domingo, 10 de abril de 2011

El PSPV dice que Rajoy "aún puede evitar un bochorno histórico" cesando a los imputados que Camps "quiere aforar"

VALENCIA.- La portavoz del Comité Electoral Nacional del PSPV, Carmen Ninet, ha afirmado este domingo que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "aún puede evitar un bochorno histórico cesando a la multitud de imputados que Camps quiere aforar" y ha destacado que "aún hay plazo" para realizar cambios en las listas a la cámara autonómica.

   Así se ha expresado Ninet en una comparecencia ante los medios, en la que ha subrayado que Rajoy "es consciente de que con su silencio está poniendo en peligro y amenazando su propio liderazgo y de que con su actitud ha provocado una grave crisis interna y una reacción de gente del propio PP que le recrimina que haya consentido tal bochorno".
   La socialista ha lamentado que la "corrupción" del PPCV "atenace la Comunitat de norte a sur" y ha señalado que "esta estrategia de acoger y tapar a los imputados" quiere garantizar "la impunidad de esa ristra de implicados en casos de corrupción que buscan el cobijo en ese aforamiento, no para defender los intereses de los valencianos, sino para defenderse ellos mismos de la acción lícita de la justicia y el estado de derecho".
   Ante esta situación, Ninet ha lamentado la estrategia seguida por el PP, "basada en la calumnia y la bazofia de proclamar que todos los políticos somos iguales" y ha hecho un llamamiento "a la gente decente que milita en el PP y a quienes les han votado en alguna ocasión" para asegurar que "otro camino es posible" y que "el proyecto de los socialistas valencianos también es el suyo".
   Por otra parte, la portavoz del Comité Electoral Nacional ha anunciado también que solicitará un 'cara a cara' entre los candidatos autonómicos de los dos partidos mayoritarios que concurren a las elecciones "en todos los medios de comunicación privados de la Comunitat Valenciana".
   Así, ha adelantado el "inminente" envío de cartas a los directores y directoras de dichos medios con la petición de los citados debates, ya que, a su juicio, "los ciudadanos y ciudadanas valencianos merecen disfrutar de la oportunidad de poder contrastar propuestas".
   "No vamos a consentir que Camps se esconda detrás de ninguna cámara y le vamos a exigir que se ponga delante de ella, porque los cinco millones de valencianos y valencianas tienen derecho a disfrutar de la oportunidad que les da la democracia, porque tienen derecho a saber qué propuestas y proyectos ofrece cada candidatura", ha aseverado.
   Asimismo, ha indicado que, en el caso de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, decline su asistencia, solicitarán a los medios públicos que "mantengan el programa los primeros 5 minutos para que la silla del candidato del PPCV se quede vacía" y ha instado a Camps a que "urgentemente dé una respuesta formal acerca de si acepta o no el debate en Canal 9 y TVE".

Madrid y la Comunitat Valenciana son las regiones que más quejas acumulan por la aplicación de ley de Dependencia

MADRID.- El Defensor del Pueblo afirma que las comunidades autónomas de Madrid y la Comunidad Valenciana son las que más quejas acumulan por la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, referidas, sobre todo, a las demoras en recibir las prestaciones o servicios correspondientes.

