La ley del Estatuto de los expresidents de la Generalitat Valenciana establece que estos serán miembros natos del órgano consultivo de la Generalitat en materia jurídica durante quince años si han ejercido una o más legislaturas completas, o por un período igual al tiempo que hayan ejercido el cargo de president, con un mínimo de dos años.
En la última sesión de control en Les Corts, la semana pasada, el síndic socialista, José Muñoz, le recordó que ya quedaba "muy poquito para asegurarse esa paga vitalicia con los dos años de gobierno" y le dio la "enhorabuena" por el "objetivo cumplido".
Compromís intentó en mayo que se cambiara esa ley para eliminar que los expresidents puedan pasar al CJC al acabar el mandato y así cobrar 75.000 euros anuales, con el fin de evitar que Mazón se asegurara esa "paguita", si bien el PP y Vox se opusieron al consideran que no es "un privilegio" y el PSPV se abstuvo para no legislar "ad hoc".
Los dos años de Mazón como jefe del Consell se pueden dividir en un antes y un después de la Dana del pasado 29 de octubre, en cuyas inundaciones murieron 228 personas y cientos de miles resultaron afectadas. Su actuación en las horas más críticas ha hecho que desde entonces pidan su dimisión los partidos de la oposición y ocho manifestaciones en la calle.
El político alicantino fue investido séptimo president de la Generalitat el 13 de julio de 2023 con los votos del PP y Vox, después de haber cerrado el primer pacto postelectoral en España entre ambos partidos tras unas elecciones autonómicas que el PP ganó en la Comunitat Valenciana, pero se quedó diez escaños por debajo de la mayoría absoluta.
Mazón tomó posesión del cargo el 17 de julio, en lo que supuso la vuelta del PP al frente de la Generalitat tras ocho años de gobiernos de la izquierda, y dos días después nombró su primer Consell, al que llamó de "los mejores" y en el que dio tres carteras a Vox, entre ellas la Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte a Vicente Barrera.
Ese Consell duró un año, durante el que se aprobaron rebajas fiscales y leyes para cambiar la legislación sobre la memoria democrática, la lengua en la educación o la radiotelevisión valenciana, hasta que en julio de 2024 Vox abandonó todos los gobiernos autonómicos y Mazón sustituyó a los tres consellers de Vox por miembros del PP para "continuar el cambio".
Pese a quedar en minoría, la legislatura siguió sin apenas contratiempos gracias a la buena relación con los exsocios de gobierno y en las encuestas el PP mejoraba las expectativas electorales, hasta que el 29 de octubre de 2024 las inundaciones por la dana cambiaron la vida de miles de personas y removieron también el tablero de juego político.
La gestión de esa catástrofe por un president que esa tarde, según la oposición, estuvo desaparecido y una consellera de Interior, Salomé Pradas, que ha afirmado que no sabía de emergencias y ha acabado imputada en la causa penal junto a su número dos, Emilio Argüeso, ha puesto el foco de manera continua sobre un jefe del Consell que ha recibido abucheos en algunos de sus actos públicos los últimos ocho meses.
Mazón remodeló su Consell en noviembre para adecuarlo a una reconstrucción a la que ha fiado su futuro político y recurrió de nuevo a Vox para aprobar en mayo unos nuevos presupuestos de la Generalitat, mientras que los escándalos sobre corrupción del PSOE le han permitido en los últimos días salir del foco mediático que ha protagonizado desde otoño.
El pasado fin de semana, en el Congreso Nacional del PP, llegaron los abrazos y los aplausos de muchos de sus compañeros, y tras el cónclave agradeció "el cariño" recibido y aseguró que su proyecto político salía reforzado y respaldado.
Aunque según el CIS, el 80% de los valencianos no quieren que repita de president y el 60% califica la gestión del Consell como mala o muy mala, Mazón cumple este domingo 731 días al frente de la Generalitat, de los que los últimos 257 han estado marcados por la mayor catástrofe de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.
