«No vamos a tratar este
problema desde la normalidad», ha garantizado la alcaldesa.
La responsable municipal ha visitado este lunes la central de la
Policía Local, acompañada por el concejal de Seguridad y Movilidad,
Jesús Carbonell, y el comisario principal jefe de la Policía Local de
Valencia, Ángel Albendín, donde ha participado en una jornada de
formación sobre la okupación ilegal de viviendas y, posteriormente, ha
comprobado 'in situ' el trabajo de la Oficina Antiokupación, integrada
dentro de la estructura del cuerpo.
En su intervención en la jornada, Catalá ha advertido de que la
okupación está «ganando terreno en las grandes ciudades», por lo que no
es un fenómeno «particular de Valencia», pero ha reconocido que genera
«inquietud en propietarios y en la ciudadanía». Para ello, ha resaltado
que su equipo trabaja en dos fases: una primera de intervención policial
y otra de formación e información.
Tras la visita, en declaraciones a los medios, la alcaldesa de
València ha destacado que el trabajo para abordar el problema de la
okupación ilegal en la ciudad no empieza ahora, sino que se lleva
haciendo desde 2023 y, al respecto, ha reivindicado.
«No lo vamos a
tratar con normalidad, no vamos a ser una administración pasiva, vamos a
ser una administración activa y ya lo hemos sido».
La responsable municipal ha explicado que en 2023 habían 474 «puntos
conflictivos» con problemáticos de okupación en la ciudad y ha valorado
que la situación ha evolucionado de manera «muy favorable» hasta
reducirse en este momento a los 84.
«Hemos mejorado muchísimo en
determinados puntos muy delicados como pueden ser Orriols, la fachada
marítima o el centro», ha especificado.
En cualquier caso, ha reconocido que todavía queda «trabajo por
hacer» y, precisamente, para ello, ha indicado que el objetivo de la
Oficina Antiokupación es prestar un servicio de asesoramiento y
mediación a las comunidades de propietarios.
«Tenemos un correo electrónico y tenemos un teléfono donde cualquier
comunidad de propietarios o cualquier vecino pueda alertar de una
situación de ocupación, teniendo en cuenta que durante las primeras 48
horas es más fácil una intervención policial y, por tanto, podemos
actuar con rapidez», ha expuesto.
Esta oficina, ha continuado, servirá «para mediar y para intentar
orientar e informar a las comunidades de propietarios», pero también
«para conectar los servicios sociales municipales, aunque ya lo hacemos
con la Policía Local», ha aseverado la alcaldesa. «Vamos a seguir
trabajando en esta cuestión», ha garantizado.
En este contexto, María José Catalá ha advertido de que el
Infobarómetro del Ayuntamiento de Valencia «muestra que hay 10.000
propietarios en la ciudad que no alquilan su propiedad por miedo a la
okupación». Una cifra que, según la alcaldesa, «nos hace reflexionar»:
«Si queremos ser efectivos en el problema de la vivienda, tenemos que
tener varias soluciones en marcha».
Una de ellas ha asegurado que es la construcción de vivienda
protegida, «como ya estamos haciendo con 1.000 viviendas en marcha»,
pero también ha hecho hincapié en la necesidad de incentivar que las
viviendas salgan al mercado del alquiler y, para ello, ha apostado por
«dar seguridad y tranquilidad a los propietarios» a través de esta
Oficina y de «todas las medidas administrativas que les puedan dar la
tranquilidad oportuna para sacar su vivienda al alquiler».
Por su parte, el comisario principal de la División Territorial
Operativa y responsable de las siete comisarías de Proximidad ha
incidido en el «descenso importante» de okupaciones registradas por la
Policía Local en la ciudad: de las 474 de 2023 a las 84 «verificadas y
comprobadas» en la actualidad. «Ha habido una rebaja importante», ha
resaltado.
Así, ha asegurado que desde el cuerpo «siempre» han tenido «en mente»
el tema de la okupación, pero desde la creación de la Oficina han hecho
«más hincapié en verificar que los datos que tenemos a día de hoy son
los correctos y verdaderos».
«Los números nos avalan, de 474 a 84 que
tenemos a día de hoy, es un éxito», ha reivindicado.
No obstante, ha matizado que las 84 viviendas «son las que ahora
mismo está tratando la Policía Local, que no significa que sean todas
las okupadas de la ciudad».
«Son 84 que nos consta a nosotros que son
okupaciones sin contrato de alquiler, normalmente de la Sareb o pisos
que son de herencias y que no se ponen de acuerdo», ha apuntado.
Dicho esto, ha explicado que a esta nueva herramienta llegan las
denuncias por varios canales: «Las molestias que generan los vecinos es
lo que primero llama la atención del resto de los ciudadanos y de las
comunidades. Nos llega por Policía de Barrio, por Unidades de Policía de
Proximidad y luego está el email y el teléfono»
(ocupacion.viviendas@valencia.es y 962081111).
En este punto, el responsable policial ha subrayado la importancia de
distinguir «dos cosas muy claras»: el allanamiento de morada y la
usurpación. La primera de ellas, ha especificado, se trata de un delito
flagrante. «Aquí no hablamos de mediar y, por tanto, debemos proceder a
detención», ha indicado.
Y la segunda de ellas, ha apuntado, son los
casos de viviendas abandonadas o que no son primeras viviendas, «muchas
de ellas» de la Sareb.
En cualquier caso, ha especificado que el allanamiento de morada es
«residual»: «Es donde tú estás viviendo. Yo me voy el fin de semana de
viaje y vuelvo a mi casa el lunes y la tengo okupada, llamo a la Policía
e inmediatamente vienen y detienen a las personas que se encuentran en
el interior, porque es donde tú vives».
Mientras, en caso de
'inquiokupación', «existe una moratoria a nivel estatal de que no se
puede desalojar a aquel que era inquilino y ha dejado de pagar, hasta el
31 de diciembre de este año no se puede hacer nada».
Al respecto, ha continuado, la Policía Local tiene un «trabajo
importante» mediante una herramienta «muy potente» como «la mediación,
la empatía y ver situación por situación qué está pasando y por qué se
está usurpando esa vivienda».
Así, «de la mano de Servicios Sociales,
intentamos buscar una solución habitacional para estas personas», ha
añadido.
Dicho esto, ha incidido en la «simbiosis complicada» de
compatibilizar el derecho a una vivienda digna y el derecho a la
propiedad y ha resaltado que el trabajo de la Policía Local «está ahí
para intentar con esa mediación conseguir que estas personas vean su
situación y buscarles una solución habitacional».
«Y en caso de que sea imposible y esté generando molestias, ya nos
ponemos en contacto con el propietario para decirle que esta medida no
ha resultado positiva y le informamos de la denuncia que tiene que
ejecutar él como una denuncia para iniciar el procedimiento de
lanzamiento», ha agregado.
En conclusión, ha remarcado que desde la Policía Local «están en
ello» para erradicar la okupación, aunque ha admitido que resulta
«complicado» porque la vivienda atraviesa «una situación difícil».
«Sabéis cómo está, disparada, y la gente tiene que ir a algún sitio,
pero para eso estamos nosotros, Servicios Sociales y el Ayuntamiento que
nos respalda», ha enfatizado.
