García, reelegida para seguir al frente de CCOO PV el pasado mes de
mayo, ha explicado sobre la
relación con el Consell, que «no hay contacto, no hay conexión, no hay
llamadas». Cree que el motivo es que desde el Gobierno valenciano «no
son capaces de entender y aceptar la crítica política».
Ha detallado que la última vez que la vicepresidenta primera de la
Generalitat, Susana Camarero, llamó al sindicato «fue el 21 o 22 de mayo
para decirnos que se iban a aprobar las enmiendas de los presupuestos y
ya nunca más se supo».
«Se empezó bien» al inicio de legislatura, pero
desde el 29 de octubre el diálogo social está «bastante parado», aunque
CCOO «siempre va a tener la mano tendida porque quiere seguir ejerciendo
su papel constitucional para mejorar las condiciones de vida de la
ciudadanía».
García ha explicado que tras la dana se convocó a los agentes
sociales para constituir una mesa con reunión mensual, pero estos
encuentros no se han producido. Solo está activa una submesa relacionada
con la formación profesional para el empleo, que valora positivamente, y
ha reclamado la convocatoria de otras mesas de diálogo, como la de
recuperación social, la económica y la verde.
La dirigente sindical ha criticado que los presupuestos de la
Generalitat responden «más a cuestiones ideológicas que a las
necesidades del conjunto de la ciudadanía» y «no son los adecuados para
el desarrollo económico y social de nuestra comunidad».
Ha lamentado los
«recortes» en áreas como la Acadèmia Valenciana de la Llengua o en
cooperación, donde ve «un sustrato de xenofobia», y los
«incumplimientos» del acuerdo para homologar las condiciones laborales
en servicios sociales.
Además, ha afirmado que los recortes que afectan a sindicatos
y patronal suponen «un ataque a un pilar fundamental de la democracia».
Respecto a posibles acciones legales, las están «estudiando
jurídicamente».
Respecto a la recuperación tras la dana, Ana García ha señalado que
«lo primero que se podría mejorar es que nos puedan sentar en una mesa y
explicarnos cómo va avanzando, tanto por la parte de la Generalitat
como por la del Gobierno central».
«No sabemos cómo va la reconstrucción
más allá de lo que los medios van explicando», ha lamentado.
Ha insistido en la necesidad de coordinar ayudas y agilizar su
tramitación, y ha avisado de que «es incompatible decir que hay que
activar el consumo interno para crear empleo si los trabajadores no
tienen unos salarios dignos».
Ha reivindicado un protocolo de actuación
unificado «a nivel estatal» para todas las administraciones ante
emergencias climáticas como la dana.
Sobre si cree que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón,
tiene que dimitir, ha insistido en que «si un político no entiende la
crítica y no entiende que, ante una equivocación de un calibre tan
grande, está la posibilidad de dimitir, igual se ha equivocado de
profesión».
García ha asegurado que las movilizaciones sociales
continuarán «mientras no se asuman responsabilidades».
García ha advertido que se debe analizar si hay «un efecto
paralización» en la llegada de inversiones «por esa inseguridad jurídica
que nos puede parecer que ha venido tras el 29 de octubre» .
«Creemos que algunas empresas pueden estar pensando que hay
inseguridad jurídica porque ha pasado lo que ha pasado. Si me implanto
en l'Horta Sud, ¿voy a tener algún problema el día de mañana con otra
dana? ¿los seguros me van a proteger? Cuando una empresa se quiere
implantar, hace un estudio de viabilidad, y todo eso está encima de la
mesa. Nos gustaría analizar eso en las mesas del diálogo social», ha
afirmado.
Preguntada por qué cree que llegará antes, si la reforma de la
financiación autonómica o la recuperación tras la dana, García ha
opinado que «a este ritmo es probable que algunas familias puedan pasar
página antes de que llegue el modelo de financiación, pero esto se
arreglaría muy sencillo» si los dos grandes partidos dejaran de «hacer
cálculos partidistas».
A su juicio, la financiación «se ha estado
utilizando en los últimos años como arma arrojadiza».
Sobre la campaña de contrataciones de verano en el turismo, García ha
señalado que «todavía hay asignaturas pendientes» en un modelo de
turismo de masas que «no suele dejar una economía muy boyante». Ha
destacado la importancia de desestacionalizar y fomentar el turismo
interior, aunque también ha hecho hincapié en «mejoras» de los últimos
años como la reforma laboral que incentiva los fijos discontinuos.
«Ahora, en breve, seguramente vamos a volver a escuchar que no hay
trabajadores para el sector y lo que no hay son esclavos dispuestos a
estar en un sector difícil de atención al público. Tienen unos
requisitos formativos cada vez más altos, pero no van acompañados con
las condiciones laborales. No puede ser que se sigan contratando por
pocas horas y luego hagan jornadas maratonianas», ha denunciado, para
llamar a cambiar la «cultura empresarial» y a «reforzar el servicio
público de inspección de trabajo».
Finalmente, sobre cómo valora las políticas de vivienda del Consell,
ha insistido en que CCOO PV desconoce si avanza la situación al no
convocarse las mesas de diálogo social, al tiempo que ha reprochado que
el gobierno autonómico «no está aplicando la ley estatal».
García ha asegurado que «no por inundar el mercado de vivienda, el
precio va a bajar», porque el problema es «multicausal».
Así, ha
defendido la «contención de precios», «un parque público de vivienda
acorde para las familias más vulnerables» e «incentivar que las
viviendas vacías se puedan poner a disposición del mercado».
Ha
criticado la posibilidad de privatizar viviendas públicas, ya que «esos
recursos salen de nuestros impuestos, y la mayoría provienen de la clase
trabajadora».
