jueves, 4 de abril de 2013

El juez sobresee la causa contra 13 manifestantes del 14N en Valencia y lleva a juicio a otros nueve por faltas

VALENCIA.- El juzgado de Instrucción nº 1 de Valencia ha acordado sobreseer la causa que mantenía abierta contra 13 manifestantes durante las concentraciones que tuvieron lugar el pasado 14 de noviembre y, al mismo tiempo, abrirá juicio contra otros 9 por faltas de lesiones y de resistencia. En este mismo procedimiento se celebrarán vistas contra 9 agentes de policía denunciados.

   Así consta en el auto, fechado el 11 de marzo, que revisa los altercados registrados en varias zonas de Valencia con motivo de las convocatorias de concentraciones y manifestaciones en la última huelga general, que el juez considera se desarrollaron por norma general "dentro de unos parámetros ejemplares por parte tanto de los ciudadanos concurrentes como de las fuerzas del orden".
   No obstante, señala que a las 7.00 horas de esa jornada de huelga se produjo una concentración de personas, esencialmente estudiantes, en la Avenida de Tarongers, que se saldó con cinco detenidos a los que el atestado policial atribuye el corte del tráfico rodado y la vía ferroviaria y el lanzamiento de objetos contundentes contra los policías.
   En este caso, se sobresee la causa contra cinco de los detenidos al considerar tras su declaración que "no hay relación específica individualizada de actuación reprochable". Asimismo, respecto a otros cinco arrestados en este mismo lugar estima que habrá de convocarse juicio de faltas por resistencia y lesiones. Dado que los manifestantes presentaron denuncia por las lesiones sufridas, en los juicios comparecerán tanto los manifestantes como los agentes denunciados.
   Por otra parte, el auto decreta también el sobreseimiento del procedimiento contra tres manifestantes arrestados durante una concentración en el cruce de la avenida Blasco Ibáñez con la avenida de Cataluña, a quienes se acusaba de volcar contenedores y vallas en la vía pública y arrojar vallas a la Policía.
   Respecto a los incidentes en la concentración en Botánico Cabanilles, que se saldó con dos detenidos en un forcejeo con los agentes, el juez estima que deberá convocarse también un juicio de faltas.
   Por último, se refiere a la concentración registrada a las 15.30 horas del 14N en el cruce de Marqués de Sotelo con la calle Xàtiva en la que siete personas fueron arrestadas. De ellas, sobresee las causas contra cinco manifestantes y prevé la apertura de juicio contra dos  de ellos. Al mismo tiempo, comparecerán como denunciados cinco agentes.
   El juez señala en el auto que "es de destacar la ausencia total de eventos rechazables y lamentables, como en este tipo de ocasiones acontece", ya que "no hubo incendio de contenedores, de vehículos, rotura de lunas, asaltos, ni acometimiento reseñables a los agentes de la autoridad, siendo estos últimos casos afortunadamente aislados y escasos, dado que únicamente hay cuatro funcionarios lesionados, afortunadamente de muy escasa entidad".
   Así, recalca que "pese a la dimensión de las manifestaciones, su dispersión y extensión muy pocos han sido los manifestantes lesionados y también de muy escasa entidad", lo que a su entender demuestra "que tanto unos como otros ejercieron sus respectivos papeles con responsabilidad, moderación y proporción".
 "Y es una lástima que tan bien cumplido aquello nos hayamos de encontrar aquí, de una forma entendemos que algo forzada por ambas partes, a tenor de la valoración global del fenómeno", agrega.

El CGPJ archiva la petición de amparo del juez del 'caso Fabra'

CASTELLÓN.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido archivar la petición de amparo que realizó el juez de Nules que instruye el 'caso Fabra', Jacobo Pin, quien había alegado que la Audiencia provincial había "perturbado" su independencia, después de que el Tribunal Supremo (TS) le haya dado "absoluta libertad de criterio" para fijar las imputaciones atribuidas al expresidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra.

