miércoles, 13 de mayo de 2009

Agricultura hace efectivo el pago de 43 millones en ayudas europeas para el sector citrícola valenciano

VALENCIA.- La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ha hecho efectivo hoy el pago de 43 millones de euros para el sector citrícola en concepto de las ayudas correspondientes al Pago Transitorio, derivado de la incorporación de este cultivo al régimen de Pago Único a partir de 2010, según informaron fuentes de la Generalitat en un comunicado.

El número de beneficiarios de esta subvención asciende a 33.000 agricultores de la Comunitat Valenciana, explicaron las mismas fuentes, que indicaron que los productores de cítricos recibirán 597 euros por hectárea de cultivo de naranja y mandarina, y 1.214 euros por hectárea de cultivo de limón.

Estas ayudas representan el 91 por ciento del total de la subvención, que se ha hecho efectivo en la primera semana hábil para realizar los pagos, destacaron. A este respecto, agregaron que queda por tanto pendiente un segundo pago cercano a los 4 millones de euros que se ejecutará a lo largo de las próximas semanas.

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, destacó la "agilidad" con la que se ha trabajado desde su departamento para que la llegada de los fondos se acelerara en beneficio de los agricultores de la Comunitat Valenciana.

"Se trata de una inyección económica muy importante para el sector en un contexto de crisis económica, en un momento clave en el que se inicia la planificación de la próxima campaña y en el que disponibilidad de liquidez es fundamental para acometer las inversiones necesarias", apuntó la responsable autonómica.

Hernández felicitó a todas las entidades colaboradoras "por el gran trabajo que han realizado a la hora de recoger las solicitudes de los agricultores, incorporando y formando personal exclusivamente para tramitar las ayudas" a las cooperativas, organizaciones profesionales agrarias, entidades financieras y oficinas comarcales.

Con este objetivo, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación puso a disposición del sector una herramienta telemática para facilitar tanto al sector como a este departamento la gestión ágil de los contratos de entrega que se han de efectuar entre las organizaciones de productores que venden la fruta, y las industrias de transformación, que la compran para producir zumo, que son necesarios para hacer efectivo el pago transitorio, según las mismas fuentes.

Las cajas de ahorro dejan de publicar sus balances

MADRID.- La patronal de las cajas de ahorros ha suspendido la publicación de los balances de estas entidades. Si ya de por sí es complicado en muchas ocasiones conocer la realidad financiera de un buen número de cajas, ahora la CECA impone el apagón informativo.

Hace un año por estas fechas, la patronal ultimaba la difusión de los beneficios de las cajas en el primer trimestre. No ha ofrecido ni siquiera los datos de febrero, según revela hoy 'El Mundo'.

Hasta ahora la Confederación Española de Cajas de Ahorros difundía la realidad de las entidades cada mes, y sólo cuando habían pasado cuatro o cinco semanas desde la fecha a la que se refirieran los datos. Era mucho más ágil que la otra patronal bancaria, la AEB, que tarda mucho más en difundir la información de sus asociados. Ahora bien, los bancos cotizados son mucho más transparentes en información que la práctica totalidad de las cajas de ahorros.

Sin embargo, y después de lo sucedido con Caja Castilla-La Mancha, cuando la CECA reveló lo que después se supo como falso beneficio de la entidad, en la patronal de cajas han decidido cambiar su política.

Fuentes de la CECA admiten que se ha tomado la decisión de retrasar, sin que se conozca fecha de nueva publicación, la difusión de los balances de estas organizaciones.

Y entre las razones que aducen en la patronal están "problemas técnicos" derivados del cambio de normativa contable. Pero los balances correspondientes a diciembre y enero ya estaban adaptados a estas modificaciones y se difundieron en fechas similares a las del año anterior.

Los datos son relevantes en todo momento, pero más en una época de crisis como la actual. Y no se puede alegar que los datos no estén disponibles, ya que toda la información que tiene la CECA es difundida por el Banco de España, si bien el supervisor no desglosa por entidades, como hacía la CECA, sino que los da agrupados.

En la actualidad, las últimas cifras disponibles en la página web de la CECA- datos que también se enviaban a los medios de comunicación- corresponden al 31 de enero. Fueron difundidos el 25 de marzo.

En condiciones normales, ya deberían estar disponibles los del mes de febrero y listos para salir del horno los del 31 de marzo, si bien éstos, al incluir datos de beneficio, solían ofrecerse con algo más de retraso. Sin ir más lejos, hace un año la CECA ofreció los balances de febrero el 4 de abril y los de marzo el 21 de mayo.

Otra prueba de que la CECA tiene los datos y no quiere difundirlos es que su presidente, Juan Ramón Quintás, anunció el pasado 22 de abril los datos de morosidad de las cajas a 31 de marzo. Fue para resaltar que, en conjunto, se había producido un descenso de los créditos dudosos, el primero desde que estalló la crisis.

