VALENCIA.- El fiscal del caso de la dana ha presentado un escrito en el que
considera que es ajustada a derecho la resolución de la magistrada
instructora, de finales de julio, en la que rechaza practicar una serie
de diligencias, entre ellas, modificar de testigo a investigado la
condición del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ), Miguel Polo, y en el que añade, como "complemento" a los
razonamientos jurídicos de la jueza, que la atención sobre la presa de
Forata en el Cecopi del 29 de octubre, no era incompatible con vigilar
las otras emergencias que se dieron en esa tarde.
Así lo
señala en un escrito al tribunal de la Audiencia de Valencia, de fecha
17 de septiembre, en el que pide la
desestimación del recurso de apelación presentado por la acusación
popular que ejerce Vox contra el auto de la magistrada en el que
acordaba rechazar la práctica de una serie de diligencias de
investigación solicitadas por la entidad Liberum. Además de la de Polo,
esta última acusación pedía la declaración como testigo de la presidenta
de Aemet, María José Rallo, y de técnicos y personal relacionados con
la presa de Forata.
El fiscal sostiene que la resolución
recurrida es "ajustada a derecho", por lo que pide a la Audiencia que la
confirme. Así, subraya que de la documentación remitida por la
Conselleria de Emergencias e Interior sobre la información enviada al
Centro de Coordinación de Emergencias entre los días 26 a 30 de octubre
de 2024, por Aemet y la CHJ, y a los avisos emitidos, las alertas
activadas y las situaciones de emergencia declaradas por Emergencias,
"se desprende que este organismo activó, el 29 de octubre de 2024, a las
11:45 horas, la alerta hidrológica en los municipios ribereños del río
Magro, y que les comunicó que la CHJ y la Agencia Valenciana de
Seguridad y Respuesta a las Emergencias mantenían el seguimiento de la
evolución del caudal para informar de cualquier riesgo que se pudiera
producir".
Una alerta que, de conformidad con lo previsto en
el plan especial frente al riesgo de inundaciones en la Comunitat
Valenciana, "determinó el avance de dicha incidencia al escenario de la
fase de emergencia, en situación cero, y, por ende, la asunción de la
coordinación y dirección de las actuaciones encaminadas a controlar esa
situación por parte del Centro de Coordinación de Emergencias de la
Generalitat Valenciana a través del director del plan, al que, entre
otras funciones, le correspondía determinar las medidas de protección a
la población que debían adoptarse".
En esta línea, añade que
de acuerdo con el informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de
la Comandancia de Valencia de la Guardia Civil, sobre la cronología y
análisis de desbordamientos en relación con las víctimas de la dana, el
inicio del desembalse de agua por la presa de Forata "se produjo entre
las 17:00 horas y las 18:00 horas del 29 de octubre de 2024, coincidente
con el alcance de la cota máxima porque los únicos elementos de desagüe
utilizados para la laminación de la avenida fueron los aliviaderos de
la parte superior de la mencionada obra hidráulica".
En esta franja horaria, --en la que según se infiere del registro del
aforo de Guadassuar a las 17:00 horas se registró un volumen de agua
circulante de 237,956 m3/s y, a las 17:45 horas, 480,655 m3/s, "no
registrando ningún dato más por avería"--, se estaban produciendo
lluvias torrenciales en la zona del municipio de Turís que vertían al
río Magro y, por tanto, "al desbordamiento del río Magro, en el tramo
posterior al embalse de Forata, contribuyó tanto el agua desembalsada de
esta infraestructura hidráulica como las lluvias torrenciales
registradas en la referida zona, de ahí que no pueda determinarse en qué
medida el desembalse descrito afectó a dicho desbordamiento ni si este
se hubiere producido únicamente como consecuencia de esas lluvias".
Así mismo, el fiscal apunta a la "innecesaridad de averiguar las
causas que conllevaron a que la actividad del Cecopi" se centrara
"inicialmente en la emergencia relacionada con el embalse de Forata
porque dicha atención no era incompatible con la vigilancia de las
restantes emergencias surgidas en la provincia de Valencia".
La resolución de la magistrada recurrida por estas partes fundamentaba
la denegación de las diligencias solicitadas en que, entre otras
cuestiones, se fundaba en el informe aportado de la Guardia Civil que
"es interpretado de forma sui generis", unido a algunas teorías ya
superadas del llamado "apagón informativo", "bulos sobre el efecto de la
presa Forata en el barranco del Poyo y, por supuesto, obviando no solo
lo resuelto por esta juez, sino, lo que es más sorprendente, lo resuelto
por la Audiencia Provincial de Valencia en diversas resoluciones".
Tras la declaración de Polo del pasado viernes, otra acusación
popular, la ejercida por Valores, ha pedido a la magistrada que
investigue al presidente de la CHJ al entender que en su actuación se
desprenden indicios razonables de criminalidad.
