VALENCIA.- El abogado Diego de Ramón, en su calidad de cliente de la CAM, se va dirigir previsiblemente la próxima semana, por conducto fehaciente, a las autoridades monetarias de España, la Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza, aparte de Parlamento y Defensor del Pueblo Europeo, para advertirles de la supuesta falta de legalidad de la prevista emisión de cuotas participativas aprobada por la Asamblea General de "Caja Mediterráneo" el pasado 14 de diciembre, e instarles a su inspección o comprobación en sus respectivos ámbitos de actuación por estar presente la CAM, si la Generalidad Valenciana no abre una amplia investigación al respecto antes de una semana.En este sentido este letrado se ha dirigido previamente a la "Consellería" de Hacienda de la Comunidad Valenciana, como anteriormente hizo a la CNMV, al objeto de que ambas intervengan conforme a sus respectivas competencias por si el objetivo encubierto de la citada emisión fuese "cubrir déficit económico por la demasía de inversión en la Construcción, y la falta adecuada o proporcionada en inversiones sociales", al tiempo que solicita una auditoría sobre esas inversiones sociales de la CAM, durante los cinco últimos años, en Alicante, Murcia y Valencia, para saber si la financiación de la campaña "Agua para todos" ha salido de ese programa.
De Ramón solicita concretamente en su escrito a la Generalidad Valenciana se investigue "la falta de cumplimiento de Directivas Europeas, sobre las garantías de protección al inversor, ya que las cuotas participativas le quitan el derecho de voto; y en lo referente a la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril del año 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo".
El abogado murciano desea también se extienda la investigación a Suiza en el campo del blanqueo de capitales procedente de actividades presuntamente delictivas y de la corrupción política, oficiando al efecto desde el Banco Central Europeo a la Oficina Federal de Justicia y Policía helvéticas "para que la transmita a la autoridad competente, sobre el sistema de control interno y de cooperación internacional en el Ordenamiento jurídico suizo, con la normativa comunitaria establecida para ampliar la cooperación entre las instituciones financieras y las autoridades, mejorando el intercambio de informaciones entre autoridades nacionales de los Estados miembros".
De Ramón cita expresamente en su escrito, de advertencia y alerta, la cobertura jurídica en la Confederación Helvética para luchar contra el blanqueo de capitales en el sector financiero. Y apela a la ley federal sobre Bolsas y comercio de valores muebles en relación con la ley federal sobre la lucha contra el blanqueo de dinero en el sector financiero suizo. Una ley que se aplica a todos los intermediarios financieros a la hora de identificarlos con sus clientes o beneficiarios económicos del dinero que gestionan.
Esta última petición se relaciona con la necesidad de saber "cuantas entidades financieras suizas o sociedades participativas tiene la Caja de Ahorros del Mediterráneo en territorio helvético a la hora de captar recursos y beneficios económicos que tengan que tributar en España y también para ser reinvertidos proporcionalmente en la obra social".
Insiste De Ramón en que "es propio tener en cuenta en dicha investigación las Directivas europeas 91/308, modificada por la 97/2001, que establecen un sistema de prevención de la utilización del sistema financiero para la lucha contra el blanqueo de dinero y que se extiende, en fraude y perjuicio, al presupuesto comunitario, habrá que investigar los casos de inversiones crediticias en casos de corrupción inmobiliaria,-recalificaciones, planes urbanísticos, anulaciones o revocaciones de desprotecciones de zonas protegidas, modificaciones puntuales, etc) y se deberá seguir la investigación sobre la misma acción abierta por la Comisión Nacional de la Competencia sobre la CAM en relación con los contratos de seguros –Directiva 91/308/CEE y la Directiva 2001/97/CE- que tengan clausula de rescate o puedan servir de garantía para un préstamo".
De Ramón exige a la Generalidad las cantidades finales que han sido destinadas por la CAM a Fundaciones y las auditorías que se hayan podido realizar sobre las mismas, con enumeración de sus destinatarios sociales. También desea saber las inversiones sociales, con los porcentajes de beneficios, realizadas por la CAM en los últimos cinco años.
El letrado da un plazo de cinco días hábiles a la "Consellería" de Hacienda de la Generalidad Valenciana para que le conteste afirmativamente a sus solicitudes, so pena de acudir en amparo al Parlamento Europeo, Defensor del Pueblo europeo, Banco de España, Banco Central Europeo, Reserva Federal norteamericana, Banco Nacional Suizo y al Financial Services Authority, del Reino Unido.
