lunes, 14 de octubre de 2024

El Consell reclama "celeridad" en la ampliación de los aeropuertos de Alicante y Valencia tras sus cifras récord


VALENCIA.- La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha reclamado la necesidad de "acelerar y agilizar" los trabajos para ampliar cuanto antes las instalaciones aeroportuarias de la Comunitat Valenciana, tan necesarias para continuar creciendo.

Así lo ha señalado después de conocer que septiembre ha sido un mes de récords para los aeropuertos de la Comunitat Valenciana gestionados por Aena. 

El de Valencia ha superado el millón de pasajeros por primera vez en su historia durante un mes de septiembre, concretamente 1.058.191 viajeros, mientras que el Aeropuerto de Alicante ha anotado un nuevo récord mensual con 1,8 millones de viajeros.

El gobierno autonómico ha insistido en que ambas infraestructuras han registrado durante el pasado mes de septiembre las cifras más altas de toda su serie histórica, avalando así la petición del actual Consell para la puesta en marcha de las nuevas pistas en el aeropuerto de Alicante y en el de Valencia, con el objetivo de dar respuesta a esta tendencia de crecimiento.

Montes ha defendido, en un comunicado, que es "indispensable" ampliar los aeropuertos valencianos porque "somos un destino cada vez más demandado por los turistas internacionales que escogen nuestros aeropuertos como vía de entrada".

La consellera ha remarcado que las ampliaciones de los aeropuertos tanto de Valencia, como el de Alicante, "son obras que si nos fijamos en los datos y en criterios técnicos no tienen ninguna duda para ejecutarse".

Por otro lado, Nuria Montes ha resaltado que los datos de los aeropuertos de la Comunitat Valenciana "nos permiten afrontar con garantías futuras negociaciones con aerolíneas para atraer nuevas conexiones".

Al respecto, ha incidido que su departamento sigue trabajando para conseguir conexiones directas, como por ejemplo la de Nueva York; y ha avanzado que ya están pactados para el próximo mes de diciembre encuentros tanto con compañías aéreas como con varios turoperadores estadounidenses, en el marco de la celebración del Congreso anual de la asociación de turoperadores americanos (USTOA) que acogerá la ciudad de Florida.

Una cita a la que asistirá Turisme Comunitat Valenciana, ya que en 2025 el mismo congreso se celebrará en la ciudad de Valencia.

El PPCV exige investigar en Les Corts "hasta el último euro" que pueda estar relacionado con el 'caso Koldo'

VALENCIA.- El PP de Les Corts ha exigido investigar "hasta el último euro" de dinero público que supuestamente se pueda haber gastado en el marco del 'caso Koldo' y hacerlo en la comisión de investigación constituida en el parlamento valenciano sobre el sector público instrumental de la Generalitat.

"Los valencianos deben querer que se investigue hasta el último euro de dinero público que se gastó", ha declarado su portavoz adjunta Nieves Martínez tras las últimas revelaciones sobre este caso, por el que fue detenido por un presunto caso de corrupción en la compra de mascarillas Koldo García, exasesor del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos, a quien se atribuye un papel de responsabilidad en la trama.

La diputada 'popular' ve "llamativo" que "parece ser que una ramificación del caso Koldo pudiera aterrizar en su día en la Comunitat Valenciana", algo que ha relacionado con una "cadena de contrataciones" a partir de una reunión entre una empresa de construcción y Koldo García en Baleares.

A partir de ahí, ha instado a analizar "hasta qué punto fueron (esas contrataciones) justas para el dinero público valenciano" y ha abogado por hacerlo en la comisión de investigación del sector público de la Generalitat.

Esta comisión, constituida hace unos meses, "está en marcha" y busca "saber la verdad".

 "Se solicitó toda la información y se va a llegar hasta el final, como no puede ser de otra manera", ha garantizado, y ha apuntado a una serie de "contrataciones irregulares que fueron aflorando en el sector público valenciano", donde "el 'caso Koldo' es una rama más".

Tras subrayar que "estamos hablando de algo muy serio" que "suena feo, a trama de corrupción", la portavoz del PP ha reiterado que "está envolviendo" al presidente del Gobierno: "Partimos de Koldo, seguimos con Ábalos y llegamos a Pedro Sánchez. El presidente debería ser honesto con los españoles y dimitir; realmente, le está salpicando todo".

La Unió denuncia que Sudáfrica y Zimbabue suponen la mayor parte de las detecciones de plagas en cítricos importados

 VALENCIA.- La Unió Llauradora ha advertido que, de las 19 interceptaciones de cítricos importados en la Unión Europea con plagas o enfermedades de cuarentena durante este pasado mes de septiembre, 12 provenían de Sudáfrica (7) y Zimbabue (5), ambos países incluidos en el acuerdo económico de la UE con los países del África meridional.

Precisamente en septiembre fue cuando se extendió el grueso de las exportaciones de cítricos de los dos países a los mercados europeos y es cuando los lineales de los supermercados e hipermercados "se llenan de fruta sudafricana que todavía se puede ver y que ha ralentizado nuestro inicio de campaña", ha denunciado la organización agraria en un comunicado.

Las siete interceptaciones de Sudáfrica son del hongo de la Phyllosticta citricarpa que provoca la temida Mancha Negra o Citrus Black Spot, lo mismo que sucede con las cinco de su vecino Zimbabue. Ambos países aumentan las interceptaciones en relación con el mismo mes del pasado año.

La Unió calcula que las últimas seis plagas introducidas en la Comunitat Valenciana, la mayoría importadas, han supuesto un sobrecoste del 40% para los productores de cítricos de la Comunitat Valenciana.

La organización agraria considera que "son de nuevo unos datos escandalosos que ponen en entredicho las medidas adoptadas por la UE, como por ejemplo el tratamiento en frío y la hipocresía de Sudáfrica de interponer una demanda en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre unas medidas que ellos no están cumpliendo o no están siendo eficaces".

Para La Unió, "se pone de manifiesto que el acuerdo de asociación suscrito por las autoridades europeas en 2016 y el tratamiento en frío en naranjas no han supuesto una menor interceptación de plagas y enfermedades provenientes de aquellos países". "Todo lo contrario, va a más", ha lamentado.

En palabras del secretario general de la organización, Carles Peris, "Sudáfrica no garantiza la seguridad sanitaria de sus envíos y, a pesar de sus presiones a la OMC debido a las mayores y justas exigencias por la UE, continúan sin controlar las plagas y enfermedades en sus cítricos, ya no solo en Sudáfrica, sino también en toda la zona a que se le suma Zimbabue".

La Unió Llauradora considera que las medidas establecidas por la UE son "insuficientes" para que Sudáfrica deje de exportar esas plagas y no ponga en riesgo la citricultura comunitaria.

Por ello, ha reclamado a Bruselas "un endurecimiento del tratamiento en frío (el único mecanismo que, bien ejecutado, evita la entrada de la 'Falsa polilla') a los cítricos sudafricanos, haciendo que se cumpla rigurosamente el aprobado para los envíos de naranjas y que se extienda a mandarinas y pomelos, por entrañar el mismo riesgo fitosanitario, como ha quedado probado".

En este sentido, ha instado a las autoridades comunitarias a que auditen el cumplimiento del tratamiento de frío y establezcan un registro de control de sondas de temperatura, "ya que queda claro que continúan las interceptaciones de Thaumatotibia leucotreta o Falsa polilla".

