Sociología (emérito) en la Universidad Complutense de Madrid.



El master de Cifuentes hunde la convención del PP / José Hervás *

Decenas de dipu­tados po­pu­lares que han asis­tido el fin de se­mana a la con­ven­ción del Partido Popular en Sevilla están in­dig­nados con la to­davía pre­si­denta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Critican en pri­vado con du­reza que no haya adop­tado la de­ci­sión de di­mitir ante el gra­ví­simo pro­blema de imagen que ha pro­vo­cado en el par­tido. 

Les parece un intento suicida tratar de buscar pistas en las redes del que los colaboradores más próximos de Cristina Cifuentes califican de ‘montaje’ contra la presidenta de la Comunidad. Según las fuentes consultadas por Capitalmadrid.com, este intento solo serviría para alargar el proceso, mientras Ciudadanos sigue cosechando votos populares. Cuanto más se hunda Cifuentes más crecen ellos.

El problema no está en saber quien ha difundido todo lo que se sabe sobre las irregularidades del master de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos.

Cuando la Universidad admite que se ha falseado el título, que las firmas que lo acreditan son falsas, que el tribunal no existió, que dos asignaturas suspendidas figuran después con notable, que el director del curso dice en una entrevista a la SER que se vio obligado por el Rector a buscar una salida digna para la presidenta, que Cifuentes se matriculó tres meses más tarde de que se iniciara el curso, que no asistió a las clases cuya presencia era obligatoria, que no hubo exámenes, que el tribunal que firma el título denuncia que no existió tal tribunal, y cuando no ha aparecido el trabajo fin de máster, trabajo que lleva acreditado la parte fundamental de los créditos del mismo, de poco vale quien haya ‘mecido la cuna’ para que se conozcan todas estas irregularidades.

La conclusión para un destacado grupo de líderes populares es que un servidor público no puede mantenerse por más tiempo en estas condiciones en su cargo. Añaden el temor adicional ahora, de que cuando aparezca el trabajo, si es que aparece, evidencie que está lleno de plagios.

No lo descartan porque, añaden, que para una persona con el nivel de ocupación como el de una delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, hacer un trabajo de 60-80 páginas no resulta sencillo.

El daño se está haciendo no solo a las expectativas electorales del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, sino a todo el partido que estaba empeñando todo su esfuerzo y compromiso en transmitir una nueva imagen de regeneración y lucha contra la corrupción.

Este desmoronamiento de la imagen llega en un momento de agudización de la crisis catalana en la que hace falta el apoyo de las principales fuerzas políticas constitucionalistas cuyo enfrentamiento en Madrid hace imposible ningún acuerdo de ámbito nacional.

El tuit que emitía, Enrique Ossorio, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, a mediodía del domingo amenazando tanto al equipo de Gabilondo como al de Pedro Sánchez asegurando que “tienen que dar muchas explicaciones sobre si conocieron la comisión de un presunto delito en la Universidad Rey Juan Carlos y la ocultaron a la Fiscalía”, no pasa de una amenaza a la desesperada.

Su conclusión en el mencionado mensaje de que “la moción de censura no solo nació muerta, puede estar manchada por una oscura trama” no pasa de ser otro intento más por no afrontar la equivocación mayúscula de la presidenta desde una posición de humildad y de asumir que cuando se comete un error existe la palabra dimisión.

Permitir que durante semanas, tanto Ciudadanos como PSOE y Podemos, sigan hurgando en la herida de esta equivocación del ‘máster fantasma’ supondría añadir más equivocaciones a las muy graves ya cometidas. Como ha resumido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ‘si no tiene el máster, nos ha mentido’, y la conclusión sería más que evidente. A buen entendedor con pocas palabras basta. Alguien tendría que decirle ‘basta ya’.



(*) Periodista

El 21% del precio de un producto en Europa va al agricultor y el 51% a la distribución

MADRID.- El 21% del precio de un producto en Europa va destinado al agricultor o ganadero, el 28% para la transformación y el 51% para la distribución, según COPA-Cogeca, la organización que representa a los agricultores y cooperativas europeas. Estas cifras son, en opinión de UPA, la demostración de que “queda mucho por cambiar hasta configurar un sistema agroalimentario justo con los productores y con los consumidores”.

