La Eurocámara verifica en Madrid y Valencia cómo se gastan las ayudas europeas

BRUSELAS.- El Parlamento Europeo enviará la semana que viene una misión a Madrid y Valencia con el objetivo de verificar cómo se gastan las ayudas europeas y si hay controles suficientes para evitar irregularidades. La visita se produce a raíz de un informe de Bruselas que identificó a España como uno de los países con más errores en la gestión de las ayudas.

   La delegación, que visitará España del 19 al 21 de junio, está compuesta por nueve diputados de la comisión de Control Prespuestario de la Eurocámara. La dirigirá el laborista británico Derek Vaughan. Los parlamentarios se reunirán con el secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, y representantes de las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla La Mancha.

   "En España, un número limitado de programas contribuyeron a tres cuartas partes de los errores detectados por el Tribunal de Cuentas. Según dicho informe (...) las regiones más problemáticas son las siguientes: Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha", ha destacado el líder de la misión parlamentaria en un comunicado.

   "En este contexto, la delegación se reunirá con representantes de los Gobiernos regionales de las tres comunidades autónomas para conocer sus experiencias en la gestión de los fondos de la UE y debatir las posibles debilidades o dificultades del sistema de gestión y control, ya que son ellos los que lo experimentan cada día y pueden tener sugerencias para mejorarlo", ha explicado Vaughan.

   El grupo estará en Madrid el martes 19 de junio para encontrarse con Méndez de Vigo y varios directores generales de los Ministerios de Hacienda, Fomento y Empleo. El Miércoles 20 se desplazarán a Valencia -donde mantendrán una reunión con el presidente Fabra y visitarán varios proyectos-. El jueves 21 la visita concluirá en Madrid con reuniones con Gaspar Llanes (secretario general de economía de la Junta de Andalucía) y Rosario Rey (directora general de presupuestos de Castilla la Mancha), entre otros.

   Los eurodiputados que integrarán la delegación son, además del presidente, el conservador francés Jean Pierre Audy, el socialista rumano Catalin Sorin Ivan y el liberal alemán Michael Theurer. Les acompañarán dos parlamentarios españoles del PP (Eva Ortiz y Salvador Garriga) y dos socialistas (Inés Ayala y Josefa Andrés).

   Según un análisis reciente realizado por la Comisión Europea, tres Estados miembros (España, Italia y Reino Unido) acumulan hasta el 59% de los errores cuantificables identificados en los años 2006-2009 en el uso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo de Cohesión.

   Además, cuatro Estados miembros (España, Portugal, Reino Unido y Alemania) han acumulado hasta el 68% de los errores cuantificables identificados durante el mismo período. Tras la publicación de este informe en 2011, la comisión de Control Presupuestario decidió que una de las misiones previstas para 2012 se haría en España.

   Las últimas han sido a países como Grecia, Italia, Francia, Kosovo, Macedonia, Hungría y Haití.

Bonig considera que la Comunitat debe aprovechar su posición geoestratégica "para convertirse en puerta sur de Europa"

VALENCIA.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha afirmado que la Comunitat debe aprovechar su posición geoestratégica "para convertirse en la puerta sur de Europa", según ha informado la conselleria en un comunicado.

   Este ha sido el mensaje lanzado por la consellera durante la cena anual de la Asociación Naviera de la Comunidad Valenciana, que este año celebra el 110 aniversario de su fundación. Además, ha asegurado que la Generalitat "considera esencial el apoyo al sector logístico-portuario porque es una de las líneas básicas de actuación que permiten afrontar la crisis económica actual".

   Según ha explicado Bonig, el apoyo de la Generalitat al sector "debe quedar plasmado conjugando inversiones públicas y privadas a corto plazo, contribuyendo de esta manera a mejorar la competitividad de nuestro territorio para atraer inversiones productivas".

   Además, ha añadido que mediante este tipo de políticas "se promueve el empleo y la generación de actividad empresarial". En este sentido, la consellera ha destacado que la Comunitat tiene que aprovechar su situación geográfica. "Nuestra localización nos otorga un valor añadido. Valencia es el punto que se encuentra a menor distancia en navegación del puerto sur de Sicilia", ha reiterado.

   El menor número de horas de navegación permite incrementar viajes y cargas, mejorando la competitividad y rentabilidad de los productos", ha expuesto. Sin embargo, ha recordado que la posición geoestratégica no es suficiente y hay que acompañarla por un 'hinterland' competitivo.

   "Tanto las navieras como los cargadores seleccionarán aquel puerto en que su entorno tenga mayor influencia en el PIB y en el número de población activa. Y en esta ocasión volvemos a ser privilegiados", ha indicado.

