miércoles, 24 de septiembre de 2025

El verano más caluroso en la Comunitat dará paso a un otoño cálido sin una tendencia significativa de precipitaciones


VALENCIA.- El verano más caluroso en la Comunitat Valenciana desde que hay registros, con una temperatura media de 25,5ºC, lo que supone 2,2º por encima del promedio, dará un paso a un otoño también cálido, pero sin una tendencia significativa en precipitaciones que se aparte de la climatología.

De este modo, aunque el mar sigue muy caliente y "está batiendo récords ya que a esta altura del año debería estar a 24º y está a 27º, hacen faltan más factores para que se produzcan episodios de lluvias torrenciales como en la pasada dana del 29 de octubre ya que se requiere que haya una masa de aire frío en altura y que choque con el aire cálido y húmedo de la superficie.

Así lo ha explicado este martes el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, en rueda de prensa, para tratar el resumen del verano climático 2025, balance del año hidrológico y tendencia de la predicción estacional.

En ese sentido, ante la relación que hay entre la temperatura del Mediterráneo y los temporales de otoño, ha explicado que cuando el mar está "muy caliente efectivamente hay potencialidad para que haya lluvias torrenciales, pero también deben darse otros factores". 

De hecho, si se observa la temperatura del mar en pasadas riadas en Valencia en algunos casos estaba por debajo, como en la de 1957 o 1982, y en otros, como en la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, o la de 1987 por encima.

De este modo, ha apuntado que "no hay ningún elemento que en estos momentos indique si vamos a estar por encima o por debajo del valor normal" de lluvias y ha explicado que los episodios de precipitaciones torrenciales no se pueden prever a menos de una semana y dónde se van a localizar hasta un día antes ya que son "situaciones con mucha volatilidad". 

"Hay posibilidades, pero como todos los años", ha apuntado.

Así, este otoño sigue la tendencia de este verano "extraordinariamente cálido" caracterizado porque "prácticamente todos los días las temperaturas han estado por encima" de la media, especialmente durante la extensa ola de calor del 3 al 18 de agosto, con temperaturas que llegaron a los 45,5º en Sumàcarcer.

En concreto, junio fue el más cálido desde que hay registros y con una anomalía de 4º,la mayor registrada en ningún mes, mientras que a finales de julio hubo ocho días extremadamente julio y agosto fue el segundo más cálido. 

Además, prácticamente todas las noches de verano fueron tropicales, cuando el termómetro no baja de 20º: se registraron 109 en Valencia, 102 en Alicante y 101 en Castellón.

El mar tampoco también siguió esta tendencia: el Mediterráneo ha tenido una anomalía de 2,2º con lo que es el año con la temperatura más alta desde al menos 1940 y en la boya del Puerto de Valencia se registró durante este verano la temperatura más alta en un mes de junio --27,82º el día 30-- y la más alta en un mes de julio --28,92º el día 4--.

Asimismo, septiembre está siendo muy cálido sobre todo por las temperaturas de las tres primeras semanas ya que a partir del lunes 22 se produjo "un significativo descenso térmico" con tendencia a recuperarse las temperaturas en los últimos días. De este modo, se prevé que la temperatura sea 1,3º superior a lo normal.

Por su parte, la precipitación acumulada este verano ha sido 55.8 l/m2, que es un 7% inferior a la de la climatología de referencia (60.0 l/m2). Estas lluvias se concentraron prácticamente en dos episodios en julio --llovió más del triple de lo habitual-- y el resto del verano ha sido seco. 

Donde más ha llovido ha sido en la zona de Castellón y donde menos es en Alicante con menos de 5 m/l2, "es decir, nada".

Por su parte, a falta de una semana para finalizar, el año hidrológico 2024-2025 está teniendo un carácter húmedo en la Comunitat Valenciana a diferencia del pasado, que fue el más seco de la serie. Así, el superávit pluviométrico medio es del 22% ya que durante los últimos doce meses se han acumulado 611,6 l/m2 cuando lo normal sería 499,7 l/m2.

De este modo, ha explicado que el patrón de lluvias está cambiando y sigue el comportamiento detectado en los últimos años: valores similares, pero concentrados, lo que "no es bueno porque aumenta mucho la torrencialidad seguida de periodos de sequía". 

Así, este año se concentraron en dos episodios: en la dana del 29 de octubre y en la primera mitad de marzo. Su distribución en la Comunitat Valenciana también es irregular: Hay un déficit en Alicante y el litoral de Valencia y un superávit en Castellón e interior de Valencia.

Además, en los últimos 12 meses han tenido un carácter extremadamente cálido. El año hidrológico 2024-2025 es el tercero más cálido de los últimos 75 años, tras el pasado 2023-2024 y con una media muy similar al 2022-2023.

Tamayo ha recalcado que los efectos de la crisis climática son ya palpables: "No estamos hablando de algo que va a pasar dentro de 30 años, es algo que está pasando ya". 

Una de ellas es que las lluvias se concentran en pocos días y, por tanto son más intensas, seguidas de largos periodos de sequía.

El PSPV denuncia "veto" a debatir en Corts la iniciativa para que Mazón renuncie a su aforamiento

 VALENCIA.- El PSPV ha denunciado el intento de "veto" de la Mesa de Les Corts a la iniciativa de los socialistas para que el parlamento valenciano debata y se posicione sobre instar al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a renunciar a su aforamiento y aceptar la "reiterada" invitación de la jueza que investiga la gestión de la dana de declarar voluntariamente en el marco de la causa penal.

"Esa es la libertad de la que habla Mazón", ha asegurado el síndic socialista, José Muñoz, en declaraciones a los medios este miércoles, en las que ha criticado que el PP y Vox no les vayan a "dejar hablar sobre este tema" este jueves en el Debate de Política General.

 "Para Carlos Mazón, la libertad es para los que piensan como él. Para los que pensamos de manera diferente, nos amenaza, nos prohíbe hablar y nos intenta vetar", ha censurado.

