lunes, 21 de julio de 2025

La Generalitat forma a policías locales para actuar "con eficacia" ante delitos de usurpación ilegal de vivienda


VALENCIA.- El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) ha iniciado este lunes en Cheste un curso de formación, enmarcado en el Plan Integral de la Generalitat contra la Ocupación, que ofrece a agentes de la Policía Local "herramientas jurídicas y operativas para actuar con eficacia ante delitos de usurpación ilegal de vivienda y allanamiento de morada", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así lo han expuesto el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, y la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, durante la inauguración de esta actividad formativa monográfica sobre 'La nueva dimensión de los delitos de usurpación y allanamiento de morada desde la perspectiva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)'.

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha explicado que el objetivo del Plan Integral contra la Ocupación "es dar una respuesta coordinada y rigurosa ante el aumento de casos de ocupación ilegal". Para ello, "la formación de las policías locales es clave, debido a su proximidad con el ciudadano", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que el curso, "pionero" en su enfoque, "es solo el primer paso dentro de este amplio plan integral que seguirá creciendo con nuevas jornadas y acciones", un plan en el participan tres Conselleries con competencias en la materia: Justicia y Administraciones Públicas; Emergencias e Interior; y la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

Fernández ha considerado "primordial" ofrecer mecanismos e instrumentos a la ciudadanía para responder de forma "inmediata" ante casos de ocupación. Por ello, ha agradecido al IVASPE y al cuerpo de la Policía su "implicación y compromiso" con herramientas "clave" en esta estrategia como el curso que se ha presentado este lunes.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha destacado, por su parte, el interés que ha suscitado este curso y que ha llevado a ampliar a más de un centenar las 60 plazas iniciales programadas.

"Esta formación no tiene precedentes y ha sido diseñada específicamente para policías locales de la Comunitat con el objetivo de dar respuesta a una problemática creciente y compleja que afecta tanto a la seguridad ciudadana como a los derechos fundamentales", ha indicado.

Rodríguez ha remarcado también "el enfoque integral" de este curso, que "no solo permitirá actualizar conocimientos legales con las últimas novedades en la materia, sino que también tiene un carácter práctico", ya que permite "incorporar la realidad social y operativa a la que se enfrentan los agentes sobre el terreno".

Además, ha avanzado que la Conselleria de Emergencias e Interior, de la que depende el IVASPE, tiene previsto extender esta formación y realizar otras dos ediciones durante el último semestre de este año en Alicante y Castellón.

El profesorado de este curso, que se desarrollará durante cuatro días, está compuesto por el fiscal Anticorrupción de Valencia, Pablo Ángel Ponce, y los policías locales Juan Carlos Sola y Vicente Gay.

Se abordarán aspectos como los elementos jurídicos que definen la usurpación y el allanamiento, así como los factores que permiten diferenciar estos delitos desde el punto de vista del bien jurídico protegido, la inviolabilidad domiciliaria y el concepto de morada, incluyendo las segundas residencias.

La formación analiza también las figuras de la legítima defensa y el estado de necesidad, los concursos delictivos, la naturaleza permanente de ciertos delitos y la flagrancia delictiva. El curso también se centra en los problemas procesales más frecuentes en la confección del atestado, la tramitación de medidas cautelares y los cambios jurisprudenciales relativos a las coacciones por parte de las personas propietarias de los inmuebles.

Incorpora igualmente un enfoque práctico a través del estudio del perfil de las personas reincidentes en ocupación de viviendas, su modus operandi habitual y el análisis de casos reales. Quienes participan trabajan además en protocolos de intervención policial antes, durante y después de una ocupación, con especial atención a escenarios que involucran a menores o personas vulnerables y a la coordinación con los servicios sociales.

La dimensión probatoria también será "clave" en este curso, especialmente en lo referente a la acreditación de que no existe vulnerabilidad económica por parte de la persona que ocupa una vivienda y a la forma en que esta información puede ser incorporada correctamente en el atestado, según las mismas fuentes.

Finalmente, el alumnado revisa manuales de ocupación de viviendas disponibles en Internet y reflexiona sobre el papel de las administraciones públicas frente a la ocupación. Asimismo, se estudian posibles infracciones administrativas relacionadas con esta actividad delictiva, como el uso indebido del espacio público o la contaminación acústica.

Las indemnizaciones por la dana pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros rozan los 3.400 millones

 MADRID.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha informado este lunes de que los recursos ya abonados por la Administración ante el impacto de la dana superan los 7.500 millones, de los que casi 3.400 son indemnizaciones pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, a los que se suman otros 1.400 millones que quedan pendientes de desembolso.

El ministro ha explicado que la mayor parte de los pagos que quedan pendientes por llegar son desembolsos referidos a grandes expedientes, de más de un millón de euros.

Cuerpo ha comparecido en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados para informar sobre los avances en la respuesta ante los daños causados por la dana y sobre el Plan de Respuesta y de Relanzamiento Comercial, entre otros asuntos de su Departamento.

Como idea del tamaño relativo de la zona afectada con respecto al total de la economía, Cuerpo ha explicado que se ha visto afectado el 2% del conjunto de la economía española, 2,2% de la población, 2% del número de empresas, también en valor añadido bruto, o también 1,92% en términos de empleo.

"Si miramos la industria, es una zona particularmente industrial, de hecho, la industria afectada es muy grande y representa más o menos el 3% del total de la industria en España, llegando a representar el 3,6% del total del empleo industrial", ha indicado Cuerpo.

Según el ministro, las solicitudes de siniestro presentadas al Consorcio de Compensación de Seguros alcanzan las 249.034, de las que 241.074 ya están gestionadas. 

"No existen precedentes en los 70 años de historia del Consorcio. El número total de solicitudes recibidas, estos casi 250.000, es el equivalente a la siniestralidad total de España en tres años", ha apuntado el ministro.

Actualmente, además, siguen entrando en torno a 200 nuevas solicitudes de indemnización por semana. 

"No ha parado en todo este tiempo, ya casi nueve meses después, la entrada de nuevas solicitudes de indemnización al Consorcio", ha señalado.

De acuerdo con los datos expuestos por el titular de Economía, hay 28 localidades que han presentado más de 1.000 siniestros. Estas 28 localidades representan en torno al 90% de los registros totales, unos 225.000. 

En el caso de Paiporta, por ejemplo, se han presentado 24.411 solicitudes de siniestro, lo que suponen tres de cada cuatro pólizas de seguro existentes en esa localidad.

Compromís exige en Valencia la suspensión definitiva de licencias a apartamentos turísticos y su conversión en viviendas

 VALENCIA.- Compromís ha presentado sus alegaciones al nuevo reglamento urbanístico impulsado por el gobierno municipal del PP y Vox, una regulación que, según critica, "no solo no consigue frenar la proliferación de apartamentos turísticos y hoteles, sino que abre la puerta a una nueva etapa de especulación y expulsión de vecinos y vecinas de los barrios de Valencia".

Por ello, ha exigido la suspensión definitiva de las licencias para apartamentos turísticos y su conversión progresiva en viviendas de uso residencial con el objetivo de que en 2029 Valencia sea una ciudad libre de apartamentos turísticos.

Así, lo ha señalado la portavoz de Compromís, Papi Robles, en rueda de prensa, que ha denunciado que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "es un cheque en blanco para poner la ciudad al servicio de los fondos de inversión, no del vecindario".