En este contexto, UPA ha valorado positivamente la propuesta de directiva que la Comisión Europea ha presentado esta semana para acabar con los abusos en la cadena alimentaria. “El plan europeo, aunque insuficiente, es un paso adelante positivo y un cambio de concepto muy importante para los agricultores y ganaderos de todo el continente”, han señalado desde la organización agraria.
Según UPA, Europa asume que no se puede dejar la lucha contra las prácticas abusivas sólo en manos de códigos de buenas prácticas o sistemas de regulación voluntaria. “Demasiados operadores en la cadena de valor de los alimentos llevan abusando demasiados años. Tiene que haber una legislación dura que les obligue a actuar con responsabilidad”, ha asegurado la organización agraria.
Para UPA, el plan de la Comisión es un avance “significativo”, aunque la legislación debería ser “aún más dura con los que abusan”.
Los productores proponen que se establezca un órgano supranacional que vigile y sancione, todo ello para conseguir cambiar el comportamiento del infractor, eliminar cualquier beneficio financiero derivado del incumplimiento de las normas y disuadir futuros casos de incumplimiento.

Detectan un híbrido de dos plagas que amenaza los cultivos de todo el planeta

SÍDNEY.- Científicos australianos confirmaron la aparición de un híbrido de dos gusanos responsables de las principales plagas del mundo en una nueva especie fortalecida, informaron fuentes científicas.

Una de las plagas es la oruga de cápsulas de algodón, que afecta un centenar de cultivos en Europa, Asia y África, incluidos el algodón, tomate y soja, de gran movilidad y que ha desarrollado resistencia a la mayoría de pesticidas.
El otro es el gusano del maíz, originario de América, según indicó en un comunicado la agencia de investigación científica australiana, CSIRO, que alertó que la combinación de ambos es un “preocupante” híbrido sin barreras geográficas.
Los científicos encontraron que entre el grupo de gusanos estudiados cada individuo era distinto, lo que sugiere un “enjambre de híbridos” en el que múltiples versiones del mismo híbrido podrían estar presentes en la misma población.
El director de la investigación, Craig Anderson, alertó de las consecuencias que esta nueva plaga puede tener en cultivos alrededor del mundo, sobre todo, en América. “Estimaciones recientes indican que el 65 por ciento de la producción agrícola de Estados Unidos está en riesgo de verse afectada por la oruga de cápsula”, señaló Anderson.

Podemos es el único partido que sube y pisa los talones al PSOE

MADRID.- El idilio de los españoles con el partido de Albert Rivera continúa pero parece haber tocado techo. Según el último sondeo realizado por Metroscopia para El País, Ciudadanos detiene su meteórico ascenso, si bien sigue por cuarto mes consecutivo como la opción política preferida y, lo que es más importante, incrementa su ventaja respecto al PP debido al descalabro del partido de Mariano Rajoy. Lo más novedoso es que la única formación que sube es Podemos, que se coloca a menos de un punto del PSOE. La suma de Ciudadanos y del partido de Pablo Iglesias alcanza ya el 47% de los votos.