En concreto, en una de sus propuestas de resolución, el PSPV pide que Les Corts insten al 'president' de la Generalitat a renunciar al aforamiento y aceptar la "reiterada" invitación de la jueza que investiga la gestión de la dana de declarar voluntariamente en el marco de la causa penal, con la finalidad de garantizar la "máxima transparencia" y aportar "toda la información de la que tenga conocimiento directo", así como sus "gestiones concretas y ubicación" durante la tarde del 29 de octubre.

"Habíamos hecho una propuesta de resolución, pero la Mesa de Les Corts, en la que el PP tiene la mayoría, no nos va a dejar hablar sobre este tema. Eso es la libertad que dice Mazón", ha señalado Muñoz, que ha afeado al jefe del Consell que en su intervención de este martes en el Debate se erigiera como "el adalíd de la libertad".

"Pues el parlamento valenciano no va a poder hablar en libertad sobre una de las cosas que toda la sociedad valenciana quiere, que es precisamente que vaya a declarar ante la justicia y que renuncie al aforamiento", ha replicado al 'president' de la Generalitat.

Muñoz ha aprovechado para señalar que este martes aprovechó en el Debate para darle a Carlos Mazón el auto de la jueza en el que la magistrada le reitera el ofrecimiento para acudir voluntariamente a declarar como investigado: "Él decía que no le había llegado una notificación judicial, e hice como esto de las películas americanas que parece que le vas a dar una pizza y le acabas dando la notificación de que vaya al juzgado".

"Ayer aproveché, por lo menos como algo de servicio público también, para que él fuera conocedor de que la jueza le ha invitado a declarar en la causa", ha incidido el síndic socialista, que ha subrayado que ahora el 'president' de la Generalitat "ya es conocedor" del auto de la jueza de Catarroja. 

A su juicio, además, "ya se dan todos los requisitos para que pueda ir a declarar", pero ha lamentado que "parece que no lo va a hacer".

En este punto, ha reprochado al PP su negativa: "Tiene mucho que ver también con esa propuesta que hace en Extremadura, donde el PP le está pidiendo al secretario general del PSOE que renuncie a su aforamiento para que vaya a declarar". 

Y ha contrapuesto: "Allí, el PP y Vox nos dicen que lo hagamos, aquí no nos dejan hacerlo con Carlos Mazón". 

Con todo, ha resumido: "Una huida hacia adelante del PP, un presidente acorralado y unas Corts que están amordazadas".

Mientras, el síndic de Vox, José María Llanos, preguntado por si son favorables a que el 'president' renuncie al aforamiento, ha asegurado que desde su formación creen que "hay que cumplir la ley, siempre y en todo momento".

 "Mazón tendrá, si se le llama por el Tibunal Superior de Justicia, tendrá que declarar y nosotros apoyaremos que declare ante el TSJ, que es donde tiene que declarar", ha apuntado. En cualquier caso, ha señalado que, respecto a la "voluntariedad de la propia persona a nivel de la instrucción", no tienen "nada que decir".

Cuestionado por si cree que llamará a declarar a Mazón, José María Llanos ha esgrimido que él no forma parte del TSJCV.

 "Lo único que digo es que, según la ley, el que le puede llamar a declarar es el Tribunal Superior de Justicia", ha zanjado.

Aemet defiende su predicción el 29-0: "Un aviso rojo indica un umbral, que habrá problemas y hay que tomar medidas"

 VALENCIA.- El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, ha defendido «la magnífica predicción» que realizó la agencia ante la dana del pasado 29 de octubre, en la que fallecieron 229 personas, y al respecto ha insistido: «Un aviso rojo indica un umbral, es la cantidad mínima, que la situación puede ser catastrófica, que va a haber problemas y hay que tomar medidas».

Tamayo ha replicado así, en rueda de prensa para tratar el resumen del verano climático 2025 y la tendencia en octubre, al cuestionamiento del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ayer al Debate de Política General en Les Corts a la actuación de la Aemet el día de la dana.

Además, ha recalcado que «por una parte está el pronóstico, se avisa de que es una situación roja y que vamos a tener problemas, y luego está la vigilancia, y se va informando de lo que está ocurriendo, información que tiene puntualmente, evidentemente, quien tiene que tomar luego las medidas de gestión».

Por ello, ante las críticas de Mazón porque esa jornada llovió más de lo indicado, ha subrayado, «como ya han dicho por activa y por pasiva en numerosas ocasiones, que cuando se da un aviso rojo quiere decir que se va a superar el umbral de 180 l/m2, significa a partir de, y que la situación puede ser catastrófica y puede afectar de una manera muy importante a la seguridad de vidas y bienes».

 «Todos entendemos que un umbral quiere decir que es la cantidad mínima», ha recalcado Tamayo, que ha apuntado que además Aemet tampoco lanza con frecuencia avisos rojos por lluvias. De hecho «muy pocos».

En ese sentido, ha explicado que a diferencia del aviso naranja, que está acotado por arriba y por abajo, el rojo marca «una cantidad mínima», que además «no la pone Aemet, sino que está consensuada» con Protección Civil«. 

»A partir de ahí si vas a caer 700 mm, 500 o 400 evidentemente eso no lo sabemos nosotros ni nadie".

Del mismo modo, ha defendido que Aemet emitió los avisos que correspondían con tiempo suficiente para actuar ya que antes de las 10.00 horas la zona que resultó finalmente afectada por las inundaciones ya estaba en aviso rojo.

En cualquier caso, ha recalcado que la meteorología «no es una ciencia exacta, sino que tiene su dosis de variación» y en ese sentido ha recordado que a menos de 20 kilómetros de donde cayeron los 700 mm «no llovió nada», lo que evidencia que «es muy complicado muchas veces poder afinar a esos niveles». 