   La Comunitat reúne las mejores condiciones posibles ya que a menos de 350 kilómetros viven 25 millones de personas, la mitad de la población activa de España, que generan el 55 por valencia del PIB nacional.

   En este contexto, ha recalcado que es de suma importancia las infraestructuras y la intermodalidad, donde la oferta de conexiones es fundamental para lograr un acceso lo más directo posible a los principales mercados.

   En este punto ha destacado el Corredor Mediterráneo, una infraestructura que consolidará las actividades logísticas y portuarias frente al norte de Europa.

   Por último, Bonig ha hecho una mención especial al puerto de Valencia, uno de los principales motores económicos de la Comunitat, que se ha convertido en el primer puerto del país y quinto de Europa.

   Todo ello reuniendo las características que toda empresa necesita para el desempeño de su función: reducción de los costes de escala, mejoras de la productividad, innovación, mejoras en equipamientos y nuevas tecnologías.

Pablo Landecho, ex jefe de gabinete de Camps, nuevo director general del Consorcio Valencia 2007

VALENCIA.- Pablo Landecho, economista y ex jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, será nuevo director general del Consorcio Valencia 2007, según ha anunciado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tras la reunión que en la tarde de este viernes se ha celebrado en el salón de cristal del Ayuntamiento, a la que han asistido los miembros de este organismo. 

   La alcaldesa de Valencia ha explicado que con la conformación de la nueva dirección del Consorcio, encargado de gestionar y explotar las infraestructuras de la dársena del puerto de Valencia, comienza una "nueva etapa" de "confianza" en la que "se han acabado los recelos" de la etapa anterior, cuando el Gobierno socialista era uno de los miembros de la entidad.

   Barberá ha presidido la reunión del Consejo en el que han tomado posesión los nuevos representantes, tanto de la Administración General del Estado como de la Generalitat y del Ayuntamiento, y ha manifestado su "satisfacción" porque comienza una etapa de "esperanza, dinamismo, ilusión, progreso, orgullo y uso para uno de los espacios más bellos de España, la Marina Real Juan Carlos I".

   Este encuentro, el primero tras el cambio en el Ejecutivo español, se celebra aproximadamente un año después de la última reunión del Consorcio. En el encuentro se han revisado los estatutos, se han aprobado las cuentas de 2011 y se ha abordado el nombramiento del nuevo director general de este organismo, designado "por unanimidad", ha apuntado Barberá.

   Entre las modificacionmes estatutarias que se han llevado a cabo durante la reunión, la primera edil ha destacado que vuelve la paridad de representación entre administraciones en el órgano del consejo rector. Así, la representación de tres tercios, es decir, Gobierno central, Generalitat y Ayuntamiento se reparten a partes iguales la representación. en la eta anterior, el Gobierno del PSOE tenía un 50% de cuota de representación y Ayuntamiento y Generalitat un 25% cada uno.

   Además, Barberá ha reconocido que a partir de ahora el Ejecutivo español tendrá "mayor control" sobre las cuentas del Consorcio, ya que este organismo debe actualmente 350 millones a la Administración General del Estado sin contar los avales. A este respecto, la primera edil ha agradecido esta medida.

   Los estatutos establecen asimismo que el Consorcio lo formarán 12 consejeros y que la presidenta del mismo, que en este momento es Rita Barberá, "recupera el voto de calidad", tal y como ella mismo ha adelantado. En este sentido, ha añadido que "era una humillación por parte del Gobierno socialista" que le quitarán el voto de calidad "por motivos políticos injustificables".  

   La alcaldesa, que ha atendido a los medios de comunicación acompañada por la subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero, (en representación del vicepresidente primero del Consejo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta); y por el vicepresidente Segundo del Consejo Rector, el Conseller de Hacienda, José Manuel Vela.

   También han tomado parte en el encuentro el hasta ahora director adjunto del Consejo, Jorge Gisbert; y el nuevo director general, nombrado esta misma tarde, Pablo Landecho.

   Sobre Landecho, la alcaldesa ha destacado "el magnífico curriculum" del nuevo director general, de quien ha asegurado que es un "gran conocedor de las administraciones, de nuestra tierra, de la sociedad valenciana, de la realidad política, social y económica de Valencia, de la Administración del Estado, y de la Administración Autonómica".

   "Es una persona con una visión global, que lo hace idóneo para este cargo --ha afirmado-- para afrontar el reto impresionante de impulsar la labor del Consorcio".

