GANDIA.-
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo
Bustinduy, ha reclamado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón,
que sancione a las empresas que impulsan una oferta ilegal de pisos
turísticos.
"Es su competencia, es su normativa, es su responsabilidad. No hay
excusa para no actuar", ha aseverado el representante del Ejecutivo
central, que ha anunciado que, según las estimaciones de su
departamento, más de la mitad de las viviendas turísticas que se ofrecen
en grandes plataformas en la Comunitat Valenciana "no cumplen con la
normativa autonómica".
Así se ha expresado el ministro este viernes en declaraciones a los
medios en Gandia, ciudad que ha visitado para iniciar una colaboración
con el Ayuntamiento contra prácticas abusivas en el ámbito de los
anuncios ilegales de pisos turísticos.
Bustinduy ha recordado que "empezamos esta semana con la noticia del
aval de la justicia a las actuaciones del Ministerio del Consumo para
ordenar el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos
turísticos y la terminamos hoy en la Comunitat Valenciana, a donde vengo
con un mensaje muy sencillo: cuando existe voluntad política y las
administraciones actúan en favor de la ciudadanía para defender el
derecho a la vivienda por supuesto que se puede revertir la situación
inasumible que viven millones de familias".
El titular de Consumo, que ha puesto en valor "el espíritu de
cooperación y lealtad institucional" con que se ha trabajado con
ayuntamientos de distintos colores políticos, ha defendido que "a nadie
se le pasa por la cabeza que en este país pudieran existir 65.000 bares o
65.000 tiendas o cualquier otro negocio que se desarrollara en
condiciones de ilegalidad y que nadie hiciera nada".
"Y quiero poner en valor esta voluntad y esta actitud constructiva
por parte de tantos actores políticos de signos diferentes porque
enfrente hay quien no ha hecho absolutamente nada, quien no lo ha hecho
desde hace mucho tiempo y quien sigue sin hacerlo", ha reprochado.
Aquí se ha referido al jefe del Consell, Carlos Mazón, a quien ha
dicho querer "mandar un mensaje explícito": "sancione a las empresas
responsables de la oferta ilegal de pisos turísticos. Es su competencia,
es su normativa, es su responsabilidad. No hay excusa para no actuar".
Ha reivindicado que el Ministerio de Consumo "ya ha hecho el trabajo
que no han hecho los gobiernos autonómicos, bloquear los anuncios
ilegales conforme a la normativa autonómica".
"Esto era responsabilidad
de los gobiernos autonómicos, no lo hicieron, lo ha hecho el Ministerio
de Consumo", ha insistido.
"Ahora --ha continuado-- yo le pido al presidente de la Generalitat
que sancione a las empresas responsables de la oferta ilegal de pisos
turísticos en esta comunidad porque lo esencial ahora es conseguir que
se respeten las normas y, a continuación, que esas viviendas donde antes
residían familias, trabajadores o estudiantes vuelvan a ese uso y se
pongan en alquiler asequible".
Bustinduy ha remarcado que "hay herramientas para ello", ya que "la
ley de vivienda permite topar los precios de los alquileres abusivos y
forzar a los grandes tenedores a poner esas viviendas donde deben estar,
en la función social que debe cumplir la vivienda, que es que las
familias y los trabajadores y trabajadoras puedan vivir en ellas".
"Y si
la ley de vivienda no se aplica en esta comunidad es porque el señor
Mazón no quiere", ha afeado.
En la misma línea, ha considerado que "los alquileres abusivos
podrían bajar en la Comunidad Valenciana mañana si el señor Mazón
tuviera la voluntad política para hacerlo".
"Por lo tanto, yo le insto,
le conmino a que lo haga de manera inmediata, sin más dilación. Basta de
excusas. Basta de proteger a quienes hacen un negocio con el derecho a
la vivienda por encima de las familias trabajadoras de este país", ha
repetido.
El ministro ha comentado que van a remitir a la Generalitat una carta
poniendo a su disposición, como se ha hecho con todos los gobiernos
autonómicos, "las herramientas del Ministerio de Consumo y la
información de la que dispone".
"Si lo desean, no tienen más que
solicitarlo y se la enviaremos", ha apostillado.
Y, preguntado por la cifra de oferta irregular en territorio
valenciano, ha señalado que lo que puede adelantar es que "el trabajo
que ha hecho la unidad de análisis del Ministerio de Consumo revela que
más de la mitad de los pisos turísticos que se ofertan en grandes
plataformas en la Comunidad Valenciana no cumplen con la normativa
autonómica".
Y ha apuntado. "Sobre los datos concretos, si el Gobierno
autonómico así lo desea, se lo remitiremos en los próximos días".
A Pablo Bustinduy también se le ha pedido valoración sobre el recurso
anunciado por la Generalitat contra el Real Decreto 1312/2024 del
Gobierno que regula el registro único de arrendamientos y crea la
ventanilla única digital, al considerar que invade competencias
exclusivas de las comunidades autónomas en materia de turismo.
"Mi valoración es que las competencias están para ejercerlas. Y, por
tanto, creo que el mensaje que yo le quiero enviar al gobierno de la
Generalitat Valenciana es que aplique sus competencias y que sancione a
las empresas responsables de la oferta ilegal de pisos turísticos en
esta comunidad", ha abundado.
Ha puntualizado que no conoce el contenido del recurso pero, en todo
caso, se ha preguntado "¿qué interés están defendiendo?".
"Creo que hay
un clamor social absolutamente transversal para poner orden en el
descontrol de los pisos turísticos irregulares que están haciendo que
los vecinos y las vecinas se vean expulsados de sus barrios, que muchas
ciudades en este país se estén convirtiendo en parques temáticos y que
se esté anteponiendo sistemáticamente el interés comercial de grandes
empresas sobre el derecho a la vivienda de los ciudadanos y las
ciudadanas", ha asegurado.
Para el ministro, "cualquier gobierno y administración pública, sea
del signo político que sea, se debe al interés general y se debe a
proteger los derechos de la ciudadanía, específicamente el derecho
constitucional a la vivienda, que es el principal problema que enfrentan
las mayorías trabajadoras de este país".
"Cualquier actividad económica --ha argumentado-- tiene que cumplir
lo que dictan las normativas y las leyes, porque, si no, ¿qué país es
este? Un país en el que no se respetan las leyes de las que nos dotamos.
Y se tiene que dar dentro de unos parámetros de sostenibilidad. Ninguna
actividad económica, y creo que a lo largo de todo el país ha habido en
el último año enormes movilizaciones de la ciudadanía expresando
precisamente esto, por importante o lucrativa que sea, puede
desarrollarse contra el bienestar, los intereses, los derechos o las
necesidades de la ciudadanía", ha zanjado.
Finalmente, el responsable de Consumo ha puesto al alcalde de Gandia,
José Manuel Prieto, y su equipo de gobierno como ejemplo de "un trabajo
ejemplar por regularizar y controlar la que es, evidentemente, una
actividad económica fundamental para la ciudad y para la zona y para
todo el país, pero que debe hacerse en condiciones, primero, de respeto
de la legalidad".
Por su parte, Prieto ha resaltado la apuesta por la "sostenibilidad y
la calidad" de la capital de la Safor y la "unión contra el
intrusismo".
Por eso, ha dicho, "estamos dispuestos a compartir con el
Ministerio todos los datos relacionados con empleo, compatibilidad
urbanística o líneas de actuación conjunta".
En el encuentro se ha abordado el Plan Estratégico de Accesibilidad
Turística de la Ciudad de Gandia, una medida "fundamental para incidir
en los derechos de las personas con diversidad funcional", ha comentado
el alcalde.