La encuesta de Metroscopia, realizada los días 4 y 5 de abril, en plena tormenta por el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sitúa a Ciudadanos en cabeza con una estimación de voto del 28,7%. Ese dato supone un cambio de tendencia para el partido dirigido por Rivera, que cae dos décimas después de subir ininterrumpidamente desde julio del año pasado. 
Sin embargo, esta formación logra consolidar su posición hegemónica debido a que sus rivales pierden mucho más. Así, Ciudadanos amplía hasta los 8,3 puntos su distancia respecto al PP, que cae 1,1 puntos y se sitúa en el 20,4%, su cifra más baja de los últimos tres años.
Por su parte, el PSOE se coloca en el 19,1% en estimación de voto, pierde tres décimas y prolonga la tendencia a la baja iniciada en noviembre de 2017. Pero lo más inquietante para los socialistas es que su rival por la izquierda, Podemos, se acerca peligrosamente y se sitúa en el 18,3%, siempre y cuando la formación de Pablo Iglesias concurra a las próximas elecciones de la mano de Izquierda Unida y de todas las confluencias con las que se presentó en 2016.
Así pues, Podemos es el único partido de los cuatro grandes que crece y está ya a ocho décimas del PSOE y a apenas dos puntos del PP. Los de Iglesias consolidan su tendencia al alza de los últimos meses, pero todavía están por debajo del 21,1% que alcanzaron en los últimos comicios de junio de 2016.
La subida de Podemos y la posición preponderante de Ciudadanos deja un panorama inaudito en la democracia española: el bipartidismo tradicional pasa a un segundo plano y, por primera vez, la suma de los dos nuevos partidos alcanza el 47% del electorado frente al 39,5% que alcanzan PP y PSOE. 
Para entender la trascendencia de este dato basta con echar un vistazo a lo que pasó en las últimas elecciones: los primeros sumaron el 34,2% y los segundos el 55,7%. Estos datos y las respuestas sobre la ilusión que generan los diferentes partidos permiten pensar que no se trata de una tendencia pasajera sino que probablemente se acabe consolidando en el futuro.
Por bloques ideológicos también se aprecia una evolución clara, ya que la suma de PP y Ciudadanos alcanza el 49,1%, mientras que la unión de PSOE y Podemos representa el 37,4%. En 2016 los primeros tuvieron el 46,1% y los segundos el 43,8%.
Los datos del sondeo confirman que el partido de Rivera está de moda y puede que por mucho tiempo. Encabeza la estimación de voto, tiene el líder mejor valorado, su actuación es mayoritariamente respaldada y, además, es el partido que más ilusiona al 38% de los españoles.
E incluso a votantes de los otros partidos, ya que el 57% del electorado del PP dice sentirse ilusionado con Ciudadanos. Y lo mismo le sucede al 26% de los que votaron al PSOE la última vez y al 20% de los que lo hicieron por Unidos Podemos.
Capitalizar la ilusión siempre es clave para ganar unos comicios, y no parece que, cuando apenas queda un año para las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo de 2019, el PP esté en condiciones de hacerlo. 
Este partido solo ilusiona al 8% de los españoles y al 25% de su propio electorado, menos de la mitad de los votantes de Rajoy que dicen sentirse ilusionados con la formación de Albert Rivera (57%). El PSOE tampoco está sobrado de ilusión: solo motiva al 10% del electorado y al 37% de su propia parroquia.
Otro terreno donde se comprueba la pujanza de Ciudadanos es en el de la transferencia y la fidelidad de voto. Así, los de Rivera logran retener el apoyo del 67% de los que eligieron su papeleta en junio de 2016 y, además, logra robar una parte muy significativa de votos a su directo perseguidor: el 26% de los que votaron a Rajoy ahora lo haría por Rivera.
Y el tercer elemento en el que está muy fuerte Ciudadanos es en cómo valoran los españoles su actuación política en el Parlamento. 
De hecho, es el único partido que logra más aprobación que desaprobación y consigue que incluso al 77% del electorado del PP le parezca bien la forma de proceder de los de Albert Rivera. Es más, la actuación de los populares convence al 72% de sus votantes, cinco puntos por debajo de como ellos mismos juzgan a Ciudadanos.
La severidad con que los españoles califican la actuación de los partidos se traduce en una creciente apatía hacia la política, según refleja el estudio elaborado por Metroscopia para El País. De hecho, si hoy se celebrasen elecciones generales la abstención se situaría en el 35%, el mayor dato de los últimos años. En los comicios de junio de 2016 fue del 30,2%.
La prueba de esa desconexión de la política que sienten los ciudadanos españoles es que una parte significativa del electorado de todos los partidos tiene serias dudas sobre qué hacer si hoy se celebrasen elecciones generales. Los casos más destacables son los del PP, que solo retiene al 43% de sus electores en junio de 2016, y el PSOE, que tiene al 51% de sus votantes debatiéndose entre no votar, hacerlo por otra opción o incluso en blanco.