«Decir que van a caer exactamente en un punto, no lo podemos decir ni nosotros, ni nadie», ha apuntado. «Lo que sí podemos decir es 'cuidado', que en este entorno sí que va a llover mucho y que va a haber problemas, y eso es lo que dice el plan MetroAlerta, que está consensuado con protección Civil», ha apunatdo.

Del mismo modo, ante las críticas de Mazón por la previsión de Aemet de que las precipitaciones se irían hacia la Serranía de Cuenca, ha recalcado que «se dijo que la situación iba a ser muy complicada por lo menos hasta las 18.00 horas» y «con vigilancia continua, de manera que se podía modificar esa previsión como así fue, que se prolongó un poco más esa situación roja, y que la tendencia era que las precipitaciones se fueran yendo, pero al final del día, más hacia el norte y hacia el interior, como así fue». 

«Pero no se dijo a las 11 de la mañana se van a la Serranía de Cuenca», ha contrapuesto.

De hecho, ha recordado que en la conversación «filtrada y manipulada» entre una técnica del 112 y de la Aemet «se dijo claramente que a las 3 de la tarde empezaba lo peor y no se dijo en ningún momento 'tranquilos que se va todo para el norte', sino que la situación estaba muy complicada y que se iba a complicar más».

«Fue una predicción magnífica porque con lo que estaba pasando, y con lo que iba a pasar, también se dejó claro que no iba a afectar a la ciudad de Valencia, y estamos hablando de 20 kilómetros de distancia y que probablemente tampoco iba a afectar al aeropuerto, y era una predicción no una observación e informando de que lo peor vendría a partir de las 3 como así ocurrió», ha remarcado. 

«A partir de ahí se puede interpretar, pero la realidad es muy persistente y es lo que es», ha apostillado.

Por otra parte también se ha referido a la declaración de Mazón en la que ha denunciado que «el jefe de los barrancos» y «el jefe de las lluvias» -en alusión al presidente de la CHJ, Miguel Polo, y al jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez- hayan «admitido expresamente» que no sabían «lo que iba a pasar» el 29 de octubre.

Así, ha recalcado que Núñez es «el jefe de Climatología de Aemet de la Comunitat Valenciana y es un magnífico profesional como lo ha demostrado en numerosas ocasiones» y «siempre dispuesto a informar puntualmente y de la manera más objetiva posible».

La Audiencia valenciana respalda la decisión de la jueza de no investigar a Polo (CHJ), Bernabé y tres cargos de Emergencias

 VALENCIA.- La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha respaldado en dos autos la decisión de la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana de no investigar a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y a tres cargos del Centro de Coordinación de Emergencias.

El tribunal, compuesto por los seis magistrados que integran la Sección Segunda de la Audiencia, desestima, en uno de los autos, el recurso interpuesto por la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud contra el auto de la instructora en el que acordó no citar como querellados al ex director general de Emergencias y extinción de incendios, Alberto Javier Martín; al Subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), Jorge Suárez; a la Jefa del Servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, y al presidente de la CHJ.

La sala considera que no puede sostenerse la pretensión de la asociación recurrente de abrir un procedimiento penal «sin indicar ni atribuir hechos con trascendencia penal a persona alguna», ya que, de admitirse tal y como está planteada la querella frente a determinados miembros del Cecopi reunidos el 29 de octubre, las diligencias penales «desembocarían en una investigación prospectiva prohibidas en nuestro ordenamiento».

En el caso de Polo, indica la Audiencia que se atribuyen conductas concretas al presidente de la CHJ «sin identificar las diligencias que las avalan», como, por ejemplo, «en qué medida la información facilitada por correo electrónico relativa a la crecida del barranco del Poyo no fue o pudo ser de rápido acceso por ese u otros medios» y la responsabilidad que le es achacable.

En esta línea, añade que se reprocha a Polo «de manera genérica y sin atender al soporte normativo o probatorio» hechos como no activar los protocolos de emergencia; no comunicar a Protección Civil la crecida del caudal superior a los 150 metros cúbicos/s; no informar de la liberación de agua desde la presa de Forata; desactivar la alerta hidrológica o no interrumpir el tráfico en la A3 pese a contar con un punto de control automático de caudales en el cruce de la rambla con dicha carretera.

Sin embargo, según la sala, «no disponemos de información bastante de cómo se desarrolló la reunión de Cecopi, ni tampoco para incardinar la conducta de cada uno de los recurridos, en una contribución a que la decisión del mensaje fuera errónea y tardía».

Por otro lado, también ha desestimado el recurso de Vox contra la resolución de la instructora del pasado 5 de mayo que denegaba la declaración como investigada de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

En este caso, los magistrados se refieren a lo ya resuelto por ellos mismos con anterioridad sobre el mismo asunto en otro auto del 19 de mayo, pues las alegaciones de los recurrentes «no desvirtúan los razonamientos expuestos en dicha resolución» y las razones que según estos justificarían la imputación de la delegada «ya han sido motivadamente rechazadas, sin que de su declaración testifical se deriven datos o elementos aptos para alterar esa conclusión».

Por otro lado, la Audiencia sí que ha admitido el recurso de apelación de HazteOir.org, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, contra su exclusión de esa asociación del procedimiento como acusación popular tras no haberse admitido a trámite las querellas que interpuso en su día.

Según sostienen los magistrados, «habiendo manifestado el recurrente Hazteoir.org su intención de actuar como acusación popular coadyuvante en un proceso ya iniciado a instancia de la acusación pública, no hay razones para excluir su personación, aunque la querella que presentó inicialmente contra otras personas haya sido rechazada».

Esto no impide, añade la sala, «que también pueda dirigirse contra las que actualmente son investigados o promover la acción de la Justicia ejerciendo la acción penal que entienda oportuna, de modo semejante al Ministerio Fiscal. Todo ello, aunque no tenga relación con ninguna víctima en concreto, pues la acusación popular no tiene necesidad de alegar intereses personales».