"Hay que establecer un mayor control de los envíos origen y una prospección más exhaustiva de esas zonas productoras para determinar si se garantiza la seguridad de las importaciones", ha señalado Peris.

Concretamente, y a pesar del tratamiento de frío, se produjeron en la UE durante julio dos interceptaciones de falsa polilla en cítricos procedentes de Sudáfrica con destino al mercado europeo, una en mandarinas y otra en pomelos. En el mes de febrero hubo otro rechazo por esta plaga en mandarina originaría de Israel. El pasado año fueron un total de cuatro interceptaciones de falsa polilla, tres de Sudáfrica (dos en naranja y una en mandarina) y una de Israel.

"Es ya el segundo año consecutivo desde la introducción de la obligatoriedad del tratamiento de frío para las naranjas procedentes de países con 'Falsa polilla', que existe la constatación de que Sudáfrica sigue incumpliendo el protocolo. Se limita a enfriar el contenedor a la temperatura de tratamiento y no, como debería hacerse, enfriar la fruta (la parte central de la fruta) a la temperatura establecida durante los días estipulados", ha denunciado La Unió Llauradora.

Aumenta un 9,5% el número de asuntos recibidos en los órganos judiciales de la Comunitat en un año

 VALENCIA.- El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre de este año fue de 219.385, lo que supone un aumento del 9,5% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 200.392, según se desprende del informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2024' que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público este lunes.

La tendencia fue al alza en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en la de lo Contencioso-Administrativo. El mayor incremento en el número de procedimientos registrados se dio en la jurisdicción Social, con un 21,9%, al situarse en 14.448, frente a los 11.849 de un año antes.

En la jurisdicción Civil tuvieron entrada 102.373 nuevos asuntos, por los 92.225 del periodo abril-junio de 2023, lo que representa un aumento del 11%. Por su parte, los 98.776 casos en el orden Penal significaron un crecimiento interanual del 7,4%, ya que un año antes fueron 91.995. Finalmente, en lo Contencioso-Administrativo se registraron 3.788 nuevos asuntos, un 12,4% menos que los 4.323 de 2023.

Por otro lado, los órganos judiciales de la autonomía resolvieron entre abril y junio de este año 204.726 asuntos, es decir, un 9,6% más que en el mismo trimestre del pasado año. A pesar de ese incremento, quedaron en trámite al final del periodo 417.001 asuntos, un 16,2% más.

Con estas cifras, la tasa de resolución --cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en un determinado periodo-- mejoró un 0,1%, mientras que las tasas de pendencia --cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en el mismo-- y congestión --cociente entre la suma de asuntos pendientes al inicio del periodo y los registrados en relación a los resueltos-- aumentaron un 6% y un 3,9%, respectivamente.

En la jurisdicción Civil el número de asuntos resueltos durante el trimestre fue 89.953, un 10,6% más que un año antes, y quedaron en trámite al final del periodo 245.591, un 22% más.

En la Penal, la cifra de asuntos resueltos se situó en 98.113, con un incremento interanual del 8,7%, y los pendientes de resolución al acabar los tres meses en 111.840, lo que implica un aumento del 4,2%. Por su parte, en la jurisdicción Contencioso-Administrativo se resolvieron 4.419 asuntos, un 5,9% menos que en el segundo trimestre de 2022, y quedaron en trámite 11.507, un 13,4% menos, mientras que en el orden Social se resolvieron 12.241, un 16% más que el año anterior, y quedaron en trámite 48.063, un 29,9% más.

Entre abril y junio de este año los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana dictaron 51.340 sentencias, con un aumento interanual del 15,7%, 100.511 autos, un 6,1% más que un año antes, y 46.010 decretos.

De este modo, las tasas de pendencia y congestión aumentaron en Civil, un 10,3% y un 7,6%, respectivamente, y en Social, con un 12,% y un 8,9%, en este segundo trimestre de 2024, en tanto que disminuyeron en el orden Penal, un 4,1% y un 2,6%, y en lo Contencioso-Administrativo, con descensos respectivos del 7,9% y del 5,7%.

En la provincia de Alicante los órganos judiciales registraron entre abril y junio de este año un total de 77.186 nuevos asuntos --38.874 en Civil, 32.699 en Penal, 812 en lo Contencioso-Administrativo y 4.801 en lo Social--, lo que implica un incremento interanual del 10,2%. En ese periodo se resolvieron 71.525 asuntos, un 10,6% más que un año antes, y quedaron en trámite al final del periodo un total de 159.372 procedimientos y causas, un 15,7% más.

En la provincia de Castellón, la cifra total de asuntos ingresados en el segundo trimestre del año llegó a 20.736 --10.067 en Civil, 9.040 en Penal, 286 en Contencioso-Administrativo y 1.343 en Social--, con un aumento del 0,6% respecto al segundo trimestre de 2023. Los juzgados castellonenses resolvieron en el periodo analizado 19.449 asuntos, un 1,5% más que el año anterior, y dejaron en trámite al final del trimestre 53.411, un 18,7% más.

Por último, en la provincia de Valencia tuvieron entrada 112.570 nuevos asuntos --53.416 de la jurisdicción Civil, 50.579 de la Penal, 1.341 de la Contenciosa y 7.234 de la Social--, lo que implica un crecimiento del 11,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Los asuntos resueltos entre abril y junio de 2024 fueron 104.859, un 12,2% más, mientras que los asuntos en trámite al final del trimestre llegaron a los 192.844, un 17,9% más que un año antes. 

Compromís llevará a Fiscalía materiales de promoción de terapias de conversión a alumnos LGTBI en centros diocesanos

 VALENCIA.- Compromís denunciará ante Fiscalía unos materiales de promoción de talleres afectivo-sexuales que asegura que se imparten en colegios diocesanos de Valencia sostenidos con fondos públicos, al considerar que promocionan pseudo-terapias de conversión a alumnos LGTBI de estos centros. Compromís asegura que la denuncia preparada para presentar ante Fiscalía, elaborada con la colaboración de la asociación No es Terapia, «tiene fundamento y puede derivar en causa penal».

Así lo han anunciado en rueda de prensa su síndic en Les Corts, Joan Baldoví, y su portavoz de Políticas LGTBI, Francesc Roig, después de que la coalición haya tenido acceso al contenido de estos «talleres de la vergüenza», dirigidos a alumnos de ESO y Bachillerato, gracias a la información recibida mediante el portal web 'noestemmalaltes.com' que activó hace un mes para denunciar estas prácticas.

Según han denunciado, en los documentos para profesores de centros diocesanos preparados por la formadora de la Fundación San Vicente Mártir, Lourdes Illán, dentro del proyecto 'Libres por amor - Libres para amar', se incluyen «auténticas aberraciones» y se apela a trabajar en clase la «terminología sexual correcta», utilizando el concepto «AMS (atracción hacia el mismo sexo)» en lugar de los términos homosexual, gay o lesbiana.

En los materiales se sostiene que «hay dos formas de ser persona: hombre o mujer», que «la sola palabra homosexualidad ya es de por sí contradictoria solo en su etimología» o que «no existe la identidad homosexual» y es «una trampa del lenguaje que debemos desenmascarar».

«Aunque a ti o te guste hacer lo que se supone que hacen los hombres, eso no te ha de separar del grupo de chicos (...). Ir con chicas, hablar de cosas de chicas, te lleva a que te identifiquen con ellas y vas perdiendo tu identidad sexual», se expone en los textos.