   A partir de ahora, el nuevo director general deberá formar su equipo de trabajo y acometer los encargos del consejo rector. Entre ellos, la alcaldesa ha destacado "impulsar un plan económico, adoptar medidas urgentes para obtener liquidez, analizar la situación del préstamo ICO, seguramente acometer un nuevo plan de amortización, y estudiar las propuestas que ya tenemos de actividades de ocio o deportivas".

   Landecho ha agradecido la confianza que han depositado en él las tres administraciones y se ha manifestado "convencido de que la dársena tiene todas las posibilidades del mundo". "Las puertas de una ciudad --ha afirmado-- son el símbolo de su potencial, así que hemos de trabajar en ello, primero acometiendo el ordenamiento jurídico, y en segundo lugar, elaborando un plan financiero".

   "La Marina Real Juan Carlos I ha de ser uno de los activo más importantes del sector turístico no solo valenciano, sino de toda España", ha subrayado Barberá, que ha mencionado también referencias como la candidatura olímpica Madrid 2020, de la que Valencia es subsede de vela, y el proyecto del Cluster Tecnológico del Mediterráneo, que acogerá y potenciará la Marina con numerosas empresas de base tecnológica y de innovación.

   A su juicio, "estos son los dos pilares del crecimiento y del desarrollo: el turismo y la innovación".
"Queremos que los valencianos se sientan orgullosos de la Marina Real Juan Carlos I, un espacio bellísimo que no tiene ninguna otra ciudad, y con los servicios de apoyo de una gran urbe como es Valencia", ha añadido.

   Durante la reunión del consejo rector se ha nombrado también la Comisión Delegada, que estará representada por dos miembros del Estado, uno de la Generalitat y uno del Ayuntamiento más el Director General. Sus principales funciones serán "empezar ya mismo a realizar concesiones, arrendamientos, cesiones de uso temporal; todo menos vender". Por ejemplo, ya se podrá conceder sede a la empresa aceleradora de firmas de innovación radicada en Sillicon Valley, Plug&Play, que ha mostrado su interés por este espacio de la ciudad.

El juez decreta prisión provisional para uno de los detenidos por fraude a la Seguridad Social

CASTELLÓN.- El juzgado de instrucción nº 1 de Castellón, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los 53 detenidos en relación con la investigación por supuesto fraude a la Seguridad Social después de que el juez le haya tomado declaración, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   El detenido está imputado por supuesto fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, y por falsedad documental, según ha explicado el órgano judicial.

   La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha asegurado este viernes que el fraude a la Seguridad Social mediante cobros irregulares de subsidios descubierto por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Sarpe' desarrollada en Castellón, podría superar los 600.000 euros solo en 2011.

   Los agentes han detenido a 53 personas como presuntas autoras de los delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social, falsificación documental y pertenencia a organización criminal y calculan que puede haber 200 posibles defraudadores en Castellón, Cuenca, Tarragona, Lleida y Valencia.

   Sánchez de León ha dado detalles de esta operación en una rueda de prensa en Castellón en la que ha estado acompañada por el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia, Juan José Miralles, y por el general jefe de zona, Fernando Santafé. Con esta operación se ha desarticulado una banda que operaba desde 2009 mediante la creación de empresas fantasma para contratar a trabajadores de origen extranjero en puestos de trabajo inexistentes y que pudieran así cobrar el subsidio de desempleo o crear expectativas de futuras prestaciones.

   Según Miralles, se calcula que son más de 600.000 euros los defraudados correspondientes al año fiscal de 2011, una cantidad a la que habría que añadir los de 2010 y lo que va de este año. De las 53 personas detenidas --48 de nacionalidad rumana y cinco de origen marroquí--, solo cuatro permanecen en esta situación. "Se trata de los cuatro promotores, uno que ha organizado la empresa y los otros tres que le han ayudado a crear el resto de la estructura", ha señalado Miralles quien ha añadido que mantienen "una relación familiar" Entre estas cuatro personas, se encuentra el presunto jefe de la trama, que ya tiene antecedentes penales "de todo tipo", ha afirmado Miralles, como por delitos contra la propiedad y lesiones. Además, estaba alquilado en muchos sitios no pagaba".

   El teniente ha especificado que se ha realizado un único registro en el domicilio del principal imputado, de origen rumano, de donde se ha obtenido "mucha información" porque "allí detallaba los contratos y qué cantidad pagaba cada persona", que variaba en función de los días, meses o años que les pudiesen faltar para poder cobrar posteriormente el paro y defraudar.