Compromís reclama a Mazón que declare ante la jueza de la dana y al Consell que entregue "toda la documentación"

 VALENCIA.- Compromís plantea, en sus propuestas de resolución registradas para el Debate de Política General en Les Corts, instar al Consell a «colaborar activamente» con la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana y a poner a su disposición «toda la información y documentación de la que dispone» y, en este sentido, incluir la declaración voluntaria como investigado del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

En materia de reconstrucción, la coalición pide la aprobación de un «verdadero» plan de recuperación y que este sea sometido a un proceso de participación ciudadana, así como que cuente con los municipios afectados y los comités locales de emergencia y reconstrucción, al tiempo que insta al Consell a «escuchar las demandas» de las asociaciones de víctimas, que exigen medidas «inmediatas y concretas».

En esta línea, la coalición anima al gobierno valenciano a «atender la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad valenciana» y, en base a ello, tomar «las decisiones oportunas». 

También reclama blindar los valores de calidad democrática para «revertir la acción opaca del Consell» con la finalidad de «avanzar en el control social y económico de la acción política» de la Generalitat.

Además, plantea incapacitar el despliegue de políticas que «rompan el progreso económico» de la Comunitat Valenciana, materializado en la «desinversión en servicios públicos», y establecer los mecanismos que garanticen que las autoridades implicadas en dirigir la atención ante una emergencia tengan que atender esta responsabilidad «por encima de cualquier otra», así como que reciban «los conocimientos imprescindibles para actuar con la competencia impecable que requieren las circunstancias».

Precisamente, en materia de emergencias, Compromís propone la creación de una nueva Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) con la constitución de un cuerpo único de bomberos y garantizar la gestión pública del servicio de atención del teléfono de emergencias '112 CV'. 

Y respecto a la financiación, exige la reforma «inmediata» del modelo, un fondo de nivelación mientras no se actualice, el reconocimiento de la deuda histórica y un mecanismo de compensación.

En educación, la coalición insta al Consell a recuperar las obras del Pla Edificant «retiradas» y el acuerdo de plantillas aprobado «por unanimidad» de la comunidad educativa en 2023, así como a activar el Pla Reviscola 2030 para impulsar las inversiones educativas y hacer posible la reducción de ratios, entre otras cosas, además de poner en marcha un plan de mejora salarial para los docentes.

Paralelamente, reclama la «rectificación» de la planificación de la oferta educativa en valenciano y de los «recortes masivos» en formación profesional y de adultos, así como impulsar un pacto contra la segregación educativa valenciana.

En cultura, Compromís insta al Consell a diseñar un modelo de Circuit Cultural Valencià «consensuado, participativo e inclusivo», a incrementar el presupuesto cultural y revertir los «recortes» de los dos últimos años y a «rectificar la injerencia partidista» en las instituciones y garantizar la «independencia» del IVAM.

Respecto al valenciano, reclama al gobierno valenciano que «respete» las instituciones estatutarias como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y garantice a esta un presupuesto «suficiente» que permita ejercer «su plena autonomía».

Sobre la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, la coalición reclama la «rectificación» de la reforma normativa y garantizar que el consejo de administración de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) refleje «la pluralidad de la sociedad valenciana y del arco parlamentario» con elección por mayoría reforzada, así como a blindar la independencia del Consejo de Informativos y garantizar que el valenciano sea la lengua vehicular de todos los contenidos.

Respecto a la dependencia, Compromís pide mejorar la gestión, los plazos de respuesta y el pago de prestaciones, garantizar la gestión pública de los servicios sociales e impulsar un plan de infraestructuras socio-sanitarias.

Y en sanidad, reclama acabar con las privatizaciones y exigir «la totalidad de la deuda» que mantienen las empresas concesionarias con la Generalitat, iniciar la implantación de la jornada laboral de 35 horas, reducir «sustancialmente» las listas de espera, aprobar una ley contra la ludopatía y garantizar una «adecuada» atención de salud mental a afectados por la dana.

Por otra parte, en materia económica, la coalición aboga por impulsar un cambio de modelo orientado a la diversificación, sostenibilidad e innovación, transformar el Institut Valencià de Finances en una banca pública de inversiones, introducir condiciones sociales y medioambientales en las ayudas a grandes empresas, crear una escuela pública de negocios y una empresa pública de energía, incrementar el personal en las estaciones de ITV, «rectificar» la modificación de la Llei de l'Horta y «restituir» el Consell de l'Horta.

Respecto a vivienda, Compromís emplaza al Consell a garantizar esta sea un derecho esencial, «no un bien de mercado», a reformar el régimen de viviendas de protección pública, recuperar el derecho de tanteo y retracto, permitir a los municipios que limiten o prohíban los apartamentos turísticos y poner en marcha un Pla Edificant de construcción de vivienda pública.

Finalmente, la formación incluye un apartado en el que insta a Les Corts a condenar el genocidio en Gaza y a que la Unión Europea rompa las relaciones con el «Estado genocida» de Israel, así como a dar apoyo a la Global Sumud Flotilla y declarar persona non grata al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al resto de su gobierno.

Vox pide derogar "todas" las leyes de igualdad y eliminar las direcciones generales de "marcado carácter ideológico"

 VALENCIA.- Vox pide en sus propuestas de resolución registradas para el Debate de Política General en Les Corts derogar «todas las leyes de género e igualdad» de la Comunitat Valenciana, así como eliminar las direcciones generales de «marcado carácter ideológico» de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, entre otras medidas.

En materia de reconstrucción tras la dana, plantea a la Generalitat estudiar nuevas líneas de préstamo con una parte no reembolsable para hacer frente a los daños, ayudas a fondo perdido a las empresas afectadas, desarrollar parques en zonas inundables que permitan gestionar grandes volúmenes de agua de lluvia y actualizar el plan especial contra inundaciones de la Comunitat.