"Lejos de protegernos, el gobierno municipal está generando las condiciones perfectas para consolidar y propiciar la apertura de más apartamentos turísticos y favorecer todavía más la creación de nuevos hoteles", ha asegurado.

Robles ha recordado que Valencia atraviesa "una grave crisis" de vivienda ya que "los precios de compra y alquiler son inasumibles para muchas familias, los jóvenes no pueden emanciparse, y hay una expulsión real de vecinos hacia el área metropolitana y más allá".

Según la portavoz, gran parte de este problema tiene una causa "clara": "Se están retirando miles de viviendas del mercado residencial para destinarlas a usos turísticos. La vivienda está dejando de ser un derecho para convertirse en un activo financiero", ha explicado.

Pero "más allá" del problema de la vivienda, Compromís alerta de otro "riesgo aún poco percibido: "la creación de un mercado restringido de licencias turísticas".

 "Con este nuevo marco normativo, se abre la puerta a una situación similar a la que tenemos con las farmacias, los taxis o los estancos ya que las licencias pasarán a tener un gran valor y se convertirán en objeto de especulación. Es lo último que necesita Valencia ahora mismo", ha advertido.

Por su parte, el concejal de Compromís, ha desgranado las alegaciones técnicas que ha presentado el Grupo Municipal para evitar que "los apartamentos turísticos conviertan nuestros barrios en parques temáticos", ha afirmado.

Puchades ha defendido que, aunque una parte de estos alojamientos se encuentre en bajos comerciales, "la situación de emergencia residencial obliga a recuperar cualquier espacio para usos de vivienda habitual".

Según el análisis de Compromís, 29 barrios de la ciudad ya superan el 2% de viviendas turísticas que el gobierno municipal considera el límite para declarar una zona saturada.

 "Es una regulación que llega tarde y mal. Lejos de poner orden, legaliza el exceso y crea un nuevo activo especulativo: la licencia turística", ha remarcado Puchades.

Del mismo modo, la coalición reclama también frenar la apertura de nuevos hoteles, especialmente en barrios residenciales. 

Así, ha recordado que en solo dos años, Catalá ha aprobado 40 nuevas licencias hoteleras, que suponen más de 3.000 plazas adicionales, lo que "confirma que se está apostando por un modelo que pone la ciudad al servicio exclusivo del turismo", ha afirmado Puchades. 

Además, ha recordado que ciudades como Ámsterdam ya han tomado medidas "drásticas" para limitar este tipo de crecimiento turístico "descontrolado".

Compromís también ha puesto el foco en los efectos colaterales del modelo turístico: la pérdida del comercio de barrio, el aumento de la presión sobre servicios públicos como el transporte, la limpieza o el agua, y la destrucción del tejido comunitario.

"Cuando hay una rotación constante de turistas, desaparecen las redes de apoyo, la identidad de barrio, y la vida cotidiana queda sustituida por negocios enfocados solo al visitante", ha denunciado Puchades.

Entre las medidas concretas que Compromís incluye en sus alegaciones, destaca la creación de una unidad específica de inspección y sanción contra pisos ilegales; la puesta en marcha de un sistema de revisión continua de las licencias y su cancelación automática en caso de incumplimiento; o el impulso de un plan de choque para recuperar el comercio de proximidad y frenar la sustitución de servicios esenciales por tiendas orientadas al turismo.

"Esta norma es una trampa. El PP y Vox quieren hacer ver que ponen límites, pero lo que hacen realmente es blindar los intereses de quienes ven la vivienda como un negocio", ha remarcado Robles .

Por todo ello, ha defendido que Valencia necesita un giro de 180 grados en su política urbanística: "No hay ninguna apuesta real por proteger los barrios, ni por ampliar el parque público de vivienda. Esta ciudad debe ser un lugar para vivir, no un decorado para los turistas".

FGV oferta 76 puestos de trabajo para los servicios de atención al cliente en Metrovalencia y Tram d'Alacant

 VALENCIA.- Ferrocarrils de la Generalitat Valencia (FGV) ha abierto la convocatoria pública por el sistema de concurso-oposición para la cobertura de 76 puestos de trabajo de los servicios de atención al cliente en Valencia y Alicante.

Esta convocatoria corresponde a las ofertas de empleo público de los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 y también comprende la confección de bolsas de empleo temporal

De los 76 puestos de trabajo encargados de labores de atención al cliente, 46 corresponden a Metrovalencia y 30 a TRAMd'Alacant, según ha concretado la Generalitat.

Las personas interesadas en optar a una de estas plazas pueden cumplimentar su inscripción de manera telemática en la página de FGV, en el apartado Trabaja en FGV, hasta el próximo 29 de julio, a las 12.59 horas. Las personas que superen el proceso selectivo y no obtengan plaza quedarán integradas en las Bolsas de Empleo Temporal.

En este proceso selectivo se contemplarán las medidas de adaptación y accesibilidad necesarias para que las personas con diversidad funcional puedan realizar las pruebas que se establezcan en condiciones acordes con su situación y en términos de igualdad con el resto de personas aspirantes.

A su vez, se tomarán las medidas necesarias para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, de conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La descripción funcional de los puestos está regulada normativamente en FGV y recoge los rasgos fundamentales, no agotando las funciones y comprendiendo, en general, las que corresponden a los conocimientos que lo caracterizan.

El PSPV denuncia que 14 servicios municipales no han ejecutado "ni un euro" de sus inversiones a mitad de año

 VALENCIA.- El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha denunciado la "desastrosa" gestión de María José Catalá tras confirmarse que, cumplida la mitad del ejercicio 2025, hasta 14 servicios municipales y nueve delegaciones "no han ejecutado ni un solo euro de inversión".

Al respecto, Sanjuan ha advertido de que servicios como Innovación, la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad, Salud Laboral, Descentralización y Participación Ciudadana, Patrimonio, Inspección Municipal, Parques y Jardines, Limpieza y Recogida de Residuos, Fiestas y Tradiciones o Mayores han ejecutado "un total de cero euros" a 30 de junio de 2025, tal y como queda acreditado en el documento de seguimiento de inversiones que realiza el propio Ayuntamiento.

"El gobierno de María José Catalá es una calamidad gestionando. No solamente no ha impulsado ningún proyecto nuevo y solamente se dedica a inaugurar obras de los gobiernos progresistas sino que, además, cuando ya ha pasado más de medio año, hay 15 servicios de este ayuntamiento que han ejecutado el 0% de sus inversiones", ha señalado Sanjuan.

Se trata, en algunos casos, de servicios que disponen de presupuestos de inversiones muy elevados como los 2,4 millones de euros de Limpieza y Recogida de Residuos o los 30 millones de Planeamiento. 

"Y, a pesar de todo, las obligaciones reconocidas a mitad de año se quedan en cero euros", ha insistido.

En esta "misma situación" están nueve delegaciones enteras como las de Licencias Urbanísticas y Actividades, Limpieza y Recogida de Residuos, Fiestas y Tradiciones, Emprendimiento, Participación y Acción Vecinal o Mayores, que siguen, a estas alturas del año, sin haber ejecutado nada.

"Si hay concejales que a estas alturas no han ejecutado nada, lo que tendría que hacer María José Catalá es plantearse si deben seguir siendo concejales del Ayuntamiento. Ya que no es capaz de echar a concejales investigados por delitos de odio, a ver si echa al menos a los concejales que no saben gestionar el dinero público", ha apostillado.