   En la Memoria 2010, la institución dirigida por María Luis Cava de Llano vuelve a poner de relieve las reclamaciones de los ciudadanos sobre el desarrollo de esta norma que fue aprobada en 2007. "Las quejas se focalizan, también este año, en las demoras y, consecuentemente, en la fecha de efectos que se concede al reconocimiento de las prestaciones, cuestión sobre la que se observan diferencias considerables", señala el informe.
   Insiste en que, como en años anteriores, del retraso "considerable" con el que se tramitan las solicitudes de valoración del grado de dependencia y posterior Programa Individual de Atención (PIA), en la conveniencia de reconocer las prestaciones económicas con efectos al menos desde la fecha de solicitud.
   Asimismo, alerta de que ante la negativa de las administraciones autonómicas a dicho reconocimiento, los ciudadanos se han visto obligados a acudir a los tribunales, sometiéndose a un procedimiento "largo y costoso", para que les sean reconocidos dichos derechos.
   Explica, además, que cuando resulta "necesario" acceder a una plaza de atención residencial por ser insostenible la situación de una persona en su domicilio, "parece inadecuado que necesite esperar, en muchos casos, más de un año a que se valore su grado de dependencia y, a continuación se inicie el programa individual de atención, con lo que el acceso al centro se demora aún más".
   Así, pone como ejemplo el caso de un anciano de 86 años enfermo de Alzheimer que fue valorado como 'gran dependiente' en 2008 y cuya única cuidadora era su mujer de 79 años, también valorada como 'dependiente severa'. Ante la demora en aprobar la atención o el servicio que el hombre requería, le concedieron de forma temporal una plaza residencial, pero finalmente tuvo que volver al domicilio, donde falleció sin recibir la llamada oportuna.
   Sobre la incorporación al sistema los 'dependientes moderados' (grado I, nivel 2) a principios de 2011, el Defensor pone de manifiesto que al finalizar 2010, "no se había aprobado el Real Decreto en el que se detallan las ayudas que estas personas pueden percibir", si bien en la reunión del Consejo Interterritorial de 22 de diciembre de 2010 se acordó el nivel mínimo de protección. "Esta falta de previsión permite suponer que a los retrasos puestos de manifiesto y que se vienen arrastrando de años anteriores, se añadirán las nuevas incorporaciones", alega.
   Como ya recogía en el informe del pasado año, el Defensor del Pueblo indica que "no puede compartir" el criterio de algunas administraciones que al tener conocimiento del fallecimiento de la persona en situación de dependencia, antes de la firma e incluso de la efectividad del Programa Individual de Atención (PIA), proceden al archivo del expediente sin siquiera notificarlo al interesado, por considerar que "se ha producido la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento".
   "Preocupa" también a esta institución la interpretación de algunas administraciones sobre la necesidad de que la valoración de la dependencia se realice cuando la persona se encuentra en una situación estabilizada, negando la posibilidad de proceder a una valoración cuando el beneficiario está hospitalizado por sufrir alguna dolencia diagnosticada como de carácter irreversible.

La Comunitat pagará a los partidos 0,64 por cada voto que obtengan en las autonómicas

MADRID.- La Comunitat Valenciana subvencionará a los partidos políticos con 0,64 euros por voto y 12.786 euros por diputado conseguido en las próximas elecciones autonómicas del 22 de mayo, una cifra que se sitúa bastante por debajo de la ofrecida por la Comunidad de Madrid, con 1,01 euro por papeleta y 19.981 euros por escaño y que coloca a la región en la mitad de la tabla por autonomías.

   Así se desprende del cotejo de las órdenes publicadas en los distintos boletines autonómicos sobre las cuantías de las subvenciones por concejal y voto que las comunidades abonen a los partidos políticos como compensación sus gastos electorales.
   En las elecciones municipales, el Ministerio de Economía es el organismo encargado de cuantificar estas subvenciones. Para este caño, el Gobierno central subvencionará con 55 céntimos cada voto obtenido, siempre que se traduzcan en ediles, y con 276,86 euros cada acta de concejal.
   Pero en el caso de las autonómicas son las distintas comunidades quienes lo determinan ya que son ellas las convocantes. Ello hace que exista gran disparidad de cifras entre unas y otras comunidades, con una horquilla que va de los 40 céntimos al euro por voto y de los 10.000 hasta los 20.000 euros por escaño. En las últimas elecciones generales, el Estado pagó 21.167,64 euros por diputado y 79 céntimos por cada voto al Congreso.  
   En mayo, quien más abonará por voto será la Comunidad de Madrid (1,01 euros), seguida de Navarra (92 céntimos) y La Rioja (88 céntimos). Madrid, cuya asamblea legislativa pasará a tener 129 diputados tras los comicios de mayo, también es una de las que más paga por escaño conseguido (19.981,18 euros), sólo superada por Canarias, que ha previsto una compensación de 20.456,28 euros (3.000 más que hace cuatro años).
En el lado contrario de la balanza figura Castilla y León (10.205,62 euros por escaño y 40 céntimos por voto).

La deuda pública española está más junto al Mediterráneo

MADRID.- La deuda española aumentará un 50,34% en los próximos cinco años y alcanzará el billón de euros en el año 2015, momento en el que pasará a representar el 81,99% del PIB frente al 63,45% actual, según un estudio elaborado por el 'Strategic Research Center de EAE Business School'.

