VALENCIA.- La Unió Llauradora ha mostrado su "profunda preocupación" ante la
propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo que
establece "un contingente arancelario de entrada a la UE de 500.000
toneladas de frutos secos (almendra, nuez, pistacho y otros) procedentes
de Estados Unidos con arancel 0%", según ha alertado la organización
agraria en un comunicado.
Ante esta situación, La Unió ha presentado ya dos enmiendas a los eurodiputados en diversas reuniones mantenidas estos días en Bruselas para que se excluya a los frutos de cáscara del contingente arancelario previsto en el Anexo III para "garantizar la estabilidad del mercado, la continuidad del tejido productivo mediterráneo y la coherencia con los principios rectores de la política agrícola y comercial de la UE".
También pide en una segunda enmienda suprimir toda referencia a dichos productos en el preámbulo del Reglamento, con objeto de asegurar la claridad jurídica, la coherencia legislativa interna y la protección adecuada de un sector estratégico para la economía y el medio rural europeo. La organización agradece a Compromís y a su eurodiputado valenciano Vicent Marzà que lo haya visto de la misma forma, incluyendo ya entre sus propuestas las enmiendas presentadas por la organización.
El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha afirmado que "esta decisión supone una amenaza grave e inmediata para la viabilidad del tejido productivo mediterráneo y, en particular, para las explotaciones de secano de la Comunitat Valenciana, altamente dependientes de la renta agraria y de la estabilidad del mercado interior".
El representante agrario ha advertido que "las importaciones masivas facilitan además que los grandes industriales elaboren turrones bajo marcas de calidad como el Consejo Regulador IGP Turrón de Jijona y Alicante donde luego no identifican la procedencia del país de origen, aprovechándose de una marca ligada al territorio y a la proximidad para lanzar un mensaje engañoso al consumidor".
La Unió ha expuesto que el sector de frutos secos "contribuye de forma decisiva a la cohesión territorial, el mantenimiento de la población en el medio rural, la adaptación climática, la prevención de incendios forestales y la sostenibilidad del paisaje agrario europeo".
Además, ha destacado que el sector cumple "estrictos estándares ambientales, laborales y fitosanitarios que no son equiparables a los exigidos a las importaciones procedentes de Estados Unidos, lo que genera una competencia desleal que pone en riesgo la continuidad de miles de explotaciones familiares".
Igualmente, ha señalado que "la ausencia de una evaluación de impacto específica para los frutos de cáscara refuerza la necesidad de aplicar el principio de precaución y de proteger un sector clave para la economía rural y el medio ambiente europeo".
En su opinión, la apertura de un contingente arancelario de 500.000 toneladas con arancel 0% para frutos de cáscara originarios de Estados Unidos constituye "un riesgo cierto y documentado de perturbación del mercado interior".
La Unió ha añadido que "los datos históricos certifican que las importaciones anuales de dicho contingente han crecido desde el año 2000 a razón de un 6% anual hasta alcanzar cifras prácticamente equivalentes al volumen contingentado propuesto, con medias anuales en el último quinquenio de más de 450.000 t".
La Unió considera que "el contingente equivaldría a una liberalización total del mercado, con un riesgo evidente de sobreoferta brusca y fuerte presión a la baja sobre los precios en origen". La utilización del contingente podría concentrarse en períodos concretos, con impactos "inmediatamente lesivos sobre la rentabilidad de las explotaciones, especialmente en países mediterráneos donde el cultivo de frutos secos se desarrolla en condiciones agroclimáticas difíciles y con mayores costes regulatorios".
"La viabilidad económica del sector es ya frágil, miles de explotaciones familiares dependen de precios estables para sostener su actividad, y un shock comercial de esta magnitud puede desencadenar abandono rural, pérdida de empleo, desertificación y retrocesos en objetivos ambientales clave de la Unión", ha señalado Carles Peris.