El Gobierno plantea un nuevo modelo de oposición, con formación de dos años para los puestos más altos

  MADRID.- El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha planteado un nuevo modelo de selección de personal público en el que los aspirantes a un puesto en la Administración pública en los Grupos A1 y A2 recibirán una formación de dos años y deberán superar un examen para poder optar a la plaza.

Así lo ha indicado la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, junto al ministro del ramo, Óscar López, durante la presentación del ‘Consenso para una Administración Abierta’, un documento con el que se busca transformar digitalmente a la Administración del Estado.

Con este plan, Función Pública quiere adaptar los nuevos perfiles de ingreso a las nuevas profesiones que han surgido, por lo que se impartirá una formación a través de institutos y escuelas de formación por la que los aspirantes deberán superar un examen para poder acceder a la plaza.

De esta manera, se diseñarán itinerarios formativos basados en el ecosistema competencial medidos en ECTS: 120 ECTS para los cuerpos y escalas del subgrupo A1; 90 ECTS para el subgrupo A2; 60 ECTS para el grupo B; 30 ECTS para el subgrupo C1 y 10 para el subgrupo C2.

Como han explicado desde el Ministerio, con el nuevo modelo se convocarán más plazas de las necesarias para las oposiciones de los grupos A1 y A2 y, una vez se supere la prueba de ingreso, los aspirantes a estos puestos de trabajo deberán cursar una formación durante dos años que finalizará con un examen para obtener la plaza.

Los aspirantes que no aprueben el examen recibirán un título por los estudios que han cursado, que tendrá reconocimiento oficial. Este sistema solo se implantará para los perfiles que opten a una oposición en los Grupos A1 y A2, mientras que para los grupos C1 y C2 la formación se recibirá una vez se obtenga la plaza, es decir, una vez se esté en el puesto de trabajo. En el resto de categorías de oposición se mantendrá el actual sistema de oposiciones.

Según la secretaria de Estado, este modelo garantizará de manera «real» la igualdad de oportunidades entre los perfiles que van a ingresar a un puesto público en estas categorías y permitirá superar el antiguo modelo de acceso al funcionariado consistente en la tasa de reposición.

En este sentido, ha asegurado que desde el punto de vista cuantitativo, la tasa de reposición se ha superado «con creces» y ha dejado de ser un problema para la Administración pública desde el punto de vista de la planificación, pero desde el punto de vista cualitativo este nuevo sistema de acceso al funcionariado permitirá dar una vía de entrada a las nuevas profesionales que han surgido.

Además, tal y como ha deslizado la secretaria de Estado, este modelo se enlazará con el sistema de becas del Ministerio de Educación para garantizar el «máximo rigor y formación».

La jueza de la dana cita a declarar como testigo al diputado responsable de Bomberos

 VALENCIA.- La titular de la Plaza nº 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que instruye la causa de la dana en la que perdieron la vida 228 personas, ha acordado la citación de tres testigos, entre ellos el diputado del área de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell.

La magistrada ha dictado cuatro resoluciones más dentro del procedimiento sobre la gestión de la trágica barrancada. En la primera de ellas, dada cuenta del escrito, de fecha de 18 de julio de 2025, presentado por la procuradora de Compromís, Nuria Ruiz Tobarra y decide que comparezca como testigo el diputado Avelino Mascarell.

Igualmente, ordena que la Diputación de Valencia remita al juzgado --en el plazo de cinco días y en formato video-- el acta de la sesión de la Comissión de Investigación de estudio sobre la gestió de la emergència del 29 de octubre celebrada el 25 de febrero de 2025. Además, y a la vista de los oficios remitidos por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, se citará como testigos a otras dos personas.

La providencia llega unos días después de la declaración como testigo en la causa del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien, entre otras cosas, sostuvo el pasado jueves que hasta las 19.00 horas no pudo tener información del barranco del Poyo y, aludiendo a la conversación que mantuvieron aquel día la alcaldesa de Chiva y el diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, ha agregado que la información no pudo tenerla «hasta la noche», aunque sin concretar hora exacta.

Por otro lado, la instructora ha dictaminado tres autos que desestiman otros tantos recursos de reforma presentados por varias partes.

En uno de ellos, rechaza la citación como testigo del que era secretario de Estado de Seguridad el día de la dana, Rafael Pérez. La jueza hace notar que el escrito presentado por esta parte --a la que vuelve a afear que insista en hacer afirmaciones no fundamentadas sobre el número de víctimas o la presa de Forata-- «no es sino la atribución de la responsabilidad en los hechos a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y al Ministerio del Interior, por medio de la Secretaría de Seguridad Nacional» por lo que «se aparta radicalmente de lo que es objeto de la investigación».

«Solo podría entenderse dicha testifical si se estimara que el testigo disponía de una información de la que se carecía en el Cecopi, una suerte de información clasificada manejada por el Gobierno de la nación. Las pruebas han de estar vinculadas con la finalidad legal con la que comparecen en el proceso y anudadas al ejercicio de la acción penal frente a quienes son parte en el procedimiento. Si se afirma la responsabilidad penal de otras personas que no son parte de las presentes diligencias, debe formalizarse a través de la oportuna denuncia o querella, ya sea ante este Juzgado o ante el órgano judicial que se estime competente, no a través de alegaciones incluidas en las solicitudes de prueba», argumenta Nuria Ruiz Tobarra.

En otro de los autos, se mantiene el rechazo a la declaración como investigado del jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez, como solicitaba la representación de la formación política Valores.

En su fundamentación, la jueza señala que esto profesional «ha depuesto como testigo, y dicho testigo va comprobando que la consecuencia de su declaración es la solicitud de toda clase de pretensiones y acusaciones sobre el mismo, a cada cual más descabellada».

«Pretensiones --insiste-- que, pese a su nula fundamentación y recorrido procesal, son difundidas de forma pública, previamente a que sean resueltas en el presente procedimiento. Una de ellas era la petición de recabar informe forense de dicho testigo; tras insistirse en dicha petición mediante un recurso de reforma, finalmente no se ha recurrido en apelación dicha denegación de prueba».

Añade el auto que «la existencia de avisos previos de la Aemet es reflejada de forma extensa en el informe obrante en las actuaciones incluido en la documentación que se disponía porla Conselleria encargada de las emergencias, y dicha información fue utilizada por otras instituciones, como la Universitat de València, al objeto de adoptar las medidas oportunas».

Y agrega que «el hecho de que el día 29 de octubre de 2024 era el día álgido de la dana fue alertado previamente y así era conocido públicamente a través de los medios de comunicación».

«Ese mismo día las previsiones meteorológicas se hicieron realidad. Que a las 15:30 horas se fijara que la reunión del Cecopi debía comenzar a las 17:00 horas, es algo que resulta inexplicable, y no solo por las referidas previsiones meteorológicas de los días anteriores, sino por lo sucedido ya desde primera hora de la mañana del día 29 de octubre. 

Que se desconectara a la Aemet de la reunión del Cecopi, lo que en un informe se calificó desacertadamente como un 'periodo de trabajo exclusivamente presencial', especialmente por el nulo resultado de dicho trabajo, son circunstancias, decisiones o inactividades, que no se pueden achacar» a Núñez.

El último de los auos rechaza el recurso de la defensa de la exconsellera Salomé Pradas --investigada en la causa-- contra una resolución de la jueza del 18 de junio de 2025 que desestimaba parte de las pruebas pedidas por su abogado.