   Pin había solicitado el amparo del órgano de gobierno de los jueces al creer que la sección primera de la Audiencia de Castellón había "perturbado" su independencia al "tratar de imponer indirectamente el sobreseimiento del delito de cohecho" imputado a Carlos Fabra.
   La decisión del CGPJ llega tras la sentencia de la sala segunda del TS, que acordó remitir las actuaciones del 'caso Naranjax' que afecta a Carlos Fabra al juez instructor para que "con absoluta libertad de criterio" dictase un nuevo auto de apertura de juicio oral en el que se concretasen las personas contra las que se abre la causa, los delitos que se les imputan y el tipo de procedimiento, "teniendo en cuenta las reglas de conexión delictiva".
   El TS alcanzó "por unanimidad" esta decisión en relación a los tres recursos de casación planteados por la Abogacía del Estado, Ministerio Fiscal y Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, contra el auto de la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón que, en mayo de 2012, declaró la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral, tras haber resuelto previamente otro tribunal de este órgano, la sección segunda, que los hechos imputados al expresidente provincial del PP no era constitutivos de un delito de cohecho.
   En julio de 2012 la Comisión Permanente del CGPJ suspendió la tramitación del procedimiento de amparo que seguía a petición de  Jacobo Pin hasta que se pronunciase el TS sobre los recursos planteados a la decisión de la Audiencia. Ahora, tras la resolución del TS, el CGPJ ha resuelto que, "en consecuencia", procede el archivo del expediente incoado con ocasión de la solicitud de amparo presentada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules.
   En cumplimiento de la sentencia del TS, Jacobo Pin decretó recientemente de nuevo la apertura del juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente del PP provincial, Carlos Fabra, donde incluyó el cohecho, que había sido excluido por la Audiencia, además del tráfico de influencias y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

Educación saca adelante el nuevo acuerdo de interinos con la ratificación de CSI·F, CCOO, ANPE y UGT

VALENCIA.- La Conselleria de Educación y cuatro de los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial --CSI·F, CCOO, ANPE y UGT-- han ratificado un nuevo acuerdo de interinos que, finalmente, no ha contado con la firma de la otra organización sindical, STEPV-Iv, han confirmado fuentes de la administración educativa y de los sindicatos. 

   Las partes han llegado a un consenso sobre un tercer borrador, después de que la Conselleria presentara una primera propuesta que fue rechazada unánimemente por los sindicatos y un segundo texto que incorporaba algunas de las sugerencias de la representación de los trabajadores, pero que tampoco fue suficiente para alcanzar un acuerdo.
   Esta mañana, en una nueva convocatoria de Mesa Sectorial de Educación, CSI·F, CCOO, ANPE y UGT sí han ratificado esta tercera alternativa que, entre otras cosas, contempla que estén exentos de aprobar la oposición los que accedieron antes del año 1995 y moratorias en diversos niveles educativos, según informa CSI·F en su cuenta de Facebook.    
   Las entidades que han suscrito esta regulación aseguran ser "conscientes de que es un acuerdo de mínimos y no todo lo satisfactorio" que desearían pero recalcan que "mejora el escenario que generaría" la aplicación por decreto del primer borrador presentado por la Generalitat.
   La firma del acuerdo ha generado el rechazo tanto de STEPV como de miembros de la Coordinadora del Professorat Interí, que están expresando su rechazo a las puertas de la Conselleria de Educación.
   La polémica en torno a este nuevo acuerdo reside fundamentalmente en los cambios que se introducirán en las bolsas de trabajo de personal docente, ya que a partir de ahora se primará la nota obtenida en las oposiciones de cada especialidad que se vayan convocando. Esto supondrá, según STEPV, una "rebaremación" de las bolsas que puede dejar sin trabajo a miles de interinos, añade.    
   Esta entidad denuncia igualmente que la propuesta de rebaremación "rompe el consenso logrado entre las organizaciones sindicales y la misma administración que se ha mantenido desde finales de los años 80".

El juez de Emarsa decide mantener en prisión a la exmujer del empresario en paradero desconocido

VALENCIA.- El juez que instruye el 'caso Emarsa' ha decidido mantener en prisión a María Águila Aladrén, la exmujer del empresario en paradero desconocido Jorge Roca Samper, al entender que sería "extremadamente arriesgado" dejarla en libertad ya que no han variado las circunstancias que le llevaron a adoptar esta decisión en septiembre del pasado año, por lo que considera que existe riesgo de fuga.