Lo sorprendente de la decisión adoptada por la CECA es que la propia organización ha reconocido en ocasiones que algunas de las entidades asociadas no son todo lo transparentes que debieran y no ofrecen en un tiempo razonable las cifras de su evolución.

Por ejemplo, la CECA desveló el beneficio de CCM (que luego el Banco de España convirtió en pérdidas) el 11 de marzo.

En la CECA arguyen que la Asociación Española de Banca aún tarda más en difundir la información, y razón no les falta. Pero la organización que preside Miguel Martín no ha retrasado la publicación de las cifras de los bancos (algunos de los cuales son extranjeros), sino que, históricamente, los entrega más tarde.

Costas autorizará los chiringuitos de la playa en las mismas condiciones de años anteriores en Castellón

CASTELLÓN.- El subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, y la jefa provincial de Costas, Lidia Pérez, manifestaron hoy en rueda de prensa que este verano existe la previsión de autorizar la instalación de chiringuitos en la playa del término municipal de Castellón en las mismas condiciones que en veranos anteriores.

De este modo, está previsto autorizar hasta un máximo de 150 metros cuadrados por instalación lúdica "para no perjudicar a aquellos empresarios que han hecho una fuerte inversión económica y que cuentan con una concesión de explotación todavía en vigor", explicaron.

Lidia Pérez señaló que "se trata de una solución transitoria", pues, según dijo, "estamos en el más absoluto cumplimiento de la ley, pero con racionalidad, porque no queremos tampoco que los ayuntamientos se vean perjudicados si tienen adquirido algún compromiso económico con los empresarios concesionarios".

A este respecto, Pérez aclaró que la Ley de Costas autoriza la instalación en la arena de dos tipos de instalaciones: fijas y desmontables. Las desmontables pueden tener un máximo 20 metros cuadrados y las fijas hasta 150 metros cuadrados.

También explicó que se ha venido haciendo una interpretación "amable" de la ley "para no perjudicar a aquellos empresarios que había realizado una fuerte inversión económica, de manera que se habían autorizado como fijas instalaciones que en sentido estricto cabrían ser consideradas como desmontables".

Es el caso que se produce, por ejemplo, en la ciudad de Castellón, aunque insistió en que, de cara a 2010, "la situación debe cambiar necesariamente, porque una vez vencidas las concesiones otorgadas por el ayuntamiento, únicamente se podrán ubicar sobre la arena de la playa instalaciones de 20 metros cuadrados, y a las que excedan esas dimensiones habrá que buscarles una nueva ubicación fuera de la playa".

El subdelegado del Gobierno destacó que lo que se va a hacer en Castellón es lo mismo que se viene realizando en otros municipios de la provincia, "en los que según han ido venciendo las concesiones, se han sacado los chiringuitos de la playa o se han reducido a 20 metros cuadrados".

Es algo que por otra parte, dijo, "se irá aplicando en todos y cada uno de los municipios de la costa castellonense, según vaya venciendo el periodo de concesión municipal".

En alusión a unas recientes declaraciones del vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, en las que éste pedía la adecuación de la aplicación de la Ley de Costas a las especificidades que presenta la ciudad de Castellón, Antonio Lorenzo manifestó que "lo que tendría que haber hecho el Ayuntamiento de Castellón es haber trabajado durante todos estos años para haber encontrado una ubicación adecuada a estas instalaciones, como otros ayuntamientos han hecho".

Al respecto añadió que "el Ayuntamiento de Castellón sabe perfectamente que existe la norma, porque se le advierte, y porque todos los años recibe expedientes sancionadores que tiene que ejecutar y abonar por la utilización de una superficie superior a la autorizada". Agregó que ello "conllevan importantes cantidades de pago" y afirmó que "por lo tanto, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es buscar la mejor ubicación para esos chiringuitos si quiere que Castellón siga teniéndolos".

Por último, el subdelegado afirmó que "seguramente, el resto de los empresarios del sector del ocio, que están todo el año pagando sus impuestos y cumpliendo estrictamente la norma, no estará muy de acuerdo con esa voluntad de excepcionalidad que el Ayuntamiento plantea respecto a las instalaciones de la playa".

El PSPV dice a Fabra y Camps que los votos "no sirven para vulnerar la ley, sino para servir a los ciudadanos"

CASTELLÓN.- La secretaria de Movimientos Sociales y ONG del PSPV-PSOE, Clara Tirado, recordó hoy al presidente de la Diputación de Castellón y al presidente de la Generalitat, Carlos Fabra y Francisco Camps, respectivamente, que los votos "no sirven para vulnerar la ley, sino para servir a los ciudadanos y las ciudadanas".

En estos términos se refirió, en un comunicado, a las declaraciones de dirigentes del PP en las que "justificaban" la continuidad en el cargo de Fabra sobre la base de que "con la misma información que hoy sabemos, obtuvo un resultado abrumador".