Mientras, reclama al Gobierno de España que acelere los pagos y realice «una valoración justa» de las indemnizaciones del Consorcio de Seguros, redefinir los cauces de los barrancos «con el fin de conseguir la seguridad de las personas», reparar y limpiar los afectados, instalar un sistema «eficaz y preciso» de predicción de inundaciones y alertas hidrológicas y recuperar los proyectos de construcción de presas en Cheste, Vilamarxant o Estubeny.

En materia de agricultura y medio ambiente, los de Abascal apuestan por promover la caza como herramienta «fundamental» para la protección de la agricultura ante las sobrepoblaciones descontroladas como la del jabalí, denunciar ante las instituciones europeas aquellas disposiciones incluidas en el Pacto Verde Europeo que haya ocasionado «consecuencias negativas» para la economía española y derogar «todas» las políticas inspiradas en este acuerdo «que perjudiquen a nuestro sector primario».

Respecto a agua, plantean avanzar en la modernización de las infraestructuras hídricas, más inversiones en regadíos, un plan de inversiones para posibilitar la creación de biogás, un nuevo Plan Nacional del Agua bajo los principios de «solidaridad y bien común», un Plan Nacional de Sequía y que las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura se sustenten en «criterios técnicos».

Por otro lado, en materia de economía, hacienda y empleo, Vox pide estudiar una revisión de la ley de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales para «evitar privilegios» y garantizar «el principio de igualdad», así como trabajar en la racionalización del sector público instrumental y contemplar la posibilidad de eliminar aquellos organismos «cuyas funciones puedas ser asumidas por la Conselleria competente» y modificar las Relación de Puestos de Trabajo «en pro de la eficiencia de la Administración».

En educación y cultura, la formación pide garantizar que en todos los centros educativos de titularidad pública se utilicen «únicamente los símbolos estatutarios, de manera habitual y conforme a la legislación vigente», blindar la libre elección por parte de las familias del modelo educativo que desean para sus hijos, promover «todas las expresiones culturales como señas de nuestra identidad, entre otras, las Fallas, Hogueras, Gaiatas y la tauromaquia».

Respecto al valenciano, plantean llevar a cabo «los necesarios estudios técnicos, sociológicos e históricos que actualicen la situación sociolingüística actual» y permitan realizar «con garantías» la modificación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, además, de modificar las líneas de fomento del valenciano para que sean diseñadas «de manera que reflejen la realidad lingüística de la región, con las que se identifiquen los hablantes del valenciano, respetando la libertad de elección de todos los ciudadanos y asegurando la garantía de la enseñanza del español».

En industria y turismo piden un plan estratégico de protección y promoción del turismo, proteger la industria cerámica valenciana, reconocer la nuclear como una fuente de energía «imprescindible» y prorrogar la vida útil de las centrales actualmente activas e incluso estudiar la implantación de nuevas.

Paralelamente, en materia de obras públicas, infraestructuras, transportes y vivienda, Vox exige un plan de choque para la «liberación inmediata» de las viviendas ocupadas ilegalmente del parque público y que estas se pongan a disposición de los solicitantes de vivienda de propiedad pública de la Generalitat en régimen de alquiler y mejorar la oficina de apoyo a las víctimas de la ocupación ilegal.

Además, insta al Gobierno de España a derogar la ley por el derecho a la vivienda, agravar las penas por los delitos de usurpación de inmuebles y que los grupos reincidentes en este tipo de delitos tengan la consideración de bandas organizadas, liberalizar el suelo que no se encuentre especialmente protegido para abaratar el coste de la vivienda, agilizar la redacción del proyecto y la posterior construcción de la conexión ferroviaria del aeropuerto de Alicante-Elche, la mejora y adecuación de los aeropuertos y el soterramiento urgente de las vías en Alfafar, Sedaví y Benetússer.

Vox incluye un apartado específico destinado a inmigración ilegal, con medidas como el compromiso a no subvencionar a asociaciones u ONG que promuevan la inmigración ilegal y el tráfico de personas, no conceder ayudas a personas que hayan entrado ilegalmente a España y establecer la «prioridad nacional» en la concesión de ayudas públicas e implementar «el protocolo para la determinación de la edad de los ilegales bajo tutela de la Generalitat» con la realización de pruebas periciales y medidas «más exhaustivas».

Además, insta al Gobierno a impulsar «un bloqueo naval que proteja nuestras costas frente al aumento de la inmigración ilegal» y un plan de «repatriación de los menas en sus países de origen».

En política social pide agilizar trámites a la hora de conceder ayudas, impulsar una ley integral de protección a la familia, derogar «todas las leyes de género e igualdad» de la Comunitat Valenciana, impulsar políticas de apoyo a familia y vida «desde la concepción hasta la muerte natural», eliminar «todas las líneas presupuestarias de género» y suprimir las direcciones generales de «marcado carácter ideológico» de la Generalitat.

Finalmente, en sanidad, Vox reclama la derogación de la ley sobre la regulación de la eutanasia aprobada por el Gobierno y, respecto a políticas de vivienda, exige derogar la ley por el derecho a la vivienda y pide un plan donde «el español siempre tenga prioridad» en el acceso y priorizar que las ayudas se destinen a personas físicas que tengan «arraigo social y cultural en España».

El PSPV insta a Mazón a renunciar al aforamiento y declarar voluntariamente ante la jueza de la dana

 VALENCIA.- El PSPV plantea, en sus propuestas de resolución registradas para el Debate de Política General en Les Corts, instar al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a renunciar al aforamiento y aceptar la «reiterada» invitación de la jueza que investiga la gestión de la dana de declarar voluntariamente en el marco de la causa penal, con la finalidad de garantizar la «máxima transparencia» y aportar «toda la información de la que tenga conocimiento directo», así como sus «gestiones concretas y ubicación» durante la tarde del pasado 29 de octubre.

