MADRID.- La Comunitat Valenciana tendría que acoger en su sistema público de salud a unos 118.471 mutualistas -el 11 % del total- de Muface si este modelo no se mantuviera a la espera de lo que ocurra con la nueva licitación del concierto para la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios entre 2025 y 2027.
Por su parte, Andalucía y Madrid son las comunidades que deberían acoger en sus sistemas públicos de salud a un mayor número de mutualistas de Muface, unos 260.000 y 170.000 respectivamente, según los datos publicados por la propia Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
En diciembre de 2023, daba cobertura sanitaria a 1.537.701 personas, de las que 1.080.360, siete de cada 10, eran atendidas por aseguradoras privadas (Adeslas, Asisa y DKV) y 457.307 por la sanidad pública.
Ninguna de las tres aseguradoras se presentó a la primera licitación del convenio de Muface, que quedó desierto el pasado 5 de noviembre por primera vez en la historia por considerar las tres insuficiente la subida de las primas del 17 % propuesta por el Gobierno.
A la espera de ver lo que ocurre con la segunda convocatoria, para la que el Gobierno ha elevado la prima un 33,5 %, un escenario sin Muface obligaría a que ese millón largo de personas fuera atendido por las comunidades autónomas, que gestionan la sanidad pública.
Los 260.845 mutualistas de Muface que en diciembre de 2023 eran atendidos por aseguradoras privadas en Andalucía y que ahora pueden pasar al Servicio Andaluz de Salud representaban el 24,1 % del total de todo el país y los 168.287 de Madrid que irían al Sermas el 15,6 %.
Otros 118.471, el 11 %, eran de la Comunitat Valenciana y 103.203, el 9,6 %, de Cataluña, de modo que estos cuatro territorios asumirían el 60 % de los mutualistas de Muface que se quedarían sin cobertura privada.
El restante 40 % son los 76.682 de Castilla y León, 63.099 de Galicia, 50.405 de Castilla-La Mancha, 43.256 de Canarias, 35.246 de Murcia, 32.413 de Extremadura, 32.036 de Aragón, 20.652 de Asturias, 16.104 de Baleares, 16.055 de Euskadi, 13.836 de Cantabria, 7.038 de Navarra, 6.587 de La Rioja, 3.937 de Ceuta, 3.911 de Melilla y los 8.293 residentes en el extranjero.
Estos son los que en mayor proporción habían optado por las compañías privadas, el 99,6 %, seguidos de los residentes en Ceuta (86,4 %), Melilla (85,6 %) y Andalucía (80,8 %), mientras que en Navarra no llegaban a la mitad (44 %) y en Baleares (50,4 %) estaban prácticamente a la par que los que preferían la sanidad pública.
El Ministerio de Sanidad calculó en un informe publicado el pasado mes de noviembre el impacto que tendría en cada servicio autonómico de salud la incorporación de la población mutualista de Muface que en la actualidad recibe asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas.
El porcentaje que la población mutualista de Muface que recibe asistencia por medio de una aseguradora privada representa sobre el total de la población atendida por la sanidad pública alcanza el 3,12 % en Castilla y León, el 3,02 % en Extremadura y el 2,94 % en Andalucía.
En Castilla-La Mancha es el 2,42 %, en Cantabria el 2,28 %, en Galicia el 2,25 %, en Aragón y Madrid el 2,24 %, en la Comunitat Valenciana el 2,23 % y en Murcia el 2,14 %.
Por debajo de la media (2,12 %) se sitúan Asturias y La Rioja, ambas con el 1,92 %, Canarias con 1,90, Baleares y Cataluña con el 1,20 % y, cerrando la lista, Navarra y País Vasco con el 1,00 y el 0,65 %, respectivamente.
Aunque Sanidad concluyó en su informe del pasado mes de noviembre que si la financiación actualmente destinada a la asistencia sanitaria de los mutualistas de Muface que acuden a la privada se transfiriera a la pública esta "debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición", la preocupación ha cundido en las comunidades autónomas.
Recientemente, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, avisó de que si la sanidad autonómica tuviera que "absorber" a los funcionarios "se tensionaría" el sistema público de salud, que ya está "en una situación límite" tanto de recursos humanos como económica.
De todos modos, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró a los funcionarios del Estado que viven en la región que "si finalmente son abandonados" por el Gobierno, el Ejecutivo autonómico "se hará cargo, dándoles la cobertura que merecen y que, hasta ahora, no han tenido o están perdiendo".
Desde Función Pública han venido reiterando un mensaje de "tranquilidad" a los mutualistas y han señalado que existen mecanismos en la ley de contratos públicos para extender el concierto vigente hasta que haya uno nuevo. Por el momento, se ha dictado una orden de continuidad para el actual hasta abril.