Como ejemplo, se señala: «Esto es como si yo soy valenciano y con 10 años me voy a vivir a Andalucía y al regresar unos años más tarde con acento andaluz. He perdido identidad y me ve como 'el andaluz'. Pues en el caso de la sexualidad pasa lo mismo, ya que entre los chicos soy la nenita y entre las chicas el tío».

Además, a juicio de Compromís, estos materiales «hacen una promoción abierta y sin ningún de eufemismo de las terapias homófobas, que consideran terapias reparativas cuando son auténticas torturas a las personas LGTBI y tienen un impacto muy negativo en la salud mental»: «Son una auténtica puerta de entrada a las terapias de conversión».

«Se atreven a decir que hay esperanza, señalan a personas homófobas y todo lo disfrazan tras el nombre de la ciencia», ha denunciado el diputado Roig, además de subrayar que todo esto contraviene las leyes autonómica y estatal en materia LGTBI.

Por todo ello, los representantes de Compromís han advertido que estos colegios concertados «no son espacios seguros para los alumnos LGTBI, a los que se niega su existencia», y que forman parte de «una trama» de terapias de conversión que tiene como «dos focos» a Madrid y Valencia.

De momento, la coalición ha recibido «mucha información de las víctimas» desde «varios puntos geográficos» dentro del ámbito del Arzobispado de Valencia -también abarca parte de la provincia de Alicante-, por lo que han animado a otros posibles afectados a denunciarlo a través del portal web porque «no estamos ante casos aislados».

Paralelamente, desde Compromís han exigido a la Conselleria de Educación que suspenda inmediatamente el programa de educación afectivo-sexual, así como que intervenga la Inspección educativa y envíe de oficio a la unidad especializada en orientación en igualdad a estos centros diocesanos.

«(Carlos) Mazón, (José Antonio) Rovira y (Susana) Camarero no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras en los centros se hace promoción abierta a estas torturas», ha manifestado el portavoz de Políticas LGTIB, apuntando al 'president' de la Generalitat y a los consellers de Educación y Servicios Sociales e Igualdad.

Es esta línea, los representantes de la coalición han instado al PP a apoyar su propuesta de creación de una comisión de investigación en Les Corts sobre estas terapias, que se votará en el pleno de la próxima semana.

Mazón puntualiza

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido que el Consell ha reaccionado "al primer minuto" ante la denuncia de presuntas terapias de conversión sexual en centros concertados y ha puesto como ejemplo de ello el caso de Alaquàs. "En cuanto hemos tenido la más mínima denuncia, lo hemos puesto en manos de la Fiscalía de manera inmediata", ha recalcado.

Mazón ha subrayado que la Generalitat que preside es "la única administración que ha puesto en marcha --medidas-- ante cualquier denuncia" por estos casos. "No somos sospechosos, más bien al revés", ha deslizado.

En este sentido, ha afeado a Compromís --que ha anunciado este lunes que llevará a Fiscalía materiales de promoción de terapias de conversión a alumnos LGTBI en centros diocesanos-- que ahora haga "política" con estos casos mientras durante los gobiernos del Botànic no hiciera "absolutamente nada". 

"Le agradecería que durante los ocho años que ha estado en el gobierno de la Generalitat hubiera hecho todo esto", ha expuesto.

El jefe del Consell ha expresado que le "llama la atención" que la coalición durante "los ocho años que estuvo en la Generalitat" no "trasladó nada" sobre estos casos de terapias de conversión. 

"A lo mejor, desde la sede de Compromís resulta que tienen más medios que toda la Generalitat junta", ha deslizado. Además, ha instado a la formación a que, si "tiene algún dato, lo ponga a disposición de la Generalitat, en vez de hacer política con ello". 

El SMH exige al edil de Vox de Burriana, que les calificó de "barco de negreros", que se retracte

CASTELLÓN DE LA PLANA.- Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) ha pedido al edil de Vox en el Ayuntamiento de Burriana, Jesús Albiol, que se retracte, en un acto de conciliación, de sus acusaciones contra la ONG, ya que, de lo contrario, le demandará por calumnias e injurias.

En un comunicado, Amaia Iguaran, vicepresidenta de SMH, operadora del barco de rescate marítimo Aita Mari, ha reclamado a Albiol que rectifique sus acusaciones contra el citado buque, al que calificó de «barco de negreros» y «cooperador necesario de las mafias de tráfico de personas».

El Aita Mari es un pesquero que fue reconvertido en navío de rescate para personas refugiadas en el mar Mediterráneo. Iguaran ha recordado que «durante los últimos años» las embarcaciones humanitarias habían encontrado en los puertos de Burriana y Vinaroz, de la Generalitat Valenciana, un refugio para descansar de sus misiones y realizar labores de mantenimiento".

Sin embargo, ha lamentado que el actual Consell, dirigido ahora por el PP, decidió «acatar una imposición de Vox de reclamar las tasas portuarias de los últimos cuatro años, que ascienden a 63.000 euros», lo cual «en la práctica, puede suponer la expulsión de la flota de salvamento humanitario de los puertos de la Comunitat».

Desde SMH han presentado este acto de conciliación previo a una querella por calumnias e injurias contra Albiol «por haber atentado contra el honor de la propia entidad y de los tripulantes del Aita Mari».

La vicepresidenta de la ONG ha advertido de que «los partidos de extrema derecha buscan obstaculizar la ayuda humanitaria». 

«Emplean una retórica xenófoba alimentando el miedo de la gente hacia la inmigración cuando lo que vemos, cada vez que salimos al mar, son personas asustadas que huyen del hambre o de las bombas en busca de un futuro mejor», ha censurado.

Además, ha recordado que desde que el Aita Mari comenzó a operar en el Mar Mediterráneo en 2019 «ha logrado rescatar con vida a 1.328 personas». 

«El número de rescates ha ido aumentando cada año: 79 en 2019; 202 en 2020; 258 en 2021; 288 en 2022; 424 en 2023; y en lo que va de 2024, 77», ha destacado.

Por otro lado, Iguaran ha destacado que, en la decisión de presentar esta demanda de conciliación previa a la querella, decidieron buscar la asistencia de la persona que promovió la exención de las tasas en los puertos de la Generalitat.

«Decidimos acudir a Mónica Oltra para que nos asistiera como letrada en este caso ya que, además fue ella, como vicepresidenta de la Generalitat la que propuso en el Gobierno valenciano que los barcos de ayuda humanitaria pudiéramos tener un refugio en los puertos de Burriana y Vinaroz», ha explicado.

Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en el interior norte de Valencia y la provincia de Castellón

 VALENCIA.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para este martes la alerta amarilla por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora en el interior norte de Valencia y toda la provincia de Castellón, y por tormentas en el interior de Castellón.

En concreto, en el interior de la provincia de Castellón las tormentas podrán venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento, según ha informado Aemet en su página web

Por otra parte, en el interior de Castellón se prevé que la precipitación acumulada en una hora pueda alcanzar los 30 l/m2, y en el interior sur la precipitación acumulada puede llegar a los 60 l/m2 en 12 horas; mientras que en el litoral de la provincia y el interior norte de Castellón podrían alcanzarse los 20 l/m2 en una hora, y los chubascos vendrán ocasionalmente acompañados de tormenta.

Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta por riesgo de lluvias nivel amarillo en la provincia de Castellón y el interior norte de Valencia y por riesgo de tormentas en el interior de Castellón.

El '112 CV' avisa de que en el interior de Castellón, las lluvias pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento y alcanzar una precipitación acumulada de 60 l/m2 en 12 horas.

El aeropuerto de Valencia supera el millón de viajeros por primera vez en un septiembre y Alicante rebasa los 1,8 millones

 VALENCIA.- Septiembre ha sido un mes de récords para los aeropuertos de la Comunitat Valenciana gestionados por Aena. El de Valencia ha superado el millón de pasajeros por primera vez en su historia durante un mes de septiembre, concretamente 1.058.191 viajeros, mientras que el Aeropuerto de Alicante  ha anotado un nuevo récord mensual con 1,8 millones de viajeros.

En concreto, el Aeropuerto de Alicante ha registrado 1.801.340 pasajeros en septiembre, en un mes «histórico» que supera las cifras de julio y agosto del pasado año y con un incremento del 15,3% respecto al mismo periodo de 2023, ha destacado Aena en un comunicado. La terminal alicantina ha registrado una media de 60.000 viajeros diarios.

En cuanto a los vuelos, el aeropuerto alicantino también ha vivido un mes histórico en este apartado con un total de 11.171 operaciones gestionadas, un 16,1% más que el mismo mes de 2023.

Por su parte, el Aeropuerto de Valencia ha registrado concretamente 1.058.191 viajeros, lo que supone un nuevo récord de tráfico y un incremento del 11,5% respecto al mismo periodo del año 2023. Más de 35.000 viajeros diarios hicieron uso de la terminal valenciana, lo que da muestra de la evolución ascendente en la demanda de vuelos.

El Aeropuerto de Valencia operó un total de 8.207 vuelos en septiembre, lo que supone un incremento del 7,2% respecto a los movimientos de aterrizaje y despegue del mismo mes de 2023.

Respecto a la procedencia de los viajeros, el pasajero internacional sigue siendo el mayoritario tanto en el Aeropuerto de Alicante como en el de Alicante.

En el recinto aeroportuario de Alicante hubo 1.560.979 viajeros internacionales contabilizados dentro de la operativa comercial, lo que supone un aumento del 15,5%. Por otra parte, el tráfico nacional también ha crecido y registra 239.317 pasajeros, lo que supone una subida del 14,1%, todo ello respecto al tráfico comercial y en relación con el año anterior.

Por nacionalidades, en el área internacional, los países que más pasajeros aportaron al aeropuerto de Alicante en septiembre de 2024 fueron Reino Unido, con 620.468 viajeros; seguido de Alemania, con 111.535; Países Bajos, con 103.957; Bélgica, con 87.240; y Francia, con 79.713.

En el Aeropuerto de Valencia, sigue destacando el tráfico internacional con 778.487 viajeros y un incremento del 15,4%. Los pasajeros nacionales se incrementaron un 1,9% y supusieron un total de 278.414 viajeros, todo ello referido a vuelos comerciales y en relación a las cifras de 2023.

Los viajeros internacionales más numerosos en Valencia fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 159.595 viajeros; seguidos de Alemania con 92.873; Reino Unido, con 84.326; Francia, con 79.149; y Países Bajos, con 78.157.

Desde enero hasta septiembre, el Aeropuerto de Alicante ha gestionado un total de 14.094.464 pasajeros, un 17% más que en el mismo periodo de 2023. Con relación a las operaciones, los nueve primeros meses del año la infraestructura alicantina ha operado un total de 88.059 vuelos, un 15,1% más que en los mismos meses del año anterior.

A su vez, el Aeropuerto de Valencia ha gestionado 8.311.266 pasajeros durante los nueve primeros meses del año, un crecimiento del 9,9% respecto al mismo periodo de 2023. En relación a los movimientos, desde enero hasta septiembre se operaron un total

de 65.855 vuelos, un 5,6% más que en los mismos meses del año anterior.

Cómo acertaron los «no vacunados» / Robin Koerner *


Scott Adams es el creador de la famosa tira cómica Dilbert. Es una tira cuya brillantez deriva de la observación minuciosa y la comprensión del comportamiento humano. Hace algún tiempo, Scott volcó esas habilidades en comentar con perspicacia y notable humildad intelectual la política y la cultura de nuestro país.

Como muchos otros comentaristas, y basándose en su propio análisis de las pruebas de que disponía, optó por ponerse la «vacuna» contra COVID.

Recientemente, sin embargo, publicó un video sobre el tema que ha circulado por las redes sociales. Era un mea culpa en el que declaraba: «Los no vacunados fueron los ganadores» y, para su gran crédito, «Quiero averiguar cómo tantos [de mis espectadores] acertaron con la ‘vacuna’ y yo no».

Lo de «ganadores» quizá fuera un poco irónico: parece que se refiere a que los «no vacunados» no tienen que preocuparse por las consecuencias a largo plazo de tener la «vacuna» en sus cuerpos, ya que han aparecido suficientes datos sobre la falta de seguridad de las «vacunas» como para demostrar que, sopesando los riesgos, la elección de no ser «vacunado» ha sido reivindicada para las personas sin comorbilidades.

Lo que sigue es una respuesta personal a Scott, en la que se explica cómo la consideración de la información disponible en aquel momento llevó a una persona —yo— a rechazar la «vacuna». 

No pretende implicar que todos los que aceptaron la «vacuna» tomaran la decisión equivocada ni, de hecho, que todos los que la rechazaron lo hicieran por buenas razones.

1. Algunas personas han dicho que la «vacuna» se creó con prisas. Esto puede ser cierto o no. Gran parte de la investigación sobre «vacunas» de ARNm ya se había llevado a cabo durante muchos años, y los corona-virus como clase son bien conocidos, por lo que era al menos factible que solo una pequeña fracción del desarrollo de la «vacuna» se hubiera precipitado. El punto mucho más importante es que la «vacuna» se lanzó sin pruebas a largo plazo.

Por lo tanto, se aplicaba una de dos condiciones. O bien no se podía hacer ninguna afirmación fiable sobre la seguridad a largo plazo de la «vacuna», o bien existía algún argumento científico asombroso para tener una certeza teórica única en la vida sobre la seguridad a largo plazo de esta «vacuna». Esto último sería tan extraordinario que podría (por lo que sé) ser incluso una primicia en la historia de la medicina. Si así fuera, los científicos solo hablarían de eso, pero no fue así.

Por lo tanto, se obtuvo el estado de cosas más obvio, el primero: no se podía afirmar nada con confianza sobre la seguridad a largo plazo de la «vacuna». Dado, pues, que la seguridad a largo plazo de la «vacuna» era un juego de azar teórico, el riesgo incuantificable a largo plazo de tomarla solo podía justificarse por un riesgo seguro extremadamente alto de no tomarla.

En consecuencia, solo se podía argumentar moral y científicamente a favor de su uso por parte de las personas con alto riesgo de enfermedad grave si se exponían al COVID. Incluso los primeros datos mostraron inmediatamente que yo (y la inmensa mayoría de la población) no pertenecía a ese grupo. La insistencia continuada en extender la «vacuna» a toda la población cuando los datos revelaban que las personas sin comorbilidades corrían un riesgo bajo de enfermedad grave o muerte por COVID era, por tanto, inmoral y acientífica a primera vista.