   La deuda pública ha alcanzado 667.157 millones de euros en 2010, un 19% más que en el año anterior y un 71% mayor si la comparamos con los niveles de 2007. En total, equivale al 63,45% del PIB y en el último año la cifra ha aumentado en un 19,27%. Si analizamos la evolución de la deuda pública sobre el PIB desde 2007 hasta ahora, la deuda pública sobre el PIB ha aumentado en un 75,76%.
   Por comunidades, Cataluña es la comunidad con la deuda pública más elevada, con 31.886 millones de euros (el 28% del total), seguida de la Comunidad Valenciana, con 17.600 millones y la Comunidad de Madrid, con 13.492 millones de euros. En el lado opuesto se sitúa La Rioja, con 726 millones de euros, seguida de Cantabria (911 millones) y Asturias (1.634 millones).
   Sin embargo, la deuda pública que más ha crecido en el último año ha sido la del País Vasco, que ha aumentado un 95,16%, seguida de Extremadura, con un 60,87% y Murcia, con una subida del 57,24%. Las comunidades que registraron los menores incrementos fueron Madrid (12,52%), Comunidad Valenciana (22,69%) y Andalucía (23,89%).
   El estudio incluye la comparación de la deuda pública por habitante. Así, en España, la deuda pública por cada ciudadano es de 14.498 euros, por debajo de los líderes europeos como Bélgica (32.643 euros por ciudadano), Italia  (30.621 euros por habitante), Alemania (23.343 euros) y Grecia (27.488 euros).
   De la misma forma, España se sitúa también por debajo de los líderes mundiales en este aspecto, como Japón, con 78.278 euros por habitante; Islandia, con 37.168 euros por habitante y EE.UU., con 32.973 euros por habitante.
   Al hacer este mismo análisis por comunidades autónomas, los catalanes son los que soportan una mayor deuda pública (4.244 euros), seguidos de los habitantes de Islas Baleares (3.676 euros) y los de la Comunidad Valenciana (3.443 euros). En la zona baja de la tabla se encuentran Murcia (1.441 euros), Andalucía (1.455 euros) y Asturias (1.507 euros).
   Por su parte, la deuda de los ayuntamientos, mancomunidades y agrupaciones inframunicipales ha crecido en un 0,67% en el último año. Si sólo se tiene en cuenta las capitales de provincia, el incremento de la deuda ha sido del 0,71%.
   El 73% de la deuda de los ayuntamientos se concentra en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Zaragoza. El 27% restante, esto es, 3.922 millones de euros, se la reparten el resto de capitales de provincia.
   De hecho, Madrid es el ayuntamiento con mayor deuda emitida, al registrar una cifra que supera en casi cinco veces la de Barcelona, a pesar de que en el último año ha conseguido reducir su deuda en un 4,57% mientras que Barcelona la aumentó en un 59,63%. Sevilla, por su parte, ha conseguido reducir su deuda en el último año en un 13%.
   En deuda por habitante, Madrid es el ayuntamiento con la cifra más elevada (1.982 euros), seguido de Málaga (1.307 euros) y Zaragoza (1.109 euros). En los últimos cinco años (2005-2010), la deuda por habitante de Madrid ha crecido en un 87,40%, mientras que la de Málaga ha subido un 64,76%; la de Zaragoza, un 53,44%; la de Sevilla, un 33,32%; y la Barcelona, un 2,87%.

Islandia vuelve a decir "no" a pagar la deuda de sus bancos


REIKJAVIK.- La población de Islandia volvió a rechazar un acuerdo negociado por el gobierno sobre la amortización de la deuda del banco Icesave, en quiebra, en un referéndum celebrado este sábado. Según el recuento del 90% de las papeletas escrutadas, el 59,1% de los islandeses han vuelto a decir no en la convocatoria de este fin de semana.

El resultado puede interpretarse como un triunfo de la denominada revolución de las cacerolas:sí habría empañado el ejemplo islandés, al que se agarra cada vez más gente en la periferia de Europa, por la irritación que provoca el empeño de Bruselas y el BCE en defender a los bancos aun a costa de una oleada de austeridad y recortes draconianos.