"Este sector desempeña un papel esencial en la cohesión territorial, fijación de población, prevención de incendios, protección de suelos y captura de carbono. La desviación de producción hacia importaciones extracomunitarias comprometería estos bienes públicos que la PAC busca preservar", ha concluido.
Ante esta situación, La Unió ha presentado ya dos enmiendas a los eurodiputados en diversas reuniones mantenidas estos días en Bruselas para que se excluya a los frutos de cáscara del contingente arancelario previsto en el Anexo III para "garantizar la estabilidad del mercado, la continuidad del tejido productivo mediterráneo y la coherencia con los principios rectores de la política agrícola y comercial de la UE".
También pide en una segunda enmienda suprimir toda referencia a dichos productos en el preámbulo del Reglamento, con objeto de asegurar la claridad jurídica, la coherencia legislativa interna y la protección adecuada de un sector estratégico para la economía y el medio rural europeo. La organización agradece a Compromís y a su eurodiputado valenciano Vicent Marzà que lo haya visto de la misma forma, incluyendo ya entre sus propuestas las enmiendas presentadas por la organización.
El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha afirmado que "esta decisión supone una amenaza grave e inmediata para la viabilidad del tejido productivo mediterráneo y, en particular, para las explotaciones de secano de la Comunitat Valenciana, altamente dependientes de la renta agraria y de la estabilidad del mercado interior".
El representante agrario ha advertido que "las importaciones masivas facilitan además que los grandes industriales elaboren turrones bajo marcas de calidad como el Consejo Regulador IGP Turrón de Jijona y Alicante donde luego no identifican la procedencia del país de origen, aprovechándose de una marca ligada al territorio y a la proximidad para lanzar un mensaje engañoso al consumidor".
La Unió ha expuesto que el sector de frutos secos "contribuye de forma decisiva a la cohesión territorial, el mantenimiento de la población en el medio rural, la adaptación climática, la prevención de incendios forestales y la sostenibilidad del paisaje agrario europeo".
Además, ha destacado que el sector cumple "estrictos estándares ambientales, laborales y fitosanitarios que no son equiparables a los exigidos a las importaciones procedentes de Estados Unidos, lo que genera una competencia desleal que pone en riesgo la continuidad de miles de explotaciones familiares".
Igualmente, ha señalado que "la ausencia de una evaluación de impacto específica para los frutos de cáscara refuerza la necesidad de aplicar el principio de precaución y de proteger un sector clave para la economía rural y el medio ambiente europeo".
En su opinión, la apertura de un contingente arancelario de 500.000 toneladas con arancel 0% para frutos de cáscara originarios de Estados Unidos constituye "un riesgo cierto y documentado de perturbación del mercado interior".
La Unió ha añadido que "los datos históricos certifican que las importaciones anuales de dicho contingente han crecido desde el año 2000 a razón de un 6% anual hasta alcanzar cifras prácticamente equivalentes al volumen contingentado propuesto, con medias anuales en el último quinquenio de más de 450.000 t".
La Unió considera que "el contingente equivaldría a una liberalización total del mercado, con un riesgo evidente de sobreoferta brusca y fuerte presión a la baja sobre los precios en origen". La utilización del contingente podría concentrarse en períodos concretos, con impactos "inmediatamente lesivos sobre la rentabilidad de las explotaciones, especialmente en países mediterráneos donde el cultivo de frutos secos se desarrolla en condiciones agroclimáticas difíciles y con mayores costes regulatorios".
"La viabilidad económica del sector es ya frágil, miles de explotaciones familiares dependen de precios estables para sostener su actividad, y un shock comercial de esta magnitud puede desencadenar abandono rural, pérdida de empleo, desertificación y retrocesos en objetivos ambientales clave de la Unión", ha señalado Carles Peris.
"Este sector desempeña un papel esencial en la cohesión territorial, fijación de población, prevención de incendios, protección de suelos y captura de carbono. La desviación de producción hacia importaciones extracomunitarias comprometería estos bienes públicos que la PAC busca preservar", ha concluido.