La primera de las pruebas que se solicita es la obtención de la copia íntegra de lo recogido en el sistema Coordcom. Al respecto, reitera la instructora que el acceso de la copia íntegra del sistema Coordcom implicaría el acceso a elementos que no poseerían relación con la investigación, comunicaciones de cualquier naturaleza y medio de manera indiscriminada.

«Ello no es admisible, dada la índole de los delitos objeto de investigación: homicidios y lesiones imprudentes. Se infringiría lo dispuesto en el art. 579.1.1o de la Lecrim. La obtención de dicha copia íntegra ya fue solicitada por una acusación popular (ACPV), fue igualmente denegada y se acordó recientemente la conservación de la copia íntegra de las comunicaciones que obren en el sistema desde la alerta hidrológica declarada el 24 de octubre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2024 a las 12 horas, incluyendo comunicaciones escritas y registros de audio y vídeo, emitidas o recibidas desde el Centro de Emergencias, Cecopi, puesto de mando avanzado, vehículo SATCOM112, vehículos ligeros etc», recuerda la jueza, que apunta que «ello permitirá a la representación de la investigada, así como al resto de las partes, el acceso a cualesquiera elementos relevantes que puedan haberse producido y conservado y el ulterior análisis de la procedencia de su obtención».

Emergencias remite a la jueza de la dana copia de la biblioteca con 99 mensajes ante el riesgo de inundaciones

 VALENCIA.- La Subdirección General de Emergencias ha hecho llegar a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana --en la que fallecieron 228 personas-- una copia de la biblioteca de mensajes ante el riesgo de inundaciones, que recoge un total de 99 avisos.

Desde la administración autonómica se explica que, tal y como solicitó la magistrada, se facilita una copia de la 'Biblioteca de mensajes' con los documentos que se acompañaron a la misma redactada por el equipo que la elaboró del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, al amparo de un contrato menor adjudicado en fecha 21 de abril de 2021 por la Agencias Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (ASVRE), que tambien se incluye como anexo al informe.

Todo ello, se detalla, fue en el marco del Plan Vega Renhace puesto en marcha por la Generalitat como consecuencia de la dana que afectó de manera especial a la comarca alicantina de la Vega Baja en septiembre de 2019.

Dicho contrato fue basado en el siguiente informe de necesidad: «La AVSRE tiene asignadas las funciones de desarrollo de las competencias en materia de Protección Civil y gestión de emergencias. Parte de estas funciones es la información a la población de los posibles riesgos y transmisión de las alertas derivadas de las emergencias para lo que se ha desarrollado una aplicación móvil llamada GVA 112 Avisos que permita la rápida y correcta información de lo que sucede y medidas de autoprotección a adoptar en un lenguaje eficaz y sencillo».

Además, «dado que la AVSRE carece de recursos y conocimientos para efectuar estas tareas se hace necesaria la contratación de un servicio que ayude a la creación del banco de datos de mensajes y análisis y difusión de la aplicación móvil.»

El documento enviado a la instructora añade que el objeto era disponer de instrumento para potenciar la comunicación del riesgo a la ciudadanía usando como caso piloto la comarca de la Vega Baja de la provincia de Alicante mediante tres acciones específicas: creación de una biblioteca de mensajes ante el riesgo para su incorporación en la aplicación GVA112 Avisos; diagnóstico estratégico de la aplicación GVA112 Avisos y diseño de un plan de difusión de la aplicación.

«No siendo por tanto el objeto de este contrato su utilización en el sistema ES Alert, sistema que todavía no estaba definido en esa fecha», incide.

Puntualizan desde Emergencias que la ejecución del contrato «se vio marcada por las condiciones derivadas de la pandemia, no entregándose la versión definitiva hasta el 10 de febrero de 2023, documento completo que se incluye como anexo al presente informe».

«Se trata de un documento de alta calidad técnica, pero como el propio catedrático indicó en el correo de remisión 'únicamente fue testada en la población de la Vega Baja», por lo que propone explorar fórmulas para continuar trabajando en la misma", apuntan.

En referencia al producto final, el informe señala que se trata de una propuesta de mensajes pensados y diseñados para su uso a través de una aplicación de avisos, y la cual permite una «gran libertad de formato en lo referente a número de palabras y uso de idiomas, así como en su utilización en fases informativa y previas a la emergencia, a diferencia del sistema Es Alert, que si bien en este momento solo existe un protocolo provisional del año 2022 y un borrador de una nueva propuesta que se remitió a las comunidades autónomas en noviembre del año 2023, establece en dichos borradores unos requisitos estrictos en lo referente a encabezamiento del mensaje, número de caracteres e idiomas».

Además, prosigue, «la tipología de mensajes está diseñada y testada para la población de la Vega Baja y para fuertes lluvias».

La copia de este biblioteca de mensajes contiene casi un centenar de redacciones diversas estructuradas según fases, secciones y temas. Así se proporcionan una serie de consejos breves acerca de cómo informarse, prepararse y reaccionar ante un episodio de estas características.

El mensaje número 17, por ejemplo, dice: «Infórmese de si el lugar en el que vive o trabaja está situado en una ZONA INUNDABLE. Las zonas inundables suelen estar cercanas a cauces de ríos, ramblas, barrancos o áreas donde se acumula el agua. Si desconoce esta información, consulte con las autoridades de su ayuntamiento».

El número 18 da la siguiente recomendación. «Acondicione el LUGAR MÁS ALTO DE SU VIVIENDA para permanecer en él en caso de emergencia. Si no dispone de un lugar seguro en su vivienda, planifique su traslado a viviendas de familiares o allegados que vivan en zonas seguras. Si no tiene esta opción, infórmese a través de su ayuntamiento sobre algún albergue al que pueda trasladarse».

También se incluyen varios mensajes sobre los coches. Así, el mensaje 34 reza: «Si su vehículo se encuentra estacionado en una ZONA INUNDABLE, retírelo ANTES DE QUE COMIENCE LA LLUVIA y estaciónelo en un sitio seguro. Aparque su vehículo lejos de cauces de ríos y ramblas, la primera línea de playa y zonas de acumulación de agua. Durante el episodio de lluvia puede sorprenderle una crecida repentina del nivel del agua en estas áreas».

El número 37 insta a no cruzar lugares inundados con su vehículo aunque conozca la zona de paso y el número 50 establece: «NO BAJE A NINGÚN SÓTANO ni permanezca en zonas bajas que puedan inundarse. No intente retirar su vehículo si éste se encuentra estacionado en un garaje subterráneo inundado. Tenga en cuenta que el agua puede ocultar objetos peligrosos que podrían poner en riesgo su vida».

En la misma línea, el mensaje 51 pide no acudir a retirar los vehículos de una zona inundada. «La mayoría de las muertes por inundación se producen a consecuencia de estos comportamientos. Priorice su vida y tenga en cuenta que los daños de su vehículo pueden ser cubiertos por una entidad aseguradora», añade.

El Gobierno central defiende que "lidera" la reconstrucción tras la dana con 1.400 actuaciones en marcha

 VALENCIA.- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reivindicado que el Estado «lidera» la reconstrucción tras la dana al trabajar actualmente en más de 1.400 actuaciones y haber movilizado «el 90% del total de dinero» pagado por todas las administraciones como consecuencia de la catástrofe.

Además, ha destacado que el Gobierno ha asignado a la Generalitat más de 3.000 millones de euros para los gastos extraordinarios derivados de la tragedia del pasado 29 de octubre, que arrasó parte de la provincia de Valencia y costó la vida a 228 personas.

