MADRID.- La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa es el resultado de dos años de trabajo de auditores externos encargados por el Ministerio de Medio Ambiente y este miércoles fue presentado ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el órgano consultivo que agrupa a administraciones, expertos, ecologistas y agentes sociales. Su objetivo es tan ambicioso como complicado, un cambio de modelo en la gestión de la franja costera, el fin de los desmanes urbanísticos y restañar los daños ocasionados con construcciones ilegales e infraestructuras contra natura.
Propone demoliciones, compra pública de terrenos y un franja de exclusión de 500 metros desde la línea del oleaje. Eso sí, dejó claro que «han de ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados quienes ejecuten voluntariamente el plan porque la mayoría de las competencias son suyas».
El Gobierno estará detrás, apoyando con fondos y expertos, matizó la ministra.
«Nos jugamos mucho en términos ambientales y económicos», recordó la ministra de Medio Ambiente, que presidió la décima sesión del CAMA en esta legislatura. No le falta razón. Años de turismo playero masivo, la fiebre de las segundas residencias, la proliferación de puertos deportivos, espigones, etc, han acercado el cemento al borde mismo de la arena y más allá.
Además, existe la amenaza de la subida del nivel del mar por el cambio climático, perceptible ya, pero que en España podría llegar a los quince metros de media para el año 2050, según los estudios más rigurosos. En las próximas décadas, los casi 900 kilómetros de fachadas marítimas urbanas en el Mediterráneo, Andalucía occidental y los archipiélagos «están expuestos a sufrir daños significativos y crecientes por la acción del mar», subraya la Estrategia presentada.
Ése es el panorama y lo que se pretende es frenar la degradación natural e inducida, evitar el éxodo de turistas a países más vírgenes -la patronal del sector turístico costero ha advertido del riesgo- y, a la vez, devolver para el uso público la franja costera más próxima al agua.
España tiene 8.000 kilómetros de litoral y, de ellos, 600 han sido «transformados por obras artificiales», detalla la estrategia. El estudio se centra en el arco mediterráneo, el litoral atlántico andaluz y los dos archipiélagos, las zonas más degradadas. Para una segunda fase queda el retrato de la cornisa cantábrica y Galicia.
En algunas autonomías mediterráneas, más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial. Según el informe, un tercio de la costa del Mediterráneo requiere «restauración y/o mejora ambiental», y la mitad de los 1.000 kilómetros de playas y casi el 70% de los sistemas de dunas «necesita algún arreglo». Pese a todo, en la estrategia no se han anunciado medidas concretas que adoptar desde ya.
Narbona insistió en que corresponde actuar a comunidades autónomas y ayuntamientos. El Ministerio de Medio Ambiente «colaborará para defender el litoral hasta donde haya acuerdos» y consenso, plasmado en convenios bilaterales con cada comunidad.
Además, la ministra recordó que los 500 metros de exclusión para nuevas construcciones desde la línea del oleaje es «una recomendación» que ya aplican algunas regiones, como Murcia, Cantabria, Asturias, o Cataluña y que «debería generalizarse».- (Agencias)
(Playa de Gandía)
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La Asociación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia (APCV) matizó las previsiones negativas del presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, Eloy Durá, quien el martes se refirió a la crisis de la segunda residencia en la Comunidad Valenciana. Los promotores, sin embargo, aseguran que la proyección de demanda de segunda residencia en la Comunidad Valenciana hasta el año 2013 es de 25.000 viviendas.
Según este informe, en las promociones en altura destinadas a segunda residencia, en 20 meses se comercializan las dos terceras partes de las viviendas desarrolladas. En el caso de las unifamiliares, un porcentaje muy similar se comercializa en algo más de año y medio. Este ritmo, advierte el estudio, es incluso superior al de años anteriores.
Los promotores no disponen de ningún indicador que haga prever un balance negativo sobre el sector de la vivienda residencial y subrayan que la segunda residencia se mantiene, en términos de normalización, tanto por la demanda procedente del mercado nacional, como por parte de inversores internacionales. Además, aseguran que en el ámbito de la segunda residencia existen nuevos factores económicos que favorecerán "un importante incremento de las ventas", como la llegada del AVE, a la que asocian un incremento de más de 1.000 viviendas de segunda residencia.
La asociación ha indicado que el perfil del comprador de segundas residencias es tradicionalmente de la propia Comunidad Valenciana o de otras autonomías españolas. En cifras, el 76,2% de los inversores en este tipo de inmuebles son ciudadanos españoles, mientras que el 3,38% son extranjeros no residentes y apenas un 0,99% de las inversiones proceden de fondos inmobiliarios o de empresas.