"La operación está ideada y llevado a cabo por una única persona" que creó una serie de empresas ficticias donde contrataba a otras más, ha explicado, y ha dicho que, en este caso, no había sitio "físico" donde se realizaban los contratos, de los que "muchas veces se hacían muchas veces desde el coche, en la calle, en un bar, en un parque".

"Hay personas que llegaban a Castellón estuvieron tres días, hicieron el contrato y se volvieron a Rumanía. Han estado teóricamente cotizando mientras no estaban aquí y han cobrado subsidio. Por lo tanto, las más de 200 personas eran conscientes y pagaron un dinero a un contrato ficticio donde nunca han trabajado porque no hay empresas", ha asegurado. Las cuatro empresas ficticias se dedicaban desde la limpieza, a la construcción, servicios, transporte de personas en furgonetas o el tercer sector.

   A las personas implicadas se les cobraba para que la empresa ficticia les tramitara el cobro del subsidio que les pudiera corresponder por el tiempo de trabajo que supuestamente debería haber realizado. De esta manera, el trabajador llegaba a percibir desde 2.500 hasta 13.000 euros por año, aunque "no tenía tasas reales".

   La operación, iniciada a raíz de una denuncia, se abrió hace dos meses y medio permanecerá abierta "mientras haya personas que se hayan beneficiado del Estado de un dinero fraudulento", ha dicho Miralles quien no ha descartado que se realicen más detenciones pero no como "organizadores de este fraude no, sino como gente que se ha beneficiado del dinero del Estado".

Grupos ecologistas dicen que la Comisión Europea no permitirá legalizar el método de caza del parany

CASTELLÓN.- Los grupos ecologistas Acció Ecologista-Agró, GER Ecologistes en Acció y Gecen han señalado este viernes que la Comisión Europea ha asegurado que no permitirá legalizar el parany en una respuesta a un escrito remitido por estos colectivos.

   Así, la Comisión Europea señala que los métodos de caza no selectivos y por tanto contrarios a la Directiva 2009/147/CE, sobre la protección de las aves silvestres, no serán legalizados, e indica que en estos momentos no se justifica la apertura de un nuevo expediente al estar suspendida la ley autonómica que autorizaba el parany, según los grupos ecologistas.

   Recuerda Europa que las autoridades centrales del Estado no retirarán el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley autonómica  que autorizaba esta práctica de caza.

   Las asociaciones ecologistas insisten en que cualquier ley o modificación legislativa sea remitida a Europa antes de su aprobación, y añaden que tras la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que dictamina que el parany es un método masivo y no selectivo de caza "cualquier intento de legalización incumple tanto la legislación medioambiental europea y estatal como la propia sentencia".

   Acció Ecologista-Agró, GER-Ecologistes en Acció y Gecen exigen que no se apruebe nada que no cuente con el visto bueno de la Comisión Europea y recuerdan el "obligado" cumplimiento de la legislación medioambiental europea y de las sentencias que emiten los tribunales.

   Señalan que la "ingeniería legislativa" encaminada a incumplir leyes y sentencias "no tiene cabida en el estado de derecho" y piden al Consell que "no siga este camino".

 Finalmente, responsabilizan de las sanciones económicas que se puedan derivar de actuaciones negligentes y contrarias a la legalidad, a la Generalitat valenciana y a Apaval y exigen que "no se paguen con dinero público las multas que en su caso se impongan".

Adicae denuncia a Bankia ante la CNMV

MADRID.- La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) ha denunciado a Bankia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por presuntas irregularidades de carácter "grave" derivadas de supuestas manipulaciones a los clientes de preferentes de Caja Madrid y a los pequeños accionistas, según la denuncia presentada por la asociación.

   Adicae alerta al organismo supervisor de que la entidad está ofreciendo a los clientes que tienen participaciones preferentes de Caja Madrid un canje por depósitos, entre otros productos, sin su autorización, tal y como obliga el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores (LMV).

   Por otro lado, la asociación denuncia que los empleados de las sucursales de Bankia están tratando de recabar "de forma irregular" la delegación voto de los cerca de 400.000 accionistas minoritarios en favor del presidente de la entidad, José Ignacio Goirrigolzarri, para la junta general de accionistas que se celebrará el próximo 29 de junio en Valencia.

    El presidente de Adicae, Manuel Pardos pidió a los clientes y accionistas de Bankia que "no firmen ningún documento que no sea público y transparente" y señaló que es "ilegal" ofrecer canjes sin comunicarlo a la CNMV, así como "peligrosísimo" delegar el voto en la junta de accionistas.

   Adicae pide a la CNMV que investigue los hechos denunciados, inste a la entidad a modificar "de manera inmediata" estas prácticas y advierta al público de su existencia para evitar la extensión de las vulneraciones de derechos existentes.