Así lo ha trasladado Bernabé, en rueda de prensa junto al comisionado del Gobierno para la recuperación, José María Ángel, tras exponer las actuaciones de reconstrucción en una reunión con los agentes sociales: los secretarios generales de CCOO PV, Ana García, y UGT-PV, Tino Calero, y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

De cara a los próximos meses, la delegada ha hecho hincapié en que «el Gobierno no va a cerrar por vacaciones» y pretende «acelerar todos los trabajos de reconstrucción para llegar a septiembre trasladando certidumbre de que todos están en marcha».

«La recuperación de la provincia de Valencia tiene nombre y apellidos: Gobierno de España, la administración que más ha movilizado para la recuperación. No solo para dejarla en las mismas condiciones que antes del 29 de octubre, sino para hacerla más resiliente y prepararla ante cualquier situación consecuencia del cambio climático, que existe», ha recalcado Bernabé.

Frente a las críticas del Consell por la falta de ayudas «a fondo perdido», ha enfatizado: «El dato siempre mata a relato. A pesar del relato permanente e insistente, la realidad es que hoy, de todo el dinero movilizado por la dana, el 90% está pagado por el Gobierno. Son datos publicados y auditados».

En su comparecencia, la delegada ha repasado las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que ha puesto en marcha un total de 17 obras de emergencia que suponen una inversión de más de 220 millones de euros. Estas 17 obras de emergencia contemplan la ejecución de 570 actuaciones a lo largo y ancho de la demarcación hidrográfica.

Según ha expuesto, la CHJ trabaja en actuaciones a medio y largo plazo para garantizar la seguridad de la población ante futuros episodios de grandes avenidas, con «un marco temporal máximo del 2030» para acabar estos proyectos. Ha asegurado que se empezarán a licitar «antes de que acabe 2025» y ha recordado que el primero será el desvío del barranco de la Saleta.

En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) realiza obras de emergencia para la recuperación de cauces e infraestructuras hidráulicas con un presupuesto de más de 245 millones. Se han ejecutado 85 actuaciones mientras 178 están en marcha y otras 269 planificadas.

 La delegada ha recordado los 15 millones de euros destinados por el Miteco para la restauración hidrológica forestal de l'Albufera de València.

Respecto al Ministerio de Agricultura, Bernabé ha resaltado la reparación de 950 kilómetros de caminos rurales en 105 municipios y de 1.300 parcelas agrarias. También ha destacado que se ha priorizado la temporada de cada cultivo a la hora de acometer los trabajos.

Por su parte, Transportes ha destinado 380 millones a la recuperación de la movilidad, fundamentalmente en líneas de tren (350 kilómetros) y carreteras estatales (170 kilómetros), además de casi 40 millones para reparar infraestructuras municipales en 12 localidades: seis puentes y tres pasarelas en Picanya y Paiporta, pasarelas y pasos inferiores de Aldaia y otras actuaciones en Manises o Riba-roja de Turia.

El Ministerio de Política Territorial ya ha financiado 211 proyectos, algunos ya finalizados, con una inversión de más de 284 millones, de los que se han beneficiado 45 ayuntamientos y la Diputació de València. Estas actuaciones que desarrollan los consistorios suponen el 17% de los 1.720 millones en ayudas concedidas por el departamento estatal.

En materia de vivienda, la delegada del Gobierno ha cifrado en 207 las viviendas de la Sareb puestas a disposición de los afectados, a las que se sumarán otros 98 inmuebles que se están adecuando.

Y a nivel laboral, ha destacado que más de 23.000 trabajadores se vieron beneficiados de las ayudas para los ERTE. Actualmente, ha apuntado, están en esta situación más de 1.200 profesionales, la mayoría de empresas de comercio minorista y de hostelería.

En cuanto a los fondos aportados a la Generalitat, Bernabé ha subrayado que el Gobierno le transfirió 3.000 millones a través de lo que ha denominado como «FLA dana», «aparte de los 16.600 millones movilizados en cuatro reales decretos» en materia de ayudas.

 También ha destacado que ya se ha abonado a la Diputación 22 millones como anticipo de su gasto de limpieza de garajes y al Ayuntamiento de Valencia casi 15 millones por la limpieza de playas.

Respecto a los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), ha indicado que el 82% de las solicitudes ya están abonadas, un porcentaje que ha justificado por que las del sector industrial están al 70%, mientras las de viviendas están al 95% y las de vehículos al 98%: «Todos nuestros esfuerzos están volcados en las industrias».

Cuestionada por si el Gobierno podría sumarse a la constitución mixta constituida entre el Consell, la Diputació y la Federación de Municipios (FVMP), Bernabé ha replicado que «todas las obras están en marcha», además de recordar que en estos nueve meses se han mantenido «500 reuniones bilaterales» entre ministerios y consellerias.

 «Aquí podemos inventar todos los espacios para generar el relato de crear confrontación o agravio, pero la realidad es la que es», ha zanjado.

Sobre si el Gobierno aceptará a asumir las obras planteadas por la Generalitat en el Pla Endavant, ha instado al Consell a decir «como va a llevar a cabo» ese plan, mientras ha defendido que el Ejecutivo central lleva «ocho meses dando cuenta diaria de cómo van avanzando las inversiones» para la reconstrucción: «La Generalitat puede estar tranquila porque vamos a movilizar 16.600 millones, van a ver más que cubiertas sus expectativas».

Por otro lado, la delegada ha recordado que los ayuntamientos de la zona afectada trasladaron su voluntad de que el funeral de Estado por la dana se celebre en el entorno del primer aniversario de la tragedia.

Vecinos y sindicatos reclaman un aumento de la inversión en vivienda en la Comunitat Valenciana de hasta el 2% del PIB

 VALENCIA.- Los sindicatos UGT-PV y CCOO PV y la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) reclaman a la Generalitat el aumento de la partida destinada al fomento de la vivienda pública hasta al menos un 2% del PIB de la Comunitat Valenciana. Asimismo, destacan la necesidad de la aplicación de la Ley de Vivienda estatal en el territorio autonómico. 

 «En la situación en la que estamos, incrementar las políticas públicas en materia de vivienda es fundamental», aseveran.

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, el secretario general de UGT-PV, Toni Calero, y el presidente de CAVE-COVA, Juan Antonio Caballero, han presentado este lunes en rueda de prensa el manifiesto 'Por una vivienda para una vida digna: un derecho de la ciudadanía', dentro de la campaña 'Habitatge Digne: Un dret de la ciutadania' que comenzará en octubre y cuya programación será detallada en septiembre.

De acuerdo al presidente de CAVE-COVA, «este manifiesto obedece a una preocupación de organizaciones consolidadas que pretendemos pasar de la reactividad a la proactividad». 

«Entramos en los problemas y no solo en las superficies, discutimos, hablamos, conocemos y nos formamos para poder influir en las políticas públicas en general y en la política de vivienda en particular», ha reivindicado.

Actualmente, el acceso a la vivienda digna es «la principal preocupación de la ciudadanía española» de acuerdo al último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), como ha recordado Calero. 

«Los datos indican que más de la mitad de los ciudadanos tienen que destinar entre el 40 y el 60% de su renta para poder acceder a la vivienda, cuando deberíamos estar en datos de un máximo del 30%», ha continuado.

Calero ha señalado que la sociedad valenciana se encuentra en un momento de «déficit de acceso a la vivienda. Hemos pasado de construir en torno a 75.000 viviendas en el año 2000 a poco más de 12.000 en los últimos años».