El Ayuntamiento de Cullera desbloqueó el pasado martes dos proyectos urbanísticos situados junto a la desembocadura del río Júcar que supondrán en la práctica la reclasificación de 10 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable y la construcción de cerca de 15.000 viviendas. Estos planes se suman al de la Bega -más conocido como el Manhattan de Cullera-, donde están previstas 5.000 viviendas más, 1.100 protegidas, distribuidas en 33 torres de hasta 25 alturas.
El Consistorio cullerense sacó anteayer adelante con los votos favorables del PP, partido en el gobierno, la abstención del PSPV-PSOE y la oposición del APC (Alternativa Progressista de Cullera) el documento de concierto previo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. A los dos grandes PAI citados se añaden otros dos sectores urbanizables de tamaño menor. El documento se enviará ahora a la Consejería de Medio Ambiente para que dé, si procede, su visto bueno.
El PAI del Marenyet plantea la reclasificación de 5,5 millones de metros cuadrados, la edificación de 9.000 viviendas y un puerto deportivo con 1.100 amarres. La unión de empresas Rover Alcisa y Lubasa -a través de la sociedad Cullera Playa y Golf- se adjudicó a finales de 2005 la urbanización del PAI. La urbanización del PAI del Brosquil, previsto sobre 4,5 millones de metros y con 4.000 nuevas casas, fue a parar a la sociedad del ex presidente del Valencia CF Francisco Roig. El Grupo Roig buscó, tras convertirse en agente urbanizador, un socio y encontró a Llanera, compañía intervenida ahora judicialmente tras declararse en suspensión de pagos. Los interventores todavía no han aclarado qué proyectos de Llanera saldrán adelante. Otras sociedades (Bancaja, Blauverd y Sedesa) cuentan con terrenos en este proyecto, así como decenas de pequeños propietarios.
Ambos planes han tropezado desde que se hicieron públicos una notable oposición vecinal. El Gobierno, a través de la subdelegación de Valencia, está en contra de estos proyectos por la falta de informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el riesgo de inundación.
Pere Manuel, concejal de APC, siempre ha manifestado la necesidad de "consensuar la elaboración de ambos proyectos". Manuel advierte además de que el Patricova, plan de la Generalitat, declara todos estos terrenos inundables. "Y entre otros detalles que no podemos olvidar", agrega el edil de APC, "está el que la Confederación Hidrográfica del Júcar no se ha pronunciado sobre si hay agua suficiente". Según el edil, ambos proyectos "podrían estar cogidos con alfileres, pendientes de decisiones de administraciones superiores y posibles contenciosos". El pasado martes votó en contra.
Joan Grau, portavoz del Grupo Socialista municipal, abogó por un plan "más sostenible y salvaguardando los intereses de los pequeños propietarios; el tiempo dará o quitará la razón a unos u otros". Grau dijo que su grupo se abstuvo en respuesta al amplio apoyo electoral que recibió el PP de Cullera, abanderado de estos proyectos urbanísticos, en los comicios municipales celebrados en mayo.
De entre los pequeños propietarios afectados por ambos PAI, los hay que esperan vender a buen precio y los que se oponen o los que confían en que el plan no se ejecute. De momento, la crisis por la que atraviesa la construcción ha parado las operaciones de compra de terrenos.
PP y PSPV rechazan una moratoria
Unos por "radical", otros por "drástica". Los diputados del PP y del PSPV estuvieron de acuerdo ayer al rechazar la moratoria urbanística que planteó ante la comisión de Medio Ambiente el diputado de Compromís Lluís Torró. La iniciativa solicitaba detener la tramitación y ejecución de cualquier proyecto urbanístico que afecte a la franja costera y hasta un kilómetro hacia el interior hasta que se hayan aclarado las leyes que rigen el desarrollo urbanístico en territorio valenciano. Torró apuntó que mientras la ley urbanística y la ley de ordenación del territorio se adaptan y readaptan a las directivas comunitarias y a la nueva ley estatal del suelo, se desarrollan "proyectos extremadamente agresivos" sobre un medio ambiente que ya sufre "daños irreparables y gravísimos" por la "desmesurada" urbanización que han sufrido en los últimos años.
Francesc Signes, del PSPV, asumió la "anarquía total" que revela la urbanización de la costa; que "una grave inseguridad jurídica" pesa sobre el desarrollo urbanístico valenciano y que es "urgente" establecer un marco normativo "estable"; y que el "un 69% de la costa está urbanizada sin ningún criterio". Pero en el otro extremo de la balanza situó "la importante función social del urbanismo" y "el colapso social y económico" que acarrearía la iniciativa de Compromís para sentenciar que "la moratoria no es la solución".
David Serra, del PP, afirmó que la moratoria "sería letal" para el desarrollo económico de la sociedad valenciana y para "la estabilidad y confianza de los sectores productivos".
José Ramón García Antón, consejero del ramo que ayer plantó a la comisión parlamentaria, comentó en un foro con constructores que "es el momento de dialogar para lograr una legislación urbanística más útil, operativa y respetuosa con el medio ambiente".
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