El argumento de que la reducción de la transmisión de los no vulnerables a los vulnerables como resultado de la «vacunación» masiva solo podría sostenerse si se hubiera establecido la seguridad a largo plazo de la «vacuna», cosa que no se ha hecho. Dada la falta de pruebas de la seguridad a largo plazo, la política de «vacunación» masiva ponía claramente en peligro vidas jóvenes o sanas para salvar vidas viejas y enfermas.

Los responsables políticos ni siquiera lo reconocieron, ni expresaron preocupación alguna por la grave responsabilidad que estaban asumiendo por poner en peligro a las personas a sabiendas, ni indicaron cómo habían sopesado los riesgos antes de llegar a sus posiciones políticas. 

En conjunto, era una razón de peso para no confiar en la política ni en las personas que la establecían. Como mínimo, si la apuesta por la salud y la vida de las personas que representa la política de «vacunación» coercitiva se hubiera tomado tras un análisis adecuado de costes y beneficios, esa decisión habría sido una decisión difícil de tomar.

Cualquier presentación honesta de la misma habría implicado el lenguaje equívoco del equilibrio de riesgos y la disponibilidad pública de información sobre cómo se sopesaron los riesgos y se tomó la decisión. 

De hecho, el lenguaje de los responsables políticos fue deshonestamente inequívoco y el consejo que ofrecieron sugería que no había riesgo alguno de tomar la «vacuna». Este consejo era sencillamente falso —o, si se prefiere, engañoso— según la evidencia de la época, en la medida en que carecía de matices.

2. Los datos que no apoyaban las políticas de COVID fueron suprimidos de forma activa y masiva. Esto elevó el listón de las pruebas suficientes para tener la certeza de que la «vacuna» era segura y eficaz. Según lo anterior, el listón no se cumplió.

3. Análisis sencillos incluso de los primeros datos disponibles mostraron que la clase dirigente estaba dispuesta a hacer mucho más daño en términos de derechos humanos y gasto de recursos públicos para prevenir una muerte por COVID que cualquier otro tipo de muerte. ¿Por qué esta desproporcionalidad?

Era necesaria una explicación de esta reacción exagerada. La conjetura más amable sobre lo que la impulsaba era «el viejo y honesto pánico». Pero si una política está impulsada por el pánico, el listón para seguirla sube aún más. Una suposición menos amable es que había razones no declaradas para la política, en cuyo caso, obviamente, no se podía confiar en la «vacuna».

4. El miedo había generado claramente un pánico sanitario y un pánico moral, o psicosis de formación masiva. Eso puso en juego muchos sesgos cognitivos muy fuertes y tendencias humanas naturales contra la racionalidad y la proporcionalidad.

Las pruebas de esos prejuicios estaban por todas partes: la ruptura de relaciones estrechas de parentesco, el maltrato de personas por parte de otras que solían ser perfectamente decentes, la voluntad de los padres de causar daños en el desarrollo de sus hijos, los llamamientos a la violación de derechos a gran escala realizados por un gran número de ciudadanos de países anteriormente libres sin ninguna preocupación aparente por las terribles implicaciones de esos llamados, y el cumplimiento sincero, incluso ansioso, de políticas que deberían haber provocado la risa de individuos psicológicamente sanos (incluso si hubieran sido necesarias o simplemente útiles).

En las garras de tal pánico o psicosis de formación masiva, el listón probatorio para afirmaciones extremas (como la seguridad y necesidad moral de inyectarse uno mismo una forma de terapia génica que no ha sido sometida a pruebas a largo plazo) se eleva aún más.

5. A las empresas responsables de la fabricación y, en última instancia, de los beneficios de la «vacunación» se les concedió inmunidad legal. ¿Por qué haría eso un gobierno si realmente creyera que la «vacuna» es segura y quisiera infundir confianza en ella? Y ¿por qué iba yo a poner en mi cuerpo algo que el gobierno ha decidido que puede perjudicarme sin que yo tenga ningún recurso legal?

6. Si los escépticos de la «vacuna» estuvieran equivocados, seguiría habiendo dos buenas razones para no suprimir sus datos u opiniones. En primer lugar, somos una democracia liberal que valora la libertad de expresión como un derecho fundamental y, en segundo lugar, se podría demostrar que sus datos y argumentos son falaces. El hecho de que el poder decidiera violar nuestros valores fundamentales y suprimir el debate invita a preguntarse «¿Por qué?».

La respuesta no fue satisfactoria más allá de: «Es más fácil para ellos imponer sus mandatos en un mundo en el que la gente no disiente», pero ese es un argumento en contra del cumplimiento, más que a favor. Suprimir información a priori sugiere que la información tiene fuerza persuasiva.

Desconfío de quien desconfía de mí para determinar qué información y qué argumentos son buenos y cuáles son malos cuando lo que está en juego es mi salud —especialmente cuando las personas que promueven la censura actúan hipócritamente en contra de sus creencias declaradas en el consentimiento informado y la autonomía corporal.

7. La prueba PCR [reacción en cadena de la polimerasa] se presentó como la prueba de diagnóstico «de referencia» para el COVID. Basta con leer un momento cómo funciona la prueba PCR para darse cuenta de que no es tal cosa. Su uso con fines diagnósticos es más un arte que una ciencia, por decirlo amablemente.

Kary Mullis, que en 1993 ganó el Premio Nobel de Química por inventar la técnica del PCR, arriesgó su carrera al decirlo cuando se intentó utilizar como prueba diagnóstica del VIH para justificar un programa masivo de administración de fármacos antirretrovirales experimentales a los primeros pacientes de sida, que acabó matando a decenas de miles de personas. 

Esto plantea la pregunta: «¿Cómo manejan la incertidumbre en torno a los diagnósticos basados en la PCR las personas que están generando los datos que veíamos en las noticias cada noche y que se estaban utilizando para justificar la política de «vacunación» masiva?».

Si no tienes una respuesta satisfactoria a esta pregunta, tu listón para asumir el riesgo de la «vacunación» debería volver a subir. (A título personal, para obtener la respuesta antes de tomar mi decisión sobre si someterme a la «vacunación», envié exactamente esta pregunta, a través de un amigo, a un epidemiólogo de la Johns Hopkins.

Ese epidemiólogo, que participó personalmente en la generación de los datos actualizados sobre la propagación de la pandemia a escala mundial, se limitó a responder que trabaja con los datos que le dan y no cuestiona su exactitud ni los medios de generación. En otras palabras, la respuesta a la pandemia se basó en gran medida en datos generados por procesos que los generadores de esos datos no comprendían o ni siquiera cuestionaban).

8. Para generalizar el último punto, debe descartarse una afirmación supuestamente concluyente de alguien que demostrablemente no puede justificar su afirmación. En el caso de la pandemia de COVID, casi todas las personas que actuaron como si la «vacuna» fuera segura y eficaz no tenían ninguna prueba física o informativa de las afirmaciones de seguridad y eficacia más allá de la supuesta autoridad de otras personas que las hicieron.

Esto incluye a muchos profesionales de la medicina, un problema que estaba siendo planteado por algunos de ellos (que, en muchos casos, fueron censurados en las redes sociales e incluso perdieron sus trabajos o licencias).

 Cualquiera podía leer la infografía de los CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] sobre las «vacunas» de ARNm y, sin ser científico, generar preguntas obvias del tipo «Pero, ¿y si…?» que se podían hacer a los expertos para comprobar por sí mismos si los impulsores de las «vacunas» responderían personalmente de su seguridad.