En relación con la riada del pasado año, los socialistas emplazan al Consell a garantizar el «máximo respeto» a las víctimas y a evitar con este fin «cualquier distinción» entre 'buenas' y 'malas', una catalogación que, a su juicio, «lo único que genera es más sufrimiento» y cuyo único objetivo es «desacreditarlas y debilitarlas», con una actitud de «ausencia total de sentido de la realidad» y de «falta de empatía y humanidad».

Además, el PSPV pide reprobar los «exabruptos» proferidos por el diputado del PP Salvador Aguilella este martes en el Debate de Política General mientras las víctimas de la dana abandonaban el hemiciclo durante la intervención del jefe del Consell, por ser «ofensivos». 

También plantea que Les Corts adopten las medidas necesarias para que las víctimas sean «las primeras en comparecer» en la sesión de la comisión de investigación de la dana prevista para el 30 de septiembre y que su voz «sea escuchada» en el parlamento.

En cuanto a la reconstrucción, piden un plan de revisión de infraestructuras viarias y de transporte, un protocolo de movilidad ante emergencias climáticas, ampliar los descuentos y bonificaciones al transporte público para afectados, blindar las infraestructuras críticas, suspender licencias en suelo inundable, reubicar viviendas en zonas de riesgo extremo y apostar por un modelo «resiliente». 

También apuestan por aumentar las unidades de salud mental, un protocolo en servicios sociales y establecer «fechas concretas» para todas las obras en centros educativos.

Mientras, en materia de financiación, los socialistas instan al Consell a aceptar la condonación de una parte de la deuda de la Generalitat, a negociar con el Gobierno un nuevo sistema autonómico que tenga en cuenta la «singularidad» de la Comunitat Valenciana y del resto de CCAA y a revertir las «rebajas fiscales» realizadas en 2024 y 2025 a los contribuyentes con rentas más elevadas.

Por otro lado, respecto al genocidio en Gaza, los socialistas instan al Consell a condenar los ataques terroristas contra Israel por parte de Hamás, a exigir la liberación de todas las personas secuestradas, a condenar el ataque a los campamentos de refugiados y la muerte de niños y población civil y a solidarizarse con las organizaciones humanitarias y periodistas que trabajan en la zona.

 También piden apoyo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia y pedir a las partes apliquen las medidas decretadas.

En materia de derechos humanos, reclaman el cumplimiento del decreto ley de medidas urgentes para la acogida y protección de menores no acompañados y la elaboración de un plan autonómico «claro», dotado presupuestariamente y con instrucciones «precisas».

En materia lingüística, el PSPV exige proporcionar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) el «apoyo institucional que le corresponde como ente normativo del valenciano», a revertir los «recortes» recogidos en los presupuestos de la Generalitat para 2025 y a garantizar una financiación «adecuada» para sus actividades". 

También rechazar la intención del Ayuntamiento de Valencia de cambiar el topónimo de la ciudad.

Respecto a vivienda, los socialistas plantean declarar zonas tensionadas y aplicar mecanismos de contención y limitación de precios de alquileres, así como blindar la calificación permanente de las viviendas de protección pública, ampliar el parque público mediante tanteo y retracto y que destinar las nuevas viviendas a alquiler asequible.

En infraestructuras y movilidad, piden recuperar las partidas de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) para seguridad ferroviaria, presentar el plan de ampliación del TRAM d'Alacant hasta Sant Joan y Mutxamel y de Metrovalencia hasta Aldaia, Alaquàs, Xirivella y el Barrio del Cristo, mejorar las frecuencias de Metrobús y metro y ejecutar la conexión tranviaria de la Marina, así como llevar a cabo los proyectos de expansión del TRAM de Castelló.

Por otro lado, en ordenación del territorio, los socialistas rechazan el «urbanismo salvaje» y piden rectificar las modificaciones introducidas en la LOTUP, recuperar la perspectiva de género en urbanismo, prohibir construir en zonas inundables, «blindar» la Huerta, «salvar la costa del hormigón», restituir la vigencia del PATIVEL y revisar el PATRICOVA.

En agricultura, pide ayudas para la recuperación de tierras abandonadas para el cultivo y para el sector primario por los daños ocasionados por la proliferación de la fauna salvaje, así como la puesta en marcha de un plan para combatir el exceso de fauna, la recuperación del Pla Citrícola, aumentar los controles de plagas en la importación de productos agroalimentarios y reivindicar una nueva PAC que apoye al sector valenciano.

En materia de universidades, educación y deportes, reclaman derogar la ley de libertad educativa, eliminar el distrito único, garantizar un porcentaje mínimo del 25% de valenciano para todo el alumnado, incrementar la plantilla de orientadores, reforzar la inspección educativa, construir nuevos centros de FP, bajar las ratios en todas las etapas, un plan de inversiones plurianual para universidades y aumentar el presupuesto para becas.

En cuanto a política cultural, proponen un Pacte Valencià per la Cultura, mejorar las condiciones laborales del sector, un plan de fomento de la lectura, un bono cultural infantil y juvenil y reforzar las ayudas a producción escénica, audiovisual y musical.

Respecto a Transparencia, Memoria y À Punt, piden que ningún representante del Consell o Les Corts pueda participar en actos en los que se realicen «acciones violentas o de odio», reclaman financiar la exhumación de todas las fosas existentes en la Comunitat y exigen la constitución inmediata del Consejo de Informativos de la radiotelevisión pública. 

También piden eliminar las subvenciones a medios de comunicación «que difundan noticias falsas».

Respecto a emergencias, los socialistas plantean revisar el Plan Territorial de Emergencias para que la activación del nivel rojo por fenómenos meteorológicos adversos implique la «suspensión automática de toda actividad lectiva» en la zona afectada y mejorar y garantizar la «adecuada custodia de las conversaciones y de las grabaciones» obtenidas en el CCE.

También abogan por promover la formación en emergencias de cargos públicos con responsabilidad en la materia, dotar a los bomberos forestales del personal necesario para implantar el tercer turno, estudiar la situación laboral de los trabajadores del 112 para su incorporación al personal laboral de la Generalitat en 2027 y recuperar la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE).