La emisora de televisión RUV informó en la madrugada de hoy domingo que un 58 por ciento de los votos fueron "no" y sólo un 42 por ciento apoyó el acuerdo para el pago del monto que se le debe al Reino Unido y Holanda.
El resultado definitivo de la consulta popular se difundirá esta misma mañana.
Pese a la distancia y a su tamaño, los habitantes de esta isla se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el sistema bancario porque se niegan a hacer frente a la deuda que sus bancos han dejado con sus quiebras.
Las arcas del Estado deberán pagar los 3.800 millones de euros (unos 5.500 millones de dólares) que adeudan a Reino Unido y Holanda, pues estos gobiernos restituyeron en 2008 a los 300.000 clientes de Icesave en sus respectivos países los depósitos que tenían contratados en el banco online.
Islandia, con una ciudadanía reivindicativa y una clase gobernante que no está dispuesta a obligar a sus habitantes a que asuman una deuda que no es suya sin estar antes de acuerdo, se produjo el primer referéndum, que dijo no por una mayoría aplastante. Se pensó que la negativa se debía a que el acuerdo era excesivamente gravoso para los ciudadanos islandeses, con unos tipos de interés muy altos. Ahora ha llegado el segundo y el no también ha sido rotundo.
La primera ministra Jóhanna Sigurdardóttir dijo sobre los datos del referéndum que era el "peor resultado imaginable". Su gobierno había abogado por el "sí". Es probable que las controvertidas condiciones de devolución del dinero pasen a ser determinadas ahora por instancias europeas.
El primer referéndum, en marzo de 2010, una mayoría del 93 por ciento de islandeses rechazó el acuerdo de devolución de las deudas negociado por el gobierno de Reykjavik. Se criticaron sobre todo los elevados intereses. Como consecuencia, los tres gobiernos implicados negociaron el año pasado algunas mejoras para la parte islandesa.
El referéndum fue convocado hace dos meses por el presidente islandés, Oláfur Ragnar Grímsson, que se negó a firmar una ley del Parlamento que estipulaba las condiciones del acuerdo: un pago con intereses del 3% a 37 años. Grímsson es reincidente: en diciembre de 2009 ya forzó una consulta similar, cuando contra todo pronóstico se negó a firmar una ley que obligaba a pagar con intereses del 5,5% en 15 años. El no ganó entonces de forma arrolladora. "Las antiguas condiciones de pago eran muy injustas: las nuevas son mejores, pero si los islandeses van a tener que cargar con una deuda de sus bancos deben tener derecho a decidir. Islandia es una democracia, no un sistema financiero", declaró Grímsson a 'El País' hace unos días.
La disputa viene de lejos. A mediados de la pasada década, uno de los grandes bancos islandeses, Landsbanki, abrió una filial por Internet en Reino Unido, Holanda y Alemania que tuvo un éxito fulgurante por los altos intereses que pagaba en una cuenta llamada Icesave. A principios de octubre de 2008, apenas 15 días después de la quiebra de Lehman Brothers, el Reino Unido detectó que los bancos islandeses estaban traspasando dinero de las cuentas británicas a Reikiavik y les aplicó la ley antiterrorista: congeló todos sus fondos. Los bancos estaban sobreendeudados (sus activos suponían 12 veces el PIB), y esa decisión, junto a la crisis internacional, les llevó a la bancarrota. El Estado no los rescató. Los dejó caer, y posteriormente los nacionalizó e inyectó dinero para que siguieran operando, pero solo en Islandia. Londres y Ámsterdam pagaron a los depositantes de Icesave (unas 300.000 personas) el 100% de los depósitos y desde entonces reclaman ese dinero. Eso suma 4.000 millones: tal vez no parezca una cifra desorbitada, pero es un tercio del PIB islandés.
El Gobierno, en cambio, defendía el en el referéndum aduciendo que los activos del banco quebrado, cuando se liquiden, permitirán pagar la mayoría de la deuda. Los partidarios del no argumentaban que la gente no debería pagar por las locuras de sus bancos, y aducen que la legislación internacional -llena de sombras- no obliga a ningún país a asumir deudas astronómicas que sobrepasan con mucho el importe acumulado en los fondos de garantía.
Islandia sigue sumida en una profunda crisis, tras los acontecimientos que acabaron en la quiebra del sistema bancario y que obligaron al país a acudir al FMI. Entonces la Bolsa se desplomó, la corona islandesa perdió el 80% de su valor y la caída del PIB ha sido del 15%. El paro ha pasado del 1% al 8%, hay controles de capital -corralito-, ha habido fuertes subidas de impuestos y recortes del gasto público. La incipiente recuperación es aún muy frágil. Y esa fragilidad puede aumentar en caso de que el no salga vencedor: el Ejecutivo avisó a la población de que el rechazo llevaría el caso a los tribunales, donde la factura puede llegar a ser mucho mayor. Además, si los activos del banco quebrado son menores de lo esperado y la corona vuelve a caer, las cifras se dispararían.
La consulta tendrá también efectos colaterales en el ámbito político. La negativa deja en una difícil posición al Gobierno de coalición entre socialdemócratas y rojiverdes, y complicaría el acceso de Islandia a la UE y los créditos con el FMI y otros países nórdicos. Los islandeses saben todo eso, y aun así ha ganado el no. "Tenemos la opción de acabar con este desafortunado asunto con dignidad, o embarcarnos de nueva en un periodo de incertidumbre", avisó ayer el ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson. "De acuerdo: pero la crisis ya está siendo lo suficientemente dura. No quiero pagar más", terció el director de cine Arni Sveinsson.
La reacción de Reino Unido no se ha hecho esperar. El secretario jefe del Tesoro británico, Danny Alexander, ha expresado hoy su decepción ante la negativa de los islandeses a pagar por el colapso de
los bancos:"Está claro que el rechazo declarado por el pueblo islandés a lo que era un acuerdo negociado ha sido obviamente decepcionante", declaró Alexander. "Por supuesto que respetamos su decisión, pero ahora vamos a hablar con nuestros socios internacionales, y parece que este proceso terminará en los tribunales", añadió.
Islandia, con 320.000 habitantes, se vio fuertemente afectada por la crisis financiera de 2008, que provocó el colapso de la banca.