   Así lo señala el instructor de la causa, en la que se investiga un agujero millonario en la empresa Emarsa que gestionó la depuradora de Pinedo, en un auto, con fecha de este martes, donde rechaza la petición del abogado de Aladrén para dejar en libertad a su cliente. El fiscal y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) se opusieron a la solicitud.
   En la resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia, el magistrado reitera que los hechos atribuidos a la exmujer de Roca "presentaban y siguen presentando, por ahora y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de un delito de blanqueo de capitales", que está castigado con penas "que exceden con mucho del módulo legalmente previsto para la adopción de la medida cautelar" de prisión provisional sin fianza acordada.
   En esta línea, reitera los argumentos esgrimidos en el momento de acordar la prisión, para señalar que no han variado estas circunstancias que motivaron su decisión. Al respecto, subraya que falta por unir a la causa la Comisión Rogatoria pedida a Francia, donde sucedieron los hechos atribuidos a Aladrén, cuyo resultado es "esencial" para valorarlos.
   Así, sostiene que en estos seis meses en la cárcel, la exesposa de Roca "continúa sin aclarar cuál ha sido su paradero y cuáles sus medios de vida" desde la desaparición del empresario, desde principios de 2011 y hasta que regresó a España procedente de Rumanía con sus hijos menores.
   El magistrado recalca que los documentos presentados en la causa no acreditan el arraigo de la imputada en el país y no se han aportado "datos objetivos" a partir de los que se pueda tener constancia de que la imputada residiera en España, en compañía de sus dos hijos menores, desde marzo de 2011 tal y como había afirmado.
   Además, añade que "ocultó" la existencia de un viaje a Bucarest en su declaración ante el juez, ni desde cuándo estaba allí. Este hecho, para el juez, obliga a considerar que el "riesgo" de que se sustraiga a la acción de la justicia es "evidente, justificado y proporcional" a la medida privativa de libertad.
   El magistrado subraya que Aladrén ha sido pareja sentimental de Roca, madre de sus dos hijos, y el empresario se encuentra en paradero desconocido por lo que "nada impide que, si se deja sin efecto la medida cautelar de prisión provisional, ésta pudiera tener conocimiento del lugar de localización del mismo" y podría desplazarse hasta allí "colocándose en la misma situación procesal de busca y captura internacional en la que se encuentra el que fuera su pareja sentimental".
   Por otra parte, el instructor, en una providencia de este martes, da traslado a las partes para que se pronuncien sobre la petición de la madre de Roca, María del Carmen Samper, imputada en la causa, para que se acuerde el sobreseimiento libre y parcial de las actuaciones sobre ella. Asimismo, acuerda unir escritos de reforma contra su decisión de abrir una nueva pieza, la número 8, para investigar a 17 imputados por cuatro presuntos delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable, y otro de falsedad en documento mercantil.

Un banco consideró a Correa una "persona importante" porque organizó el viaje del Papa a Valencia

MADRID.- La Banque Cial de Ginebra (Suiza) consideró "personas importantes" a los presuntos líderes de la trama 'Gürtel', Francisco Correa y Pablo Crespo, porque sus agentes supieron a través de internet que una de sus empresas, Special Events, había organizado la visita que el Papa Benedicto XVI realizó a Valencia en 2006.

   Así consta en la declaración que el extrabajador de esta entidad Félix Gallego realizó el 23 de enero pasado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que se desplazó hasta Berna para tomarle declaración como testigo en la causa en la que se investigan las actividades de la red 'Gürtel'.
   En su declaración, Gallego señala que Correa y Crespo "tenían una actividad en el campo del marketing y la organización de eventos" y que la organización de un "acto tan importante" como la visita del Pontífice demostraba que eran "personas importantes" en España.
   Correa y su lugarteniente, que presuntamente utilizaban como gestor de sus cuentas a Luis de Miguel y como testaferro a Antonio Villaverde, cerraron y vaciaron dos cuentas en esta entidad en 2011 ó 2012, según la declaración de Gallego, tras argumentar que tenían "necesidad de dinero en España" porque debían afrontar "deudas hipotecarias". Crespo salió de la cárcel en febrero de 2012 y Correa en junio de ese año.
   Tras afirmar que en el banco conocían que ambos estaban imputados en la Audiencia Nacional, Gallego explica que la cuenta estaba "bajo vigilancia" y que "cada movimiento estaba controlado por el servicio jurídico", que debía "autorizar la transacción".
    El gestor de las cuentas de los presuntos líderes de 'Gürtel' describe como "hombres honrados" a sus clientes. "Pablo Crespo era un hombre que yo consideraba tan honrado como los otros (...). Era en 2008 (sic), mientras en los periódicos españoles apareció el caso 'Gürtel', vi que el señor Pablo Crespo estaba en prisión, hice lo necesario para denunciar el caso ante la Oficina de Comunicación en materia de blanqueo de dinero", afirma.  
   Según Gallego, para abrir las cuentas, el banco realizaba una serie de controles y trataba de averiguar si los clientes eran honestos o no. No obstante, el agente de la Banque Cial reconoce que en aquella época eran "menos importantes".
   "Con los medios que tenemos al alcance tratamos de saber si una persona es honesta o deshonesta antes de abrir la cuenta. Si la persona parece correcta, el banco no tiene motivos para no abrirla", explica.