Mientras, sobre emergencia climática, abogan por avanzar en el pacto de Estado en esta materia, por poner en marcha un programa de prevención y gestión forestal integral, por revisar los planes antiincendios y por impulsar acciones de formación, divulgación y sensibilización para conseguir «una mejor comprensión» del riesgo de desastres entre la población. 

Y sobre agua, piden impulsar el fin de las obras del trasvase Xúquer-Vinalopó y desarrollar planes de emergencia ante sequías e inundaciones.

El climatólogo Samuel Biener advierte: "tras las tormentas fuertes, el exhuracán Gabrielle podría irrumpir en España"

 https://www.tiempo.com/noticias/prediccion/el-climatologo-samuel-biener-advierte-tras-las-tormentas-fuertes-el-exhuracan-gabrielle-podria-irrumpir-en-espana.html

El Gobierno interviene los planes educativos y financieros de las universidades privadas por decreto

 https://www.eldebate.com/espana/20250923/gobierno-interviene-planes-educativos-financieros-universidades-privadas-decreto_337033.html

El Gobierno rebaja el valenciano a «modalidad» del catalán

 https://www.eldebate.com/espana/comunidad-valenciana/20250924/gobierno-rebaja-valenciano-modalidad-catalan-ejecutivo-mazon-rechaza-verguenza-intolerable-sanchez_337830.html

La Audiencia de Valencia ve en el "envío tardío y erróneo" del Es-Alert el "hecho nuclear" de la investigación de la dana

 https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/audiencia-valencia-ve-envio-tardio-erroneo-alert-hecho-nuclear-investigacion-dana_1_12629363.html

El PSOE permitirá que la iniciativa ciudadana antitaurina para retirar la protección a los toros se pueda tramitar

 https://www.elmundo.es/cultura/2025/09/23/68d2520321efa0523f8b45a3.html

Teatro de máscaras / Guillermo Herrera *



El cinismo político es la práctica de actuar con descaro, hipocresía y engaño en el ámbito político, socavando la confianza y la participación ciudadana. Esto se refleja en una desconfianza y falta de sinceridad en la política, incluyendo la manipulación de la realidad para mantener el poder y controlar a la opinión pública. 

A nivel internacional, los políticos utilizan distintas varas de medir la violación de los derechos humanos según sea el color del régimen que los viole.

Vivimos en un mundo cínico e hipócrita donde casi nadie cumple todas las leyes humanas y mucho menos las divinas. Hay estados que dicen luchar contra las drogas, pero trafican con ellas en secreto para el beneficio de unos pocos y el perjuicio de muchos. 

Tampoco se cumplen las leyes de la guerra ni los convenios de Ginebra cuando se bombardea a civiles, ambulancias, hospitales y escuelas. Hay ciudadanos que practican la picaresca en sus negocios, pero también hay otros que lo hacen porque consideran injusta una ley. Ese problema se acabaría si se aplicara la Ley Natural y el Derecho Consuetudinario.

Aunque existen tratados como los convenios de Ginebra para proteger a civiles en tiempos de guerra, vemos continuamente ataques contra hospitales, escuelas, ambulancias o infraestructura civil básica. Estos actos contradicen el principio universal de respeto a la vida humana, pilar de la Ley Natural. La lógica estratégica pasa por encima de la dignidad humana.

El sistema económico mundial permite que un puñado de corporaciones concentre riquezas desproporcionadas, mientras millones carecen de lo básico. La especulación financiera, el tráfico de drogas o el lavado de dinero sucio mantienen engranajes de poder que se justifican con leyes artificiales, pero que rompen con la justicia natural. La Ley Natural exige que la riqueza se procure sin dañar a otros y garantizando el derecho de todo ser humano a la subsistencia.

Gobiernos que dicen “defender la libertad” reprimen disidencias internas, violando derechos humanos. Estados que luchan contra el narcotráfico en su discurso mantienen vínculos encubiertos con dichos negocios. Aquí se ve la hipocresía estructural: se cumple la ley sólo en la medida en que favorece al poder.

A nivel social, muchos ciudadanos reproducen esa dinámica. Hay picaresca en los negocios o trampas en los contratos. Actos que, aunque considerados inmorales o ilegales, son vistos por algunos como respuesta ante reglas percibidas como injustas o desiguales. En otras palabras, el fraude cotidiano puede ser un reflejo de la corrupción institucional: si la élite no cumplen las normas, ¿por qué debería hacerlo el pueblo?

CONTRADICCIÓN

Vivimos en un mundo donde es visible la contradicción entre lo que se predica y lo que realmente se hace en casi todos los niveles. La simulación de moralidad, legalidad o justicia convive con prácticas contrarias a esas mismas normas.

 Esta tensión genera un ambiente cínico e hipócrita: fallan las instituciones, los estados traicionan su propio discurso y los ciudadanos se ven forzados a lidiar con leyes que muchas veces parecen hechas más para controlar que para proteger.

Muchos gobiernos declaran políticas de lucha contra la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo, mientras en paralelo sostienen estructuras clandestinas que operan en esos mismos ámbitos con multas económicas o geopolíticas. 

La hipocresía institucional se hace evidente cuando: Se promulgan leyes contra las drogas mientras las élites financieras se benefician del mercado ilícito. Se firman tratados internacionales como los convenios de Ginebra, pero se violan con bombardeos a zonas civiles, hospitales y escuelas, justificando esas atrocidades en nombre de la “seguridad nacional”

En este marco, la ley se convierte en un instrumento selectivo, aplicado sólo contra los débiles, mientras que los poderosos gozan de impunidad.

PRINCIPIOS

Esto nos recuerda a principios sencillos y universales: Toda vida es digna y debe ser respetada. Toda libertad es sagrada mientras no dañe a otros. Toda comunidad tiene derecho a mantener su forma de vida en justicia y equilibrio. Toda riqueza procede del bien común y no puede concentrarse en despojo de muchos.