Errejón reconoce la "desmoralización" y "frustración" en Podemos

MADRID.- Mucho se ha hablado y escrito del bajón en las perspectivas electorales de Podemos, pero pocas veces se han escuchado en público reflexiones tan autocríticas por parte de la dirección nacional como las que este sábado hizo Íñigo Errejón en las que reconoció que el electorado de Podemos está sumido en la "desmoralización" y en la "frustración" por que no se fuera capaz de echar a Mariano Rajoy en 2016 en las fallidas negociaciones con el PSOE

Una suerte de pecado original que sigue persiguiendo al partido de Pablo Iglesias dos años después y que el líder de Podemos trata de quitarse de encima promoviendo de manera cíclica una moción de censura. Como hizo otra vez este sábado, recuerda El Mundo.
La "frustración" por no haber sido capaz de echar a Rajoy se une a otros factores como el problema independentista en Cataluña y la mejora de los "vientos económicos" que, según explicó Errejón, son las tres grandes causas que han instalado en España "un clima de enfriamiento" y de abatimiento que está lastrando las opciones de la izquierda. 
Con un auge del bloque de centro derecha y una desmovilización entre los votantes de izquierdas. Un clima que considera que se puede "transformar" pero, avisó, que para eso el "primer paso" es "reconocer" la situación para poder superarla.
Sin embargo, lejos de aproximarse a esta reflexión, la rama oficialista de Podemos proclamó este sábado que están con el "ánimo subido", durante la conclusión de unas jornadas de trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, que bajo el nombre de "En Marcha" dieron el pistoletazo de salida a la precampaña de Podemos en la carrera de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019.
Un triunfalismo forzado que Iglesias también intentó avivar en su intervención de cierre de jornadas alentando la idea de que si se avanza en ayuntamientos y comunidades el próximo año, "en 2020 a la Moncloa". 
"A los que sueñan con vernos fuera de combate, les decimos que aquí seguimos y que seguimos trabajando para ganar", sentenció.
Ese optimismo contrasta con el choque de realidad que una hora antes había hecho Errejón. "Claramente, no parece que estemos en un momento político de avanzada", admitió el secretario de Análisis Estratégico y de Cambio Político durante su conferencia. Un escenario que dijo que había que comentar para "analizarlo" porque si se niega, incidió, Podemos deja de ser una fuerza revolucionaria para convertirse en un "club de autoayuda".
"La reelección de Mariano Rajoy ha sumido a amplios sectores de la población española en una desmoralización o frustración. También porque una parte de la gasolina que nos propulsó tan rápido era la de la posibilidad de una victoria inmediata", señaló Errejón. En este sentido, ahondó en que las negociaciones fallidas han hecho mella en la gente de izquierdas y más con el cruce de acusaciones entre PSOE y Podemos.
"Hemos perdido mucho tiempo en una pelea táctica permanente entre nosotros y el PSOE sobre quién tiene la culpa y mientras hacemos eso la suma de ambas fuerzas progresistas ha pesado menos", dijo sobre el retroceso electoral de las encuestas. Llevando a muchas personas que se habían "ilusionado mucho" a decir "mientras os decidís me quedo en casa".
Hecha la autocrítica, Errejón mostró su confianza en la fórmula para revertir la situación. Pidió superar la crisis con "certezas", generando "confianza" en amplios sectores populares y movilizando "a los de abajo" con el mensaje de que encarnan una "posibilidad de transformación". Y no insistiendo sólo en que PP o Ciudadanos "son muy malos". 
Porque de lo contrario, no puede descartarse que la "desmoralización" pueda continuar. Y eso pasa por adoptar su discurso por el cambio de los "vientos económicos". "No podemos mantener el mismo discurso de 2014", dijo. "A nosotros como fuerza transformadora no nos toca hacer un discurso catastrofista".
Por su parte, Iglesias hizo un discurso más agitador durante el mitin de cierre de jornadas. Animando al partido para la cita electoral de 2019 para sentar las bases de las elecciones generales del año siguiente. Para ello, estableció como reto de Podemos "mantener" los ayuntamientos gobernados por Podemos y "extender el ejemplo" en otros, así como avanzar en las comunidades autónomas, especialmente, la de Madrid. Donde Podemos fía sus opciones de recuperar la moral y volver a creer.