“Indignaos” contra “Imputaos”

Carta abierta a José Luis, Mariano, Cayo, Josep, Rosa y al resto de nuestros dirigentes políticos.
 
No sé a vosotros, pero a mí lo que me está quitando el sueño estos días no es la saga sucesoria recién abierta, ni siquiera el reventón del Sporting a la Liga. Lo que de verdad me produce insomnio es pensar en la gran final que los ciudadanos jugaremos el 22 de Mayo, y en los miles de representantes que van a gestionar nuestros gobiernos municipales y algunos autonómicos durante los próximos cuatro años.
No es que me asuste el ejercicio de la ciudadanía. Lo que me preocupa es veros a algunos avalando candidaturas de imputados por graves delitos de corrupción y buscando la paja en el corrupto ajeno mientras ignoráis la viga podrida en casa propia.
Me inquieta no oiros hablar más del verdadero impacto de la corrupción en nuestras vidas, de cómo el enriquecimiento de unos pocos socava nuestra economía y erosiona nuestros servicios públicos. Me indigna que algunos sigáis dando crédito a aquéllos que usan nuestro mandato democrático para arrasar con el medio ambiente y las arcas públicas.
¿Por cuánto tiempo más permitiremos que los corruptos blinden su impunidad a golpe de laguna legal y plazos prescriptivos?
Imagino que habréis leido alarmados que 8 de cada 10 españoles pensamos que nuestras instituciones y representantes políticos son ‘corruptos’ o ‘muy corruptos’. Quizás esta percepción cambiaría si algunos os dedicaseis a apoyar más a los muchos políticos y funcionarios honestos con los que contamos, en vez de cerrar filas en torno a los deshonestos.
Cierto que, en esto del mangoneo, el siglo XXI no es nada original. Nos avalan cuatro mil años de prebendas, corruptelas y trapicheos. Pero algo está cambiando. ¿Lo notáis? Y es que una buena parte de la ciudadanía estamos sacudiéndonos poco a poco la modorra conformista y prevaricadora del “siempre fue así”, del “todos son iguales” o del “en su lugar yo haría lo mismo”.
Los alegatos de Hessel y Sampedro llegan en el mejor momento. Ya se ven atisbos de una nueva conciencia ciudadana a punto de ebullición: desde las nuevas plataformas de jóvenes dispuestos a movilizarse en busca de ese futuro que los políticos no sabéis, no podéis o no queréis brindarles; hasta los que piden un voto de castigo para penalizar a los grandes partidos, pasando por la plétora de organizaciones y grupos que siguen luchando por la transparencia y por la defensa de una justicia social incompatible con la plaga de la corrupción.
En Avaaz, ya somos casi 100.000 ciudadanos los que os estamos exigiendo medidas eficaces contra la corrupción: Ahora, a pocos días del cierre oficial de vuestras candidaturas para Mayo; pidiéndoos que os ganéis nuestro voto, no a base de palabrería y celebraciones populistas, sino a base de liderazgo y coraje político, excluyendo de vuestras listas a todos aquellos candidatos imputados o condenados por graves irregularidades y delitos asociados con la corrupción.
Aún insomne, me despido con la convicción de que muy pronto serán nuestras voces y acciones ciudadanas las que os quiten el sueño a vosotros. Por el bien de nuestra democracia.
Atentamente.
P.D.: José Luis, Mariano y el resto, imagino que después de leer esta carta estaréis deseando uniros a esta campaña. ¡Firmad aquí y reenviad a todos vuestros conocidos!