Por ejemplo, los CDC publicaron una infografía que decía lo siguiente: «¿Cómo funciona la vacuna? El ARNm de la vacuna enseña a las células a hacer copias de la proteína de espiga. Si más tarde te expones al virus real, tu cuerpo lo reconocerá y sabrá cómo combatirlo. Después de que el ARNm entrega las instrucciones, tus células lo descomponen y se deshacen de él».

Muy bien. Aquí hay algunas preguntas obvias que hacer, entonces: «¿Qué ocurre si las instrucciones entregadas a las células para generar la proteína de espiga no se eliminan del cuerpo como estaba previsto? ¿Cómo podemos estar seguros de que nunca se producirá una situación así?». Si alguien no puede responder a esas preguntas, y está en una posición de autoridad política o médica, entonces se muestra dispuesto a impulsar políticas potencialmente dañinas sin considerar los riesgos que implican.

9. Teniendo en cuenta todo lo anterior, una persona seria al menos tenía que estar atenta a los datos publicados sobre seguridad y eficacia a medida que avanzaba la pandemia. El «Estudio de seguridad y eficacia de seis meses» de Pfizer fue notable. El gran número de sus autores era notable y su afirmación resumida era que la vacuna probada era eficaz y segura. Los datos del documento mostraban más muertes por cabeza en el grupo «vacunado» que en el grupo «no vacunado».

Aunque esta diferencia no establece estadísticamente que la inyección sea peligrosa o ineficaz, los datos generados eran claramente compatibles con (digámoslo amablemente) la seguridad incompleta de la «vacuna» —en desacuerdo con el resumen de portada. (Es casi como si incluso los científicos y clínicos profesionales mostraran sesgos y razonamientos motivados cuando su trabajo se politiza).

Como mínimo, un lector lego podría ver que las «conclusiones resumidas» estiraban, o al menos mostraban una notable falta de curiosidad por los datos —especialmente teniendo en cuenta lo que estaba en juego y la impresionante responsabilidad de conseguir que alguien pusiera algo no probado dentro de su cuerpo.

10. Con el paso del tiempo, quedó muy claro que algunas de las afirmaciones informativas que se habían hecho para convencer a la gente de que se «vacunara», especialmente por parte de políticos y comentaristas de los medios de comunicación, eran falsas. 

Si esas políticas hubieran estado realmente justificadas por los «hechos» alegados anteriormente, entonces la determinación de la falsedad de esos «hechos» debería haber dado lugar a un cambio de política o, como mínimo, a expresiones de aclaración y arrepentimiento por parte de las personas que anteriormente habían hecho esas afirmaciones incorrectas pero fundamentales.

Las normas morales y científicas básicas exigen que las personas hagan constar claramente las rectificaciones y retractaciones necesarias de declaraciones que puedan influir en decisiones que afectan a la salud. Si no lo hacen, no se debería confiar en ellos, especialmente dadas las enormes consecuencias potenciales de sus errores informativos para una población cada vez más «vacunada». Sin embargo, eso nunca ha ocurrido.

Si los promotores de la «vacuna» hubieran actuado de buena fe, entonces, tras la publicación de nuevos datos a lo largo de la pandemia, habríamos escuchado (y quizás incluso aceptado) múltiples mea culpa. No hemos oído nada parecido por parte de los responsables políticos, lo que revela una falta casi generalizada de integridad, seriedad moral o preocupación por la exactitud. El consiguiente descarte necesario de las afirmaciones hechas anteriormente por los funcionarios no dejó ningún caso digno de confianza en el lado pro encierro y pro «vacuna».

Por poner algunos ejemplos de afirmaciones que los datos demostraron que eran falsas, pero que no se retractaron explícitamente:

«No vas a contraer COVID si te vacunas… Estamos en una pandemia de no vacunados» -Joe Biden

«Las vacunas son seguras. Se los prometo…» -Joe Biden

«Las vacunas son seguras y eficaces». -Anthony Fauci

«Nuestros datos de los CDC sugieren que las personas vacunadas no portan el virus, no enferman… y no solo en los ensayos clínicos, sino también en los datos del mundo real». – Dra. Rochelle Walensky.

«Tenemos más de 100,000 niños, lo que nunca habíamos tenido antes, en … estado grave y muchos con respiradores». -Justice Sotomayer (durante un caso para determinar la legalidad de los mandatos federales de «vacunas»).

… y así sucesivamente.

La última es especialmente interesante porque la pronunció un juez en un caso de la Corte Suprema para determinar la legalidad de los mandatos federales. Posteriormente, el ya mencionado Dr. Walensky, director del CDC, que previamente había hecho una declaración falsa sobre la eficacia de la «vacuna», confirmó bajo interrogatorio que el número de niños hospitalizados era solo de 3.500, y no de 100.000.

Para insistir aún más en el hecho de que las afirmaciones y políticas anteriores son desmentidas por hallazgos posteriores, pero no por ello revocadas, el mismo Dr. Walensky, director de los CDC, afirmó que «la inmensa mayoría de las muertes —más del 75 por ciento— se produjeron en personas que tenían al menos cuatro comorbilidades. Así que en realidad se trataba de personas que no estaban bien desde el principio».

Esa afirmación socavó tan completamente toda la justificación de las políticas de «vacunación» masiva y los cierres patronales que cualquier persona intelectualmente honesta que las apoyara tendría que reconsiderar su posición en ese momento. Mientras que el ciudadano de a pie bien podría haber pasado por alto esa información de los CDC, se trataba de la propia información del gobierno, por lo que el presidente Joe (y sus agentes) ciertamente no podrían haberla pasado por alto.

¿Dónde estaba el cambio radical en la política para que coincidiera con el cambio radical en nuestra comprensión de los riesgos asociados con COVID, y por lo tanto el equilibrio coste-beneficio de la «vacuna» no probada (a largo plazo) frente al riesgo asociado con la infección por COVID? Nunca llegó. Claramente, ni las posiciones políticas ni su supuesta base factual eran de fiar.

11. ¿Cuál era la nueva ciencia que explicaba por qué, por primera vez en la Historia, una «vacuna» sería más eficaz que la exposición natural y la consiguiente inmunidad? Por qué la urgencia de hacer que una persona que ha tenido COVID y ahora tiene cierta inmunidad se «vacune» después del hecho?

12. El contexto político y cultural general en el que se desarrollaba todo el discurso sobre la «vacunación» era tal que el nivel de evidencia sobre la seguridad y eficacia de la «vacuna» se elevaba aún más, al tiempo que se reducía nuestra capacidad para determinar si ese nivel se había cumplido.

En cualquier conversación con una persona «no vacunada» (y como educador y profesor, participé en muchas), siempre se ponía a la persona «no vacunada» en una postura defensiva de tener que justificarse ante el partidario de la «vacuna» como si su postura fuera de facto más perjudicial que la contraria. En tal contexto, la determinación precisa de los hechos es casi imposible: el juicio moral siempre inhibe el análisis empírico objetivo.

Cuando la discusión desapasionada de un tema es imposible porque el juicio ha saturado el discurso, sacar conclusiones lo suficientemente precisas y con la suficiente certeza como para promover la violación de derechos y la coerción de tratamientos médicos, es casi imposible.