El PSPV celebrará unos 400 actos en municipios para alertar de que la reforma local del PP "pone en peligro" a los pueblos

VALENCIA.-   El PSPV-PSOE celebrará cerca de 400 actos en pequeños municipios y pedanías de la Comunitat Valenciana en defensa de los mismos y para advertir de que el anteproyecto de reforma de la Ley de Bases de  Régimen Local que ha elaborado el PP "pone en peligro" a los pueblos y a los servicios públicos que ofrecen.

   Estos actos, que se celebrarán hasta el 1 de junio, se enmarcan en la campaña 'Tu pueblo no se toca' que ha presentado este miércoles el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV, José Manuel Orengo, junto al secretario de Pequeños Municipios y Comarcas del partido y coordinador de la campaña, Josep Gisbert, y a los responsables de municipios de Valencia, Castellón y Alicante.
   Diputados autonómicos y nacionales, senadores, eurodiputados y miembros de las ejecutivas nacionales, provinciales y comarcales participarán en estos actos en los que entablarán "un diálogo" con "los hombres y mujeres que viven en los pueblos pequeños y que se ven amenazados por culpa del anteproyecto de ley", ha señalado Orengo.
   El dirigente socialista ha advertido de que la reforma local que está tramitando el PP "quiere hacer desaparecer los pequeños municipios" y, en este sentido, ha indicado que el anteproyecto de ley puede "perjudicar" la "calidad de vida" de sus vecinos.
   "No queremos que se produzca un fenómeno migratorio como el de los años 60 cuando la gente salía de los pueblos para irse a las ciudades", ha subrayado Orengo, quien ha hecho hincapié en que los municipios "son lo mejor que tenemos en la comunitat Valenciana".
   Orengo considera que el objetivo de esta norma que, en su opinión, es "una barbaridad", es que "los servicios públicos pasen a una administración de rango superior --las diputaciones provinciales-- y acaben siendo privatizados". Así, cree que la reforma obedece "al empecinamiento de algún 'burrócrata' que le ha dado por hacer un trabajo de fin de carrera, que les suspenderemos, experimentando sobre una cosa que no conoce: el municipalismo y lo que pasa en cada pueblo".
   Preguntado por en qué puede afectar a los vecinos de las pequeñas localidades la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, José Manuel Orengo ha destacado que si este anteproyecto sale adelante, "los ciudadanos pueden acabar teniendo un alcalde que no pinta nada" porque "se quedarán sus competencias".
 "Volveremos a los años 60 y tendremos que ir a ver al gobernador civil", ha manifestado.
   No obstante, se ha mostrado convencido de que "si todos hacemos fuerza", el anteproyecto no saldrá adelante. Al respecto, ha hecho referencia al posicionamiento en contra de muchos alcaldes, entre ellos, el de Xàtiva y presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus. Además, ha recordado que el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha apuntado la posibilidad de que la ley podría no aplicarse en su comunidad porque la considera "letal".
   Por su parte, Josep Gisbert ha destacado que la iniciativa 'Tu pueblo no se toca' es una campaña "por la igualdad de oportunidades" ya que, con ella, los socialistas buscan que "cada persona, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades".
   Asimismo, el secretario de Pequeños Municipios y Comarcas del PSPV ha indicado que alertarán sobre "el peligro que hay de que desparezcan muchos pueblos de la Comunitat" y concienciarán acerca del "ataque a la autonomía" local que supone la norma. Así, considera que es "una campaña de movilización social", pero también "de esperanza".
   Gisbert ha criticado que se han reducido servicios en los municipios, que en algunas localidades pequeñas ni siquiera hay transporte público y que se han cerrada oficinas bancarias. También ha denunciado la "deuda tremenda" que mantiene la Generalitat con los entes locales y la "falta de inversiones".
   En esta línea, ha añadido que "lo que faltaba" era el anteproyecto de ley de reforma local que, según ha asegurado, "puede suponer la privatización de servicios públicos municipales vía Diputación". "Un negocio para unos pocos y una merma de servicios para todos", ha lamentado. A su juicio, esto supone "un retroceso democrático"