Finalmente, Diego de Ramón dice basar sus peticiones en la máxima transparencia exigida en la "cumbre de Lisboa" donde, a su juicio, "se debatió la crisis económica y donde los jefes de Estado y de Gobierno instaron al Banco Central Europeo a que siga "de cerca" la situación de las Bolsas y dieron su apoyo al Ecofin en su tarea de elaborar un plan que permita prever la crisis".
En este sentido, el abogado y cliente de la CAM, dice en su escrito de petición a la Generalidad Valenciana que "reforzando esta orientación, los jefes de Estado o de Gobierno de Francia, Alemania e Inglaterra, firmaron una declaración en la que piden más transparencia y regulación en los mercados financieros para que faciliten mayor información sobre las operaciones de titulización, y así no dejarnos amedrentar por fondos especulativos sin escrúpulos, que no corresponden a los criterios de transparencia de un mundo civilizado, según lo dicho por el señor Sarkozy".
(Sede en Londres de la Financial Services Authority)
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Largas colas en los bancos de Zimbabue por la peor crisis económica del país
Con una inflación que alcanza el 8.000 por ciento, según cifras oficiales, cortes eléctricos y una grave escasez de divisas, alimentos y medicinas, los zimbabuenses se enfrentan a las peores fechas navideñas desde su independencia en 1980.
La necesidad imperiosa de obtener dinero en efectivo para poder hacer las compras navideñas hizo que en algunas bancos fuera requerida la presencia de la policía para intentar controlar a los clientes.
"Creo que podré conseguir algo de efectivo antes de que cierren las tiendas, pero me han dicho que ya no queda", dijo a Efe Tawanda Chimedza, del distrito de Mbare, en una oficina del Kingdom Bank.
La preocupación de Chimedza era visible en otros clientes del banco, reflejando un ánimo que invade a los zimbabuenses, que saben que no sólo hay que hacer cola para retirar dinero, sino también en muchos establecimientos para poder comprar productos.
Todo ello a pesar de que el Gobierno colocó recientemente en el mercado nuevos billetes de 750.000 dólares zimbabuenses, equivalentes a 3,75 dólares al cambio del mercado negro, el más extendido.
La nueva emisión fue decidida por las autoridades después de que los bancos no pudieran cumplir con la demanda de dinero en efectivo generada por una grave carencia de billetes que se prolongó por seis semanas.
Aún así, las restricciones implican que los bancos sólo podrán entregar por persona un máximo de 50 millones de dólares zimbabuenses, equivalentes a 25 dólares en el mercado negro.
La necesidad de satisfacer a sus clientes hizo que algunas oficinas bancarias estuvieran abiertas durante el pasado domingo, por primera vez, pero no se sabe si seguirán abiertas el día de Navidad.
El gobernador del Banco de Reserva, Gideon Gono, anticipó que no habrá vacaciones navideñas para el instituto emisor.
"He cancelado todas las peticiones de permisos de directivos y empleados porque estaremos trabajando durante las Navidades", afirmó Gono, quien prometió terminar con la crisis de efectivo antes de final de año.
Mientras, en la terminal de autobuses de larga distancia de Mbare, la mayor de esta capital, miles de zimbabuenses esperaban poder subir a un autobús para cumplir con el rito anual de regresar a sus villas de origen.
Pero, al igual que en los bancos, allí también había colas, aunque menores, porque el incremento de los billetes y la escasez de combustibles ha desalentado a muchos viajeros.
La crisis económica en Zimbabue empezó a comienzos de esta década, entre otras razones por la caótica reforma agraria que emprendió el régimen de Robert Mugabe, en el poder desde la independencia del país.
Esa reforma implicó la expropiación de miles de granjas que explotaban propietarios blancos, y la tierra fue entregada a nuevos dueños negros que son próximos al poder o que no tenían la formación o recursos para poder cultivarlas adecuadamente.
Como consecuencia de ello, Zimbabue, hasta hace poco considerado como "el granero de África", ahora tiene que depender de la asistencia internacional para alimentar a centenares de miles de personas.
Unido a ello, los zimbabuenses viven en medio de una severa restricción de energía eléctrica, con frecuentes interrupciones del suministro.- (EFE)
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