13. En cuanto a la analítica (y el comentario de Scott sobre «nuestra» heurística superando a «su» analítica), precisión no es exactitud. De hecho, en contextos de gran incertidumbre y complejidad, la precisión está negativamente corelacionada con la exactitud. (Una afirmación más precisa tiene menos probabilidades de ser correcta).

Gran parte del pánico al COVID comenzó con la modelización. La modelización es peligrosa en la medida en que pone números a las cosas —los números son precisos, y la precisión da una ilusión de exactitud—, pero en contextos de gran incertidumbre y complejidad, los resultados de los modelos están dominados por las incertidumbres de las variables de entrada, que tienen rangos muy amplios (y desconocidos), y por los múltiples supuestos que en sí mismos solo garantizan una baja confianza. 

Por lo tanto, cualquier precisión que se pretenda obtener de los resultados de un modelo es falsa y la exactitud aparente es solo eso: aparente.

Lo mismo ocurrió con el VIH en los años ochenta y noventa. Los modelos de entonces determinaban que hasta un tercio de la población heterosexual podía contraer el VIH. Oprah Winfrey ofreció esa estadística en uno de sus programas, alarmando a toda una nación.

El primer sector que se dio cuenta de que se trataba de una absurda exageración fue el de los seguros, cuando no se produjeron todas las quiebras que esperaban a causa de los pagos de las pólizas de seguros de vida. Cuando la realidad no coincidió con los resultados de sus modelos, supieron que los supuestos en los que se basaban esos modelos eran falsos y que el patrón de la enfermedad era muy distinto del que se había declarado.

Por razones que escapan al ámbito de este artículo, la falsedad de esos supuestos podría haberse determinado en su momento. Sin embargo, lo que hoy nos interesa es el hecho de que esos modelos ayudaron a crear toda una industria del sida, que lanzó fármacos antiretrovirales experimentales a personas con VIH, sin duda con la sincera creencia de que podrían ayudarles. Esos medicamentos mataron a cientos de miles de personas.

Por cierto, el hombre que anunció el «descubrimiento» del VIH desde la Casa Blanca —no en una revista revisada por pares— y luego fue pionero en la enorme y mortal reacción al mismo fue el mismo Anthony Fauci que ha estado adornando nuestras pantallas de televisión en los últimos años.

14. Un enfoque honesto de los datos sobre COVID y el desarrollo de políticas habría impulsado el desarrollo urgente de un sistema para recopilar datos precisos sobre las infecciones por COVID y los resultados de los pacientes con COVID. 

En lugar de ello, los poderes fácticos hicieron todo lo contrario, tomando decisiones políticas que reducían a sabiendas la exactitud de los datos recopilados de forma que sirvieran a sus fines políticos.

En concreto, 1) dejaron de distinguir entre morir de COVID y morir con COVID y 2) incentivaron a las instituciones médicas a identificar las muertes como causadas por COVID cuando no había datos clínicos que respaldaran esa conclusión. (Esto también ocurrió durante el mencionado pánico del VIH hace tres décadas).

15. La falta de honradez de los partidarios de las «vacunas» se puso de manifiesto en los repetidos cambios de las definiciones oficiales de términos clínicos como «vacuna», cuyas definiciones (científicas) han sido fijas durante generaciones (como debe ser para que la ciencia haga su trabajo con precisión: las definiciones de los términos científicos pueden cambiar, pero solo cuando cambia nuestra comprensión de sus referentes).

¿Por qué cambiaba el Gobierno el significado de las palabras en lugar de limitarse a decir la verdad con las mismas palabras que había utilizado desde el principio? Sus acciones en este sentido fueron totalmente falsas y contrarias a la ciencia. El nivel de las pruebas vuelve a subir y nuestra capacidad para confiar en ellas, baja.

En su video (que mencioné al principio de este artículo), Scott Adams preguntó: «¿Cómo podría haber determinado que los datos que [«los escépticos de las vacunas»] me enviaron eran los buenos?». No tuvo que hacerlo. Los que acertamos o «ganamos» (por usar sus palabras) solo tuvimos que aceptar los datos de quienes impulsaban los mandatos de «vacunación».

Como ellos eran los más interesados en que los datos apuntaran en su dirección, podíamos poner un límite superior de confianza en sus afirmaciones contrastándolas con sus propios datos. Para alguien sin comorbilidades, ese límite superior seguía siendo demasiado bajo para asumir el riesgo de la «vacunación», dado el bajísimo riesgo de daños graves por contraer COVID-19.

En esta relación, también vale la pena mencionar que bajo las condiciones contextuales adecuadas, la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia. Esas condiciones definitivamente se aplicaron en la pandemia: había un incentivo masivo para que todos los medios que estaban impulsando la «vacuna» proporcionaran pruebas suficientes para apoyar sus afirmaciones inequívocas a favor de la vacuna y las políticas de bloqueo y para denigrar, como lo hicieron, a los que no estaban de acuerdo.

Simplemente no aportaron esas pruebas, obviamente porque no existían. Dado que las habrían aportado si hubieran existido, la falta de pruebas presentadas evidenciaba su ausencia.

Por todas las razones anteriores, pasé de considerar inicialmente la posibilidad de inscribirme en un ensayo de vacunas a realizar una diligencia debida de mente abierta para convertirme en escéptico de la «vacuna» COVID. 

En general, creo que nunca hay que decir «nunca», por lo que estaba esperando a que se respondieran y resolvieran las preguntas y cuestiones planteadas anteriormente. Entonces, estaría potencialmente dispuesto a «vacunarme», al menos en principio.

Afortunadamente, no someterse a un tratamiento deja a uno la opción de hacerlo en el futuro. (Dado que lo contrario no es el caso, por cierto, el valor de opción de «no actuar todavía» pesa un poco a favor del enfoque cauteloso).

Sin embargo, recuerdo el día en que mi decisión de no tomar la «vacuna» se convirtió en firme. Un punto concluyente me llevó a decidir que no tomaría la «vacuna» en las condiciones imperantes. Pocos días después, le dije a mi madre en una llamada telefónica: «Tendrán que atarme a una mesa».

16. Independientemente de los riesgos asociados a una infección por COVID, por un lado, y a la «vacuna», por otro, la política de «vacunación» permitió violaciones masivas de los derechos humanos. 

Los «vacunados» se alegraron de ver cómo se suprimían libertades básicas a los «no vacunados» (la libertad de hablar libremente, trabajar, viajar y estar con sus seres queridos en momentos importantes como nacimientos, defunciones, funerales, etc.) porque su condición de «vacunados» les permitía aceptar de nuevo como privilegios de los «vacunados» los derechos que se habían suprimido a todos los demás.

De hecho, muchas personas admitieron a regañadientes que se «vacunaron» por esa misma razón, por ejemplo, para conservar su trabajo o salir con sus amigos. Para mí, eso habría sido ser cómplice de la destrucción, por precedente y participación, de los derechos más básicos de los que depende nuestra pacífica sociedad.

Ha muerto gente para garantizarnos esos derechos a mí y a mis compatriotas. Cuando era adolescente, mi abuelo austriaco huyó a Inglaterra desde Viena y enseguida se unió al ejército de Churchill para derrotar a Hitler. 

Hitler fue el hombre que asesinó a su padre, mi bisabuelo, en Dachau por ser judío.