El fiscal se opone a la prescripción de los delitos por el triple crimen de Alcàsser

VALENCIA.- El Ministerio Fiscal se opone a estimar prescritos los delitos atribuidos a Antonio Anglés, considerado autor material del triple crimen de Alcàsser, según el escrito dirigido al juzgado de instrucción número 6 de Alzira, después de que este órgano judicial preguntara a las partes su posición en relación con la posible prescripción de la responsabilidad penal del prófugo.

Así, tras cumplirse 20 años del secuestro, violación y asesinato de las niñas Míriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández, en el informe se considera que el delito no ha prescrito, que no está extinguida la responsabilidad criminal de Anglés.
Además, señala que el plazo para comenzar a computar los 20 años establecidos en la ley debe partir del 14 de diciembre de 2009, cuando hubo una resolución judicial en relación con las últimas actuaciones de investigación con valor interruptivo en este caso, que se habían acordado tres meses antes. Anglés huyó del cerco policial tras el descubrimiento de los cadáveres y nunca ha aparecido.
Con esta oposición, el fiscal se suma a la postura de la acción popular que actuó en el caso, en representación de la Asociación Clara Campoamor, que igualmente se mostró contraria a declarar prescritos los delitos atribuidos a Anglés, dado que considera que en la causa, hasta fechas recientes, no ha cesado la actividad instructora para concretar la participación de los dos procesados y averiguar el paradero del huido.
El Ministerio Público sostiene que, de acuerdo con la sentencia que condenó a Miguel Ricart a 170 años de prisión por el triple crimen y tratándose de un "comportamiento delictivo unitario", debe tomarse como plazo de prescripción de los delitos el del más grave --asesinato-- y en este supuesto, tanto el Código Penal de 1973 como el de 1995 prevé 20 años.
En esta línea, apunta que tanto antes como después de hacer sido declarada la rebeldía de Anglés, en noviembre de 1994, se han continuado practicando actuaciones de investigación policiales y judiciales relevantes, tanto en la causa principal como en la separada para esclarecer los hechos e investigar la posible intervención de terceras personas --cita a cuatro-- junto a los procesados.
Según el fiscal, todas estas acciones tienen un "contenido sustancial propio de la puesta en marcha y prosecución" del delito y demuestran que la investigación avanza. Entre las últimas actuaciones como valor interruptivo cita las acordadas en septiembre de 2009, cuando el juez decidió una serie de intervenciones telefónicas y del correo electrónico de una de las hermanas de Anglés, que fueron dejadas sin efecto en diciembre de ese año.
De acuerdo con el Ministerio Público, es a partir de esta última fecha --el 14 de diciembre de 2009-- cuando debe comenzar a computarse íntegramente el plazo de prescripción de los delitos por los que fue procesado Anglés, sobre los que destaca que se mantienen "vigentes" y en los que no se ha producido "la pérdida de memoria social".
Míriam, Toñi y Desirée, de 14 y 15 años, desaparecieron el 13 de noviembre de 1992 cuando se dirigían a una discoteca de Picassent. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados dos meses más tarde, en enero, en un paraje de Tous. El único detenido por el triple crimen fue Miguel Ricart, 'El Rubio', condenado a 170 años de prisión y que no saldrá de la cárcel hasta el 19 de enero de 2023, de acuerdo con la 'doctrina Parot'.
La Audiencia de Valencia entendió que además de Ricart intervino el prófugo Anglés, al que aludía la sentencia como "varón identificado" que no estaba a disposición del tribunal. Anglés huyó. Los investigadores creen que falleció en aguas de Irlanda durante su fuga, aunque su cuerpo nunca ha aparecido.