   Fuentes de la entidad afirmaron que no se ha iniciado comercialización alguna de canjes a los clientes de participaciones preferentes a través de las sucursales.

   Bankia está a la espera de que Bruselas, la CNMV y el Banco de España informen sobre una posible solución a los más de 3.000 millones de euros que la entidad tiene en participaciones preferentes.

   Respecto estos canjes, la asociación ha presentado al organismo supervisor la autorización de 23 clientes de Bankia, que han recibido el ofrecimiento de canje a través de sus sucursales, y que están dispuestos a denunciar los hechos. También se ha aportado el listado con las oficinas donde se han producido los ofrecimientos, todas ellas en la Comunidad de Madrid.

   Según describe la denuncia, Bankia está dando un plazo de una semana a los clientes de preferentes comercializadas por Caja Madrid en 2009 para dar su autorización al canje ofrecido sin haber registrado la oferta mediante hecho relevante a la CNMV, tal y como establece la LMV.

   Respecto a la petición de voto de los minoritarios, la asociación explica que Bankia está remitiendo a los accionistas sus tarjetas de asistencia a la junta general, que incluyen la posibilidad de ceder el voto a Gorrigolzarri o a un tercero.  

   Sin embargo, la asociación denuncia que cuando los clientes llaman a la 'Oficina de Atención Junta General 2012' habilitada por la entidad se "manipula y orienta" al accionista para lograr que deleguen el voto en Gorrigolzarri.

Autonomías y grandes municipios están arruinando España

MADRID.- La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 15,7% interanual en el primer trimestre, hasta los 145.118 millones de euros (el 13,5% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.

   Además, la deuda de las comunidades autónomas experimentó un incremento del 3,5% respecto al cierre de 2011, cuando se situó en 140.083 millones de euros.

   Los datos muestran que desde el año 1995 el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

   Además, la deuda de la Administración Central aumentó un 13,6% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2011, hasta 592.572 millones, mientras que la deuda de las corporaciones locales descendió un 1,2% y se situó en 36.860 millones.

   La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el primer trimestre fue nuevamente Cataluña, con 42.000 millones de euros, cantidad que representa el 28,9% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.

   Detrás de Cataluña, se situó la Comunidad Valenciana (20.832 millones de euros), que ocupó el segundo lugar por delante de la Comunidad de Madrid, cuya deuda ascendió a 16.572 millones de euros. Entre las tres acumulan el 54,7% del total del endeudamiento regional.

   A continuación, figuran Andalucía (15.373 millones de euros), Galicia (7.381 millones), País Vasco (6.798 millones), Castilla-La Mancha (6.287 millones), Castilla y León (5.557 millones de euros), Baleares (4.479 millones), Canarias (3.779 millones), Aragón (3.731 millones) y Murcia (3.055 millones).

   Completan la lista Navarra (2.725 millones), Asturias (2.242 millones), Extremadura (2.045 millones), Cantabria (1.301 millones) y La Rioja (960 millones).

   En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año. Los incrementos más destacados se localizaron en Navarra (+44%), País Vasco (35,1%) y Murcia (30,1%).

   Tomando el ratio deuda/PIB, Cataluña se situó a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 21% de su PIB, seguida de Comunidad Valenciana (20,2%), Baleares (16,7%), Castilla-La Mancha (16,6%) y Navarra (14,5%), todas ellas por encima de la media (13,5%).

   Los porcentajes son menores en Galicia (12,8%), La Rioja (11,7%), Extremadura (11,7%), Aragón (10,9%), Murcia (10,8%), Andalucía (10,6%), País Vasco (10,2%), Cantabria (9,8%), Asturias (9,7%), Castilla y León (9,7%), Canarias (9,1%) y Comunidad de Madrid (8,7%).

   Por su parte, las corporaciones locales sumaron una deuda de 36.860 millones de euros en el primer trimestre del año, el equivalente al 3,4% del PIB, con un descenso del 1,2% respecto al mismo periodo de 2011. Con todo, este saldo se incrementó un 4% en relación al cierre del pasado año.

   Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (29.344 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un descenso del 2,1%, y de esta cifra, 14.755 millones pertenecen a capitales de provincia.

   La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.716 millones de euros, lo que supone una bajada del 2,4%.

   Destaca, el descenso de la deuda del ayuntamiento de Madrid, que sumó 6.733 millones de euros y bajó un 3,9% respecto al primer trimestre de 2011. La deuda del consistorio de Barcelona bajó un 1% y sumó 1.090 millones.