Los campos empezaron como una forma de poner en cuarentena a los judíos, considerados vectores de enfermedades a los que había que suprimir sus derechos para proteger a la población en general. En 2020, todo lo que tuve que hacer en defensa de esos derechos fue aguantar que me limitaran los viajes y me prohibieran el acceso a mis restaurantes favoritos, etc. durante unos meses.

Incluso si yo fuera un extraño valor estadístico atípico, de modo que COVID pudiera hospitalizarme a pesar de mi edad y buena salud, que así fuera: si fuera a llevarme, no dejaría que me arrebatara mis principios y derechos mientras tanto.

¿Y si me equivocara? ¿Y si la abrogación masiva de derechos que fue la respuesta de los gobiernos de todo el mundo a una pandemia con una tasa de mortalidad ínfima entre los que no estaban «mal para empezar» (por usar la expresión del director del CDC) no iba a terminar en unos pocos meses?

¿Y si fuera a durar para siempre? En ese caso, el riesgo que COVID supondría para mi vida no sería nada comparado con el riesgo que corren nuestras vidas cuando salimos a la calle con la última y desesperada esperanza de recuperar las libertades más básicas de un Estado que hace tiempo que ha olvidado que solo existe legítimamente para protegerlas y que, en cambio, ahora las considera obstáculos incómodos que hay que sortear o incluso destruir.

 

 (*) Consultor, instructor y escritor en el campo de la comunicación política y la psicología. También es decano académico del Instituto John Locke y miembro del profesorado de la Fundación para la Educación Económica.

¿Qué porcentaje de españoles tiene estudios universitarios?

MADRID.- En la actualidad, la formación universitaria se ha convertido en una de las principales vías para acceder al mercado laboral y conseguir un empleo estable y bien remunerado. Por ello, resulta interesante conocer la situación actual en España en cuanto al porcentaje de población que ha cursado estudios universitarios.

Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2020 el 41,3% de la población española entre 25 y 64 años tenía estudios universitarios. Este porcentaje ha ido aumentando progresivamente en los últimos años, debido a la importancia cada vez mayor que se le otorga a la formación académica.

No obstante, este porcentaje varía considerablemente según la comunidad autónoma. Por ejemplo, en el País Vasco el 59,9% de la población cuenta con estudios universitarios, mientras que en Extremadura esta cifra se reduce al 29,2%.

En este artículo se profundizará en los datos relativos al porcentaje de españoles con estudios universitarios, así como en las diferencias regionales y las posibles causas que explican estas discrepancias. Además, se analizarán las perspectivas de futuro en cuanto a la formación universitaria en España.

Si te preguntas ¿Qué porcentaje de españoles tienen estudios universitarios?, aquí te presentamos las estadísticas actualizadas. Según datos de Eurostat, en el año 2020, el 29,9% de la población española entre 30 y 34 años tenía estudios universitarios, superando la media europea que se sitúa en el 40,3%.

Aunque el porcentaje de españoles con estudios superiores ha ido aumentando en los últimos años, aún existe una brecha entre hombres y mujeres. Según el informe «La educación en España 2021» elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso 2018-2019, el 35,4% de los hombres tenía estudios superiores, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje se situaba en el 32,2%.

Además, el mismo informe destaca que el porcentaje de españoles con estudios superiores varía según la comunidad autónoma. En el curso 2018-2019, las comunidades con mayor porcentaje de población con estudios superiores eran Madrid (el 45,3% de la población entre 30 y 34 años tenía estudios universitarios), País Vasco (44,1%) y Navarra (43,4%). Por el contrario, las comunidades con menor porcentaje eran Extremadura (20,6%), Andalucía (22,9%) y Canarias (23,4%).

En España, la educación superior es una de las principales áreas de desarrollo en la formación profesional y personal. Por ello, es importante conocer ¿Qué porcentaje de españoles tienen estudios universitarios?.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2021, el 26,1% de la población española cuenta con estudios universitarios. Esto significa que más de uno de cada cuatro españoles ha completado una carrera universitaria.

Es importante destacar que este porcentaje ha ido aumentando progresivamente en los últimos años, lo que demuestra una mayor conciencia sobre la importancia de la formación académica. Además, según los datos del INE, el porcentaje de mujeres con estudios universitarios es ligeramente superior al de los hombres, con un 27,1% frente al 25,2%.

Es interesante también tener en cuenta que existen diferencias significativas en cuanto a la distribución de los estudios universitarios por comunidades autónomas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las que presentan un mayor porcentaje de población con estudios universitarios, con un 36,1% y un 33,9%, respectivamente.

Este dato refleja una mayor conciencia sobre la importancia de la formación académica y su impacto en la vida profesional y personal.

Si te preguntas ¿qué porcentaje de españoles tienen estudios universitarios?, es importante conocer primero la tasa de acceso a la universidad en nuestro país.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el curso 2018-2019 el porcentaje de españoles que accedieron a la universidad fue del 43,8%.

Este porcentaje ha ido en aumento en los últimos años, ya que en el curso 2008-2009 la tasa de acceso a la universidad era del 35,7%.

Es importante destacar que el acceso a la universidad en España no es homogéneo, ya que existen diferencias significativas entre las distintas comunidades autónomas. En Cataluña, por ejemplo, la tasa de acceso a la universidad es del 57,4%, mientras que en Ceuta y Melilla es del 21,8%.

En cuanto a la formación universitaria de la población española, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2021, el 42,9% de las personas mayores de 16 años tienen estudios universitarios.

En la actualidad, la formación universitaria se ha convertido en una necesidad para muchos jóvenes españoles que buscan mejorar sus oportunidades laborales y aumentar su nivel de conocimientos. Pero, ¿cuál es el porcentaje de población española que cuenta con un título universitario?

Según los últimos estudios realizados en el año 2021, se estima que alrededor del 43,9% de la población española tiene estudios universitarios, lo que representa un incremento del 2,5% con respecto al año anterior.

Este aumento se debe en gran medida a la creciente demanda de formación universitaria por parte de los jóvenes españoles, así como a las políticas educativas que buscan fomentar la formación y la empleabilidad en el país.

Si analizamos los datos por comunidades autónomas, encontramos que algunas regiones como Madrid, Cataluña y País Vasco presentan un porcentaje de población con estudios universitarios superior al 50%, mientras que otras como Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias presentan porcentajes inferiores al 30%.

En cualquier caso, lo importante es seguir fomentando la formación universitaria y la educación en general en España, ya que esto no solo beneficia a los jóvenes sino que también contribuye al desarrollo del país y su economía.

En conclusión, el porcentaje de españoles con estudios universitarios ha aumentado significativamente en los últimos años, aunque aún queda mucho por hacer para alcanzar la media europea. 

La educación superior es cada vez más importante en un mundo globalizado y competitivo, y es necesario seguir trabajando en políticas educativas que fomenten la igualdad de oportunidades y la accesibilidad a la universidad para todos. Solo así podremos asegurar un futuro más próspero y equitativo para nuestra sociedad.

 En resumen, el porcentaje de españoles que tienen estudios universitarios ha ido aumentando en las últimas décadas y actualmente se sitúa en torno al 40%. Aunque aún queda camino por recorrer para llegar a los niveles de educación superior de otros países europeos, es un indicador positivo del valor que se da a la formación académica en España. 

Sin embargo, es importante seguir trabajando para garantizar el acceso a la educación superior a todos los ciudadanos y fomentar la excelencia académica en nuestro país.