Por otro lado, según ha remarcado Ana García, en los últimos diez años el alquiler en la Comunitat Valenciana ha incrementado un 139%, y el precio del metro cuadrado se encuentra en los 12,3 euros, lo cual hace que el precio de alquiler de los apartamentos alcance en varias ocasiones los 1.200 euros, «superando el salario mínimo interprofesional».

«El derecho al acceso a una vivienda digna en nuestra comunidad autónoma se está vulnerando, sobre todo para las personas que más lo necesitan», ha señalado García. 

En este punto, ha recordado a las familias afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 y ha denunciado que «las ayudas de alquiler son insuficientes para que esas familias que han sufrido las consecuencias de la dana puedan incluso tener acceso a una vivienda en sus propios municipios».

En el manifiesto, confederación y sindicatos han reclamado en primer lugar un refuerzo a las partidas presupuestarias con un aumento de la inversión pública en materia de vivienda al menos al 2% del PIB en la Comunitat Valenciana, lo que supondría unos 2.760 millones de euros.

Para ello, consideran imprescindible la ampliación del parque público de vivienda. 

«Estamos en torno al 2% de parque público de vivienda, cuando la media europea está en el 9,3%», ha señalado Calero. 

A su juicio, incrementar el parque público de vivienda es «esencial» para poder acceder a la vivienda a un precio asequible, tanto si esas viviendas se ponen a la venta como si se encuentran para alquilar. 

Asimismo ha destacado la necesidad de la compra de vivienda privada por parte del Estado para crear alquiler social o la utilización de la vivienda vacía.

Respecto a este punto, García ha añadido que la Comunitat Valenciana es una de las comunidades autónomas «con mayor volumen» de vivienda vacía.

 «Estamos hablando del 14% en 2021, que ahora podría ser incluso mayor. No solo decimos que es necesario construir con prudencia, sino también rehabilitar estas viviendas vacías», ha continuado.

Por otro lado, Calero ha destacado la necesidad de desarrollar medidas coordinadas a través de la realización de un «gran pacto de Estado». Estas medidas «deben» comenzar por la aplicación de la Ley de Vivienda estatal en la Comunitat Valenciana.

«En una comunidad donde prácticamente el 30% de las compras de vivienda las están acaparando ciudadanos extranjeros y donde además han incrementado el número de desahucios, es fundamental que el gobierno valenciano aplique ya la ley de vivienda para declarar zonas tensionadas y limitar las subidas de los precios de alquiler», ha subrayado Calero.

En la misma línea, García ha apuntado que «el gobierno valenciano tiene una herramienta muy potente para poder intervenir el precio del mercado, que es la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda y vamos a seguir exigiendo que se aplique».

Asimismo, Calero y García han manifestado la necesidad de utilizar del derecho de tanteo y retracto para la adquisición preferente de viviendas y de eliminar de la medida de descalificación de la vivienda.

Además de estas reclamaciones, el manifiesto también incluye la necesidad de generar ayudas estructurales específicas en el acceso a la vivienda con programas específicos para jóvenes, la calificación permantente de las viviendas de protección oficial y la regeneración de barrios vulnerables.

En cuanto a este último punto, Caballero ha destacado que a día de hoy «no hay una vivienda de emergencia donde reubicar a familias desahuciadas». 

Caballero pone de manifiesto que, en Valencia, el 23,7% de la población se considera vulnerables. 

«Si a eso le añadimos el precio de la vivienda o el alquiler, toda esa vulnerabilidad se agrava. Por lo tanto, estamos hablando de que ya empieza a haber zonas en ciudades como Elche, Valencia o Alicante que huelen a gueto, y eso es muy peligroso», ha advertido.

Asimismo, ha afirmado que los pequeños propietarios tienen «temor» a alquilar las viviendas por miedo a la okupación y a tener problemas con los inquilinos. 

«Frente a eso aparecen los grandes tenedores, capaces de echar a muchas personas de sus casas porque consideran que pagan poco por el alquiler o porque quieren hacer otra cosa allí, como vivienda turística», ha añadido.

La limitación de la vivienda turística y de la vivienda de uso temporal, especialmente en zonas tensionadas, es otro de los puntos clave del manifiesto.

 «La Comunitat Valenciana es la segunda comunidad con mayor aumento de alquileres turísticos, con un 19% más que el último año. Hablamos de un total de 63.190, más de 40.000 en la provincia de Alicante, más de 15.000 en la provincia de Valencia y más de 7.000 en Castellón. Toda esta vivienda turística tiene una repercusión en el mercado de alquiler residencial», ha destacado García.

Al respecto, Caballero ha añadido que se está produciendo «un cambio» en el carácter de algunos barrios por la presencia «masiva» de pisos turísticos, que a pesar de nacer en el centro de la ciudad «aparecen como una mancha de aceite y se acercan al resto de barrios».

«La desaparición de los comercios de proximidad, la aparición de más viviendas de uso turísticos y comercios relacionados al turismo en las plantas bajas, hace que el carácter de los barrios cambie», ha apuntado Caballero.

El objetivo tanto de los sindicatos como de la confederación con esta campaña no es solo intervenir en el mercado para regular la vivienda, ya que afirman que esto «no puede hacerlo el mercado por si solo», sino reconocer la vivienda como un «Derecho Fundamental» y no como una proclamación. 

«Es un momento importante para señalar a la población y apuntar que este tema tiene que estar encima de la mesa permanentemente. Si no, la pobreza va a aumentar», ha finalizado Caballero.

Chiva pide a la CHJ "agilizar" las obras del barranco para "prevenir nuevos daños"

 VALENCIA.- El Ayuntamiento de Chiva reclama «agilizar las obras necesarias» en el barranco que cruza el municipio y que se desbordó durante la dana del 29 de octubre de 2024 y provocó graves daños en la localidad.

Desde el consistorio solicitan a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) «reparar y reconstruir, pero también prevenir e incorporar más elementos de seguridad para el futuro».

Al respecto, el concejal de Obras, Javier Tarín, explica, en un comunicado, que en estos momentos se está trabajando en la losa de protección del puente, ya que se quedó descalzado, cerrando el hormigonado del puente para dar mayor protección y seguridad ante nuevos episodios de lluvias.

El edil comenta que «la lámina de agua se ha alargado para que no se quede estancada y no erosione aún más». 

«Ahora estamos a la espera de que realicen el pilotaje y el encepado de la calle Ramón y Cajal para sostener con cimentación el muro».

Ante estos trabajos, el alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha valorado: «Las obras que están en marcha van bien y a buen ritmo, las que me preocupan son las de la zona trasera de las fincas de Ramón y Cajal que no han empezado todavía. Desde hace tiempo se lo estamos transmitiendo a todas las administraciones y a la Confederación en especial. 

El tiempo pasa y se vuelve a acercar el periodo de lluvias, teniendo el barranco descarnado. Necesitamos se agilicen las obras para prevenir los efectos ante la posibilidad de que se repitan nuevos episodios de lluvia con fuerza».

El primer edil ha incidido en la importancia de que se acelere la construcción del muro de contención en la zona alta que es clave para contener la fuerza del agua que transcurre hacia Ramón y Cajal y que también está pendiente de la construcción del muro escollera.

Ambos representantes municipales se han reunido en diversas ocasiones con los responsables y técnicos de la Confederación, a los que agradecen todo el trabajo que se está realizando, pero a los que también trasladan la «preocupación y la necesaria celeridad» en las obras, concluyen.

