De este modo, el sindicato ha criticado que la Conselleria «ha
optado por desmantelar el sistema público de salud al vulnerar los
derechos de las personas trabajadoras, obviar el derecho a la
negociación colectiva, imponer medidas que suponen movilidad forzosa,
cambios de jornada, nuevas categorías profesionales y reordenaciones
funcionales encubiertas, todas ellas de forma unilateral», según ha
detallado CCOO en un comunicado.
El sindicato ha censurado que la Conselleria «está gobernando a golpe
de decreto y marginando a la representación legítima del personal» y ha
subrayado que «se están cargando las condiciones laborales del personal
sanitario por la puerta de atrás».
La secretaria general de la FSS CCOO PV, Yolanda Ferrández, ha
denunciado que este funcionamiento de la Conselleria «es algo que viene
siendo habitual en este gobierno en connivencia con la ultraderecha,
necesaria para ello y sin ningún pudor, haciéndolo a sabiendas que lo
que no pueden pactar en una mesa, lo imponen por vía legislativa».
Con todo ello, CCOO ha exigido la convocatoria «inmediata» de la Mesa
Sectorial para abordar todos estos asuntos «con las garantías legales y
democráticas que merecen los trabajadores y trabajadoras del sistema
sanitario público valenciano» y ha asegurado que «si persiste esta
actitud autoritaria, no se descarta la convocatoria de movilizaciones».
A su juicio, entre las actuaciones y cambios de condiciones «más
graves» está la movilidad geográfica obligatoria del personal del
Hospital Doctor Moliner al Padre Jofré u otros centros.
«Llevar a cabo
dicho traslado, sin evaluar las condiciones en materia de seguridad y
salud laboral mínimas, expone directamente a los y las profesionales a
nuevos riesgos no evaluados ni controlados, lo que incrementa su
vulnerabilidad en el puesto de trabajo», ha expresado.
Asimismo, también ha censurado la modificación de la jornada
ordinaria del personal facultativo de urgencias hospitalarias, que se
extiende hasta las 22.00 horas los siete días de la semana, y «la
imposición» de guardias de siete horas como jornada complementaria,
porque «vulneran» lo establecido en el Decreto 137/2003 y «no han
pasado» por la Mesa Sectorial.
«Ello mientras se incumplen las promesas electorales y los acuerdos
negociados de aplicar la jornada de 35 horas semanales como medida para
fidelizar al personal», ha señalado.
Además, ha lamentado que se
utilizan figuras legales de excepción, como los decretos ley y las
enmiendas parlamentarias, «para crear de forma sistemática nuevas
categorías profesionales sin negociación que, aun estando en desacuerdo
'a priori', han sido impuestas con la Ley 1/2025».
«Más grave si cabe son las nuevas amenazas a las que nos enfrentamos
con enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, por el
grupo parlamentario Vox, donde se pretende la creación de figuras como
la del psicólogo/a general sanitario/a, sin pasar por la negociación
colectiva», ha expresado.
El sindicato ha recalcado que esta figura «incumple la legislación
vigente», en cuanto a los requisitos para la prestación psicológica en
la sanidad pública donde se exige una especialización vía PIR
(Psicólogo/a Interno Residente).
«Este proceder excluye deliberadamente a
las organizaciones sindicales y rompe con los principios de
transparencia, participación y respeto al marco normativo vigente», ha
sentenciado.
Por otra parte, CCOO ha apuntado que la situación del personal «se
agrava aún más» con medidas como «la movilidad funcional encubierta que
impone la Ley 1/2025, al ofrecer días de permiso a cambio de que las
personas trabajadoras asuman funciones fuera de su categoría o su centro
de trabajo, en un contexto de déficit crónico de personal, a sabiendas
de que esos días no se van a poder disfrutar de manera efectiva».
Asimismo, ha denunciado que «siguen sin resolverse temas claves» de
conciliación familiar y de derechos laborales como la denegación
sistemática de excedencias y comisiones de servicio o la ausencia de
indemnización por el cese de vacantes ocupadas durante más de tres años.
Para CCOO, estas prácticas «vulneran derechos básicos y dan inseguridad
jurídica, además generan sentimientos de insatisfacción laboral».
«Todo ello se está haciendo sin la representación de las personas
trabajadoras, sin transparencia y con total desprecio hacia los cauces
establecidos legalmente, lo que constituye un grave incumplimiento del
Estatuto Marco y de la normativa valenciana en materia de función
pública», ha incidido el sindicato.