Junto con ella, el Derecho Consuetudinario nos devuelve la soberanía: son los pueblos quienes, a lo largo de generaciones, moldean las normas que los rigen, no los burócratas que legislan desde distantes palacios. La verdadera ley nace en la conciencia. Ningún decreto puede anular la vida. La libertad no se concede: se reconoce.

En un mundo regido por estos principios, no habría guerras de conquista, porque ninguna comunidad tendría derecho a arrebatar la vida o la tierra de otra. No habría hambre en un planeta abundante, porque la justicia natural prohibiría acumular riquezas a costa de la miseria. 

No habría leyes absurdas que protegen intereses corporativos mientras castigan la necesidad humana. La política dejaría de ser un teatro de máscaras y se convertiría en un servicio mutuo.

LEY NATURAL

Frente a este desorden, hay quienes plantean que la salida no está en multiplicar reglamentos ni en endurecer códigos punitivos, sino en volver al principio básico de la Ley Natural. Esto se entiende como un conjunto de principios universales que emanan de la moral, la razón y el orden mismo de la naturaleza:

  • Respeto a la vida y la dignidad del otro.

  • Reconocimiento de la libertad y el derecho a la propiedad legítima.

  • Responsabilidad personal en los actos, más allá de coacciones externas.

Por su parte, el Derecho Consuetudinario, complementa esa base porque surge de la costumbre, del acuerdo comunitario y de la práctica prolongada en el tiempo. Está más cerca a la conciencia social que a los decretos burocráticos, y por ello es más legítimo a los ojos de quienes lo viven. Si la humanidad pusiera en práctica la Ley Natural y el Derecho Consuetudinario como norma fundamental:

  • Los estados no podrían ocultar sus contradicciones detrás de discursos vacíos, porque tendrían que responder a principios que no dependen del poder político sino del orden natural.

  • Las guerras impedirían el ataque deliberado a inocentes, porque el respeto a la vida se convertiría en el eje rector más allá de intereses estratégicos.

  • Los ciudadanos no se verían forzados a elegir entre la obediencia ciega a normas injustas y la trampa para sobrevivir, porque las leyes reflejarían un acuerdo ético real y compartido.

En otras palabras, una aplicación coherente de la Ley Natural eliminaría la dualidad hipócrita que hoy caracteriza al sistema: todos estaríamos sometidos al mismo principio universal, desde el poder hasta la base social.

FILOSOFÍA

Según el famoso lingüista Noam Chomky, el cinismo político es un veneno invisible que debilita a las democracias. A su juicio, “el propósito de los medios masivos no es tanto informar sobre lo que sucede sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas de poder corporativo dominante”.

Para John Locke en estado natural, los seres humanos son libres e iguales, pero están sujetos a la Ley Natural, que enseña que nadie debe dañar la vida, la libertad o las posesiones del otro. Si un gobierno viola la Ley Natural y se convierte en tirano, entonces el pueblo tiene derecho a la resistencia y a la rebelión.

Para santo Tomás de Aquino, la Ley Natural forma parte de un orden cósmico y divino. La creación está regida por la Ley Eterna, y los seres humanos participan de esa Ley Eterna a través de la razón, que les permite discernir lo bueno y lo malo. 

La Ley Natural no depende de ninguna autoridad política; es universal, inmutable y accesible a todo ser humano. 

De ella se derivan principios fundamentales como “haz el bien y evita el mal” o el respeto a la vida. Una ley humana que contradiga la Ley Natural deja de ser verdadera ley y se convierte en corrupción de la ley.

Para Juan Jacobo Rousseau, el ser humano, en estado natural, es libre y guiado por una bondad innata. Es la sociedad desigual y la corrupción del poder lo que lo pervierte. La alternativa sería construir un contrato social basado en la voluntad general, donde las leyes emanen de la comunidad y respondan al bien común.

El cinismo nace en el siglo IV a.C., en la Grecia clásica, con Antístenes, discípulo de Sócrates, y se consolida con su discípulo más famoso, Diógenes de Sinope. Antístenes, desilusionado con la política y la corrupción de Atenas, predicaba una vida de virtud que se alcanzaba mediante la autosuficiencia y el desprecio de los bienes materiales y de los placeres mundanos.

 La verdadera felicidad, según Antístenes, no dependía de factores externos sino del dominio de uno mismo y de la virtud.

https://www.antrophistoria.com/2024/08/el-cinismo-en-la-historia-de-la-antigua.html

IMAGINA

Si fueran la base del orden social los principios universales de la Ley Natural, el Derecho Consuetudinario y las tradiciones legítimas de cada pueblo, quedaría prohibido atacar a civiles bajo cualquier circunstancia, y se resolverían los conflictos mediante un arbitraje ético o mediaciones comunitarias, por lo que la violencia dejaría de ser un medio de política exterior.

En la economía, no habría lugar para la especulación que destruye comunidades enteras, la riqueza estaría vinculada al servicio y al bien común, y se compartirían los recursos de forma justa, pues el exceso acaparado por unos, a costa de la miseria de otros, violaría un principio natural.

En la política, el poder no se basaría en estructuras verticales e impuestas, sino en acuerdos comunitarios. De este modo una norma sólo sería válida si es justa y aceptada por quienes la viven, no por imposición externa.

En la vida social y cultural, desaparecerían las leyes absurdas que criminalizan conductas inocuas, mientras dejan en la impunidad a delitos mayores. Cada comunidad podría conservar sus costumbres siempre que no vulnerasen los principios universales de vida, libertad y respeto.

En síntesis, la Ley Natural sería una brújula universal: nadie estaría por encima de ella, ni un campesino ni un presidente. El Derecho Consuetudinario aportaría la flexibilidad y el arraigo local, permitiendo organizarse a cada cultura según su práctica histórica, siempre y cuando no contradiga los principios básicos de dignidad y equilibrio.

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