Compromís insta al Defensor del Pueblo a llevar al Constitucional los cambios en la 'Ley Trans' valenciana

 VALENCIA.- La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, y el diputado de la coalición en Les Corts Francesc Roig han registrado una solicitud formal ante el Defensor del Pueblo para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, que, a su vez, modifica la llamada 'Ley Trans' valenciana.

La formación considera que «esta ley, impulsada por PP y Vox, introduce modificaciones sustanciales en la 'Ley Trans' valenciana y vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales esenciales del ordenamiento jurídico, desnaturalizando su finalidad garantista y suprimiendo múltiples derechos reconocidos a favor de las personas trans».

"Estamos ante el primer recorte de derechos de las personas LGTBI en toda la historia de la democracia valenciana. Este es el modelo de PP y Vox en las comunidades autónomas donde gobiernan, y es el que nos espera si en algún momento llegan a gobernar en el Estado. Atacan la diversidad, recortan derechos e intentan imponer su visión de la sociedad, donde solo tienen cabida quienes piensan como ellos. Digan lo que digan desde el Partido Popular, los hechos son incontestables. Siempre y en todos los lugares han estado en contra de los derechos de las personas LGTBI", argumenta Micó en un comunicado.

Por su parte, Francesc Roig, añade: «Esta ley forma parte del pacto infame entre Mazón y Vox que permitió la continuidad del presidente de la Generalitat con el apoyo de la extrema derecha. Un presidente que cuenta con el rechazo del 80 % de la sociedad valenciana. Es cruel y miserable que el precio de la continuidad de Mazón lo paguen las personas más vulnerables, como ahora las personas LGTBI, y en especial las personas trans. Por eso queremos luchar contra este recorte de derechos también ante el Tribunal Constitucional».

En primer lugar, la coalición entiende que existe una vulneración del principio de igualdad y no discriminación (artículo 14 CE). La nueva ley debilita la protección contra la discriminación al suprimir la definición de «discriminación por error» y eliminar los conceptos de «victimización secundaria» y de «incumplimiento de medidas de acción positiva».

En segundo lugar, se observa un «menoscabo» del derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 10 CE). La Ley 5/2025 impone requisitos médicos y psicológicos a las personas trans, regresando a un modelo que las considera «personas enfermas».

En tercer lugar, se señala una vulneración del derecho a la integridad física y psíquica y al libre desarrollo de la personalidad (artículos 15 y 10 CE), debido a la regulación de las terapias de conversión. La nueva ley sustituye la prohibición explícita de terapias de aversión o conversión por una redacción ambigua, que condiciona la prohibición a la existencia de «agresión o intimidación» y permite un «acompañamiento voluntario».

Esta modificación, para la coalición valenciana, «podría relegitimar prácticas que, al intentar modificar la identidad de género, atentan contra la integridad y la autonomía individual».

En cuarto lugar, se indica una afectación del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza (artículo 27 CE). La Ley 5/2025 suprime la obligación de que los proyectos educativos aborden la diversidad de género y supedita las actividades al acuerdo parental. Esto puede suponer un veto de facto y una forma de «censura ideológica» en las escuelas, afectando a una educación completa e inclusiva, y pudiendo vulnerar el derecho a la educación y el principio de no discriminación.

Finalmente, se menciona una afectación al derecho a la intimidad (artículo 18 CE). Las «cláusulas de compatibilidad» en el uso de espacios segregados por sexo pueden justificar la exclusión o segregación de personas trans en nombre de la intimidad de otros usuarios. Esto podría vulnerar la propia intimidad y dignidad de las personas trans, así como el principio de no discriminación.

Desde Compromís explican que ahora corresponderá al Defensor del Pueblo estudiar la petición y decidir si interpone un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa aprobada por PP y Vox en el Parlamento valenciano.

El TSJ avala que la Universitat de València (UV) remita solo en valenciano las comunicaciones internas al personal

 VALENCIA.- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha avalado la legalidad del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universitat de València (UV) de junio de 2023 que estableció que todas las comunicaciones y documentaciones internas dirigidas a su propio personal se redacten exclusivamente en valenciano.

Los magistrados han estimado así el recurso de apelación interpuesto por la institución académica contra una sentencia previa dictada por un juzgado que había declarado nula esa decisión.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal autonómico entiende que el uso general interno como lengua vehicular del valenciano «estaba ya acordado y venía de hecho aplicándose al personal propio» de la universidad.

El Consejo de Gobierno de la UV modificó mediante un acuerdo de fecha 8 de junio de 2023 el artículo 10 de su Reglamento de Usos Lingüísticos a fin de añadir que todas las comunicaciones y documentaciones que se dirigieran exclusivamente a su personal se redactarían en valenciano, «atendido el deber estatutario de conocer la lengua propia de la Universidad» y «sin perjuicio de los derechos lingüísticos reconocidos en la legislación vigente».

Algunos trabajadores de la institución recurrieron esa decisión en reposición, pero la rectora de la Universidad la confirmó en una resolución el 6 de octubre del mismo año.

Los trabajadores acudieron después a la vía judicial y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Valencia estimó su recurso porque consideraba que la redacción del precepto resultaba ambigua y podía amparar igualmente que esas comunicaciones se hicieran también en castellano.

Sin embargo, la Sección Segunda del TSJCV ha dejado ahora sin efecto esa sentencia al dictaminar que la modificación del artículo en cuestión «no es algo que restrinja los derechos de los afectados con respecto a su situación anterior, sino que meramente pone de relieve las circunstancias de la misma».

La resolución, facilitada por el TSJ expone, en cuanto a la regulación resultante de la modificación y su ajuste a derecho, que «no puede presentar óbice de legalidad dadas las potestades de la administración en relación con el personal a su servicio, la cooficialidad lingüistica prevista en la normativa y los estatutos de la propia universidad --en concreto, estableciéndose en los artículos. 150.d) y 180.2.d el deber general de todo el personal de conocimiento del idioma valenciano--».

La sentencia incluye un voto particular en el que uno de los magistrados señala que «la redacción supone, de forma imperativa, una preferencia/prevalencia del valenciano en detrimento del otro idioma cooficial, cosa que el TC ha declarado inconstitucional». 

Para este juez, «establecer de forma imperativa en una norma autonómica el uso de un idioma cooficial priva de uso normal al otro idioma cooficial, vulnerando el equilibrio entre las lenguas cooficiales, garantizado por la CE, los EEAA y doctrina constitucional».

Desarticulado en Valencia un grupo dedicado a la explotación laboral de inmigrantes

 VALENCIA.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Valencia y dedicada a la explotación laboral de inmigrantes que se encontraban en situación irregular en España, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Esta operación policial ha culminado con la detención de ocho hombres, de entre 24 y 57 años, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, amenazas, lesiones y omisión del deber de socorro.

Las investigaciones que han llevado a desarticular este grupo a los citados arrestos se iniciaron el pasado marzo tras la denuncia de un varón que manifestó haberse escapado de sus captores, quienes lo tenían retenido contra su voluntad en un piso de Valencia tras haber sufrido un grave accidente trabajando para ellos en condiciones de explotación laboral, ha detallado la misma fuente, que ha señalado que al hombre se le habría amenazado de muerte si denunciaba los hechos.

Tras la investigación realizada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia se logró identificar hasta ocho personas que formarían parte de la organización criminal.