Tirado puntualizó que ésta es una información que indica que "según el auto judicial, hoy el presidente de la Diputación de Castellón se sitúa dentro de una trama encargada de falsificar análisis químicos, sellos y firmas para conseguir autorizaciones del Gobierno de Aznar que permitieron comercializar plaguicidas asiáticos".

Asimismo, la representante socialista calificó de "mentira indecente" que los populares esgriman el argumento de las urnas y señaló que el cargo de presidente de una Diputación "no se elige en votación directa, sino en designación de segundo grado, de manera que fueron el Partido Popular y Camps quienes decidieron mantenerle --a Fabra-- en el puesto".

"Los ciudadanos y las ciudadanas de Castellón nunca han votado a Carlos Fabra porque nunca se ha presentado a unas elecciones", insistió la diputada socialista, quien aseguró que "si así lo hubiera hecho, sin ninguna duda, habría perdido".

En consecuencia, Clara Tirado hizo hincapié en que el presidente de la Generalitat "será el responsable político directo de cuanto se derive del proceso abierto contra el presidente de la Diputación de Castellón, al situarle como su gran referente moral y ético".

El PSPV pide la constitución "urgente" del Consejo Social para que dictamine sobre la revisión del PGOU castellonense

CASTELLÓN.- El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, reclamó hoy al alcalde Alberto Fabra la constitución "urgente" del Consejo Social para que el máximo órgano de participación ciudadana dictamine sobre el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), anulado por sentencia judicial del Tribunal Supremo hace cinco meses, según informaron en un comunicado fuentes socialistas.

"El Partido Popular y Alberto Fabra deben aclarar si quieren que el proceso tenga todas las garantías y si abren la puerta a los ciudadanos para que puedan presentar alegaciones y, en definitiva, mejorar el ordenamiento urbanístico, o si está intentando ponerle palos en las ruedas", expuso Calles.

Calles recordó que el reglamento que ha de regir el funcionamiento del Consejo Social de la Ciudad fue aprobado por el pleno de la corporación de marzo, "sin que hasta el momento se hayan registrado avances en su constitución".

Al respecto, afirmó que "no queremos pensar que el alcalde trata de retrasar la puesta en marcha del consejo de forma intencionada, porque eso significaría que está intentando minimizar la voz de la ciudadanía en un debate que es crucial para el desarrollo de Castellón a corto, medio y largo plazo".

"Una de las competencias expresas del Consejo Social es la de emitir dictámenes sobre aspectos centrales de la política municipal, y el proceso para aprobar de nuevo el PGOU es un elemento decisivo para preparar el Castellón del futuro, sobre todo cuando la crisis está impactando tan gravemente sobre los sectores económicos ligados al urbanismo", destacó Calles.

El líder socialista resaltó que el dictamen del Consejo Social "ayudaría a difuminar las dudas existentes sobre el documento que se debe sacar a exposición pública y sobre la legalidad aplicable".

En este sentido, afirmó que "la ambigüedad calculada con que Fabra aborda el problema de la anulación del PGOU sólo busca eludir las responsabilidades políticas del PP, pues el alcalde está perpetrando un engaño de destrucción masiva para que los castellonenses no se den cuenta de la precariedad política de quien tiene en sus manos el gobierno de Castellón".

El IPC crece un 1,2% en abril en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- El Indice de Precios al Consumo (IPC) subió un 1,2% en abril en la Comunidad Valenciana respecto al mes de marzo, pero la tasa interanual cayó una décima, hasta situarse en el -0,1%, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en España el IPC subió un 1% en abril respecto al mes de marzo, pero la tasa interanual cayó una décima, hasta situarse en el -0,2%, lo que supone intensificar la tendencia negativa en la que entró durante el pasado mes por primera vez en su historia.

El mayor incremento de precios en la Comunidad Valenciana se produjo en la rúbrica de Vestido y calzado, que creció un 11,9 por ciento respecto al mes anterior, debido principalmente a los precios de la nueva temporada primavera-verano.

También subieron los precios de los del Transporte (1,3 por ciento) a causa de los precios de los carburantes y lubricantes y de del Ocio y la Cultura (1,1 por ciento) por el ascenso de las tarifas de los viajes organizados.

Junto a estas rúbricas, en el abril también experimentaron un ascenso los precios del Menaje (0,8 por ciento), los Hoteles, Cafés y restaurantes (0,6 por ciento), Medicina (0,5 por ciento) y el conjunto de otros bienes (0,2 por ciento).

Mientras, las tarifas de la Enseñanza y las bebidas alcohólicas y el tabaco se mantuvieron estables con respecto al mes anterior, según los datos aportados por el INE.

Frente a ellos, los mayores descensos de precios los registraron las rúbricas de Vivienda (-1,4 por ciento), debido a la reducción de precios de gas y el gasóleo para la calefacción, y los alimentos y las bebidas no alcohólicas (-0,4 por ciento) y Comunicaciones (-0,1 por ciento).