Su modus operandi consistía en captar a ciudadanos extranjeros irregulares en España a quienes, bajo la falsa promesa de darles de alta en la Seguridad Social y conseguirles un contrato de trabajo para regularizar su situación, se explotaba laboralmente «con largas jornadas durísimas en el sector agrícola» y «en condiciones precarias e infra pagados».

Los componentes de la organización tenían funciones diferenciadas. El cabecilla, a través de su empresa, tenía contratados a familiares y amigos, quienes ejercían diferentes roles: conductor y responsable de llevar a los extranjeros irregulares a trabajar a los campos, control de finanzas y pagos o labores de seguridad para que las víctimas no se escaparan, ha añadido la Jefatura Superior de Policía.

El hecho que originó la investigación fue el accidente laboral sufrido por uno de los ciudadanos explotados mientras descargaba camiones durante la recolección en el campo.

Tanto el cabecilla de la organización como el empresario en cuyo recinto se encontraba trabajando en ese momento no auxiliaron a la víctima y la cargaron en una furgoneta a fin de llevarla lejos del lugar del accidente, ha precisado la misma fuente, que ha explicado que dada la gravedad de las lesiones esa persona tuvo que ser operada de urgencia.

Tras la intervención, miembros de la organización retuvieron a este hombre contra su voluntad en un domicilio de la ciudad de Valencia, agrediéndole y amenazándole de muerte para que no denunciase los hechos.

Este varón logró escapar y poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional. A partir de ahí, los agentes lograron desmantelar el grupo criminal y detener a sus miembros como presuntos autores de los delitos citados anteriormente.

Los ocho arrestados, tres de ellos con antecedentes policiales, han quedado en libertad tras ser oídos en declaración y una vez advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

El 22 de julio es el día más corto / Guillermo Herrera *


Todo el mundo parece buscar su propósito en la vida, lo que los japoneses llaman ikigai . Para que nuestra existencia tenga sentido, necesitamos tener un motivo para levantarnos de la cama, algo que nos impulso y que nos dé dirección, especialmente en tiempos de incertidumbre. A mi me impulsa la curiosidad por aprender cosas nuevas y descubrir la verdad.

El ikigai es un concepto japonés que significa literalmente razón de vivir o razón de ser. Es la motivación que hace que la vida valga la pena, lo que impulsa a una persona a levantarse cada día con satisfacción y sentido. 

Además de ser una filosofía personal para encontrar la felicidad y el bienestar, el ikigai también promueve el equilibrio entre el crecimiento individual y la contribución a la comunidad, y está asociado con una vida larga y feliz.

El máximo propósito de la vida es la iluminación, es decir, alcanzar la verdad suprema para el beneficio de todos los seres . Éste es el propósito que los maestros conocen y sirven. El sentido de la vida es que descubrimos nuestra verdadera identidad, que sabemos quiénes somos realmente, según Steve Beckow

Resulta que quiénes somos realmente es Dios. El propósito más grande de la vida es que Dios se encuentre con Él mismo en un momento de nuestra iluminación. Para este propósito mayor fue creada la vida.

La dicha eleva a la persona y le permite conocer cosas que no podía ver en un nivel inferior de realidad. Ninguno de estos eventos viene con señales de tráfico ni con manual de usuario. Todos son el Uno, porque nadie muere nunca, y todos regresamos a Dios al final. Una y otra vez se desarrollan las lecciones a partir de lo que parece haber sido una semilla de bellota o una célula holográfica en explosión.

O sea, la Fuente, el Uno, quiere conocerse a sí misma, y no puede porque lo es todo. Así que ha tomado el aspecto de tí mismo y ha diseñado un universo para que podamos conocer nuestra verdadera identidad. El momento de la iluminación es cuando Dios se encuentra con Dios. Yo soy Dios cuando dejo de ser ego.

https://goldenageofgaia.com/2021/04/03/cual-es-el-proposito-de-la-vida-2/

OPERACIONES

  • Juan O Savin afirma que existen redes de agentes encubiertos dentro de agencias de inteligencia que operan con agendas ocultas, contrariando muchas veces la voluntad del pueblo. 

    También mencionaron operaciones secretas para llevar a juicios a figuras del lado oscuro, como preparación para un cambio sistémico en la justicia. 

    Según él, existen células activas que estarían listas para actuar como respaldo institucional ante la corrupción.

  • Sostiene que en las próximas semanas se publicarán documentos y testimonios que evidenciarán la participación de altos funcionarios en redes de espionaje político. 

    Ligó estas operaciones a acontecimientos recientes como acusación de fraude electoral, conflictos internacionales y crisis supranacionales, calificándalos de desestabilización planificada.

    https://www.youtube.com/live/CzUctBBrVZs

  • Según Benjamin Fulford , es poco probable que el reality show político de Donald Trump sobreviva más allá de este verano, ya que los iluminati gnósticos se están volviendo contra él, según fuentes de sombrero blanco. 

    La negativa a arrestar a los pederastas de Epstein fue el factor decisivo, y ahora prometen que se publicarán los archivos reales de Trump .

  • La inteligencia francesa advierte que la camarilla tiene tres naves generadoras de terremotos. El caso más urgente es un barco situado a trescientas millas al sur de la isla japonesa de Hokkaido que se dirige lentamente hacia el sur. Un segundo barco de este tipo se encuentra en la Bahía de Bengala y se dirige hacia Myanmar . El tercero se acerca a Estambul .

    https://benjaminfulford.net/actualizacion-de-emergencia/

  • Están rociando estelas químicas para eliminar el “gen de Dios con el fin de borrar la espiritualidad, la moral y la resistencia de la población. El objetivo no son tus pulmones, ni tu sistema inmunológico. El objetivo es tu alma. El gen #VMAT2 facilita el despertar espiritual, desencadena la claridad moral, y fortalece la resistencia al miedo y a la tiranía.

    https://truthsocial.com/@llijh/posts/114876253260498444

ASTROLOGÍA

  • El 22 de julio es el día más corto de la Tierra.

    https://www.europapress.es/ciencia/astronomia/noticia-dia-mas-corto-tierra-ocurre-22-julio-20250721140715.html

  • Nos acercamos a la era de Acuario, un hito importante en el gran año. Esta era incluso se menciona en la Biblia y está simbolizada por el Querubín , un ser angelical con cabeza de león (Era de Leo), cabeza de buey (Era de Tauro), cabeza de humano (Era de Acuario) y cabeza de águila (Era de Escorpio, transformada en la constelación del Águila).

    https://x.com/OMApproach/status/1945464959950807436

  • Kerry K propone que el Edén es una frecuencia más que un lugar físico, una dimensión vibratoria que se activa con nuestra conciencia. Afirma que no creamos un nuevo mundo, sino que recuperamos lo que existió siempre, desbloqueando nuestra frecuencia para ser la estela de la corriente que siguen otros.

    https://www.youtube.com/watch?v=bQYRWD0NKa4

  • La Luna nueva en Leo el 24 de julio ruge el cambio, con un renacimiento de la creatividad y la autovaloración. El Sol y la Luna en Leo, impulsa a expresar nuestro ser, abrazar la propia luz y actuar con confianza, orgullo y coraje. Momento ideal para nuevos comienzos. Las lunas nuevas simbolizan la plantación de semillas en nuestros proyectos. La energía leonina nos anima a comenzar iniciativas que reflejen nuestro talento, con fuerza y alegría.

    https://www.youtube.com/watch?v=9h__527ZbRk

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